Nos acercamos al tramo final de una carrera electoral atípica, sobre una ruta con sobresaltos por las olas devastadoras de la pandemia y agujereada de baches por la crisis política, pero con la esperanza de cerrar una cruda etapa e iniciar otra mejor para el Perú y sus habitantes, aunque las dudas y el desaliento nos asalten cada mañana.

No hay mucho para elegir, el menú está medio raquítico y servido. Son los platos disponibles que esta sociedad fragmentada -caótica a veces- ha producido para el año del Bicentenario de la Independencia Nacional y del inicio de la segunda década del siglo 21. Restan sólo quince días para votar o botar, eso lo decidimos los electores.

Todavía desconocemos la dimensión real que tomará la expansión del Covid-19, pero sus impactos en la salud, empleo e ingresos, producción, alimentación y educación, son ya devastadores en el mundo y en el Perú sus efectos son aún mayores, entre otras razones, por la debilidad de la infraestructura y los servicios públicos, la limitada capacidad productiva y la baja productividad del país, la pobreza, y la desigualdad estructural.

Ante ello las políticas sociales del Estado, como nunca antes, tienen hoy el enorme desafío de fortalecer los sistemas de protección social, ampliar la estructura de oportunidades económicas que ofrecen los programas y proyectos productivos, y articular ambos servicios para favorecer el tránsito de la población vulnerable y en pobreza hacia espacios más sostenibles para el desarrollo familiar y comunitario. A todas luces, no bastará. El hambre no está tocando la puerta de los hogares más pobres, ha ingresado ya a la vida cotidiana de miles de peruanos, afectando sus capacidades humanas en un escenario con puertas muy estrechas para salir de él.

La estrategia Hambre Cero, lanzada en enero pasado para la lucha “contra la inseguridad alimentaria de manera focalizada, diferenciada y gradual”, es una de las primeras respuestas de emergencia del gobierno de Francisco Sagasti. A sus tres componentes (desarrollo productivo, apoyo alimentario y articulación territorial) deben sumarse los gobiernos regionales y locales, pero estos necesitan desprenderse de prácticas y vicios que por largos años menoscaban programas como el Vaso de Leche y Comedores Populares, los cuales requieren reinventarse para recuperarlos de la ineficiencia, la filtración y del clientelismo político.

Estas y otras urgencias configuran el camino hacia el domingo 11 de abril, se insertarán ineludiblemente en la agenda del nuevo gobierno, y delinearán su perfil y su carácter.

La pandemia del coronavirus y su impacto en la salud y la vida de los peruanos, se ha manifestado en diferente grado en todas las regiones del mundo, pero con muchas divergencias dentro de países como el nuestro.

Hay cuatro indicadores relevantes de las secuelas del Covid-19 que nos acompañan en el dolor, la tragedia familiar y en la enorme incertidumbre sobre el futuro. Estos son el empleo y el ingreso, la seguridad alimentaria, el acceso a la salud, y la conectividad digital.

Tres encuestas realizadas por el Banco Mundial en el Perú (uno de los 13 países de América Latina y el Caribe en donde se llevó a cabo el estudio) a inicios del segundo semestre del año último muestran las tendencias: los trabajadores asalariados y con altos niveles de educación pudieron mantener sus empleos mucho más que los no asalariados y los de baja calificación, pero además fueron los hombres en comparación con las mujeres quienes tuvieron mayores oportunidades para conservarlos (74% y 53%, respectivamente). Perú lidera en América Latina la caída del empleo (casi 30%, por encima de Bolivia y Colombia), y debe considerarse que la opción del teletrabajo es el factor crítico para la preservación de la plaza laboral en este escenario de crisis.

En el mismo periodo, el 80% de los hogares encuestados reportaron una caída significativa del ingreso familiar, y en uno de cada cinco hogares alguno de sus integrantes adultos se saltó una de las comidas del día en el último mes. Por otro lado, en uno de cada cuatro hogares alguno de sus miembros no pudo tomar una consulta médica. Y el 34% de los hogares con miembros en edad escolar no tuvieron opción de acceder a los servicios educativos a distancia del Ministerio de Educación por falta de conectividad (Véase el resumen aquí: https://bit.ly/3qVJ52d).

La forma que ha tomado la crisis más allá de la esfera de la salud, ha puesto sobre la mesa un asunto crucial: la desigualdad estructural del que pocos quieren hablar y muchos buscan eludir; sobre todo porque supone un cuestionamiento al modelo del crecimiento económico y de desarrollo en el país y la región.

El problema de la desigualdad no es el largo y dificultoso camino de alcanzar el nivel socioeconómico de aquellos que disfrutan del bienestar, sino más bien la barrera que impone sobre las personas más vulnerables, el desequilibrio de las oportunidades que bloquean los cambios que el Perú necesita, y las élites políticas y económicas que se resisten a la construcción de un país más justo, equitativo y solidario.

El Perú es el quinto país de América Latina y el Caribe con mayor número de casos diagnosticados de Covid-19; y ocupa también el quinto puesto en cuanto a decesos, pero el indeseado segundo lugar después de México en fallecidos por cada 100 mil habitantes (México 151, Perú 149). Este último dato refleja mejor cómo estamos en la región, y expresa, asimismo, cómo responden los servicios de salud públicos y privados ante la pandemia.

El reporte del BID al 11 de marzo (última actualización al momento de escribir esta columna), da cuenta que los casos confirmados en América Latina y el Caribe representan el 18.9% del total, con una tasa de 113 muertos por cada 100 mil habitantes, muy por encima del promedio mundial de 35. (Más detalles aquí: https://bit.ly/38EE2Nj).

La Comisión Económica para América Latina precisa que, a diciembre de 2020, el 18.6% de los contagios y el 27.8% de las muertes por Covid-19 se concentraban en esta región, a pesar que apenas el 8.4% de la población mundial vivía en esta parte del mundo (CEPAL, marzo 2021).

La desigualdad, desprotección social, pobreza, vulnerabilidad e informalidad laboral son los elementos estructurales que agravan el impacto del nuevo coronavirus al sur del río Grande, en países donde los sistemas de salud son precarios y frágiles, el acceso a los servicios de agua y saneamiento están restringidos, limitados o simplemente no existen, y donde la vivienda saludable es una utopía para los más pobres.

A pesar de las medidas de contención y de protección social ante la emergencia adoptadas por los gobiernos latinoamericanos, que han incluido -como en Perú- la entrega de subsidios temporales, la pobreza extrema subiría a 12,5% y la pobreza total treparía a 33,7% como promedio regional. Tendríamos entonces -siempre a diciembre de 2020- 209 millones de pobres (22 millones más que el año previo), de los cuales 78 millones de personas se encontrarían en condición de pobreza extrema, 8 millones más que en 2019.

¿Qué hacer? La respuesta no es fácil. El grado de incertidumbre es extremadamente alto si consideramos además los efectos sociales y económicos de la pandemia en el 2021 y el lento proceso de vacunación en el hemisferio sur. Economistas y políticos como nunca antes son más cautos a la hora de proponer alternativas o una hoja de ruta. Pero cuidado (y ahora sí pisamos tierra adentro), en el Perú tenemos otro problema, un proceso electoral en condiciones de emergencia sanitaria que lamentablemente no ha facilitado una mayor participación ciudadana ni un necesario, amplio y profundo debate político.

Sólo el 8.6% de los 3,184 centros poblados del departamento de Arequipa cuenta con acceso al paquete completo de servicios básicos: agua, saneamiento, electricidad e internet. Apenas el 36.4% tenía energía eléctrica; 25,8% agua potable (823 localidades); y sólo un 18.4% servicios de saneamiento (586), según el Censo Nacional 2017 del INEI.

La encuesta de diagnóstico sobre abastecimiento de agua y saneamiento en el ámbito rural realizada por el Ministerio de Vivienda, actualizado a febrero de 2018, muestra que sólo el 5.7% de las viviendas de centros poblados rurales tenían sistemas de agua potable y apenas el 1,8% contaban con sistemas funcionando de manera normal o regular.

Desde otra perspectiva, el 33.9% de niños y niñas entre los 6 y 35 meses de edad padecían anemia en la región Arequipa, y aunque la cifra está por debajo del promedio nacional (40.1% según la ENAHO 2019), no cabe duda que la situación de salud es grave en ese segmento poblacional.

Las cifras dan cuenta que tenemos una pobreza monetaria total de 6.0% (20.2% como promedio nacional), y una pobreza extrema de 0.4%, con una condición de vulnerabilidad de 36.3% (ENAHO 2019 y 2018). Es decir, de acuerdo a estos datos la situación de la región no es tan crítica como en otros territorios. Esto es verdad, pero cuidado, los promedios ocultan las diferencias.

Mirar cómo vamos por dentro nos acerca mejor a la realidad. Un ejemplo. Puyca en La Unión y Tisco en Caylloma, encabezan la lista de los distritos más pobres con un 52.2% y 47.8%, respectivamente (Mapa de Pobreza 2018).

Hoy a un año del inicio la pandemia del Covid-19, los datos se han movido de una manera dramática.  De acuerdo a últimos estudios disponibles y sus proyecciones, la pobreza monetaria total en el país habría crecido de 20.2% en el 2019 a 30.3% al cierre del 2020. El caso de niñas, niños y adolescentes de zonas rurales es alarmante, trepó de 48.3% a 62.3% (UNICEF Perú, Reporte Técnico, octubre 2020). Los números expresan sólo el lado frío y crudo de la realidad, y los promedios matemáticos ocultan las brechas de la desigualdad y exclusión.

Pero el drama del hambre de quienes se quedaron sin empleo, el dolor de quienes perdimos familiares y amigos, la angustia sobre el futuro de los hijos, no aparecen en los cuadros estadísticos; tampoco la solidaridad y la esperanza de los sobrevivientes.

Las políticas sociales deben construirse también desde el foro público y una perspectiva amplia e integral que tome en cuenta las necesidades prioritarias de la población vulnerable, pobre y pobre extremo, y en particular, los derechos básicos de las personas, para diseñar e implementar intervenciones habilitadoras y promotoras de sus capacidades orientadas a una salida permanente de la pobreza; de este modo, podremos hablar no de gasto, sino de inversión social.

Al incorporarse de manera sostenible al desarrollo económico y social mediante actividades productivas, estos sectores de la población tienen mejores opciones para construir su bienestar. Necesitan una estructura de oportunidades desde la actividad privada y desde el sector público, como ya dijimos antes en este espacio, con un enfoque de corresponsabilidad y un rol más activo de los ciudadanos.

El Estado no puede -no debería- desarrollar políticas y programas sociales sobre la base del endeudamiento público, que no ha ocurrido antes sino hasta la emergencia sanitaria por el Covid-19. Se trata de una situación excepcional que todos tenemos que esforzarnos en superar, de lo contario no encontraremos nunca la luz al final de este túnel extendido por segunda ola, y tal vez, por una tercera que nadie desea.

Sabemos de las limitaciones del Estado para disponer de mayores recursos y financiar los servicios públicos y programas sociales si no tenemos una economía en crecimiento constante que permita elevar los ingresos fiscales. Pero el crecimiento sin desarrollo social tampoco hace sostenible al país considerando que el bienestar es un derecho universal.

Es una trampa en este escenario de crisis la falsa disyuntiva entre salud y economía, ambos son consustanciales; lo que se necesita es articular esfuerzos con el sector productivo y parece no haber aún la voluntad de impulsar iniciativas en este sentido en medio de la pandemia y la coyuntura electoral. Lo que abunda es la lluvia de ofertas en debates fugaces e intervenciones mediáticas que, lamentablemente, no llegan a estructurarse en propuestas sistematizadas que nos ayuden a tener claridad en materia de política pública.

Así, observamos que entre otros temas claves, la inclusión económica y la generación de oportunidades económicas para el cierre de las brechas de la desigualdad y exclusión que afectan a millones de peruanos, todavía esperan un espacio en el debate público y en la agenda política, a tan solo 45 días de acudir a las urnas.

La medición de la pobreza, que abordamos en esta columna la semana pasada, es una manera de calcular o estimar su incidencia en las personas y la sociedad, pero esta es sólo la mitad de la naranja. La otra es la percepción que tenemos sobre ella. La forma en cómo nos percibimos está atravesada por las subjetividades y a su vez, están vinculadas al entorno social, cultural y económico.

La percepción de la pobreza, expresa la relación de las personas con los medios de vida disponibles. Y si bien la medición puede ser objetiva y la percepción, subjetiva, ambas entradas al fenómeno se complementan y son claves para abordarlas desde las políticas públicas, y en particular en la formulación e implementación de las políticas sociales.

Más allá de los derechos fundamentales de las personas a una identidad, el derecho a la vida, la libertad y al trabajo, es insuficiente el enfoque de derechos; es decir, aquella manera de demandar al Estado lo que nos asiste como ciudadanos, en particular servicios como agua potable, saneamiento, educación, salud y vivienda. Resulta hoy igualmente insuficiente la equidad de género y la igualdad de oportunidades, que, si bien son imprescindibles para el ejercicio de una ciudadanía plena, se tienen limitaciones si a estos derechos no agregamos su contra parte, las obligaciones de todas las personas como miembros de una colectividad que procura el bien común.

La experiencia me lleva a afirmar que muchos se reclaman ser más pobres que sus vecinos a la hora de la ayuda social, y en particular en periodos electorales. Por ello es importante impulsar el enfoque de corresponsabilidad, es decir, la contraparte que se asume en tanto ciudadanos de un territorio. El respeto a los derechos de los demás, la equivalencia de las tareas en la lucha por el bienestar.

Esto supone evaluar las inequidades y las brechas que subsisten y que impiden a ciertos sectores de la población -así lo quisieran- cumplir u honrar la responsabilidad que le compete. Entonces, requerimos intervenciones de protección social, las orientadas a habilitar capacidades, y las destinadas a generar oportunidades. En la tarea de reducir las brechas económicas y sociales no hay lonche gratis.

Estas consideraciones son importantes en el debate público y en esta coyuntura política. Ayudan a evaluar y decidir en torno a la lluvia de ofrecimientos de los candidatos que pugnan por una cuota de poder.

El Perú debe avanzar hacia diagnósticos más certeros en la medición y evaluación de la pobreza. De ello depende una focalización más acotada de las intervenciones del Estado y decisiones más pertinentes del gobierno nacional y de los gobiernos subnacionales en materia de políticas y programas sociales.

La pobreza no sólo es monetaria, pero hasta ahora este es el factor predominante en su caracterización en el Perú, y se sostiene sobre la base de la relación ingreso/gasto de los hogares. Esta metodología, asociada al enfoque de Línea o Umbral de Pobreza, se expresa con un indicador referencial en términos monetarios para establecer si una persona es pobre, pobre extremo o no pobre.

La medición de la pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) tiene otra mirada, con un indicador relacionado a cinco carencias:  a) hogares con niños de 6 a 12 años que no asisten a la escuela; b) hogares con jefe de hogar sin educación primaria completa; c) hogares en viviendas inadecuadas (paredes de estera, quincha, piedra con barro, y piso de tierra; d) hogares en hacinamiento (más de 3 personas por habitación); y e) hogares sin ningún tipo de servicio higiénico.

La combinación de las mediciones por Línea de Pobreza y por NBI, el método integrado, permiten un nuevo acercamiento a la realidad, muchas veces sometida a cambios muy rápidos (a consecuencia de la pandemia del Covid-19, por ejemplo); y nos ayuda a distinguir a los pobres crónicos, pobres estructurales, pobres coyunturales y a los socialmente integrados (no pobres y sin NBI). Desde otra dimensión, la incidencia de la pobreza puede medirse calculando las deficiencias calóricas de la población según la edad, sexo y hogar por hogar.

Organismos internacionales y nacionales han desarrollado y aplicado, igualmente, metodologías como el Índice de Desarrollo Humano; Mapas de Pobreza; y el Índice de Progreso Social, que evalúa necesidades humanas básicas, bienestar fundamental, y oportunidades de progreso.

El INEI debe implementar a partir del 2021 el Índice de Pobreza Multidimensional en el Perú, un enfoque más integral del fenómeno. Esta herramienta combina los ingresos de las personas con educación, salud y nivel de vida (bienestar) a través de diez indicadores: asistencia escolar, año de escolarización, mortalidad infantil, nutrición, electricidad, saneamiento, agua potable, suelo de la vivienda, uso de combustible, y bienes domésticos (radio, televisor, teléfono). Esperamos tener este instrumento para conocer mejor las dimensiones de la pobreza en cada territorio, las urgencias por atender y las estrategias para enfrentarla con mayor pertinencia y eficacia.

El debate sobre la política social en este tramo de la carrera electoral cobra vida en la academia, en los foros universitarios e institutos de investigación, pero los equipos técnicos de los partidos y sus candidatos parecen ir a la zaga.

Es importante que los ciudadanos sepamos qué piensan, cuáles son sus propuestas y qué planes tienen o están formulando en materia de política y acción social; su percepción sobre la pobreza y cómo luchar contra ella; la evaluación que tienen sobre la pertinencia y eficacia de los programas sociales en la mejora de la calidad de vida, en la generación de mayores oportunidades, y en la construcción de medios de vida sostenibles.

Y es necesario también conocer y analizar cuáles son sus propuestas y cuáles son sus percepciones respecto a lo que el gobierno de transición está haciendo (estrategia Hambre Cero, por ejemplo) para los seis meses de gestión que le quedan, sobre todo en la contención de los embates de la primera, segunda, y una muy probable tercera ola del coronavirus.

Del conjunto de las políticas y programas sociales, aquellas orientadas a la eliminación de la pobreza rural siempre tuvieron el consenso de casi todos los sectores, pero en el modo de hacerlo y en las prioridades subsecuentes afloran las divergencias. Y ello responde al modelo de desarrollo que propugnan, el rol que le asignan al Estado y la agenda de intereses que conllevan los colectivos políticos y económicos, intereses que no siempre se ponen en evidencia en las lides electorales.

Los indicadores socioeconómicos no son alentadores. Si bien Arequipa se encuentra en una condición mejor respecto a muchas regiones, una mirada hacia adentro muestra las abismales inequidades entre la capital regional, las provincias y los distritos, y entre las zonas urbanas y rurales. El centralismo se repite y se vuelve más reacio al cambio por las oportunidades de poder que genera y reproduce.

De acuerdo a los últimos estudios disponibles, la pobreza monetaria total en el país se eleva de 20.2% (2019) a 30.3% en el 2020. En el caso de las niñas, niños y adolescentes de zonas rurales las cifras son alarmantes: sube de 48.3% a 62.3% (UNICEF Perú, Reporte Técnico, octubre 2020), lo cual muestra la alta vulnerabilidad de este segmento poblacional.

Aquí está la agenda prioritaria no sólo para el gobierno de Sagasti, y no solo para quienes tomarán la posta gubernamental el 28 de julio, sino para todos.

Las medidas de emergencia ante la segunda ola del Covid-19, entre ellas las orientadas a mitigar el impacto del nuevo confinamiento en Áncash, Apurímac, Callao, Huancavelica, Ica, Junín, Lima Provincias, Lima Metropolitana y Pasco, comprende la entrega de un nuevo bono de 600 soles para 4.2 millones de hogares en situación de pobreza y pobreza extrema.

Las condiciones de la primera cuarentena del 2021 -no sería la única- abren la oportunidad para revisar el sistema de subsidios que ha venido entregando el Estado.

La transferencia de activos monetarios no es nueva ni en el Perú ni en Latinoamérica. Hace ya 25 años que se inició en Brasil con los programas Erradicación del Trabajo Infantil, y prosiguió con Garantía de Renta Mínima, Bolsa Escola, Bolsa Alimentação y Bolsa Família. Y hace 23 años en México con el programa Progresa (1997), llamado ahora Oportunidades.

En el Perú empezó 15 años atrás con el programa Juntos. Se trata de transferencias económicas condicionadas al uso de los servicios educativos y de salud en las áreas rurales, y hoy en algunos territorios, se incluye una nueva condición relacionada al número de hijos de las familias y a su desempeño escolar. Este enfoque de corresponsabilidad es un valioso instrumento operativo para el logro de resultados sociales.

Los bonos por la pandemia tienen otra naturaleza, son de emergencia pero se aplica la misma modalidad, el Sistema de Focalización de Hogares que administra el Padrón General de Hogares, de modo que su propósito es llegar a quienes realmente lo necesitan, y más allá de las filtraciones y suplantaciones, es un mecanismo efectivo de salvataje temporal ante el hambre.

Sin embargo hay problemas que deben resolverse. La mejora de la información estadística, su registro y actualización en línea tiene que ser una tarea articulada y sostenida del Inei, Ministerio de Salud, Sistema Informático Nacional de Defunciones, Midis, Reniec, gobiernos regionales y locales.

Otra barrera. Una amplia mayoría de ciudadanos no tiene una cuenta de ahorros en el sistema bancario (apenas el 39,7% según ENAHO 2019), lo que genera dificultades para canalizar la ayuda estatal de manera más efectiva, segura y transparente. La Política Nacional de Inclusión Financiera de 2019 aceleró el acceso a las cuentas de ahorro y tarjetas de débito, pero aún la brecha es enorme. La pandemia acortó la diferencia, no obstante, se requieren reportes alentadores en los indicadores sobre el uso y calidad de esos servicios en condiciones más pertinentes a la realidad rural, y en ese sentido, un mayor compromiso del sector privado.

Los impactos de la pandemia del Covid-19 en el mundo hacen muy probable que la pobreza aumente considerablemente, retrayendo la reducción lograda en las dos primeras décadas del nuevo milenio. Un reciente estudio del Banco Mundial de enero 2021, estima que tendremos entre 143 y 163 millones de nuevos pobres en todo el planeta, y habrá un aumento significativo de la desigualdad, un hecho que “verdaderamente no tiene precedentes en la historia moderna”.

Aunque el incremento de la pobreza será mayor en Asia; América Latina no escapa a esta realidad que ya comenzamos a experimentar en la región. La proyección más pesimista es que la pobreza extrema trepará a un 27.6% en el presente año. La proyección de referencia es de 26.6%. Recordemos que la pobreza extrema se mide como la cantidad de personas que viven con menos de 1,90 dólares al día.

La semana pasada recordábamos los ejes para retomar la lucha contra la pobreza, en particular, la pobreza rural, en un escenario previo a la pandemia: el fomento de la agricultura familiar; el impulso al empleo rural no agrícola; una nueva relación con los recursos naturales disponibles; extender y articular la infraestructura de servicios clave (vías, agua y saneamiento, energía y conectividad), e intervenciones para ampliar la protección social entre los más pobres y vulnerables. A estas recomendaciones de la FAO y CEPAL se suma, en el Perú, una estrategia de contención que debe priorizar la seguridad alimentaria.

El gobierno promulgó el último 20 de enero la norma que crea la Intervención Temporal Hambre Cero, a cargo del Midis, que pone énfasis en la lucha “contra la inseguridad alimentaria de manera focalizada, diferenciada y gradual” ante la vulnerabilidad de la población como efectos de la pandemia del nuevo coronavirus, alineado en estas circunstancias al Objetivo 2 de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de la ONU proclamada en setiembre de 2015.

Tiene tres componentes: desarrollo productivo, apoyo alimentario y articulación territorial. Es una iniciativa que va a requerir consensos previos en un contexto electoral que agita intereses políticos, y supone una tarea enorme para un gobierno de transición al que se le agota el tiempo. Focalizará su población objetivo en base a tres indicadores clave: índice de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria, pobreza monetaria, y ruralidad y distribución poblacional.

Hogares más vulnerables fortalecen capacidades productivas y de suministro de alimentos, y tienen acceso efectivo a los alimentos. Estos son los dos primeros resultados que se esperan. El tercero, es uno de los mayores desafíos, la gestión territorial de las intervenciones en 188 distritos de 7 regiones (primera etapa): Ayacucho, Cajamarca, Callao, Huancavelica, La Libertad, Lima Metropolitana y Loreto.