Hace 20 años, justamente el 10 de Junio, distinguidos pobladores de Mocupe, firmaron un memorial en el que expusieron los graves problemas que les estaba generando el Proyecto de Irrigación Jequetepeque – Zaña (hoy PEJEZA) y que los amenazaba no sólo en sus derechos elementales, sino también en sus posibilidades de desarrollo como personas y como pueblo, al pretender – en ese tiempo – apoderarse del territorio de las comunidades campesinas y pueblos de Lagunas, Mocupe, Chepén y San Pedro de Lloc. Ese documento fue difundido con el nombre de “El clamor del pueblo de Mocupe” y fue presentado al Presidente de la República de ese entonces, a sus principales ministros, a los congresistas de la República, a las principales autoridades departamentales y locales y, por supuesto al propio DEJEZA y al INADE. Eran tiempos del primer gobierno de Alan García.

Luego de 20 años el resultado era lo inevitable: El Estado – vía el Proyecto de Irrigación Jequetepeque – Saña – logró confiscar las tierras de las comunidades campesinas del valle y luego de procesos manejados por Proinversión dichas tierras están terminando de ser traspasadas a los “grandes inversionistas privados” con lo cual se está consumando el proceso de exclusión de miles de campesinos de los beneficios de obras de irrigación que se hace con el dinero de todos los peruanos. Veinte años después encontramos a la Comunidad Campesina San Francisco de Mocupe suplicando para que Proinversión flexibilice las condiciones para que la propia comunidad pueda presentarse como postor al remate de uno de los lotes que fueron de su propiedad. Gracias a sus contactos al más alto nivel – Ruperto Valdez, Presidente de la Comunidad de Mocupe — ha logrado demorar unos meses ese remate, pero nada le garantiza que la maquinaria privatista eche por tierra sus últimas esperanzas.

Así en un espacio del territorio nacional, en este caso, en territorio de los lambayeque, en los espacios en que paseaba su boato y su poder el recientemente descubierto “Señor de Úcupe” el Estado peruano está cometiendo otro despojo, otra injusticia, otro acto de oprobio. Esta vez lo hace – como casi siempre – en nombre del progreso, del desarrollo o del “futuro diferente”. Ese progreso y ese desarrollo son para los beneficiarios de estas políticas, para los que esperan la oportunidad de un gobierno adicto que les facilite convertirse en flamantes empresarios o engrosar sus rentas con el mínimo riesgo posible y con la condición de que tengan “cholo barato” y también “tierra barata”.

Con la autorización de la Comunidad Campesina San Francisco de Mocupe, me permito reproducir pasajes del documento que hacen dos décadas firmaron distinguidos mocupanos de todos los apellidos, de todas las condiciones y de todas las militancias políticas. En estos tiempos su denuncia y su súplica nos cuestionan a todos: a los que utilizaron malamente el poder, a los que teniendo poder y conocimiento no hicieron nada, a los que no hicieron lo suficiente para defenderlos y a los propios comuneros que se dejaron avasallar por las rencillas internas y no se unieron para enfrentar el gran desafío. A continuación pasajes de ese “clamor de Mocupe”:

“Un terrible drama planea sobre el histórico pueblo de Mocupe. Esta vez la amenaza no proviene de los hacendados de ayer, ni de la Reforma Agraria como hace 20 años. Esta vez el causante de tal amenaza es el Estado que, a través del Proyecto Jequetepeque- Zaña, ha realizado todos los trámites legales para encontrarse ahora en la situación de consumar un clamoroso despojo territorial en el sector Pampa de las Sandías (…)

“Frente a esta situación, los mocupanos, sin distingos de ninguna clase, nos dirigimos al Dr. Alan García Pérez, al Parlamento Nacional y a las autoridades y funcionarios de los departamentos de Lambayeque y La Libertad, para solicitarles su inmediata intervención para que se paralicen las acciones de adjudicación de las 2,300 Hás. Que nos pertenecen, que nos permitan el elemental derecho de defensa que no se nos ha permitido y se nos restituya plenamente nuestra condición de propietarios de la zona delimitada en nuestro Plano oficial.

“La posición del pueblo de Mocupe cuenta con documentos fehacientes de propiedad como los siguientes: En nuestros archivos comunales contamos con los Títulos Coloniales expedidos el año de 1712 a nombre del entonces “Común de Indios del pueblo San Francisco de Mocupe”. Tenemos también un plano oficial levantado el año de 1967 por la Dirección General de Comunidades en mérito a una Resolución Ministerial Nº 171 del 7 de marzo de 1967, plano que incluye la Pampa de las Sandías y Pampas de Cerro Colorado como áreas comunales (…)

“Porque nos sentimos respaldados por la razón y la justicia, porque somos herederos de un territorio ancestral que no debe ser mutilado, porque confiamos en nuestra Constitución Política y la Ley General de Comunidades Campesinas que ampara la propiedad comunal y porque sabemos que los dispositivos logrados por DEJEZA no tienen la categoría ni majestad de aquellos que nos amparan, es que esperamos que nuestro clamor sea escuchado, que las aguas de Gallito Ciego traiga vida a las áridas tierras comunales, que se aleje el drama que planea sobre nuestro pueblo y se abra una luz de fé y esperanza en la justicia social, en sus gobernantes, en sus instituciones y en el Perú”. Mocupe, 10 de Junio de 1989.

Han pasado 20 años de esta súplica y están en la palestra los mismos personajes que no pudieron, no quisieron o no les fue permitido escuchar. Muchos de los comuneros que firmaron el memorial ya no los contamos entre nosotros. Nos preguntamos si ¿habrá todavía posibilidades para que alguien escuche el clamor de la comunidad y del pueblo de Mocupe?

• Publicado en el Semanario Expresión. Agosto 2009

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Teniendo como lema: “Construyendo una Macroregión con Desarrollo y Equidad”, se desarrolló (29/11/2008) en Chiclayo, un evento muy importante que lleva el nombre de Conferencia Nacional de Desarrollo de la Macroregión Norte (CONADES Macronorte) y que se constituye en un importante esfuerzo por vertebrar lo que podría ser un espacio de articulación de la sociedad organizada (sociedad civil) del Norte del país. Otra vertiente de la sociedad regional que también viene articulándose son los frentes de defensa, las rondas y las comunidades campesinas que tienen su propia dinámica y sus propias prioridades. Estas dos vertientes aparecen distanciadas en varios temas como en la relación con el Estado, en el tipo de propuestas y demandas, en las estrategias para lograr los objetivos y en las formas de acción. Sin embargo existen propuestas, de ambos lados, de establecer lazos de unidad para una acción conjunta.

Estos esfuerzos de articulación de la sociedad civil regional se fundamentan también en las serias limitaciones que tiene el Estado (en sus tres niveles) para llevar adelante una propuesta de desarrollo inclusiva, para fortalecer el proceso democrático haciéndolo más participativo y para procurar el bienestar de las personas en todos los lugares en que viven. Esta carencia del Estado, o lo que se conoce también como “falla del Estado”, hace todavía más apremiante que la sociedad organizada se plantee un rol más activo en el escenario macroregional.

CONADES Macronorte reconoce la importancia de la articulación de la sociedad civil en un espacio tan grande como el norte del Perú y, por ello apuesta a convertirse en un espacio articulador de la sociedad regional organizada – por lo menos de un sector de ésta – y ésta es una apuesta que tiene valor en sí misma. Esta articulación macro norte de la sociedad civil puede ser una especie de contrapeso a los espacios de articulación del Estado a nivel de INTERNOR, a las instancias de coordinación macroregionales de alcaldes y a las reuniones macro norte que promueven varios organismos públicos (Direcciones regionales de educación, gerencias de desarrollo social). Las posibilidades de que la CONADES Macronorte se convierta en un espacio más institucionalizado de sociedad civil depende mucho de la formulación de una “Agenda macronorte” que supere las fronteras departamentales, las visiones sectoriales; aunque se base en ellas. Es un proceso que requiere tiempo y persistencia.

En la línea de ir formulando una agenda, los delegados de seis de los departamentos norteños, se pusieron de acuerdo en trabajar un temario de cinco grandes temas:

1. Democracia, acción política y movimientos regionales
2. Actividades productivas en la macro norte, el TLC y el IIRSA
3. Comunidades campesinas, minería y medio ambiente
4. Lucha contra la pobreza y programas sociales
5. Descentralización, integración y participación ciudadana

Cada uno de estos temas fue trabajado, inicialmente por expositores invitados, luego se trabajaron en las mesas temáticas y de allí pasaron a la plenaria para su debate, modificación y aprobación. Al finalizar la tarde se habían aprobado un total de 30 demandas que la sociedad civil del norte plantea al Estado en sus niveles local, regional y nacional y que se constituyen en la base para la unidad de acción de la sociedad civil del norte. El evento fue cerrado con la aprobación de una “Declaración de la sociedad civil del Norte” (documento que puede leerse en este blog). Enlace: www.conades.org.pe

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Comuneros de la Comunidad Campesina de Mórrope (Lambayeque) reunidos en Asamblea Pública para tratar asuntos de tierras. mayo, 2009. foto pam.

En las últimas semanas hemos sido testigos de los esfuerzos iniciales de algunos líderes comunales por generar espacios comunes de información, debate, toma de acuerdos y acciones para visibilizar su existencia ante el Estado y la sociedad regional. Esta iniciativa parte de lo que queda de la antes activa Federación de Comunidades Campesinas de Lambayeque – FEDECCAL y de algunos presidentes de comunidades que intentan respuestas comunes frente a problemas que los agobian y que los están derrotando en algunos frentes.

Recordamos que en Lambayeque existen comunidades campesinas consideradas ancestrales (que obtuvieron su reconocimiento entre 1930 y 1970) y comunidades nuevas que generalmente emergieron de los grupos campesinos creados por la Reforma Agraria del Gobierno de Velasco Alvarado. Todas las comunidades campesinas tienen existencia jurídica, reconocida por el Estado. Las primeras fueron reconocidas mediante decretos supremos expedidos por los Ministros de Trabajo y Asuntos Indígenas, las segundas obtuvieron sus reconocimientos mediante Decretos Directorales expedidos por los Directores Regionales de Agricultura.

Vale la pena recordar que las comunidades campesinas existentes en el ámbito de la Región Lambayeque son: Santo Domingo de Olmos, Tongorrape, San Julián de Motupe, San Pedro de Chóchope, San Mateo de Penachí, San Francisco de Asís de Salas, Virgen Purísima de Jayanca, Santa Rosa de las Salinas, San Pedro de Mórrope, San José, Santa Rosa, Santa Lucía de Ferreñafe, Manuel Arévalo de Pítipo, San Martín de Reque, San Pedro de Monsefú, San Pedro de Lagunas, San Francisco de Mocupe, Santa Catalina de Chongoyape, San Antonio de Laquipampa, Micaela Bastidas de Moyán, San Pablo de Inkawasi, San Martín de Porres de Atumpampa, San Isidro Labrador de Marayhuaca, José Carlos Mariátegui, San Juan de Cañaris y Túpac Amaru II de Cañaris.

Además de cierta diferenciación por el tiempo de su reconocimiento oficial, las comunidades campesinas se diferencian también por la zona geográfica. Existen comunidades campesinas de costa y existen comunidades campesinas de sierra. Las primeras están dispersas en la mayoría de distritos costeños y las segundas se concentran en los distritos de Cañaris y especialmente de Inkawasi y, una de ellas, se ubica en la parte alta del distrito de Salas. Las comunidades campesinas de costa sufren mucho más la presión por sus tierras, especialmente por el crecimiento de la población urbana y por la política de usurpación de territorios que es impulsada desde Palacio de Gobierno y desde el Congreso. Esta presión no se siente igual en la zona de la sierra. Por otro lado, las comunidades de costa se ven desgarradas por constantes conflictos internos alentadas por intereses particulares y que los llevan a un desgaste de energías y de recursos permanentes; mientras que en las comunidades de sierra este problema es secundario. Adicionalmente los comuneros costeños están presionados por la escasez de aguas para sus cultivos debido a su ubicación marginal en los valles, determinando que miles de ellos se encuentren en situación de regantes precarios. Por su parte las comunidades de sierra tienen acceso libre al agua ya en su territorio nacen los ríos y quebradas, siendo su necesidad básica la construcción de infraestructura física de riego. Para regar sus tierras de “secano” dependen de las lluvias estacionales.

Sin embargo son las comunidades campesinas de sierra las que se enfrentan a un peligro sin precedentes en su larga historia: la presencia de empresas mineras transnacionales dispuestas a extraer las riquezas de subsuelo, obligar al éxodo de sectores importantes de la población y con el riesgo de deteriorar gravemente el medio ambiente. La intensidad de este impacto estará en directa relación con los precios internacionales, con la capacidad de negociación de las comunidades potencialmente afectadas y del rol que pueda cumplir las instituciones públicas y la sociedad organizada. En este punto los distanciamientos se van a producir cuando el gobierno se convierta en facilitador de la explotación minera por el atractivo canon minero que Lambayeque no lo tiene y la sociedad regional y parte del empresariado agroexportador sentirán que la presencia de esas explotaciones mineras, afectarán el desarrollo de la agro exportación y afectarán la vida de las personas ubicadas en las partes medias y bajas de los valles. Para entonces las tensiones comunidades – minería, se ampliarán a otros sectores sociales.

Por otro lado las comunidades de sierra se enfrentan al permanente aislamiento cuando sus precarias carreteras se interrumpen como consecuencia de lo mal que están construidas que no soportan los rigores de las lluvias estacionales y de la humedad. Finalmente un alto porcentaje de comuneros de la sierra hablan el quechua como idioma materno y mantienen elementos culturales quechuas; mientras que el idioma nativo costeño, el muchik, se ha extinguido y si bien mantienen elementos culturales nativos, éstos se encuentran mucho más erosionados e imbricados con la cultura occidental. En ambos casos la sociedad regional reconoce que en los espacios de comunidades campesinas se encuentra la base de lo que podría decirse las bases de nuestra identidad regional.

A pesar de estas importantes diferencias existen muchos elementos que parecen hermanar definitivamente a las comunidades campesinas de costa y sierra. Entre estos elementos comunes están los vinculados a la pobreza que campea en sus territorios, la débil presencia del Estado en casi todos los órdenes, las amenazas y depredación de sus territorios, los problemas de reconocimientos de sus territorios y directivas comunales, la destrucción y tráfico de sus recursos naturales, la fragilidad o inexistencia de servicios básicos como salud, educación, agua potable y, por añadidura, la legislación que le niega o recorta derechos individuales y derechos colectivos. Es también en estos puntos en donde se encuentran coincidencias con los pueblos y comunidades amazónicos.

Seguramente ésta sea la base sobre la cual se piensa reactivar la Federación de Comunidades Campesinas de Lambayeque – FEDECCAL, como expresión de una voluntad y de una unidad de acción de comunidades de costa y de sierra que ya se unieron los años 1988 al 2002 para enfrentar las amenazas de la legislación agraria neoliberal promovida por el triplete Fujimori – Absalón Vásquez – Andrés Reggiardo.

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Sobre el tema de los pueblos indígenas (amazónicos, de sierra o de costa) existe una abundante literatura de carácter arqueológico, histórico, antropológico y lingüístico que debiera ser consultada por quienes toman decisiones que afectan la vida de estos pueblos. Más recientemente instituciones internacionales (entre ellos el Instituto Lingüístico de Verano) y también institutos y universidades como la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos han producido una abundante literatura. No consultar esta documentación, no solicitar a los asesores información sobre el tema y no llamar a los especialistas en la materia hace explícito o un error elemental o en el peor de los casos una evidencia de lo que se llama la negación del otro, la creencia de que el otro no existe o ni siquiera vale la pena conocerlo.

Más recientemente han sido las Ciencias Sociales y en particular la Antropología las que han logrado acumular conocimientos amplios sobre los pueblos indígenas y la propia Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo trabaja el tema de comunidades campesinas de costa, habiendo realizado también incursiones a las comunidades campesinas de sierra y a los pueblos aguarunas de la zona de selva, a cargo de estudiantes de Sociología.

De lo expuesto hasta aquí podemos sostener que tanto el Congreso como el Ejecutivo al momento de legislar sobre la Amazonia no se molestaron en consultar la literatura existente, no consultó a los especialistas y tampoco solicitó el concurso de las universidades públicas y privadas. Y por supuesto tampoco se le ocurrió a realizar talleres para conocer directamente elementos de la realidad en que se desenvuelven los pueblos indígenas de nuestro país.

Hay que ser un profesional o un estudiante de ciencias sociales para sentir que se trata de una de las carreras más discriminadas que existen y hasta se podría decir que existe todavía un veto contra estos profesionales para que trabajen en el Estado. No hay duda que esta discriminación ha sido motivada, en parte, por la débil formación académica de los sociólogos de tiempo atrás; pero sobre todo por un Estado que desconocía la complejidad de la sociedad peruana y de la necesidad de estudiarla y comprenderla para formular leyes y políticas inclusivas que respete la diversidad de nuestro país y la necesidad del componente intercultural.

Luego de los sucesos de Bagua estamos asistiendo a interesantes proyectos de abordar el tema de los pueblos indígenas (repetimos de selva, sierra y costa) de una manera sistemática. Una propuesta es tratar el tema directamente entre el Primer Ministro y los Apus de los pueblos amazónicos protestatarios, lo que implica esta propuesta es tratar el tema de manera muy puntual, pero excluyendo a otros actores tanto del Estado como de los propios pueblos amazónicos, el resultado previsto podría ser el de ponerse de acuerdo en las modificaciones a tal o cual norma y con ello cerrarlo hasta nueva oportunidad. La otra propuesta va en el sentido de constituir una comisión especializada que termine con recomendaciones para que el Estado los tome en cuenta. Una tercera propuesta consiste en que cada sector del Estado que tenga trabajo en los ámbitos de las comunidades indígenas promueva iniciativas para adecuar su normatividad interna, sus planes operativos o sus dispositivos administrativos con la finalidad de dar pasos hacia la configuración de un Estado democrático, inclusivo y no excluyente.

Se espera que se comprenda que para gobernar un país o una región se debe echar mano de todos los conocimientos acumulados, de los profesionales especializados, de las instituciones creadas para tales fines como las universidades y las ONG. Debiera también respetar y fortalecer los niveles de gobierno. Diremos también que el Estado entienda que no puede ni debe discriminar a los profesionales de ciencias sociales ya que su formación académica, sus conocimientos y sus habilidades no sólo pueden contribuir a evitar dolorosos sucesos como los de Bagua, sino encaminar los pasos de todos los peruanos y peruanas para construir un país unitario y diverso, un país de todas las sangres como lo postulara José María Arguedas.

*Publicado en Expresión. julio 2009
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Con satisfacción hemos recibido las noticias de que se han iniciado los procesos de presupuestos participativos en la Región, en las municipalidades provinciales de Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque y en varios distritos. Este proceso participativo, que merece ser reconocido como un proceso democrático, se desarrolla de acuerdo a un instructivo expedido por el Ministerio de Economía y Finanzas. Sabemos que se han desarrollado ya asambleas de agentes participantes, en muchos casos se han formado los comités de vigilancia y ya se aprestan a actualizar las visiones y los objetivos de desarrollo. Se trata de un proceso participativo que debiera ser mejorado, ampliado a los presupuestos de otras reparticiones públicas y ser orientado hacia su institucionalización

En este año uno de los problemas que se tendrá que enfrentar es el del balance de los presupuestos participativos en actual ejecución ya que se han tomado nota de que en este rubro hay muchas explicaciones que dar, entre ellas, la no ejecución de las obras priorizadas en los procesos anteriores y, adicionalmente, parece que se tendrá que enfrentar los recortes presupuestales que se han dado como parte de las repercusiones de la crisis financiera internacional.

Lo que llama la atención, en el caso del presupuesto participativo regional, es que la asamblea de agentes participantes cuyo número de integrantes ha pasado de aprox. 150 participantes a menos de 35 participantes, lo que significa una drástica reducción y que elimina uno de los indicadores que se exhibía como un logro de participación. Esta reducción se basa en una estrategia de la administración regional: tratar de que el presupuesto regional se oriente a la ejecución de obras de “impacto regional” y no a obras pequeñas, vecinales, gestionadas por comités de obras o por Apafas o dirigentes populares. Estas últimas debieran estar a cargo de las municipalidades provinciales y distritales. En este punto nos estamos preguntando si la administración regional ha logrado generar esos tan mentados “proyectos de impacto regional” o se terminarán aprobando los conocidos proyectos de alto presupuesto orientados a mejorar la infraestructura física.

Dada la experiencia de más de seis presupuestos participativos regionales sería recomendable que se ponga sobre el tapete la discusión sobre lo que se entiende por “obras de impacto regional” pues tenemos la sospecha que se considera como tales a aquellas que fueron banderas del movimiento popular de Lambayeque allá por los años 70 (Proyecto Olmos, Segunda Etapa de Tinajones, Hospital Regional, Terminal Marítimo de Puerto Eten y Aeropuerto Internacional). Piensan, por tal, que con la ejecución de tales obras Lambayeque iniciará el despegue definitivo hacia su desarrollo sostenible.

Por otro lado existe una corriente de opinión – defendida también por un gran sector del Estado y particularmente por la sociedad civil que consideran que el desarrollo tiene que ver con el desarrollo de las personas y que por ello se debiera centrar la inversión en desarrollar las capacidades humanas (calidad de servicios en salud, educación, saneamiento, electricidad) y en evitar que se siga perdiendo capacidades humanas (inversión centrada en los niños y en las madres gestantes). En un mundo de desigualdades ésta se convierte en una exigencia humana, en una condición necesaria para el desarrollo de todos y de todas y que, felizmente, están respaldadas en las políticas públicas aprobadas en los años recientes.

Tenemos conocimiento que en el actual presupuesto participativo regional están asistiendo los más altos funcionarios del gobierno regional, los directores regionales, los jefes de programas nacionales y más de 30 representantes de organizaciones de sociedad civil. Este espacio puede ser convertido en una oportunidad para debatir y ponerse de acuerdo sobre lo que se entiende por desarrollo y generar un cambio de enfoque. De no hacerlo los debates se centrarán en aprobar o desaprobar tal o cual obra, pero sin reflejar un cambio del rumbo que se ha seguido hasta la fecha y que, en parte explican, el porqué los índices de desarrollo humano siguen siendo bajos, en una Región que tiene el reconocimiento de ser la Región más exitosa.
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Pedro Alva Mariñas

Como una decisión democrática y de ejercicio ciudadano puede calificarse la decisión de los directivos de ADOSCIL – Asociación de Delegados de Organizaciones Sociales de Lambayeque – de hacer entrega formal de los acuerdos de la Conferencia Sobre Desarrollo Social a los partidos políticos existentes en la Región Lambayeque. Los directivos de ADOSCIL dicen que esta entrega se hace en méritos a considerar que son los gobernantes y los partidos políticos (que comparten niveles de gobierno o que aspiran a ser gobierno) los que toman las decisiones y, por tal, interesa que sus decisiones tengan como un insumo las propuestas concertadas de la sociedad organizada. La tesis central es que los partidos debieran acostumbrarse a recoger los puntos de vista de la sociedad a la cual representan o pretender representar y no recoger sólo los puntos de vista de los integrantes de sus organizaciones o de los especialistas de su entorno.

Como se recordará la Conferencia Regional de Desarrollo Social (COREDES) se realizó en esta ciudad el 30/10/2008 y que contó con más de 180 representantes de organizaciones sociales de Lambayeque que discutieron un temario con los siguientes puntos:

– Descentralización, condiciones de vida de la población y lucha contra la pobreza
– Pequeña agricultura, medio ambiente, soberanía y seguridad alimentarias
– Reforma del Estado, gestión pública y participación ciudadana
– Comercio, turismo, pequeña y micro empresa
– Lucha contra la corrupción, vigilancia y seguridad ciudadana

En cada punto de esta agenda los participantes aprobaron un listado de demandas destinadas a ser presentadas a los representantes del Estado y a los partidos políticos, para su consideración. Además de las demandas se aprobó también un documento al que han denominado ?Declaración de Sociedad Civil 2008? y que expresa el punto de vista de los participantes sobre varios asuntos de interés general. Jorge Alarcón Gasco y Yolanda Díaz Callirgos están tratando de difundir lo más posible este documento y están interesados en promover que los gobernantes puedan acoger algunos de estos puntos y ponerlos en práctica.

Recordemos que la sociedad civil regional y también espacios de concertación han realizado varios esfuerzos para influir ? con sus acuerdos, proyectos o iniciativas — tanto en los candidatos a funciones de gobierno como a los propios gobernantes en ejercicio. Como ejemplos recientes de esta preocupación ciudadana mencionamos los acuerdos de gobernabilidad impulsados por la Mesa de Concertación en varios distritos con motivo de las elecciones municipales recientes. Igualmente mencionamos la presentación de la Agenda de Desarrollo Regional a los candidatos al gobierno regional, evento que organizara ADOSCIL.

La presentación de los acuerdos de COREDES 2008 se inscribe dentro de esta preocupación de la sociedad civil regional por hacer incidencia en el mundo de la política y con esta iniciativa se da un paso adelante en el sentido de incorporar a los partidos políticos bajo el entendido que ellos ejercen el poder en diversos espacios (nacional, regional y local) y, en todo caso, pueden convertirse en gobierno en las próximas elecciones.

Igualmente nos sorprende gratamente que sea el Instituto Nacional Demócrata, que ha venido trabajando una línea de incidencia con los partidos políticos y el gobierno regional, la institución que auspicia este evento para que tenga el marco adecuado y las posibilidades para su difusión en espacios nacionales. Esta presentación de la experiencia se hace más necesaria porque parece que se trata de una actividad que no tiene muchos antecedentes en el país.

En este tipo de eventos el riesgo siempre es de que algunos partidos decidan no asistir por varias razones: desorganización, temores, falta de seguridades o temores a posibles compromisos. El otro riesgo es que esos documentos no logren ser apreciados por los representantes de los partidos políticos y entonces la sociedad civil tendrá que transitar otros caminos para hacerse escuchar y en ese camino los medios de comunicación ? sensibles a los problemas de las personas ? serán sus valiosos aliados.

No nos queda sino felicitar a los directivos de ADOSCIL por esta iniciativa y esperar que la presentación, convocada para el 16 del Pte. En horario de la tarde, tenga la acogida favorable de las autoridades y de los partidos políticos invitados, ya que la asistencia de representantes de instituciones de sociedad civil se da por descontada.

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La caleta de San José, junto con Pimentel, Santa Rosa, Puerto Eten y, más al sur, Lagunas y Chérrepe, son los pueblos que albergan a la casi totalidad de pobladores dedicados principalmente a las actividades de pesca en el mar lambayecano. Estos pueblos del litoral generalmente están asentados en algún promontorio defensivo que los protege de la braveza del mar norteño y se ubican cerca de las desembocaduras de los ríos, a los cuales les llaman bocanas.

La actividad extractiva pesquera en San José se divide en pesca de “mar afuera” y en pesca de playa. La primera se realizan mediante embarcaciones movidas a motor y acondicionadas con bodegas, instrumentos de navegación y de comunicaciones y que pueden permanecer algunos días en faenas de pesca. Este tipo de pesca requiere mayor capital, representa más riesgos, pero también mayor rendimiento. La pesca de playa como su nombre lo indica implica el recorrido por las playas en busca de un lugar propicio. Este tipo de pesca se la conoce en el norte como el chinchorro en mérito a la red especial que utilizan. Esta actividad, además del chinchorro, requiere un vehículo mediano y un botecito a remos para introducir y extender la red en el mar. Es importante mencionar que cada equipo está formado por un promedio de 20 personas.

Cuando empezamos a recorrer las calles de la caleta y conversar con su gente nos damos cuenta que esta caleta, como las otras, no ha logrado un mejoramiento significativo de su calidad de vida y entonces aparece inevitable preguntarse sobre las causas de esta situación que no compatibiliza con la tesis de que tenemos el mar más rico del mundo. La respuesta no es fácil, pero conversando con algunos pescadores, empiezan a aparecer algunas respuestas.

La pesca artesanal – sea de mar afuera o de playa – es muy dependiente de las estaciones pues en los meses de verano son los más propicios que los meses de invierno y ello determina entonces alzas y bajas en los ingresos. En otros casos el propio mar decide “estar revuelto” por algunos días y no brinda una buena faena. Como se comprenderá esta dependencia de la naturaleza se produce porque los pescadores sanjosefinos no tienen las capacidades tecnológicas de las llamadas “flotas pesqueras”.

Otro problema que afecta la vida de los pescadores es que, una vez en tierra, los pescadores ya no se mueven con la misma facilidad que en el agua y entonces caen en la red de los comerciantes cuyas reglas no manejan y, por ello, generalmente pierden. Y pierden porque tienen que vender – sí o sí – presionados por la necesidad urgente de dinero para llevar a casa. Adicionalmente les resulta oneroso o en todo caso muy complicado almacenar el producto de la pesca.

A los viejos problemas de los pescadores, se añade la Resolución del Ministerio de la Producción, expedida el 3 de Marzo del presente, que en su parte resolutiva dice: “Prohibir en todo el litoral peruano la utilización del arte de pesca denominado chinchorro manual para realizar operaciones de pesca”. El impacto de esta medida va ser considerable en los aprox. 1300 pescadores que trabajan en los aprox. 65 equipos dedicados a esta modalidad de pesca. (Estas cifras corresponden sólo a la caleta San José). El día que visitamos la Caleta de San José los pescadores afectados por tal medida estaban discutiendo las acciones a tomar frente a una medida que consideran injusta, vertical y que los dejaba en una situación muy difícil si es que la prohibición se aplicaría “al día siguiente de su publicación” como reza la norma.

Esperemos que haya llegado el momento de que las autoridades correspondientes y los propios pescadores de playa empiecen a conversar y ponerse de acuerdo para reducir la tensión existente entre la necesidad de trabajo y la conservación de los recursos hidrobiológicos.
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Compartimos el texto final aprobado en la Conferencia Nacional de Desarrollo – Macro Norte, evento que reunió a delegaciones de Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, San Martín, La Libertad y Lambayeque. Este evento fue promovido por CONADES y por una red de enlaces del norte. La organización estuvo a cargo de ADOSCIL

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Cuando tengo la oportunidad de escuchar algunas de las sesiones del mega juicio a Fujimori se me vienen a la memoria con gran facilidad palabras como: totalitarismo, banalidad, desolación, racismo, negación del otro, asesinatos, impunidad. Sigue leyendo →

Es un hecho generalmente aceptado que las palabras o conceptos que se usan masivamente coinciden o expresan realidades concretas; pero a veces no sucede así. Uno de esos términos es justamente “El Norte” que alude a una región geográfica que se ubica al norte de Lima y que es distinta al centro, al sur y al oriente del país. En este espacio, difícil de precisar, aparece entonces un baile representativo como la marinera norteña, un hombre o mujer norteños y hasta una gastronomía norteña.

Los nacidos o residentes en Lima, acostumbran a dividir a los peruanos en capitalinos y provincianos, seguramente los primeros con muchas virtudes y los segundos con más defectos y, por ellos, susceptibles de comprensión. Esta división, excesivamente generalizante, ha sido asumida por algunos sectores de provincianos asentados en Lima, a los que les gusta autodefinirse como “provincianos” ya sea para enfatizar las necesidades de apoyo de la capital o para justificar sus características particulares.

Tenemos la impresión que esta autodefinición de provinciano no cala mucho en los visitantes de la capital, que prefieren presentarse, no tanto como provincianos, sino más bien como gente que vive en algunas de las grandes regiones del país. Así escuchamos decir: “soy del sur”, o “soy del centro”, o “soy del norte”. Estas autodefiniciones gruesas permiten entonces una rápida valoración de la persona y entraña una especie de alerta al otro. Pero estas definiciones gruesas esconden otro problema: evitar una identificación más precisa que llevaría a sacar el nombre del distrito o del caserío en el cual uno vive o del cual procede y que podría desatar las odiosas discriminaciones de origen.

¿Qué es el norte entonces?. Aunque no es fácil una respuesta, consideramos que una manera de responderLa es definiendo su ámbito geográfico y para ello utilizaremos el aporte de algunos estudiosos y lo que piensan algunos actores sociales. Entre los estudiosos nos encontramos que no existe unanimidad, por ejemplo Lecuanda (1793) consideraba que el Norte está integrado por Tumbes y Piura; mucho tiempo después, Víctor Andrés Belaúde (1931) consideraba que el norte lo integraban Lambayeque, Cajamarca, La Libertad y Amazonas; tiempo después Delavaud (1968) sugería que el Norte debiera estar conformado por Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, San Martín y Ancash. En los últimos años Cipca – Piura ha confirmado la propuesta de Delavaud, con la excepción de Ancash (CIPCA, 2002)

Recogiendo los planteamientos de actores sociales, nos encontramos con la propuesta de los empresarios de La Libertad que consideran al norte integrado por 8 regiones, desde Ancash hasta Tumbes. En tiempos más recientes la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP), al convocar a reuniones de la macrorregión norte convoca a representantes de La Libertad, Cajamarca, Lambayeque, Tumbes y Ancash, excluyendo a Amazonas y San Martín. Por su parte la Conferencia Nacional de Desarrollo Social (CONADES) en su reunión macro norte, convoca a representantes de la sociedad civil de ocho regiones, sumando a los departamentos de Ancash, Amazonas y San Martín.

Si bien lo anterior nos hace ver que “El Norte” es un concepto integrador sobre el cual notamos hasta entusiasmos de sus actores en el sentido de que quieren pertenecer al norte o que se consideran del norte; sin embargo existen también actitudes que parecieran decir “juntos pero no revueltos”. Estas dos actitudes nos estarían confirmando que si bien existen muchos elementos para pensar que existe en el horizonte un espacio norte y un poblador norteño, no podemos negar que tenemos otros elementos que marcan las diferencias entre departamentos y hasta entre provincias. Estas diferencias ya tuvieron la oportunidad de expresarse en referendo del 2005 en que los departamentos dijeron no a procesos de integración administrativa y política propuestos desde el mundo de la política y, con seguridad, volverían a expresarse en el mismo sentido en la nueva convocatoria proyectada para el 2009.

De este brevísimo repaso podemos concluir que “El Norte” es un proceso, un concepto, una identidad que se encuentra todavía en construcción por sus propios actores y que ese proceso debiera ser alentado, fortalecido; más no apresurado por cálculos de corto plazo.

* Publicado en el Semanario Expresión de Chiclayo. Noviembre 2008 Sigue leyendo →