Los dos últimos oficiales mayores han renunciado tras hechos que no pueden tener solo responsables administrativos. Allí se centra la noticia y sospechamos que hay quienes quisieran que todo quede en ese nivel. Por eso crece la opinión de que allí la soga se rompe por el lado más débil. Alterar el texto de una ley no es algo verosímil sin intervención política, menos aun si el cambio no termina en una incongruencia del texto sino, como esta vez, en otra opción de política. Pero de inmediato se pasó a responsabilizar a los funcionarios. Se habla de la intervención de un congresista. ¿Se le ha investigado? No. Pero ya comienzan a rodar cabezas de funcionarios.

Antes de que firme el presidente del Congreso, la autógrafa es revisada y rubricada por el director general parlamentario y el oficial mayor. Ellos dan fe ante el presidente de que el texto es, exactamente, lo que votó el Pleno. Solo así pueden firmar el presidente y un vicepresidente pues su función no permite manejar ni revisar todo el articulado.

Aquí se ha hecho firmar al presidente un texto distinto del que fue votado y quienes tenían la función de detectar el cambio o no lo detectaron o se coludieron con el interesado en cambiarlo. En el primer caso es una grave falta administrativa. En el segundo caso es un delito y hay que investigarlo. Aquí tampoco hay “obediencia debida” a nadie.

El servicio parlamentario actúa dando fe del cumplimiento de determinadas reglas del juego y el oficial mayor es la cabeza del sistema. Es imposible que no le alcance responsabilidad. Para evaluarla hay que ver si sus subalternos cumplieron su deber. No tiene razón de ser su firma si no supervisa lo actuado y si firma confiando y sin leer tiene que asumir las consecuencias Sigue leyendo →

La legitimidad de una democracia representativa depende del peso y la actividad del representante. Este tiene que traer al sistema político los sentimientos, visiones, demandas y percepciones de los electores y tiene que llevar a ellos el razonamiento, las explicaciones, paso a paso, del sistema político, los partidos y el Estado. Aquí congresistas, consejeros regionales y regidores municipales hacen muchas cosas cada día, quieren hasta decidir sobre las administraciones, pero no se dedican a representar.

Hay que hacer cambios en el sistema electoral –la forma en que los elegimos– para acercar al ciudadano que los elige y al representante que existe para servirlos, para que este centre su acción en relación con aquel. Se puede personalizar el sistema electoral eligiendo la mitad de la Cámara de Diputados (representantes) por distritos uninominales (un diputado cada 160.000 o cada 200.000 habitantes). Cada elector tendrá un representante a su alcance.

La otra mitad se elegiría por distritos electorales departamentales, en el sistema proporcional, pero dividiendo Lima en cinco distritos electorales: Lima norte, Lima sur, Lima este, Lima central y Lima provincias . La misma subdivisión habría que hacerla en las provincias capitales de departamento que están acaparando –por su población creciente– y dejan sin representantes a las demás provincias (Arequipa, Trujillo, Chiclayo).

Hay que romper con la elección simultánea de presidente y Parlamento. Puede comenzarse renovando la mitad de la Cámara de Diputados a la mitad del período presidencial. Debiéramos llegar a lo que demanda más de una encuesta: que el mandato no sea de más de tres años. No se trata de debilitar la gobernabilidad: hay que explorar los efectos de elegir en segunda vuelta, como propone insistentemente el Partido Aprista, pero esto exige evaluar lo ocurrido en los parlamentos que lograron mayoría absoluta. ¿Fueron mejores los resultados para el país?

Sin lugar a dudas en los ámbitos regional y local la democracia representativa no es compatible con la mayoría absoluta otorgada por ley al margen de los votos obtenidos. En primer lugar, hay que exigir segunda votación si nadie tiene una mayoría calificada, cercana al 40% y con distancia del siguiente. Es preferible quitarle atribuciones administrativas a los consejos para que no afecten la gobernabilidad antes que hacerlos entes no representativos. De los cuatro principios de todo gobierno representativo, en el Perú el que menos ha calado es el que privilegia la deliberación pública antes de decisiones importantes. Ese ha sido clave en la historia de la democracia para hacerla avanzar.

A nadie interesa tener consejeros y regidores que solo tratan de competir con el Ejecutivo en funciones administrativas. Afinquemos al consejero en su provincia, al regidor provincial en su distrito y al regidor distrital en su barrio o caserío. Que sean los voceros de sus vecinos, vayan y vengan. Que solo sean elegidos por esos votos, no por toda la región, toda la provincia o todo el distrito. Que vivan allí y no se muden a la capital. Que en esa relación directa resida su poder, no en competir con gerencias y subgerencias o direcciones municipales.

De esta manera resolveremos un problema: los centros poblados menores (caseríos), que el fujimorato intentó demagógicamente convertir en municipalidades: burocracia infinanciable. Pero –sostengo– ningún centro poblado puede estar desconectado del sistema representativo y, sostengo a la vez, este no se puede confundir con el aparato burocrático.

Representar cuesta y hay que sincerar la política porque tiene que costarle a cada nivel de gobierno, no al pobre bolsillo del representante. La democracia política tiene que basarse en actividad regular de comunicación directa, no solo a través de los medios, aunque estos son indispensables hoy. Sigue leyendo →