Pedro Alva Mariñas

Como una decisión democrática y de ejercicio ciudadano puede calificarse la decisión de los directivos de ADOSCIL – Asociación de Delegados de Organizaciones Sociales de Lambayeque – de hacer entrega formal de los acuerdos de la Conferencia Sobre Desarrollo Social a los partidos políticos existentes en la Región Lambayeque. Los directivos de ADOSCIL dicen que esta entrega se hace en méritos a considerar que son los gobernantes y los partidos políticos (que comparten niveles de gobierno o que aspiran a ser gobierno) los que toman las decisiones y, por tal, interesa que sus decisiones tengan como un insumo las propuestas concertadas de la sociedad organizada. La tesis central es que los partidos debieran acostumbrarse a recoger los puntos de vista de la sociedad a la cual representan o pretender representar y no recoger sólo los puntos de vista de los integrantes de sus organizaciones o de los especialistas de su entorno.

Como se recordará la Conferencia Regional de Desarrollo Social (COREDES) se realizó en esta ciudad el 30/10/2008 y que contó con más de 180 representantes de organizaciones sociales de Lambayeque que discutieron un temario con los siguientes puntos:

– Descentralización, condiciones de vida de la población y lucha contra la pobreza
– Pequeña agricultura, medio ambiente, soberanía y seguridad alimentarias
– Reforma del Estado, gestión pública y participación ciudadana
– Comercio, turismo, pequeña y micro empresa
– Lucha contra la corrupción, vigilancia y seguridad ciudadana

En cada punto de esta agenda los participantes aprobaron un listado de demandas destinadas a ser presentadas a los representantes del Estado y a los partidos políticos, para su consideración. Además de las demandas se aprobó también un documento al que han denominado ?Declaración de Sociedad Civil 2008? y que expresa el punto de vista de los participantes sobre varios asuntos de interés general. Jorge Alarcón Gasco y Yolanda Díaz Callirgos están tratando de difundir lo más posible este documento y están interesados en promover que los gobernantes puedan acoger algunos de estos puntos y ponerlos en práctica.

Recordemos que la sociedad civil regional y también espacios de concertación han realizado varios esfuerzos para influir ? con sus acuerdos, proyectos o iniciativas — tanto en los candidatos a funciones de gobierno como a los propios gobernantes en ejercicio. Como ejemplos recientes de esta preocupación ciudadana mencionamos los acuerdos de gobernabilidad impulsados por la Mesa de Concertación en varios distritos con motivo de las elecciones municipales recientes. Igualmente mencionamos la presentación de la Agenda de Desarrollo Regional a los candidatos al gobierno regional, evento que organizara ADOSCIL.

La presentación de los acuerdos de COREDES 2008 se inscribe dentro de esta preocupación de la sociedad civil regional por hacer incidencia en el mundo de la política y con esta iniciativa se da un paso adelante en el sentido de incorporar a los partidos políticos bajo el entendido que ellos ejercen el poder en diversos espacios (nacional, regional y local) y, en todo caso, pueden convertirse en gobierno en las próximas elecciones.

Igualmente nos sorprende gratamente que sea el Instituto Nacional Demócrata, que ha venido trabajando una línea de incidencia con los partidos políticos y el gobierno regional, la institución que auspicia este evento para que tenga el marco adecuado y las posibilidades para su difusión en espacios nacionales. Esta presentación de la experiencia se hace más necesaria porque parece que se trata de una actividad que no tiene muchos antecedentes en el país.

En este tipo de eventos el riesgo siempre es de que algunos partidos decidan no asistir por varias razones: desorganización, temores, falta de seguridades o temores a posibles compromisos. El otro riesgo es que esos documentos no logren ser apreciados por los representantes de los partidos políticos y entonces la sociedad civil tendrá que transitar otros caminos para hacerse escuchar y en ese camino los medios de comunicación ? sensibles a los problemas de las personas ? serán sus valiosos aliados.

No nos queda sino felicitar a los directivos de ADOSCIL por esta iniciativa y esperar que la presentación, convocada para el 16 del Pte. En horario de la tarde, tenga la acogida favorable de las autoridades y de los partidos políticos invitados, ya que la asistencia de representantes de instituciones de sociedad civil se da por descontada.

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La caleta de San José, junto con Pimentel, Santa Rosa, Puerto Eten y, más al sur, Lagunas y Chérrepe, son los pueblos que albergan a la casi totalidad de pobladores dedicados principalmente a las actividades de pesca en el mar lambayecano. Estos pueblos del litoral generalmente están asentados en algún promontorio defensivo que los protege de la braveza del mar norteño y se ubican cerca de las desembocaduras de los ríos, a los cuales les llaman bocanas.

La actividad extractiva pesquera en San José se divide en pesca de “mar afuera” y en pesca de playa. La primera se realizan mediante embarcaciones movidas a motor y acondicionadas con bodegas, instrumentos de navegación y de comunicaciones y que pueden permanecer algunos días en faenas de pesca. Este tipo de pesca requiere mayor capital, representa más riesgos, pero también mayor rendimiento. La pesca de playa como su nombre lo indica implica el recorrido por las playas en busca de un lugar propicio. Este tipo de pesca se la conoce en el norte como el chinchorro en mérito a la red especial que utilizan. Esta actividad, además del chinchorro, requiere un vehículo mediano y un botecito a remos para introducir y extender la red en el mar. Es importante mencionar que cada equipo está formado por un promedio de 20 personas.

Cuando empezamos a recorrer las calles de la caleta y conversar con su gente nos damos cuenta que esta caleta, como las otras, no ha logrado un mejoramiento significativo de su calidad de vida y entonces aparece inevitable preguntarse sobre las causas de esta situación que no compatibiliza con la tesis de que tenemos el mar más rico del mundo. La respuesta no es fácil, pero conversando con algunos pescadores, empiezan a aparecer algunas respuestas.

La pesca artesanal – sea de mar afuera o de playa – es muy dependiente de las estaciones pues en los meses de verano son los más propicios que los meses de invierno y ello determina entonces alzas y bajas en los ingresos. En otros casos el propio mar decide “estar revuelto” por algunos días y no brinda una buena faena. Como se comprenderá esta dependencia de la naturaleza se produce porque los pescadores sanjosefinos no tienen las capacidades tecnológicas de las llamadas “flotas pesqueras”.

Otro problema que afecta la vida de los pescadores es que, una vez en tierra, los pescadores ya no se mueven con la misma facilidad que en el agua y entonces caen en la red de los comerciantes cuyas reglas no manejan y, por ello, generalmente pierden. Y pierden porque tienen que vender – sí o sí – presionados por la necesidad urgente de dinero para llevar a casa. Adicionalmente les resulta oneroso o en todo caso muy complicado almacenar el producto de la pesca.

A los viejos problemas de los pescadores, se añade la Resolución del Ministerio de la Producción, expedida el 3 de Marzo del presente, que en su parte resolutiva dice: “Prohibir en todo el litoral peruano la utilización del arte de pesca denominado chinchorro manual para realizar operaciones de pesca”. El impacto de esta medida va ser considerable en los aprox. 1300 pescadores que trabajan en los aprox. 65 equipos dedicados a esta modalidad de pesca. (Estas cifras corresponden sólo a la caleta San José). El día que visitamos la Caleta de San José los pescadores afectados por tal medida estaban discutiendo las acciones a tomar frente a una medida que consideran injusta, vertical y que los dejaba en una situación muy difícil si es que la prohibición se aplicaría “al día siguiente de su publicación” como reza la norma.

Esperemos que haya llegado el momento de que las autoridades correspondientes y los propios pescadores de playa empiecen a conversar y ponerse de acuerdo para reducir la tensión existente entre la necesidad de trabajo y la conservación de los recursos hidrobiológicos.
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