Parte de las tareas de la administración pública es hacer balances de fin de gestión. Por su propio bien, es saludable que ello ocurra y muchas autoridades saben, a su pesar, que tienen que hacerlo, pues las reglas técnica-administrativa, así lo exigen. Sin embargo, dicho balance no está aislado de la evaluación política que es la más solicitada por la población (y muchas veces, de manera exigente). Y allí viene el problema, pues ese tipo de arqueo no quiere ser enfrentado por esas mismas autoridades, ya que el balance técnico es frío, el político es ardoroso. El primero se hace con números y fórmulas; el segundo con las entrañas. El primero es mudo, se presenta en Excel y se archiva; el segundo puede convertirse en un griterío de indignación y puede llegar hasta la agresión física.

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