Es preciso que nos volvamos a ocupar del conflicto que afecta a una de las más prestigiosas universidades peruanas, la Pontificia Universidad Católica, donde se han formado destacadas personalidades intelectuales, que brillan en los más diversos campos y de las más variadas opciones políticas y posiciones ideológicas, gracias al clima de libertad, independencia, amplitud de criterio y pluralismo que caracteriza a ese centro de estudios superiores.

Tales logros, que podemos apreciar en la impresionante lista de firmas de exalumnos que adhieren a un pronunciamiento de defensa de la Católica y que se publica en esta edición, han sido posibles por las virtudes de humanismo y apertura al libre juego de ideas que se ha practicado en sus aulas, de la que han salido desde conocidas figuras de izquierda hasta personeros de la derecha.

Esos frutos evidencian la falsedad de quienes pretenden presentar a la Católica como una fragua de radicalismo o un centro de exclusión de ideas ajenas. En eso se convertirá, por el contrario, si prospera la campaña emprendida por el Cardenal y los sectores conservadores, católicos o no, políticos y mediáticos, para hacerse del control de la Católica.

Independientemente de los argumentos confesionales –concepto ajeno a la esencia misma de la universidad- o leguleyescos esgrimidos, los antecedentes de totalitarismo del dignatario eclesiástico que pretende apoderarse de la Católica, evidencian que su afán es convertirla en un centro sometido a las ideas oscuras que profesa.

Tal certeza se confirma con el contenido de los cambios de estatutos de la universidad que plantea la Santa Sede, no siempre feliz en sus decisiones, como lo prueba una larga historia llena de luces y sombras.

Esos cambios pretenden dejar en manos de Cipriani “promover la buena marcha de la Universidad y vigilar para mantener y fortalecer su carácter católico” y le confieren atribuciones para tomar “las medidas necesarias” para resolver los problemas que surjan de ese empeño, de acuerdo con las autoridades académicas competentes.

La principal autoridad con la que tendría que ponerse de acuerdo es el rector, pero otro cambio propuesto señala que lo designará Cipriani entre una terna que, de rodillas, valga la imagen, le presentará la Asamblea.

Puestas así las cosas, es previsible que la Asamblea Universitaria de hoy rechace los cambios, como ya lo han adelantado los representantes de alumnos, profesores y trabajadores de la Católica.

La ciudadanía, que en una reciente encuesta se ha pronunciado por aplastante mayoría a favor de que la Universidad sea gobernada, como hasta ahora, por la Asamblea, espera una respuesta firme.

Y esa respuesta no puede ser otra que ratificar su apego a las leyes peruanas, que confieren solo a la Asamblea la potestad de elegir al rector y le garantizan su autonomía respecto a cualquier poder, sea nacional o extranjero.