Sobre el tema de los pueblos indígenas (amazónicos, de sierra o de costa) existe una abundante literatura de carácter arqueológico, histórico, antropológico y lingüístico que debiera ser consultada por quienes toman decisiones que afectan la vida de estos pueblos. Más recientemente instituciones internacionales (entre ellos el Instituto Lingüístico de Verano) y también institutos y universidades como la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos han producido una abundante literatura. No consultar esta documentación, no solicitar a los asesores información sobre el tema y no llamar a los especialistas en la materia hace explícito o un error elemental o en el peor de los casos una evidencia de lo que se llama la negación del otro, la creencia de que el otro no existe o ni siquiera vale la pena conocerlo.

Más recientemente han sido las Ciencias Sociales y en particular la Antropología las que han logrado acumular conocimientos amplios sobre los pueblos indígenas y la propia Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo trabaja el tema de comunidades campesinas de costa, habiendo realizado también incursiones a las comunidades campesinas de sierra y a los pueblos aguarunas de la zona de selva, a cargo de estudiantes de Sociología.

De lo expuesto hasta aquí podemos sostener que tanto el Congreso como el Ejecutivo al momento de legislar sobre la Amazonia no se molestaron en consultar la literatura existente, no consultó a los especialistas y tampoco solicitó el concurso de las universidades públicas y privadas. Y por supuesto tampoco se le ocurrió a realizar talleres para conocer directamente elementos de la realidad en que se desenvuelven los pueblos indígenas de nuestro país.

Hay que ser un profesional o un estudiante de ciencias sociales para sentir que se trata de una de las carreras más discriminadas que existen y hasta se podría decir que existe todavía un veto contra estos profesionales para que trabajen en el Estado. No hay duda que esta discriminación ha sido motivada, en parte, por la débil formación académica de los sociólogos de tiempo atrás; pero sobre todo por un Estado que desconocía la complejidad de la sociedad peruana y de la necesidad de estudiarla y comprenderla para formular leyes y políticas inclusivas que respete la diversidad de nuestro país y la necesidad del componente intercultural.

Luego de los sucesos de Bagua estamos asistiendo a interesantes proyectos de abordar el tema de los pueblos indígenas (repetimos de selva, sierra y costa) de una manera sistemática. Una propuesta es tratar el tema directamente entre el Primer Ministro y los Apus de los pueblos amazónicos protestatarios, lo que implica esta propuesta es tratar el tema de manera muy puntual, pero excluyendo a otros actores tanto del Estado como de los propios pueblos amazónicos, el resultado previsto podría ser el de ponerse de acuerdo en las modificaciones a tal o cual norma y con ello cerrarlo hasta nueva oportunidad. La otra propuesta va en el sentido de constituir una comisión especializada que termine con recomendaciones para que el Estado los tome en cuenta. Una tercera propuesta consiste en que cada sector del Estado que tenga trabajo en los ámbitos de las comunidades indígenas promueva iniciativas para adecuar su normatividad interna, sus planes operativos o sus dispositivos administrativos con la finalidad de dar pasos hacia la configuración de un Estado democrático, inclusivo y no excluyente.

Se espera que se comprenda que para gobernar un país o una región se debe echar mano de todos los conocimientos acumulados, de los profesionales especializados, de las instituciones creadas para tales fines como las universidades y las ONG. Debiera también respetar y fortalecer los niveles de gobierno. Diremos también que el Estado entienda que no puede ni debe discriminar a los profesionales de ciencias sociales ya que su formación académica, sus conocimientos y sus habilidades no sólo pueden contribuir a evitar dolorosos sucesos como los de Bagua, sino encaminar los pasos de todos los peruanos y peruanas para construir un país unitario y diverso, un país de todas las sangres como lo postulara José María Arguedas.

*Publicado en Expresión. julio 2009
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Con satisfacción hemos recibido las noticias de que se han iniciado los procesos de presupuestos participativos en la Región, en las municipalidades provinciales de Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque y en varios distritos. Este proceso participativo, que merece ser reconocido como un proceso democrático, se desarrolla de acuerdo a un instructivo expedido por el Ministerio de Economía y Finanzas. Sabemos que se han desarrollado ya asambleas de agentes participantes, en muchos casos se han formado los comités de vigilancia y ya se aprestan a actualizar las visiones y los objetivos de desarrollo. Se trata de un proceso participativo que debiera ser mejorado, ampliado a los presupuestos de otras reparticiones públicas y ser orientado hacia su institucionalización

En este año uno de los problemas que se tendrá que enfrentar es el del balance de los presupuestos participativos en actual ejecución ya que se han tomado nota de que en este rubro hay muchas explicaciones que dar, entre ellas, la no ejecución de las obras priorizadas en los procesos anteriores y, adicionalmente, parece que se tendrá que enfrentar los recortes presupuestales que se han dado como parte de las repercusiones de la crisis financiera internacional.

Lo que llama la atención, en el caso del presupuesto participativo regional, es que la asamblea de agentes participantes cuyo número de integrantes ha pasado de aprox. 150 participantes a menos de 35 participantes, lo que significa una drástica reducción y que elimina uno de los indicadores que se exhibía como un logro de participación. Esta reducción se basa en una estrategia de la administración regional: tratar de que el presupuesto regional se oriente a la ejecución de obras de “impacto regional” y no a obras pequeñas, vecinales, gestionadas por comités de obras o por Apafas o dirigentes populares. Estas últimas debieran estar a cargo de las municipalidades provinciales y distritales. En este punto nos estamos preguntando si la administración regional ha logrado generar esos tan mentados “proyectos de impacto regional” o se terminarán aprobando los conocidos proyectos de alto presupuesto orientados a mejorar la infraestructura física.

Dada la experiencia de más de seis presupuestos participativos regionales sería recomendable que se ponga sobre el tapete la discusión sobre lo que se entiende por “obras de impacto regional” pues tenemos la sospecha que se considera como tales a aquellas que fueron banderas del movimiento popular de Lambayeque allá por los años 70 (Proyecto Olmos, Segunda Etapa de Tinajones, Hospital Regional, Terminal Marítimo de Puerto Eten y Aeropuerto Internacional). Piensan, por tal, que con la ejecución de tales obras Lambayeque iniciará el despegue definitivo hacia su desarrollo sostenible.

Por otro lado existe una corriente de opinión – defendida también por un gran sector del Estado y particularmente por la sociedad civil que consideran que el desarrollo tiene que ver con el desarrollo de las personas y que por ello se debiera centrar la inversión en desarrollar las capacidades humanas (calidad de servicios en salud, educación, saneamiento, electricidad) y en evitar que se siga perdiendo capacidades humanas (inversión centrada en los niños y en las madres gestantes). En un mundo de desigualdades ésta se convierte en una exigencia humana, en una condición necesaria para el desarrollo de todos y de todas y que, felizmente, están respaldadas en las políticas públicas aprobadas en los años recientes.

Tenemos conocimiento que en el actual presupuesto participativo regional están asistiendo los más altos funcionarios del gobierno regional, los directores regionales, los jefes de programas nacionales y más de 30 representantes de organizaciones de sociedad civil. Este espacio puede ser convertido en una oportunidad para debatir y ponerse de acuerdo sobre lo que se entiende por desarrollo y generar un cambio de enfoque. De no hacerlo los debates se centrarán en aprobar o desaprobar tal o cual obra, pero sin reflejar un cambio del rumbo que se ha seguido hasta la fecha y que, en parte explican, el porqué los índices de desarrollo humano siguen siendo bajos, en una Región que tiene el reconocimiento de ser la Región más exitosa.
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Pedro Alva Mariñas

Como una decisión democrática y de ejercicio ciudadano puede calificarse la decisión de los directivos de ADOSCIL – Asociación de Delegados de Organizaciones Sociales de Lambayeque – de hacer entrega formal de los acuerdos de la Conferencia Sobre Desarrollo Social a los partidos políticos existentes en la Región Lambayeque. Los directivos de ADOSCIL dicen que esta entrega se hace en méritos a considerar que son los gobernantes y los partidos políticos (que comparten niveles de gobierno o que aspiran a ser gobierno) los que toman las decisiones y, por tal, interesa que sus decisiones tengan como un insumo las propuestas concertadas de la sociedad organizada. La tesis central es que los partidos debieran acostumbrarse a recoger los puntos de vista de la sociedad a la cual representan o pretender representar y no recoger sólo los puntos de vista de los integrantes de sus organizaciones o de los especialistas de su entorno.

Como se recordará la Conferencia Regional de Desarrollo Social (COREDES) se realizó en esta ciudad el 30/10/2008 y que contó con más de 180 representantes de organizaciones sociales de Lambayeque que discutieron un temario con los siguientes puntos:

– Descentralización, condiciones de vida de la población y lucha contra la pobreza
– Pequeña agricultura, medio ambiente, soberanía y seguridad alimentarias
– Reforma del Estado, gestión pública y participación ciudadana
– Comercio, turismo, pequeña y micro empresa
– Lucha contra la corrupción, vigilancia y seguridad ciudadana

En cada punto de esta agenda los participantes aprobaron un listado de demandas destinadas a ser presentadas a los representantes del Estado y a los partidos políticos, para su consideración. Además de las demandas se aprobó también un documento al que han denominado ?Declaración de Sociedad Civil 2008? y que expresa el punto de vista de los participantes sobre varios asuntos de interés general. Jorge Alarcón Gasco y Yolanda Díaz Callirgos están tratando de difundir lo más posible este documento y están interesados en promover que los gobernantes puedan acoger algunos de estos puntos y ponerlos en práctica.

Recordemos que la sociedad civil regional y también espacios de concertación han realizado varios esfuerzos para influir ? con sus acuerdos, proyectos o iniciativas — tanto en los candidatos a funciones de gobierno como a los propios gobernantes en ejercicio. Como ejemplos recientes de esta preocupación ciudadana mencionamos los acuerdos de gobernabilidad impulsados por la Mesa de Concertación en varios distritos con motivo de las elecciones municipales recientes. Igualmente mencionamos la presentación de la Agenda de Desarrollo Regional a los candidatos al gobierno regional, evento que organizara ADOSCIL.

La presentación de los acuerdos de COREDES 2008 se inscribe dentro de esta preocupación de la sociedad civil regional por hacer incidencia en el mundo de la política y con esta iniciativa se da un paso adelante en el sentido de incorporar a los partidos políticos bajo el entendido que ellos ejercen el poder en diversos espacios (nacional, regional y local) y, en todo caso, pueden convertirse en gobierno en las próximas elecciones.

Igualmente nos sorprende gratamente que sea el Instituto Nacional Demócrata, que ha venido trabajando una línea de incidencia con los partidos políticos y el gobierno regional, la institución que auspicia este evento para que tenga el marco adecuado y las posibilidades para su difusión en espacios nacionales. Esta presentación de la experiencia se hace más necesaria porque parece que se trata de una actividad que no tiene muchos antecedentes en el país.

En este tipo de eventos el riesgo siempre es de que algunos partidos decidan no asistir por varias razones: desorganización, temores, falta de seguridades o temores a posibles compromisos. El otro riesgo es que esos documentos no logren ser apreciados por los representantes de los partidos políticos y entonces la sociedad civil tendrá que transitar otros caminos para hacerse escuchar y en ese camino los medios de comunicación ? sensibles a los problemas de las personas ? serán sus valiosos aliados.

No nos queda sino felicitar a los directivos de ADOSCIL por esta iniciativa y esperar que la presentación, convocada para el 16 del Pte. En horario de la tarde, tenga la acogida favorable de las autoridades y de los partidos políticos invitados, ya que la asistencia de representantes de instituciones de sociedad civil se da por descontada.

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La caleta de San José, junto con Pimentel, Santa Rosa, Puerto Eten y, más al sur, Lagunas y Chérrepe, son los pueblos que albergan a la casi totalidad de pobladores dedicados principalmente a las actividades de pesca en el mar lambayecano. Estos pueblos del litoral generalmente están asentados en algún promontorio defensivo que los protege de la braveza del mar norteño y se ubican cerca de las desembocaduras de los ríos, a los cuales les llaman bocanas.

La actividad extractiva pesquera en San José se divide en pesca de “mar afuera” y en pesca de playa. La primera se realizan mediante embarcaciones movidas a motor y acondicionadas con bodegas, instrumentos de navegación y de comunicaciones y que pueden permanecer algunos días en faenas de pesca. Este tipo de pesca requiere mayor capital, representa más riesgos, pero también mayor rendimiento. La pesca de playa como su nombre lo indica implica el recorrido por las playas en busca de un lugar propicio. Este tipo de pesca se la conoce en el norte como el chinchorro en mérito a la red especial que utilizan. Esta actividad, además del chinchorro, requiere un vehículo mediano y un botecito a remos para introducir y extender la red en el mar. Es importante mencionar que cada equipo está formado por un promedio de 20 personas.

Cuando empezamos a recorrer las calles de la caleta y conversar con su gente nos damos cuenta que esta caleta, como las otras, no ha logrado un mejoramiento significativo de su calidad de vida y entonces aparece inevitable preguntarse sobre las causas de esta situación que no compatibiliza con la tesis de que tenemos el mar más rico del mundo. La respuesta no es fácil, pero conversando con algunos pescadores, empiezan a aparecer algunas respuestas.

La pesca artesanal – sea de mar afuera o de playa – es muy dependiente de las estaciones pues en los meses de verano son los más propicios que los meses de invierno y ello determina entonces alzas y bajas en los ingresos. En otros casos el propio mar decide “estar revuelto” por algunos días y no brinda una buena faena. Como se comprenderá esta dependencia de la naturaleza se produce porque los pescadores sanjosefinos no tienen las capacidades tecnológicas de las llamadas “flotas pesqueras”.

Otro problema que afecta la vida de los pescadores es que, una vez en tierra, los pescadores ya no se mueven con la misma facilidad que en el agua y entonces caen en la red de los comerciantes cuyas reglas no manejan y, por ello, generalmente pierden. Y pierden porque tienen que vender – sí o sí – presionados por la necesidad urgente de dinero para llevar a casa. Adicionalmente les resulta oneroso o en todo caso muy complicado almacenar el producto de la pesca.

A los viejos problemas de los pescadores, se añade la Resolución del Ministerio de la Producción, expedida el 3 de Marzo del presente, que en su parte resolutiva dice: “Prohibir en todo el litoral peruano la utilización del arte de pesca denominado chinchorro manual para realizar operaciones de pesca”. El impacto de esta medida va ser considerable en los aprox. 1300 pescadores que trabajan en los aprox. 65 equipos dedicados a esta modalidad de pesca. (Estas cifras corresponden sólo a la caleta San José). El día que visitamos la Caleta de San José los pescadores afectados por tal medida estaban discutiendo las acciones a tomar frente a una medida que consideran injusta, vertical y que los dejaba en una situación muy difícil si es que la prohibición se aplicaría “al día siguiente de su publicación” como reza la norma.

Esperemos que haya llegado el momento de que las autoridades correspondientes y los propios pescadores de playa empiecen a conversar y ponerse de acuerdo para reducir la tensión existente entre la necesidad de trabajo y la conservación de los recursos hidrobiológicos.
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Compartimos el texto final aprobado en la Conferencia Nacional de Desarrollo – Macro Norte, evento que reunió a delegaciones de Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, San Martín, La Libertad y Lambayeque. Este evento fue promovido por CONADES y por una red de enlaces del norte. La organización estuvo a cargo de ADOSCIL

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Cuando tengo la oportunidad de escuchar algunas de las sesiones del mega juicio a Fujimori se me vienen a la memoria con gran facilidad palabras como: totalitarismo, banalidad, desolación, racismo, negación del otro, asesinatos, impunidad. Sigue leyendo →

Es un hecho generalmente aceptado que las palabras o conceptos que se usan masivamente coinciden o expresan realidades concretas; pero a veces no sucede así. Uno de esos términos es justamente “El Norte” que alude a una región geográfica que se ubica al norte de Lima y que es distinta al centro, al sur y al oriente del país. En este espacio, difícil de precisar, aparece entonces un baile representativo como la marinera norteña, un hombre o mujer norteños y hasta una gastronomía norteña.

Los nacidos o residentes en Lima, acostumbran a dividir a los peruanos en capitalinos y provincianos, seguramente los primeros con muchas virtudes y los segundos con más defectos y, por ellos, susceptibles de comprensión. Esta división, excesivamente generalizante, ha sido asumida por algunos sectores de provincianos asentados en Lima, a los que les gusta autodefinirse como “provincianos” ya sea para enfatizar las necesidades de apoyo de la capital o para justificar sus características particulares.

Tenemos la impresión que esta autodefinición de provinciano no cala mucho en los visitantes de la capital, que prefieren presentarse, no tanto como provincianos, sino más bien como gente que vive en algunas de las grandes regiones del país. Así escuchamos decir: “soy del sur”, o “soy del centro”, o “soy del norte”. Estas autodefiniciones gruesas permiten entonces una rápida valoración de la persona y entraña una especie de alerta al otro. Pero estas definiciones gruesas esconden otro problema: evitar una identificación más precisa que llevaría a sacar el nombre del distrito o del caserío en el cual uno vive o del cual procede y que podría desatar las odiosas discriminaciones de origen.

¿Qué es el norte entonces?. Aunque no es fácil una respuesta, consideramos que una manera de responderLa es definiendo su ámbito geográfico y para ello utilizaremos el aporte de algunos estudiosos y lo que piensan algunos actores sociales. Entre los estudiosos nos encontramos que no existe unanimidad, por ejemplo Lecuanda (1793) consideraba que el Norte está integrado por Tumbes y Piura; mucho tiempo después, Víctor Andrés Belaúde (1931) consideraba que el norte lo integraban Lambayeque, Cajamarca, La Libertad y Amazonas; tiempo después Delavaud (1968) sugería que el Norte debiera estar conformado por Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, San Martín y Ancash. En los últimos años Cipca – Piura ha confirmado la propuesta de Delavaud, con la excepción de Ancash (CIPCA, 2002)

Recogiendo los planteamientos de actores sociales, nos encontramos con la propuesta de los empresarios de La Libertad que consideran al norte integrado por 8 regiones, desde Ancash hasta Tumbes. En tiempos más recientes la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP), al convocar a reuniones de la macrorregión norte convoca a representantes de La Libertad, Cajamarca, Lambayeque, Tumbes y Ancash, excluyendo a Amazonas y San Martín. Por su parte la Conferencia Nacional de Desarrollo Social (CONADES) en su reunión macro norte, convoca a representantes de la sociedad civil de ocho regiones, sumando a los departamentos de Ancash, Amazonas y San Martín.

Si bien lo anterior nos hace ver que “El Norte” es un concepto integrador sobre el cual notamos hasta entusiasmos de sus actores en el sentido de que quieren pertenecer al norte o que se consideran del norte; sin embargo existen también actitudes que parecieran decir “juntos pero no revueltos”. Estas dos actitudes nos estarían confirmando que si bien existen muchos elementos para pensar que existe en el horizonte un espacio norte y un poblador norteño, no podemos negar que tenemos otros elementos que marcan las diferencias entre departamentos y hasta entre provincias. Estas diferencias ya tuvieron la oportunidad de expresarse en referendo del 2005 en que los departamentos dijeron no a procesos de integración administrativa y política propuestos desde el mundo de la política y, con seguridad, volverían a expresarse en el mismo sentido en la nueva convocatoria proyectada para el 2009.

De este brevísimo repaso podemos concluir que “El Norte” es un proceso, un concepto, una identidad que se encuentra todavía en construcción por sus propios actores y que ese proceso debiera ser alentado, fortalecido; más no apresurado por cálculos de corto plazo.

* Publicado en el Semanario Expresión de Chiclayo. Noviembre 2008 Sigue leyendo →

Recientemente la Asamblea de Delegados de las Organizaciones de la Sociedad Civil de Lambayeque – ADOSCIL hizo un balance de sus actividades realizadas en los dos últimos años como antesala para elegir a sus dirigentes para los dos próximos años. Esta es una buena ocasión para presentar una reflexión sobre la importancia de una sociedad organizada.

Pareciera que existe un consenso en reconocer que la sociedad civil regional ha mostrado un interesante dinamismo que se expresa en su capacidad de propuestas, en la participación entusiasta en eventos y procesos, en hacer suyas las políticas sociales y en desarrollar iniciativas de incidencia en el Estado ya sea en sus niveles regional y local. Esta iniciativa, al ser alentada por los representantes del Estado, determina que Lambayeque sea reconocida como una de las regiones con mayores índices de participación.

No hay duda que ADOSCIL tiene una historia pero se puede afirmar que el mes de Setiembre del año 2006 se inicia un repunte de esta institución porque en ese mes se toma la decisión de formular la Agenda para el Desarrollo Regional que ha facilitado la incidencia en las elecciones regionales y municipales, entonces en marcha. Esta agenda ha sido determinante para afirmar la capacidad de incidencia con las instancias del Estado y también facilitó la consolidación interna de la sociedad civil ya que la Agenda se convirtió en una especia de plataforma de unificación de la siempre diversa sociedad regional.

Sin tratar de hacer un recuento de todas las actividades realizadas podemos mencionar la activa participación de ADOSCIL en los siguientes procesos o eventos (de Setiembre del 2006 a agosto 2007):

 Incidencia en los procesos electorales para elegir al gobierno regional y a los gobiernos locales (se formularon también agendas provinciales firmadas por los candidatos)
 Articulación de los planes de desarrollo provinciales con el plan de desarrollo regional
 Acompañamiento y decisiones consensuadas en la formulación del presupuesto participativo regional
 Solicitud de aprobación y difusión del Proyecto Educativo Regional, del Plan Regional de Acción de la Infancia y Adolescencia y, más recientemente, de las 12 actividades de prioridad para la infancia.
 Co-organización de las jornadas de implementación de políticas públicas sociales, eventos realizados con la Gerencia de Desarrollo Social, Municipalidades, sectores del Estado y Foro Educativo.
 El fortalecimiento del Consejo de Coordinación Regional – CCR y algunos CCLs.
 El fortalecimiento de la Mesa de Lucha contra la Pobreza en tanto espacio de articulación del Estado con la sociedad
 Ha participado también en la 1ª campaña de implementación del Proyecto Educativo Regional organizado por la DRE Lambayeque

Como es generalmente reconocido el Estado tiene grandes problemas para asumir, por sí solo las grandes tareas que demanda el bienestar de todos los habitantes. A pesar que se reconoce esfuerzos en esa perspectiva, sabemos que no se tienen los resultados esperados o demandados por la población, especialmente la que más sufre de injusticias, inequidades o exclusiones. La tragedia generada por el terremoto vuelve a explicitar las limitaciones del Estado para atender las emergencias en condiciones de eficacia, transparencia y concertación.

Ante esta situación aparece la sociedad civil – entendida como la parte más organizada y activa de la sociedad – como un aliado del Estado en esta tarea de desarrollo de todas las personas y para ello la sociedad debe plantearse y poner en práctica su capacidad de incidencia sobre los diversos niveles públicos para que éstos puedan cumplir mejor sus funciones. Pero para hacer esto la sociedad civil necesita defender y preservar su autonomía respecto al Estado para que haga llegar sus puntos de vista con entera libertad, para que pueda presionar en el mejor sentido de la palabra, alentar cambios positivos y para que pueda ejercer acciones de vigilancia con el objetivo de que la función pública sea más eficiente, eficaz y transparente.

Este parece ser la característica y actitud que han asumido los representantes de la sociedad civil regional y de allí que en poco tiempo haya logrado un amplio reconocimiento público que se ha reflejado en su propio fortalecimiento institucional, habiendo pasado de 34 integrantes el año 2005 a más de 150 el año 2007. Jorge Alarcón Gasco, uno de los animadores de este proceso reconoce que este posicionamiento de ADOSCIL en el último año ha sido posible, entre otros factores, a que han contado con un plan operativo que ha facilitado la acción conjunta de sus integrantes y gracias también al apoyo de Foro Educativo a través del Proyecto de Acción Intersectorial.

Sin embargo y, es bueno decirlo, que a pesar de todo lo positivo y de la intensa actividad desplegada por sus asociados y dirigentes, ADOSCIL sigue representando todavía a un segmento de la población regional, probablemente a la parte más interesada en derechos de ciudadanía o temas de desarrollo. Se reconoce también que la integración de organizaciones distritales es todavía incipiente. Por ello diremos que menuda tarea les espera a la ratificada dirigencia liderada por Jorge Alarcón Gasco y Yolanda Díaz Callirgos.

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* Publicado en Semanario Expresión.Agosto 2007

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ACCIÓN CONCERTADA CONTRA LA DESNUTRICIÓN*

Pedro Alva Mariñas

La persistencia de los índices de pobreza, tanto a nivel nacional (39.3%) y a nivel departamental (40.6%), nos llevan a formularnos diversas preguntas. Una de ellas tiene que ver con la evidencia de que el Estado – en sus niveles nacional, regional y local – tiene serias limitaciones para articular sus acciones, incluso para coordinar y, menos aún, para desarrollar políticas sociales desde la perspectiva de intersectorialidad. Cada uno está librado a sus propias capacidades, a sus propios recursos y a sus particulares visiones. Esta característica no es nueva, viene desde mucho tiempo atrás y no tenemos evidencias de que se esté cambiando, salvo iniciativas muy específicas.

Ante esta situación aparece la Estrategia Crecer que intenta unificar las políticas sociales del Estado en base a orientaciones precisas, a logros de resultados y al uso más racional de los recursos. Esta estrategia recoge de alguna manera la demanda de la sociedad para que los programas asistenciales y en general los programas sociales tengan resultados concretos, que nos saquen de la condición de país o de departamento caracterizado como de pobreza extendida. Esta propuesta articuladora se une a la propuesta del MEF de Presupuesto por Resultados con lo cual tenemos ya dos políticas de Estado que empujan en la dirección adecuada.

El tema de la desnutrición infantil.

El MEF ha propuesto entonces cinco Programas Estratégicos (a los cuales se añadirán otros):

 Programa Articulado Nutricional
 Salud Materno Neonatal
 Logros de Aprendizajes al Final del III Ciclo de EBR
 Acceso de la Población a la Identidad
 Acceso a Servicios Sociales Básicos y Oportunidades de Mercado.

Nos interesa destacar en esa nota el Programa Articulado Nutricional que se fija como meta disminuir sensiblemente la prevalencia de la desnutrición crónica infantil y de la madre gestante a través de algunas acciones como:

– Se mejorará el estado nutricional de la gestante mediante el incremento de madres gestantes que reciben suplemento nutricional de hierro y ácido fólico y para el caso de madres en situación de pobreza se les brindará servicios de alimentación complementaria.
– Se controlará las infecciones durante el primer trimestre del embarazo y para ello se deberá incrementar el número de gestantes que ingresan a este servicio y reciben el protocolo completo de atención.

Para el caso de los niños entre los 0 y 3 años se propone reducir la incidencia de Enfermedades respiratorias agudas (ERAS) y las enfermedades diarreicas agudas (IRAS) y para ello se deberá:

– Lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses
– El lavado de manos con agua y jabón
– Control del crecimiento y desarrollo (talla y peso)
– Dosis de vacunas de acuerdo a edad (se añade la vacunas contra el rota virus y contra el neumococo)
– Incremento del acceso al agua segura y a servicios de saneamiento básico
– Disminuyendo la ocurrencia de episodios de EDAS o IRAS
– Evitar el humus en las casas como resultado del uso de leña en las cocinas

Como se puede ver muchas instituciones del Estado pueden comprometerse en la realización de estas actividades o como protagonista o como acompañante; pero en ningún caso puede ser excluida ni autoexcluirse. Algo parecido se espera del sector empresarial y de la sociedad organizada.

Estamos ya en el tramo final del año presupuestal 2008 y seguramente las distintas dependencias públicas responsables de los programas estratégicos se aprestan a formular sus informes de gestión. Esperamos que esos informes fortalezcan nuestro optimismo de que sí es posible ganarle a la pobreza, a la inequidad y a la exclusión.

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* Artículo publicado en el Semanario Expresión. Chiclayo. 7 nov. 2008 Sigue leyendo →

LA CORRUPCIÓN DE ALTO VUELO

En estos días el mundo político nacional ha sido estremecido por un nuevo caso de corrupción y que tiene como protagonistas a connotados representantes de un partido político (Apra) a representantes de una empresa privada (Discovery Petroleum) y, al centro, como objeto de los afanes, una empresa estatal (Perú-Petro y Petroperú) interesada en la inversión extranjera para facilitar la exploración y posterior explotación de reservas de petróleo, recurso del cual estamos tan necesitados y que tiene gran atractivo por sus altos precios.

La empresa corruptora es originaria de un país nórdico en la que parece este tipo de prácticas están prohibidas o son severamente castigadas y por ello tendrá que dar las explicaciones y los datos concretos para determinar los pagos realizados y los destinatarios. Por añadidura esta empresa, como tantas otras, no parecen tener mucho capital – como muchas otras que inician su fortuna operando en el país — y esa debilidad tuvo que ser reemplazada por estrategias de corrupción para asegurarse un lugar ganador. Esta empresa – como muchas otras – estuvo representada por una firma de abogados de rimbombante apellido (Arias Schreiber) que fue parte del tinglado y que incluso puso dinero propio para facilitar que su representada no quedara fuera del concurso.

El otro actor era un grupo de personas prominentes del actual gobierno – algunas con claras reincidencias — que se prestaron o fueron contactadas para asegurarse que la empresa extranjera resultara ganadora y para lo cual negociaron sus bien aceitadas relaciones o su presencia directa en las instancias de decisión. Este grupo, luego de una “gran faena”, convinieron en cobrar una “comisión ganadora” a la empresa internacional que se hacía con 5 lotes para la exploración del petróleo.

El tercer actor era un alto funcionario del Estado (por lo menos el único conocido hasta ahora) y se desempeñaba, nada menos que el Presidente de Perú – Petro) y como tal intervino directamente en las negociaciones, asegurando de antemano a la empresa extranjera de que se haría de cinco de los varios lotes que entraron en el concurso. Es seguro que para ello necesitó o hacer valer su condición de presidente de la empresa estatal o, simplemente, de tejer internamente una relación para que ello sea posible. Solo él y algunos saben los detalles de esta faena.

Resumiendo, podemos decir que se juntaron: representantes de una empresa privada internacional, un grupo formado por integrantes del partido político oficial y, los integrantes de la empresa estatal. El tema es que esta alianza no sólo no es nueva sino que en los últimos tiempos ha sido casi una constante. Y otra vez estamos ante un caso de corrupción de alto nivel que resulta contradictoriamente aleccionador porque vuelve a evidenciar que la corrupción está muy enraizada en las instituciones del Estado, en el propio sector privado y en los partidos políticos (incluso, como en este caso, de un partido organizado, con mística y liderazgo) y que frente a ella los gobiernos se muestran impotentes y hasta se sienten tentados en caer nuevamente en los brazos de las Fuerzas Armadas para sentirse seguros en periodos de inestabilidad política.

Frente al caso de corrupción se están presentando hasta tres actitudes o en todo caso enfoques para tratarla: una de las opciones es abordarlo como un caso aislado, que busca culpables directos y concretos, actuando a la manera de un cirujano que extirpa un tumor de un organismo sano y con ello el caso se cierra. La otra actitud es ubicar el caso dentro de un contexto mayor, relacionarlo con otros casos y establecer la posibilidad de que el Estado haya sido atravesado por la corrupción y entonces tratarlo como un tumor extendido que no puede ser extirpado fácilmente. Una tercera posición se basa en el conocido aforismo de la mejor defensa es el ataque y entonces algunos personajes tendrán un discurso de dos partes: exigirán sanciones severas a este caso “único” o “aislado” de corrupción y, a continuación, levantarán algún tema que haga daño a los opositores para que no se produzca “ganancias en río revuelto”.

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