Reproducimos aquí el artículo publicado en la página de RWI
Felipe Bedoya, Claudia Viale y Carlos Monge in the RWI Latin America office

A finales del 2010, varios países de América Latina decidieron reducir o eliminar los subsidios a los combustibles. Actualmente los niveles de producción de petróleo no son suficientes, y por lo tanto los países recurren a las importaciones de sus principales derivados, como la gasolina y el diesel a precios internacionales, los cuales luego son vendidos en el mercado interno a precios subsidiados. Esto ha creado desincentivos para las inversiones privadas, pues las compañías tendrían que vender el petróleo producido por debajo de los precios que paga el mercado internacional, lo que reduce sus ganancias.

Por tanto, los gobiernos toman esta medida para ordenar sus presupuestos, pues se destinan una cantidad significante de recursos públicos subsidiar los combustibles, y también para promover la inversión privada. Esta medida también busca evitar la venta por contrabando de gasolina barata en las fronteras a mayor precio.

La reducción o eliminación de los subsidios es un tema sensible en la población, porque un recorte de los subsidios significa un aumento en los precios del transporte y alimentos, así como otros servicios, y por lo tanto, siempre existe la posibilidad de que sea rechazado por la población. Los casos de Bolivia, Chile y Ecuador, son ejemplos de cómo este fenómeno ocurrió en la región.

Bolivia

El 26 de diciembre del 2010 el gobierno Boliviano anunció la aprobación del Decreto Supremo 748, que disponía una nivelación del precio de las gasolinas y del diesel boliviano al precio vigente en el mercado internacional, lo que supuso un incremento de 57 a 83 por ciento en las tarifas anteriores. El vicepresidente Boliviano, Alvaro García, sostuvo que la promulgación del Decreto se debió a que cada año se destina gran cantidad de recursos públicos a la importación de combustibles y a subvencionarlos para que lleguen a un costo barato al consumidor. Además, parte importante de este subsidio termina beneficiando a los consumidores de Chile, Perú, Paraguay, Brasil y Argentina, pues hay un intenso contrabando de este combustible barato hacia esos países.

Lo que ocurre es que Bolivia –pese a que exporta mucho gas- no produce todo el combustible que necesita para su consumo interno. De hecho, Bolivia tiene un consumo diario de 76 mil barriles diarios de crudo aproximadamente, y en el 2010 la producción promedio diaria fue de 43,500 barriles de petróleo. En respuesta, el Gobierno importa combustibles a precios altos del mercado internacional y los coloca en el mercado interno a precios bajos, con un fuerte subsidio.

La falta de producción de combustible se debe a una combinación de dos factores. De un lado, YPFB no cuenta todavía con la capacidad financiera y técnica para producir todo lo que se necesita. Del otro, el sector privado considera que las utilidades que reciben las petroleras no justifican mayores inversiones, pues a un precio de USD 27,11 por barril de petróleo –establecido por el gobierno para el mercado interno desde el 2004- estas utilidades son mínimas.

Según el ex funcionario de la Superintendencia de Hidrocarburos, Carlos Miranda, la actual crisis energética por la que atraviesa Bolivia ocurre como consecuencia del bajo nivel de inversiones, la baja producción de hidrocarburos, el incremento de la importación de combustible y una mayor dependencia del Estado hacia las empresas petroleras trasnacionales. Miranda señaló además que esto es a la vez el resultado del proceso de nacionalización del sector que se inició en el 2006.

Diversas organizaciones sociales expresaron su rechazo al aumento debido principalmente a sus repercusiones sobre los costos del transporte y los alimentos. Las violentas protestas sociales en todo el país y la posibilidad de un paro nacional por periodo indefinido, llevó a que el presidente Evo Morales derogara el Decreto.

Por ahora la subvención a los combustibles continuará para evitar mayores protestas sociales y queda pendiente definir el nuevo mecanismo para nivelar o al menos acercar los precios internos a los del mercado internacional, y así incentivar un mayor interés en exploración y extracción por las empresas privadas.

Chile

El 28 de Diciembre del 2010, el Gobierno de Chile y la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) anunciaron cancelar los subsidios al precio del gas que consumen los usuarios residenciales, comerciales e industriales de la región de Magallanes a partir del 1 de Febrero, lo que implica un incremento de 16,8% en las tarifas de gas en esta región ubicada en el extremo sur de Chile. Se trata de un ajuste en el precio del gas en esta zona austral, que justamente por ubicarse en la región antártica y más fría del país, registran consumos más elevados de gas por las bajas temperaturas.

Como ocurrió en Bolivia en respuesta al “gasolinazo” de Diciembre, la población de Punta Arenas, capital de la región de Magallanes, salió a las calles y se movilizó en señal de protesta por el aumento en el precio del hidrocarburo. Representantes de la región de Magallanes argumentaron que el aumento de las tarifas elevaría el costo de otros servicios como transporte y electricidad, y reclamaron que el Presidente Sebastián Piñera les había prometido hace algunos meses atrás mantener un tratamiento especial para el precio del gas en esta región. A este reclamo también se sumó el malestar de las industrias y comercios que dependen del gas y que son importantes para la región, como Methanex, productor de metano, y Edelmag, empresa eléctrica que abastece de termoelectricidad.

Los pobladores de Magallanes cuentan con precio bastante menor al que se paga por el gas en otras regiones, pues mientras que una familia de la zona paga en promedio de 25 mil pesos por 320 metros cúbicos de gas que consume mensualmente, en otros lugares del país, esta suma asciende a 192 mil pesos por el mismo volumen.

Al respecto, el Ministro de Energía Chileno, Ricardo Raineri aseguró que –pese al aumento- Magallanes permanecerá con precios especiales, a pesar del aumento. Para ello, el Presidente Piñera dio a conocer públicamente una serie de medidas que buscan afrontar el inevitable aumento del precio en las tarifas de gas y mitigar el impacto que tendrá en las familias de menores recursos.

Para el gobierno eliminar el subsidios es necesario debido a que –agravando la compleja situación financiera por la que atraviesa la petrolera estatal- ésta dejaba de percibir unos USD 20 millones anuales por los subsidios que otorgaba. A esto se suma la caída en las reservas de gas debido a su uso recurrente, y el aumento de los costos de producción. Las autoridades de ENAP estimaron que de mantener el subsidio bajo las condiciones actuales, la petrolera lograría abastecer el consumo de la región sólo hasta el 2013. Por ello, con el aumento de 16,8% en los precios del gas, la petrolera estatal prevé recibir mayores ingresos, y además, atraer a los inversionistas privados para que realicen actividades exploratorias en Magallanes con el fin de aumentar las reservas de gas, las cuales son necesarias para el abastecimiento futuro de toda la región.

Al cierre de esta nota de análisis, las continuas protestas sociales en Magallanes obligaron al gobierno a evaluar la posibilidad de un aumento de 3% en la tarifa de gas y un incremento progresivo en el tiempo para disminuir su impacto.

Ecuador

El 5 de enero del 2011, el Presidente Ecuatoriano Rafael Correa decidió evaluar la eficiencia de los subsidios estatales de gas y combustibles que destina el Gobierno Ecuatoriano a los sectores más pobres del país, en el marco de un Plan de Optimización de subsidios que tiene previsto analizar el impacto de este subsidio, que en el 2010 le costó al Estado USD 3 mil millones, y formular alternativas de política al respecto.

Según Correa, la decisión de evaluar el impacto de los subsidios a los combustibles fue tomada porque sectores sociales acomodados se estarían beneficiando de los mismos tanto o más que lo pobres, dado que no hay manera de diferenciar entre pobres y ricos al momento de vender en el mercado gas o gasolina subsidiada. También lo es verificar si el combustible subsidiado se vende en Colombia y Perú, donde los precios son mayores, y cuál es la magnitud de este fenómeno.

Ecuador es un país petrolero en el cual el crudo financia casi el 25% del presupuesto estatal; sin embargo su producción no satisface la demanda nacional de hidrocarburos y tiene que recurrir con más frecuencia a las importaciones, debido a que la producción de combustibles en las refinerías de Esmeraldas, La Libertad y Lago Agrio no es suficiente.

Durante el 2010 Ecuador aumentó en 37 por ciento la compra de combustibles en comparación con el 2009, y se estima que para el 2011, las importaciones aumenten en un 7 por ciento, pues el Gobierno proyecta importar 44,7 millones de barriles en combustibles. Este crecimiento en las importaciones se basa en los cálculos hechos por Petroecuador, debido a una posible paralización de la Refinería de Esmeraldas, y al mayor consumo de las centrales termoeléctricas, será necesario aumentar las importaciones.

El gobierno de Correa ha planteado algunas posibles soluciones para importar menos combustibles y por lo tanto, destinar menos recursos a los subsidios y disminuir el contrabando. Una posible solución es que Colombia les venda energía eléctrica, lo que reduciría el consumo de diesel por parte de las termoeléctricas. Otra medida sería la de aumentar el precio interno de los combustibles y así reducir los subsidios, tal como Evo Morales, Presidente de Bolivia, intentó hacer en ese país, pero sin éxito debido a lo impopular de la medida.

Por ahora, y luego del la evaluación de los subsidios, Correa ha preferido mantenerlos y evitar el descontento social.

Los casos de Bolivia, Chile y Ecuador son similares, pues en todos ellos se aplican subsidios para importar combustibles y venderlos al mercado interno a un precio menor, esto ha causado que se desincentiven las inversiones en nuevos campos y por tanto, disminuya la producción nacional de petróleo. En un contexto de precios altos, todos estos países consideraron cortar estos subsidios. No obstante, en aquellos que aplicaron el corte, la protesta pública obligó a que los gobiernos se retracten de la medida, tal como ocurrió en Bolivia y Chile, o a no aplicarla como en Ecuador.