Con el retiro del pedido de reconsideración presentado por la congresista Balta Salazar ha quedado lista para su remisión al Poder Ejecutivo la Autógrafa de la Ley de Libertad Religiosa, aprobada por el Pleno del Congreso de la República en su sesión del jueves 2 de diciembre del 2010, cuyo objetivo es desarrollar los alcances del artículo 2º inciso 3º de la Constitución de 1993, el cual dispone:

“Toda persona tiene derecho:
A la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas y creencias. No hay delito de opinión. El ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público”.

Como señalamos en un anterior comentario en este blog, el debate sobre esta materia tuvo su origen en dos proyectos de ley –el 1008-2006-CR, presentado por la Célula Parlamentaria Aprista y el 2560-2007-CR, presentado por el grupo parlamentario Unidad Nacional-, los cuales fueron derivados para su análisis a la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, que en su sesión extraordinaria del 14 de diciembre del 2009 aprobó un dictamen altamente consensuado.

El dictamen fue puesto en la Agenda de la Comisión Permanente y visto por vez primera en su sesión del 19 de febrero de 2010, en la cual diversos parlamentarios realizaron interesantes intervenciones sobre la materia, relacionadas de modo particular con el tema de la objeción de conciencia y el ámbito de aplicación de la ley. Este debate dio lugar a la presentación de un nuevo texto sustitutorio, el cual fue debatido por el Pleno del Congreso en su sesión del 2 de diciembre del 2009, y aprobado por sesenta y dos votos a favor, ninguno en contra y una abstención.

Mediante la Ley Nº 29548, publicada en el diario oficial El Peruano el 3 de julio del 2010, el Congreso de la República delegó facultades al Poder Ejecutivo para emitir decretos legislativos sobre diversas materias relacionadas con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. En uso de estas facultades, el Poder Ejecutivo promulgó cuatro decretos legislativos, publicados el miércoles 1 de setiembre. Dada la importancia de estas normas, aquí realizaremos una presentación general de las mismas. Tales decretos legislativos son:

– Decreto Legislativo 1094: Se aprueba un nuevo Código Penal Militar Policial.

– Decreto Legislativo 1095: Establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional. Con esta norma, se da cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional 0002-2008-PI, aclarada mediante resolución del 17 de setiembre del 2009, por medio de la cual se estableció la necesidad de emitir una regulación sobre el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas, que sea acorde con determinados principios desarrollados en la sentencia del Tribunal (ver puntos resolutivos 7 y 8 del fallo). Asimismo, con el Decreto Legislativo 1095 se deroga la Ley Nº 29166, que regulaba dicha materia.