LUIS ALBERTO HUERTA GUERRERO
Abogado, Magíster en Derecho Constitucional y Doctor en Derecho. Profesor de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

El 22 de abril de 2017 se cumple veinte años de uno de los hechos más importantes de la historia reciente del Perú: la Operación Chavín de Huantar. Gracias a la misma, se liberó a los rehenes que se encontraban secuestrados por el grupo terrorista MRTA en la residencia del Embajador de Japón en el Perú. La importancia de dicha operación se ha visto resaltada en los últimos días, a través de diversas ceremonias conmemorativas. Los medios de comunicación también han recordado a todos los peruanos lo ocurrido en dicha fecha.

Para que la memoria de tan importante hecho se mantenga, todo peruano debería recodar qué estaba haciendo cuando se produjo la operación de rescate de rehenes.

En mi caso particular, recuerdo que en el momento del inicio de la operación me encontraba en la oficina de mi jefe de aquel momento, conversando sobre diversos temas. En medio de la conversación, la persona de la oficina responsable de comunicaciones y prensa nos avisó que las Fuerzas Armadas estaban ingresando a la residencia. Junto con mi jefe bajamos a la sala de reuniones del primer piso y nos unimos a los demás compañeros de trabajo para apreciar en vivo y en directo, a través de la televisión, el rescate de rehenes. Sigue leyendo →

LUIS ALBERTO HUERTA GUERRERO
Abogado, Magíster en Derecho Constitucional y Doctor en Derecho. Profesor de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Alberto Bustamante fue mi profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Con él llevé un curso electivo, que se centró en diversos temas, en donde los aspectos de análisis práctico primaban sobre la teoría. Dado que en el curso se planteaban temas de coyuntura, el espacio estaba abierto al debate, lo que me dejó un grato recuerdo.

Bustamante fue luego Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Justicia durante el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori, entre octubre de 1999 y noviembre de 2000. Algunos años después, apenas me enteré de que había publicado un libro sobre su experiencia en estos delicados años de la política peruana, no dudé en conseguirlo y darle la lectura correspondiente. Se trata de un texto bien escrito, que da cuenta de muchos detalles de interés: “Del diablo su país” (Lima: 2003, Grupo Editorial Norma).

Años después he vuelto a revisar el libro, como consecuencia de mis reflexiones profesionales y académicas sobre el sistema interamericano de protección de derechos humanos. En un capítulo dedicado a la Mesa de Diálogo impulsada en el Perú por la Organización de Estados Americanos a partir de agosto de 2000, con miras a concretar un proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición respecto a las medidas consideradas como autoritarias y que debían ser revertidas, Bustamante da cuenta de una serie de reuniones que se llevaban a cabo de forma paralela entre algunos integrantes de dicha Mesa y que constituían el antecedente de lo que finalmente se lograría en ésta. Al respecto afirma:

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Por: Luis Alberto Huerta Guerrero

Abogado, Magíster en Derecho Constitucional y Doctor en Derecho. Profesor de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

El caso Cruz Sánchez y otros vs Perú, relacionado con presuntas ejecuciones extrajudiciales en el marco del operativo de rescate de personas tomadas como rehenes por el grupo terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) en la residencia del Embajador de Japón en el Perú, es uno de los más complejos conocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Para la cabal comprensión de la controversia corresponde revisar y analizar diferentes fuentes, siendo una de ellas la audiencia pública realizada los días 3 y 4 de febrero del 2014. En la primera fecha, la Corte escuchó la presentación del caso por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) así como las declaraciones de los testigos y peritos. En el presente post se hará una síntesis de esta primera jornada y de los aspectos más resaltantes de las mismas, con especial énfasis en las preguntas formuladas por los representantes del Estado peruano (Procuraduría Pública Especializada Supranacional) y los magistrados de la Corte, tomando como base los vídeos respectivos que se encuentran disponibles en la página web del tribunal supranacional.

Cabe indicar que la decisión de la Corte IDH sobre la relación de los declarantes que intervinieron en la audiencia pública así como la delimitación del objeto de su declaración, se encuentra en la Resolución de la Presidencia de fecha 19 de diciembre del 2013, por medio de la cual se convocó a audiencia pública.

1. Presentación del caso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

La audiencia se inició con la presentación del caso por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hizo uso de la palabra en nombre de la CIDH el comisionado José de Jesús Orozco, en ese momento Relator de la CIDH para Perú y Presidente de la Comisión.

En esta intervención, la CIDH reconoció que el operativo militar tuvo un objetivo legítimo, cual fue “proteger la vida de los rehenes, quienes estaban expuestos a un riesgo permanente contra su vida e integridad personal”. Sin embargo, sobre la base de determinadas pruebas, la CIDH consideraba que tres delincuentes terroristas fueron ejecutados extrajudicialmente.

Asimismo, la CIDH se refirió a la diligencia de reconstrucción de los hechos, propuesta por el Estado peruano y aceptada por la Corte como medio probatorio, y señaló que tuvo una “referencia meramente contextual, sin alcance probatorio alguno sobre las ejecuciones extrajudiciales”.

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Por: Luis Alberto Huerta Guerrero

Abogado, Magíster en Derecho Constitucional y Doctor en Derecho. Profesor de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha hecho público su Informe Anual 2014 y su versión en línea permite encontrar el Informe Nº 69/14, Informe de Solución Amistosa referido al caso 12.041 (M.M.), aprobado en su sesión celebrada el 25 de julio del 2014.

La solución amistosa del caso M.M. constituyó el primer acuerdo de este tipo suscrito por el Estado peruano en el ámbito de un caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Como se indica en la sección sobre los antecedentes del caso, la petición respectiva fue presentada el 23 de abril de 1998 por el Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) y The Center for Reproductive Law and Policy (CRLP). La controversia giró en torno al abuso sexual cometido en contra de M.M. (las siglas del caso se utilizan para proteger la intimidad de la víctima) por parte de un médico de un hospital público y por las “falencias en las cuales incurrió el Estado peruano en la investigación y la falta de sanción de los responsables”.

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El 6 y 7 de agosto del 2014 tuve ocasión de participar en la “Diplomatura Internacional de Estudios de Protección Judicial de los Derechos Fundamentales y el Debido Proceso”, organizada por la Facultad de Derecho de la PUCP y el Instituto Palestra. Al inicio de mi intervención, en la que había previsto en análisis de recientes fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado peruano, formulé una pregunta a los alumnos y alumnas del curso, sobre si recordaban cuál era el órgano de propaganda del grupo terrorista Sendero Luminoso. Como lo esperaba, pues lo mismo me había pasado en otros cursos, ninguno de los asistentes se acordaba que Sendero Luminoso había tenido un órgano de difusión de sus actos criminales de violencia, a pesar que algunos de ellos tenían la edad para recordarlo y otros más jóvenes deberían saberlo, aunque sea por conocimientos generales de la reciente realidad peruana. Pero no, nadie dio con la respuesta: El Diario fue, durante la época de la violencia terrorista, el órgano de difusión de los actos del grupo terrorista Sendero Luminoso.

Evidencias de El Diario como medio de propaganda de la violencia senderista y de sus actos de violaciones de derechos humanos se encuentran registradas en el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que en algunos pasajes aludió a este tema. Así, en el Capítulo 1 de la Sección Segunda (Tomo II), al referirse a las diferentes etapas de la actividad de Sendero Luminoso, la CVR señaló: “El 14 de abril de 1992 se lanzó una ofensiva policial para desmantelar la red que editaba la publicación senderista El Diario. Así, allanan locales en Lima, San Juan de Miraflores y Surquillo, deteniéndose a 23 senderistas, entre los cuales estuvo Jorge Luis Durand Araujo (hermano de Maximiliano) y Danilo Blanco”.

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