Archivo por meses: septiembre 2010

La izquierda democrática: Lo que significa la opción Susana Villarán

El Comercio

Nos acercamos al final de la campaña municipal con varias lecciones. La primera tiene que ver con la corrupción y la decencia en política. Álex Kouri tuvo la osadía de aspirar al gobierno de Lima tras el escándalo de sus ‘vladivideos’ corruptos y el peaje chalaco en una obra muy discutible; Lourdes Flores le salió al frente con valentía y decisión. Pero Kouri persistió en errores ética y políticamente enormes. Trató de engañar confundiendo domicilio legal con vecindad y para colmo se inscribió desde un partido inexistente, simple franquicia para ofrecerse como vientre de alquiler. El JNE lo sacó de la carrera, pero cuando lo hizo Lourdes ya lo aventajaba en las encuestas. Más de un analista enfatizó que la correcta decisión del jurado lo libró de la derrota, pero no lo libró de la crítica ética y democrática.

La coyuntura cambió y se volvió contra Lourdes no solo porque no tuvo un discurso distinto a tiempo sino porque le saltó a la cara el Caso Cataño. Seamos claros, nadie ha acusado de corrupción a Lourdes pero los servicios profesionales de un político tienen más limitaciones que los de los demás abogados. Eso se ha usado y le hizo daño, pero tampoco sirvió a Lourdes unirse al coro macartista contra Susana Villarán, porque la sepultó en su nicho de votos propios y perdió la intención de voto que ganó al posicionarse contra Kouri.

En esa misma coyuntura se posicionó Susana. Tuvo la capacidad política para torear la campaña y subir. No está dicha la última palabra pero ya se pueden ver más fortalezas que debilidades. Ella representa una apuesta de izquierda democrática y su partido es una agrupación que expresa una nueva generación, que no tiene las limitaciones ni los prejuicios de etapas anteriores que no vivieron la mayoría de sus integrantes. Su mensaje tiene la frescura de la personalidad de Susana y la modernidad que le aportan profesionales bien capacitados, con experiencia técnica y de gobierno. Ministra de la Mujer con Valentín Paniagua y Javier Pérez de Cuéllar, exhibe estas credenciales democráticas y el orgullo de haber sido integrante del gobierno que abrió la lucha contra la corrupción fujimorista y dejó una huella de honorabilidad y transparencia ejemplar.

La campaña macartista de algunos medios se estrelló con decisiones rápidas de Susana para corregir lo poco que había que corregir –sacar al candidato a regidor denunciado de violentista casi en el acto, a pesar de que con el puesto 39 no iba a salir elegido–, y respondió con iniciativa cada agresión. La guerra sucia siguió desde varios lados y afectó a Lourdes con el ‘chuponeo’ telefónico, pero no ha logrado sus objetivos. El papelón de Pedro Pablo Kuczynski debiera enseñar a nuestra derecha lo que los liberales siempre comprendieron: no vale excluir al otro ni jugar al cuco. Todo régimen democrático gana si tiene una izquierda democrática y moderna. Eso es lo que representa Susana Villarán y sus alianzas, que tanto levantan sus adversarios, son eso: alianzas y no definen con su cuota de poder el rumbo de Fuerza Social.

Ha crecido el número de ciudadanos que rechaza la corrupción, y quienes aspiren a ejercer cargos públicos deben ser más prolijos porque serán escrutados. Lo que sí es urgente es un pacto contra el ‘chuponeo’, que debe incluir a los medios o tendremos que comunicarnos en morse o algún lenguaje críptico.

Dos mujeres valiosas son las protagonistas. No son caudillos ni su equivalente femenino. Estamos avanzando en democracia. Sigue leyendo

El rey que rabió: El cuestionado DL 1097

El Comercio

Uso el nombre de una opereta porque a eso se parece la comedia de equivocaciones cuyo protagonista es el ministro de Defensa, personaje que tenemos ya que considerar nefasto para la democracia. En su última y accidentada conferencia de prensa ha reclamado tolerancia, algo que no suele practicar. Hay que ser claros, debemos ser tolerantes con las ideas y con las prácticas que corresponden a la vida privada de los demás, pero no podemos ser tolerantes con los asesinos ni con los corruptos y, obviamente, la tolerancia no puede presidir la investigación de quienes han sido denunciados por delitos de ese tipo.

Es un escándalo que daña gravemente al Gobierno que el ministro de Defensa haya sido asesorado por abogados de los acusados de terrorismo y corrupción, como lo ha reconocido. Hay conflicto de intereses, por decir lo menos, y hasta tráfico de influencias, agregarán algunos, algo que ya en el caso BTR remeció a este gobierno. Es también un escándalo que el congresista Sousa escriba a la hermana de Pichilingue, el número 2 del grupo Colina, para informarle que ha gestionado la inclusión de esta delegación de facultades que se usa dentro del D.L. 1097 en la ley de delegación que solicitaba el Gobierno para la lucha en el VRAE.

Este congresista fujimorista reveló nada menos que al relator de la ONU sobre derechos humanos una lista de los acusados a quienes favorecerá esa ley, es decir, está probado que ha sido una ley con nombre propio. Todo esto evidencia un juego de poder sin ningún escrúpulo para reconstruir la impunidad.

No es nueva esta conducta y viene siendo práctica repetida desde el fujimorato por los que han sido cómplices de la corrupción y de la violación de derechos humanos de ese régimen. Fueron cómplices por cerrar los ojos unos, y por usar todo tipo de artimañas para impedir que se investigue y juzgue, otros. Cuando hice la denuncia del Caso Cantuta en el Congreso en 1993, este mismo personaje me dijo levantándome su dedo índice acusador: “Tienes que decir que es un hecho aislado, no una política sistemática”. Le contesté que no podía afirmarlo ni negarlo porque solo tenía información de un hecho. No acababan de salir de su asombro los presentes ante la descripción de cómo fue el acto criminal y ya salía Rey a defender ideológicamente pero sin base empírica al fujimorato. El gobierno, apoyado por abogados como los que hoy asesoran a Rey, impidió que la comisión investigadora citara a los militares implicados, maniobró para que la causa quedara en el fuero militar que los trató con paños tibios y produjo la amnistía que rechazó la justicia internacional en 1995. De la misma manera han maniobrado para impedir los juicios desde el Ministerio de Defensa y por mucho tiempo. Han negado la información que reclamaba la justicia por casos graves que siguen impunes y hoy los mismos que desde el Poder Ejecutivo o desde la abogacía son responsables de las demoras las usan para cancelar las investigaciones judiciales.

En declaraciones –siempre destempladas– pretenden convertir a quienes reclaman justicia en enemigos de las FF.AA., confunden asesinatos indefendibles con combates que se hacen por mandato de la ley y exageran la magnitud de los afectados por la investigación judicial encubriendo su propia responsabilidad en las demoras. Los peruanos que sirven a la patria en las FF.AA. no deben dejarse sorprender, saben que su profesión es incompatible con los asesinatos y no pueden admitir el confusionismo ideológico que se elabora para encubrir errores y delitos.

Ya hay algunas reacciones en el Partido Aprista que es el principal afectado, porque este decreto legislativo y este ministro contradicen su conducta democrática en la transición y catapultan al aprismo al callejón oscuro de las autocracias. Ojalá reaccionen y deroguen el decreto de marras. Sigue leyendo

El rey que rabió: El cuestionado DL 1097

Uso el nombre de una opereta porque a eso se parece la comedia de equivocaciones cuyo protagonista es el ministro de Defensa, personaje que tenemos ya que considerar nefasto para la democracia. En su última y accidentada conferencia de prensa ha reclamado tolerancia, algo que no suele practicar. Hay que ser claros, debemos ser tolerantes con las ideas y con las prácticas que corresponden a la vida privada de los demás, pero no podemos ser tolerantes con los asesinos ni con los corruptos y, obviamente, la tolerancia no puede presidir la investigación de quienes han sido denunciados por delitos de ese tipo.

Es un escándalo que daña gravemente al Gobierno que el ministro de Defensa haya sido asesorado por abogados de los acusados de terrorismo y corrupción, como lo ha reconocido. Hay conflicto de intereses, por decir lo menos, y hasta tráfico de influencias, agregarán algunos, algo que ya en el caso BTR remeció a este gobierno. Es también un escándalo que el congresista Sousa escriba a la hermana de Pichilingue, el número 2 del grupo Colina, para informarle que ha gestionado la inclusión de esta delegación de facultades que se usa dentro del D.L. 1097 en la ley de delegación que solicitaba el Gobierno para la lucha en el VRAE.

Este congresista fujimorista reveló nada menos que al relator de la ONU sobre derechos humanos una lista de los acusados a quienes favorecerá esa ley, es decir, está probado que ha sido una ley con nombre propio. Todo esto evidencia un juego de poder sin ningún escrúpulo para reconstruir la impunidad.

No es nueva esta conducta y viene siendo práctica repetida desde el fujimorato por los que han sido cómplices de la corrupción y de la violación de derechos humanos de ese régimen. Fueron cómplices por cerrar los ojos unos, y por usar todo tipo de artimañas para impedir que se investigue y juzgue, otros. Cuando hice la denuncia del Caso Cantuta en el Congreso en 1993, este mismo personaje me dijo levantándome su dedo índice acusador: “Tienes que decir que es un hecho aislado, no una política sistemática”. Le contesté que no podía afirmarlo ni negarlo porque solo tenía información de un hecho. No acababan de salir de su asombro los presentes ante la descripción de cómo fue el acto criminal y ya salía Rey a defender ideológicamente pero sin base empírica al fujimorato. El gobierno, apoyado por abogados como los que hoy asesoran a Rey, impidió que la comisión investigadora citara a los militares implicados, maniobró para que la causa quedara en el fuero militar que los trató con paños tibios y produjo la amnistía que rechazó la justicia internacional en 1995. De la misma manera han maniobrado para impedir los juicios desde el Ministerio de Defensa y por mucho tiempo. Han negado la información que reclamaba la justicia por casos graves que siguen impunes y hoy los mismos que desde el Poder Ejecutivo o desde la abogacía son responsables de las demoras las usan para cancelar las investigaciones judiciales.

En declaraciones –siempre destempladas– pretenden convertir a quienes reclaman justicia en enemigos de las FF.AA., confunden asesinatos indefendibles con combates que se hacen por mandato de la ley y exageran la magnitud de los afectados por la investigación judicial encubriendo su propia responsabilidad en las demoras. Los peruanos que sirven a la patria en las FF.AA. no deben dejarse sorprender, saben que su profesión es incompatible con los asesinatos y no pueden admitir el confusionismo ideológico que se elabora para encubrir errores y delitos.

Ya hay algunas reacciones en el Partido Aprista que es el principal afectado, porque este decreto legislativo y este ministro contradicen su conducta democrática en la transición y catapultan al aprismo al callejón oscuro de las autocracias. Ojalá reaccionen y deroguen el decreto de marras. Sigue leyendo

Los efectos del D.L. 1097. La impunidad, hija de la convivencia aprofujimorista

El Comercio

El Decreto Legislativo 1097 es un grave retroceso en la defensa de los derechos humanos y reanuda la interminable secuencia de normas e intentos aberrantes para impedir que se investigue y juzgue a responsables de asesinatos hechos al amparo de la lucha antisubversiva.

Por eso los asesinos del Grupo Colina comienzan a preparar maletas para salir de prisión, empezando por el general Rivero Lazo.

El héroe más querido por los peruanos, el almirante Miguel Grau, que defendió la dignidad de su enemigo y consoló a su viuda, tronaría desde el fondo del mar si lo supiera. Ningún uniformado puede sentir solidaridad con asesinos como los del grupo Colina y todos se benefician de una justicia que separe el trigo de la paja. En Putis o en Umasi, en Barrios Altos o La Cantuta no hubo combate y asesinaron a campesinos, mujeres y niños sin misericordia.

Es cierto que los juicios demoran, pero en este caso los gobiernos tienen responsabilidad por negarse a dar la información necesaria y por las sucesivas maniobras hechas para impedir los juicios.

Es hora de recordar la ley de amnistía de Fujimori en 1995 que el sistema internacional desconoció por principios. También es hora de recordar el chantaje que Fujimori hizo a través de su ministro de Justicia a los partidos y representantes de la sociedad civil que integrábamos la Mesa de Diálogo de la OEA: quería incluir la amnistía en la Constitución o anulaba todo lo avanzado en los acuerdos para la transición. Ante nuestro rechazo unánime tuvo que venir a Lima el secretario general de la OEA, César Gaviria, para hacerle ver que si la Mesa de Diálogo fracasaba estaba obligado a devolver el tema a la asamblea de la OEA. Por eso el autócrata retrocedió. Creíamos que allí acababan las maniobras por la impunidad pero el Partido Aprista supera todo lo predecible.

Esta ley es fruto de la nueva convivencia que encarna el Partido Aprista. La primera fue con Manuel Prado y lo convirtió en aliado de los barones del azúcar que denunció Haya de la Torre en los años 30. Para algunos el pacto era el único camino para entrar en la legalidad, pero siguiendo el refrán “gallina que come huevo…” la convivencia los llevó de Prado al dictador Odría y a desestabilizar al primer gobierno de Belaunde. ¿A dónde nos llevará la convivencia actual del Partido Aprista con el fujimorismo? Nada bueno para un Perú moderno y tolerante.

Comenzó con la plancha presidencial de Alan García que incluía dos fujimoristas y en el Congreso la alianza ha sido indestructible, en cada directiva anual. Este es el gobierno del Partido Aprista y el fujimorismo, algo que pocos imaginaban en una transición en la que ese partido fue uno de los que se jugó contra la dictadura.

Este gobierno ha fortalecido a los sectores más retrógrados de nuestra sociedad. Cualquier perspectiva de desarrollo en este mundo globalizado es ajena al oscurantismo, la intolerancia, la violación de derechos humanos o la destrucción del medio ambiente. Liberales o socialdemócratas, en cualquiera de sus variantes, rechazan con valores y razones los caminos de la impunidad que aquí vuelven a hacerse espacio. Como ayer cuando la dictadura destituyó a los magistrados del Tribunal Constitucional, es hora de que salgamos a las calles, con los jóvenes por delante y sin un solo acto de violencia. Los corruptos y los defensores de la impunidad deben ser desenmascarados. Sigue leyendo