Esta semana comenzó el operativo Aurum I, señal de que habrá un Aurum II y hasta MMXVI, no lo sabemos a ciencia cierta. Lo que nos traen las noticias son 126 dragas destruidas a la fecha de 250 que se calculan operan en la zona. Como era de esperar, la reacción de la población es mayoritariamente contraria dado que están vinculados a esta actividad informal, pero la de los nativos y pobladores más antiguos es de apoyo a la medida. Los mineros informales han quemado 25 negocios en Puerto Maldonado y han tomado la carretera transoceánica.
El Ministro del Ambiente Ricardo Giesecke y el Presidente de la Región Madre de Dios se reunieron hace algunos días, e informaron que además de combatir la minería informal se requiere de un plan de inversiones para cambiar de rumbo en el desarrollo de la Región “…queremos ser reconocidos como la capital de la biodiversidad y no como la capital de las actividades informales e ilegales”, recalcó Luis Aguirre, Presidente Regional.
Si la operación tiene éxito 32 toneladas de mercurio dejaran de verterse cada año en los ríos de esta región y será posible evitar un mayor deterioro de los bosques y de la biodiversidad.
Este es un duro golpe para la minería ilegal, sin embargo es predecible que los intereses que los respaldan seguirán tratando de revertir la situación actual aumentando los niveles de violencia y tratando de sobornar a cuanta autoridad sea posible para detener el operativo. Veremos qué pasa en los días siguientes. De otro lado esta intervención, respaldada por los ambientalistas y la mayor parte de los medios de comunicación, es un aviso para otras zonas como las de Ananea en Puno, las de la sierra de La Libertad, o de Piura.
En el otro extremo del país, al norte en la sierra de Cajamarca el proyecto Conga enfrenta la resistencia de parte de la población luego de haber aprobado los requisitos legales previos. Se trata aquí de otro enfrentamiento que terminará de definir la orientación de la política del gobierno frente a las industrias extractivas. Lo que enfrenta a pobladores con empresarios no es la minería, sino el acceso al agua.
El proyecto está en una cabecera de cuenca y ha previsto contar con agua de las lagunas aledañas, que de acuerdo con el proyecto de ingeniería aprobado permitirá, con los acondicionamientos del caso, satisfacer plenamente la demanda de agricultores, pobladores urbanos y mineros. Los pobladores -por su parte- argumentan que como se deduce de las nuevas leyes promulgadas recientemente los niveles de consulta deben ser ampliados, y añaden que hay un riesgo respecto de las reservas y calidad del agua que obligan a reconsiderar las posibilidades del proyecto.
Los pobladores se encuentran divididos. El gobierno Regional se opone y convoca a un paro, los comuneros de Huasmin (zona del proyecto) están en “pie de lucha” contra la explotación minera Y de otro lado, “32 comunidades de la zona de influencia del proyecto no se plegarán al paro de mañana” si hay algo que mejorar que se haga, pero que el proyecto no se detenga agregaron los representantes de los campesinos reunidos en la PCM.
En este entredicho el gobierno intervine desde distintos puntos. De una parte el presidente, y el Acuerdo Nacional hacen hincapié en la necesidad de concordar políticas de ordenamiento territorial, y en particular aquellas relativas al manejo del agua. Es necesario prepararse para la adaptación al cambio climático, añade el Ministro del Ambiente, lo que supone cuidar los acuíferos y las cabeceras de cuenca para garantizar los ciclos del agua. Sea como sea ha sido éste último quién ejerciendo su derecho a revisión aleatoria de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) ha pedido el proyecto para su evaluación. De su lado el Premier y el Ministro de Energía y Minas, buscan una salida que satisfaga a las partes, y algo deben haber conversado Descalzi con Benavides en el viaje de Cajamarca a Lima en la avioneta de este último.
Se trata de una inversión cuantiosa que redundará también en mayores recursos para el Estado, las comunidades de Celendían, y la Región de Cajamarca. Se calcula que entre “regalías e impuesto a la renta que generaría el proyecto al fisco sería un promedio anual de US$ 172 millones de dólares en los 17 años de duración del proyecto. Un estimado de 2,230 millones entre regalías y canon en la vida útil.” Señala Jorge Manco Zaconetti (Investigador UNMSM)
Todo parece indicar que de un lado el gobierno mostrará mano dura con la ilegalidad minera, y exigirá mejor manejo ambiental a las empresas formales. Esto puede traducirse en cierta renegociación del Estado con las empresas involucradas en el proyecto Conga para crear las condiciones de su funcionamiento, pero las actividades mineras continuarán. Mientras el estado no tenga parámetros adicionales de negociación cederá, es decir mientras no entre en funcionamiento la consulta previa, no se tengan criterios claros de ordenamiento territorial, y falte capacidad institucional para generar bienestar sostenible en las zonas mineras, los conflictos solo crecerán.