El Comercio
El Presidente y el Ministro de Economía recocieron en público que se está acabando la bonanza económica y viene la época de las vacas flacas. Ya lo sabíamos quienes observamos el mundo globalizado, porque históricamente nuestro país tuvo bonanza por demanda de nuestras materias primas y vacas flacas cuando sus precios se vienen abajo. Parece que el gobierno administrará el problema con racionalidad, pero los peruanos debemos preguntarnos ¿Por qué diez años de vacas gordas no lograron avances mayores en industria para el Perú, ampliando el mercado interno y fueron tan mezquinos en el aumento de las capacidades de los peruanos para crecer en productividad y en empleo digno?
Quiero confiar en que los gobernantes harán que la nueva etapa no nos lleve a una hecatombe. Hay nubes en el horizonte, pero el panorama mundial no es el peor. Hemos avanzado en capacidad de llegar a nuevos mercados y algo, muy poco, en la capacidad de ofrecer productos con mayor valor agregado. Sin embargo, la coyuntura no es sólo económica.
Para un Estado que desde hace años es incapaz de impedir la violencia privada de Sendero y el narcotráfico, es un logro la reciente ofensiva que mató dos líderes senderistas y apresó a otros aunque no acabó con su operación al servicio del narcotráfico. Esta noticia no puede hacer olvidar otros hechos que remecieron a la opinión pública; la repartija en el Congreso, por incapacidad ante los chantajistas, la detención de una excongresista del partido del gobierno, ya no como cocalera sino como narcotraficante, el escándalo de los narco indultos de Alan García y la vergonzosa actuación del gobierno y del Poder Judicial en el caso Chavín de Huántar. Esto último es tan grave que no tiene solución jurídica sino política.
La grabación, al margen de si es legal o ilegal, muestra al ministro de Justicia de ese entonces y al agente del gobierno ante la Corte Interamericana presionando a la jueza y metiéndose en la sentencia de todas las maneras posibles, bajo el auspicio de Presidente del Poder Judicial de entonces, un juez supremo de impecable actuación en el juicio a Fujimori. Hay atenuantes para los magistrados. El Presidente San Martín tenía que negociar los sueldos de los jueces con el Ejecutivo y la jueza Rojjasi estaba chantajeada, porque apresuradamente el Consejo de la Magistratura, al evaluarla introdujo una denuncia de última hora. Y el Ejecutivo le decía que no la botarían del Poder Judicial. Ella era la única persona que no debía estar allí y debió negarse a asistir. El Presidente del Poder Judicial no ejerce poder jurisdiccional y su rol era coordinar con el Ejecutivo y si es preciso dar la información, no imponerla, a los jueces.
El exministro y periodista Rospigliosi ha sostenido que el coronel Huamán Azcurra tiene las grabaciones que prueban que Humala se levantó contra Fujimori para encubrir la huida por mar de Montesinos y que este es el pago. La Jueza y la sala que presidía, no aceptaron todo lo que pedía el gobierno: corroboraron que un terrorista no murió en combate sino asesinado, pero se negaron a establecer responsables. Como si en un ejército cada uno actuara por su cuenta. Salvaron a Montesino, Hermoza, Huamán y compañía.
Respeto al Presidente Humala, porque lo eligió el pueblo, y no me dedico a hurgar su pasado. Pero su gobierno, en este caso ha mostrado más conductas torcidas. El Procurador Azabache renunció, porque no podría defender que el terrorista asesinado no lo había sido. Es un hecho público a pesar del decoro de Azabache al retirarse.
Si en el Perú aprendemos a hacer política dentro de la ley y dentro de los cánones éticos, las vacas flacas nos obligarán a ser austeros pero no nos llevarán a una crisis en todos los campos. Con el esfuerzo de empresarios y trabajadores, con la enorme potencialidad de los peruanos de a pie en la micro y pequeña empresa, con el esfuerzo de nuestras universidades y colegios, de maestros y alumnos, podemos crecer a contracorriente, austeramente y creando lazos de solidaridad. Pero la corrupción rompe todo eso.
Un sistema de concurso que permita elegir a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC), planteó el expresidente del Congreso, Henry Pease, quien consideró inaceptable que estos cargos se definan por invitación, como se hizo en el anterior proceso, anulado por cuestionamientos.
