¿Por qué tenemos una débil institucionalidad en el transporte urbano? Retos de la ATU
¿Por qué tenemos una débil institucionalidad en el transporte urbano? Retos de la ATU
Roberto Claros Cohaila
Especialista en Fortalecimiento Institucional – Miembro de A&R Instituto de Investigación Aplicada e Innovación
Para un breve análisis, sobre la débil institucionalidad en el transporte urbano, presentamos algunas reflexiones desde la práctica; con el propósito de contribuir a superar, lo que consideramos son sus causas. La informalidad y la débil trasparencia, participación y compromiso de los actores, son los principales elementos que debilitan la institucionalidad. Esto tiene relación con las prácticas y costumbres de los diversos actores, pertenezcan estos al sector público, privado o de los propios ciudadanos o usuarios del servicio público.
En el sector público:
El caos gubernamental y pugnas entre poder ejecutivo y legislativo nos aleja de la confianza ciudadana y la predictibilidad en el manejo de la cosa pública.
El marco normativo, diseño y desarrollo organizacional, así como el cumplimiento sostenido de los diversos procesos de mejora, pueden revelar el nivel de institucionalidad en el transporte urbano. Así tenemos, por ejemplo, la creación de la ATU, dentro de un contexto de recentralización de la gestión gubernamental, ha traído como consecuencia el recorte de la autonomía municipal que reconoce la Constitución y la propia LOM – Ley Orgánica de Municipalidades, esto al modificarse el artículo 73 de la LOM, agregando un párrafo sobre la situación de la conurbación integral entre provincias. Es asì como la ATU asume la competencia del transporte urbano en el territorio de Lima y Callao, quedando esta la Municipalidad de Lima Metropolitana, solo a cargo de estudios, regulación y seguridad vial, fiscalización del tránsito, transporte de carga y vehículos menores.
La débil institucionalidad en la gestión gubernamental, se acentúa cuando la ciudadanía observa, pugnas entre Poderes del Estado, así como, a las Municipalidades, el MTC, la ATU (Metropolitano – AATE), OSITRAM, la PNP, la SAT, metidas en el trasporte urbano y tránsito.
Finalmente tenemos a la ATU gestionando la suscripción de convenios con municipalidades distritales, para hacer el trabajo menudo de fiscalización y sanción. Todo lo anterior explicaría la perdida de autoridad frente a los operadores del transporte urbano, con chalecos, rojos, amarillos, azules, verdes etc.
De otro lado, el Congreso ha emitido, el 24.12.20, la Ley N.º 31096, que establece la formalización del transporte terrestre de pasajeros en auto colectivo. Al respecto, la Procuraduría en Asuntos Constitucionales del Ministerio de Justicia, ha presentado una demanda ante el Tribunal Constitucional para dejar sin efecto dicha Ley.
En el sector privado:
Hay muchos casos que se apartan de la ética corporativa, que se alejan de las buenas prácticas, tanto de empresarios formales e informales. Empresas o cooperativas que mantienen unidades que superan los limites de infracciones, y otros que mantienen deudas con instituciones financieras y que gestionan fácilmente arbitrajes, conociendo precisamente, la débil institucionalidad gubernamental.
La informalidad en el sector transporte tiene relación con malas practicas para afrontar multas e internamiento de vehículos y en algunos casos observamos que se organizan piratas o conductores informales para enfrentarse a operativos que realizan inspectores de ATU y personal de municipalidades, aun con el apoyo de efectivos de la PNP.
En los propios ciudadanos o usuarios del servicio público
Se observa limitada participación y compromiso del usuario en el apoyo de planes de mejoras, a través de encuestas, focus group, talleres participativos en instancias gubernamentales. De otro lado, muchos se resignan a ser parte del problema y no de la solución, mantenido malos hábitos y costumbres de levantar la mano, a un taxi o bus de transporte público, a mitad de cuadra. En resumen, existe una débil cultura cívica y, es así que fácil nos resulta pensar, que todos los problemas tienen su origen en el desempeño de los gestores públicos y de nuestras autoridades, sin reparar que somos los propios ciudadanos, quienes los elegimos.
Finalmente, estando ad portas de un proceso electoral, conducente a la elección de la plancha presidencial y de los 130 congresistas, ofrecemos presentar, en la próxima edición de la revista, un resumen de las principales propuestas, con relación al transporte urbano, planteadas por los partidos políticos, en sus Planes de Gobierno 2021 – 2026.
Entre los retos de la ATU tenemos:
- Debe asumir las principales competencias, como planificar, normar, supervisar, fiscalizar y gestionar las materias que son de su competencia:
- Sistema Integrado de Transporte.
- Servicio Público de Transporte Terrestre de Personas.
- Servicios Complementarios al SIT.
- Infraestructura de Transporte en el marco del SIT.
- Infraestructura Complementaria al SIT.
- Sistema de Recaudo Único.
- Entre los retos de la función de planificación -una de seis funciones generales- tenemos:
- Plan de Movilidad Urbana para las provincias de Lima y Callao. (en octubre 2020, vencía el plazo para presentar la “Expresión de Interés consultoría Plan de Movilidad Urbana para el Área Metropolitana de Lima y Callao al 2040”. Consultoría por un monto de 5.25 millones (sin incluir impuesto) y con un plazo para su ejecución de 14 meses.
- Elaborar, aprobar y ejecutar el Plan Maestro de Transporte
- Plan Regulador de Rutas.
- Plan de Desarrollo Logístico para el Transporte de Carga en el territorio.
- Planes de operación
- Desarrollar estrategias para enganchar con la ciudadanía, y los operadores del transporte público. La recuperación del principio de autoridad, no se gana solo con dispersas e improvisadas acciones de fiscalización y sanción. Decimos esto porque vemos, como agreden a los fiscalizadores y se siguen firmando convenios, de los 33 que se reportan, 27 son con municipalidades distritales de Lima y 02 del Callao, cuyo principal objetivo está orientado a la fiscalización y sanción. De otro lado, observamos que el Cuadro para Asignación de Personal – CAP – comprende 3032 plazas, de las cuales 2,216 están consideradas para la Dirección de Fiscalización y Sanción (83%)
- Desarrollar un plan de sensibilización y estrategias para mejorar la comunicación, participación y compromiso del sector empresarial, gremios, operadores, colegios profesionales, universidades y de la propia ciudadanía y usuarios del servicio público.
- En lo administrativo, la ATU tiene pendiente la elaboración de un PEI – Plan Estratégico Institucional, el mismo que es la bisagra entre un PESEM – Plan Sectorial Multianual y un POI – Plan Operativo Institucional.