Radiografía de la pobreza

[Visto: 23 veces]

Sólo el 8.6% de los 3,184 centros poblados del departamento de Arequipa cuenta con acceso al paquete completo de servicios básicos: agua, saneamiento, electricidad e internet. Apenas el 36.4% tenía energía eléctrica; 25,8% agua potable (823 localidades); y sólo un 18.4% servicios de saneamiento (586), según el Censo Nacional 2017 del INEI.

La encuesta de diagnóstico sobre abastecimiento de agua y saneamiento en el ámbito rural realizada por el Ministerio de Vivienda, actualizado a febrero de 2018, muestra que sólo el 5.7% de las viviendas de centros poblados rurales tenían sistemas de agua potable y apenas el 1,8% contaban con sistemas funcionando de manera normal o regular.

Desde otra perspectiva, el 33.9% de niños y niñas entre los 6 y 35 meses de edad padecían anemia en la región Arequipa, y aunque la cifra está por debajo del promedio nacional (40.1% según la ENAHO 2019), no cabe duda que la situación de salud es grave en ese segmento poblacional.

Las cifras dan cuenta que tenemos una pobreza monetaria total de 6.0% (20.2% como promedio nacional), y una pobreza extrema de 0.4%, con una condición de vulnerabilidad de 36.3% (ENAHO 2019 y 2018). Es decir, de acuerdo a estos datos la situación de la región no es tan crítica como en otros territorios. Esto es verdad, pero cuidado, los promedios ocultan las diferencias.

Mirar cómo vamos por dentro nos acerca mejor a la realidad. Un ejemplo. Puyca en La Unión y Tisco en Caylloma, encabezan la lista de los distritos más pobres con un 52.2% y 47.8%, respectivamente (Mapa de Pobreza 2018).

Hoy a un año del inicio la pandemia del Covid-19, los datos se han movido de una manera dramática.  De acuerdo a últimos estudios disponibles y sus proyecciones, la pobreza monetaria total en el país habría crecido de 20.2% en el 2019 a 30.3% al cierre del 2020. El caso de niñas, niños y adolescentes de zonas rurales es alarmante, trepó de 48.3% a 62.3% (UNICEF Perú, Reporte Técnico, octubre 2020). Los números expresan sólo el lado frío y crudo de la realidad, y los promedios matemáticos ocultan las brechas de la desigualdad y exclusión.

Pero el drama del hambre de quienes se quedaron sin empleo, el dolor de quienes perdimos familiares y amigos, la angustia sobre el futuro de los hijos, no aparecen en los cuadros estadísticos; tampoco la solidaridad y la esperanza de los sobrevivientes.

Falsa disyuntiva

[Visto: 39 veces]

Las políticas sociales deben construirse también desde el foro público y una perspectiva amplia e integral que tome en cuenta las necesidades prioritarias de la población vulnerable, pobre y pobre extremo, y en particular, los derechos básicos de las personas, para diseñar e implementar intervenciones habilitadoras y promotoras de sus capacidades orientadas a una salida permanente de la pobreza; de este modo, podremos hablar no de gasto, sino de inversión social.

Al incorporarse de manera sostenible al desarrollo económico y social mediante actividades productivas, estos sectores de la población tienen mejores opciones para construir su bienestar. Necesitan una estructura de oportunidades desde la actividad privada y desde el sector público, como ya dijimos antes en este espacio, con un enfoque de corresponsabilidad y un rol más activo de los ciudadanos.

El Estado no puede -no debería- desarrollar políticas y programas sociales sobre la base del endeudamiento público, que no ha ocurrido antes sino hasta la emergencia sanitaria por el Covid-19. Se trata de una situación excepcional que todos tenemos que esforzarnos en superar, de lo contario no encontraremos nunca la luz al final de este túnel extendido por segunda ola, y tal vez, por una tercera que nadie desea.

Sabemos de las limitaciones del Estado para disponer de mayores recursos y financiar los servicios públicos y programas sociales si no tenemos una economía en crecimiento constante que permita elevar los ingresos fiscales. Pero el crecimiento sin desarrollo social tampoco hace sostenible al país considerando que el bienestar es un derecho universal.

Es una trampa en este escenario de crisis la falsa disyuntiva entre salud y economía, ambos son consustanciales; lo que se necesita es articular esfuerzos con el sector productivo y parece no haber aún la voluntad de impulsar iniciativas en este sentido en medio de la pandemia y la coyuntura electoral. Lo que abunda es la lluvia de ofertas en debates fugaces e intervenciones mediáticas que, lamentablemente, no llegan a estructurarse en propuestas sistematizadas que nos ayuden a tener claridad en materia de política pública.

Así, observamos que entre otros temas claves, la inclusión económica y la generación de oportunidades económicas para el cierre de las brechas de la desigualdad y exclusión que afectan a millones de peruanos, todavía esperan un espacio en el debate público y en la agenda política, a tan solo 45 días de acudir a las urnas.

Percepción de la pobreza

[Visto: 97 veces]

La medición de la pobreza, que abordamos en esta columna la semana pasada, es una manera de calcular o estimar su incidencia en las personas y la sociedad, pero esta es sólo la mitad de la naranja. La otra es la percepción que tenemos sobre ella. La forma en cómo nos percibimos está atravesada por las subjetividades y a su vez, están vinculadas al entorno social, cultural y económico.

La percepción de la pobreza, expresa la relación de las personas con los medios de vida disponibles. Y si bien la medición puede ser objetiva y la percepción, subjetiva, ambas entradas al fenómeno se complementan y son claves para abordarlas desde las políticas públicas, y en particular en la formulación e implementación de las políticas sociales.

Más allá de los derechos fundamentales de las personas a una identidad, el derecho a la vida, la libertad y al trabajo, es insuficiente el enfoque de derechos; es decir, aquella manera de demandar al Estado lo que nos asiste como ciudadanos, en particular servicios como agua potable, saneamiento, educación, salud y vivienda. Resulta hoy igualmente insuficiente la equidad de género y la igualdad de oportunidades, que, si bien son imprescindibles para el ejercicio de una ciudadanía plena, se tienen limitaciones si a estos derechos no agregamos su contra parte, las obligaciones de todas las personas como miembros de una colectividad que procura el bien común.

La experiencia me lleva a afirmar que muchos se reclaman ser más pobres que sus vecinos a la hora de la ayuda social, y en particular en periodos electorales. Por ello es importante impulsar el enfoque de corresponsabilidad, es decir, la contraparte que se asume en tanto ciudadanos de un territorio. El respeto a los derechos de los demás, la equivalencia de las tareas en la lucha por el bienestar.

Esto supone evaluar las inequidades y las brechas que subsisten y que impiden a ciertos sectores de la población -así lo quisieran- cumplir u honrar la responsabilidad que le compete. Entonces, requerimos intervenciones de protección social, las orientadas a habilitar capacidades, y las destinadas a generar oportunidades. En la tarea de reducir las brechas económicas y sociales no hay lonche gratis.

Estas consideraciones son importantes en el debate público y en esta coyuntura política. Ayudan a evaluar y decidir en torno a la lluvia de ofrecimientos de los candidatos que pugnan por una cuota de poder.

Medición de la pobreza

[Visto: 40 veces]

El Perú debe avanzar hacia diagnósticos más certeros en la medición y evaluación de la pobreza. De ello depende una focalización más acotada de las intervenciones del Estado y decisiones más pertinentes del gobierno nacional y de los gobiernos subnacionales en materia de políticas y programas sociales.

La pobreza no sólo es monetaria, pero hasta ahora este es el factor predominante en su caracterización en el Perú, y se sostiene sobre la base de la relación ingreso/gasto de los hogares. Esta metodología, asociada al enfoque de Línea o Umbral de Pobreza, se expresa con un indicador referencial en términos monetarios para establecer si una persona es pobre, pobre extremo o no pobre.

La medición de la pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) tiene otra mirada, con un indicador relacionado a cinco carencias:  a) hogares con niños de 6 a 12 años que no asisten a la escuela; b) hogares con jefe de hogar sin educación primaria completa; c) hogares en viviendas inadecuadas (paredes de estera, quincha, piedra con barro, y piso de tierra; d) hogares en hacinamiento (más de 3 personas por habitación); y e) hogares sin ningún tipo de servicio higiénico.

La combinación de las mediciones por Línea de Pobreza y por NBI, el método integrado, permiten un nuevo acercamiento a la realidad, muchas veces sometida a cambios muy rápidos (a consecuencia de la pandemia del Covid-19, por ejemplo); y nos ayuda a distinguir a los pobres crónicos, pobres estructurales, pobres coyunturales y a los socialmente integrados (no pobres y sin NBI). Desde otra dimensión, la incidencia de la pobreza puede medirse calculando las deficiencias calóricas de la población según la edad, sexo y hogar por hogar.

Organismos internacionales y nacionales han desarrollado y aplicado, igualmente, metodologías como el Índice de Desarrollo Humano; Mapas de Pobreza; y el Índice de Progreso Social, que evalúa necesidades humanas básicas, bienestar fundamental, y oportunidades de progreso.

El INEI debe implementar a partir del 2021 el Índice de Pobreza Multidimensional en el Perú, un enfoque más integral del fenómeno. Esta herramienta combina los ingresos de las personas con educación, salud y nivel de vida (bienestar) a través de diez indicadores: asistencia escolar, año de escolarización, mortalidad infantil, nutrición, electricidad, saneamiento, agua potable, suelo de la vivienda, uso de combustible, y bienes domésticos (radio, televisor, teléfono). Esperamos tener este instrumento para conocer mejor las dimensiones de la pobreza en cada territorio, las urgencias por atender y las estrategias para enfrentarla con mayor pertinencia y eficacia.

Prioridades de la agenda

[Visto: 40 veces]

El debate sobre la política social en este tramo de la carrera electoral cobra vida en la academia, en los foros universitarios e institutos de investigación, pero los equipos técnicos de los partidos y sus candidatos parecen ir a la zaga.

Es importante que los ciudadanos sepamos qué piensan, cuáles son sus propuestas y qué planes tienen o están formulando en materia de política y acción social; su percepción sobre la pobreza y cómo luchar contra ella; la evaluación que tienen sobre la pertinencia y eficacia de los programas sociales en la mejora de la calidad de vida, en la generación de mayores oportunidades, y en la construcción de medios de vida sostenibles.

Y es necesario también conocer y analizar cuáles son sus propuestas y cuáles son sus percepciones respecto a lo que el gobierno de transición está haciendo (estrategia Hambre Cero, por ejemplo) para los seis meses de gestión que le quedan, sobre todo en la contención de los embates de la primera, segunda, y una muy probable tercera ola del coronavirus.

Del conjunto de las políticas y programas sociales, aquellas orientadas a la eliminación de la pobreza rural siempre tuvieron el consenso de casi todos los sectores, pero en el modo de hacerlo y en las prioridades subsecuentes afloran las divergencias. Y ello responde al modelo de desarrollo que propugnan, el rol que le asignan al Estado y la agenda de intereses que conllevan los colectivos políticos y económicos, intereses que no siempre se ponen en evidencia en las lides electorales.

Los indicadores socioeconómicos no son alentadores. Si bien Arequipa se encuentra en una condición mejor respecto a muchas regiones, una mirada hacia adentro muestra las abismales inequidades entre la capital regional, las provincias y los distritos, y entre las zonas urbanas y rurales. El centralismo se repite y se vuelve más reacio al cambio por las oportunidades de poder que genera y reproduce.

De acuerdo a los últimos estudios disponibles, la pobreza monetaria total en el país se eleva de 20.2% (2019) a 30.3% en el 2020. En el caso de las niñas, niños y adolescentes de zonas rurales las cifras son alarmantes: sube de 48.3% a 62.3% (UNICEF Perú, Reporte Técnico, octubre 2020), lo cual muestra la alta vulnerabilidad de este segmento poblacional.

Aquí está la agenda prioritaria no sólo para el gobierno de Sagasti, y no solo para quienes tomarán la posta gubernamental el 28 de julio, sino para todos.

Bonos de la segunda ola

[Visto: 163 veces]

Las medidas de emergencia ante la segunda ola del Covid-19, entre ellas las orientadas a mitigar el impacto del nuevo confinamiento en Áncash, Apurímac, Callao, Huancavelica, Ica, Junín, Lima Provincias, Lima Metropolitana y Pasco, comprende la entrega de un nuevo bono de 600 soles para 4.2 millones de hogares en situación de pobreza y pobreza extrema.

Las condiciones de la primera cuarentena del 2021 -no sería la única- abren la oportunidad para revisar el sistema de subsidios que ha venido entregando el Estado.

La transferencia de activos monetarios no es nueva ni en el Perú ni en Latinoamérica. Hace ya 25 años que se inició en Brasil con los programas Erradicación del Trabajo Infantil, y prosiguió con Garantía de Renta Mínima, Bolsa Escola, Bolsa Alimentação y Bolsa Família. Y hace 23 años en México con el programa Progresa (1997), llamado ahora Oportunidades.

En el Perú empezó 15 años atrás con el programa Juntos. Se trata de transferencias económicas condicionadas al uso de los servicios educativos y de salud en las áreas rurales, y hoy en algunos territorios, se incluye una nueva condición relacionada al número de hijos de las familias y a su desempeño escolar. Este enfoque de corresponsabilidad es un valioso instrumento operativo para el logro de resultados sociales.

Los bonos por la pandemia tienen otra naturaleza, son de emergencia pero se aplica la misma modalidad, el Sistema de Focalización de Hogares que administra el Padrón General de Hogares, de modo que su propósito es llegar a quienes realmente lo necesitan, y más allá de las filtraciones y suplantaciones, es un mecanismo efectivo de salvataje temporal ante el hambre.

Sin embargo hay problemas que deben resolverse. La mejora de la información estadística, su registro y actualización en línea tiene que ser una tarea articulada y sostenida del Inei, Ministerio de Salud, Sistema Informático Nacional de Defunciones, Midis, Reniec, gobiernos regionales y locales.

Otra barrera. Una amplia mayoría de ciudadanos no tiene una cuenta de ahorros en el sistema bancario (apenas el 39,7% según ENAHO 2019), lo que genera dificultades para canalizar la ayuda estatal de manera más efectiva, segura y transparente. La Política Nacional de Inclusión Financiera de 2019 aceleró el acceso a las cuentas de ahorro y tarjetas de débito, pero aún la brecha es enorme. La pandemia acortó la diferencia, no obstante, se requieren reportes alentadores en los indicadores sobre el uso y calidad de esos servicios en condiciones más pertinentes a la realidad rural, y en ese sentido, un mayor compromiso del sector privado.

Hambre cero

[Visto: 81 veces]

Los impactos de la pandemia del Covid-19 en el mundo hacen muy probable que la pobreza aumente considerablemente, retrayendo la reducción lograda en las dos primeras décadas del nuevo milenio. Un reciente estudio del Banco Mundial de enero 2021, estima que tendremos entre 143 y 163 millones de nuevos pobres en todo el planeta, y habrá un aumento significativo de la desigualdad, un hecho que “verdaderamente no tiene precedentes en la historia moderna”.

Aunque el incremento de la pobreza será mayor en Asia; América Latina no escapa a esta realidad que ya comenzamos a experimentar en la región. La proyección más pesimista es que la pobreza extrema trepará a un 27.6% en el presente año. La proyección de referencia es de 26.6%. Recordemos que la pobreza extrema se mide como la cantidad de personas que viven con menos de 1,90 dólares al día.

La semana pasada recordábamos los ejes para retomar la lucha contra la pobreza, en particular, la pobreza rural, en un escenario previo a la pandemia: el fomento de la agricultura familiar; el impulso al empleo rural no agrícola; una nueva relación con los recursos naturales disponibles; extender y articular la infraestructura de servicios clave (vías, agua y saneamiento, energía y conectividad), e intervenciones para ampliar la protección social entre los más pobres y vulnerables. A estas recomendaciones de la FAO y CEPAL se suma, en el Perú, una estrategia de contención que debe priorizar la seguridad alimentaria.

El gobierno promulgó el último 20 de enero la norma que crea la Intervención Temporal Hambre Cero, a cargo del Midis, que pone énfasis en la lucha “contra la inseguridad alimentaria de manera focalizada, diferenciada y gradual” ante la vulnerabilidad de la población como efectos de la pandemia del nuevo coronavirus, alineado en estas circunstancias al Objetivo 2 de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de la ONU proclamada en setiembre de 2015.

Tiene tres componentes: desarrollo productivo, apoyo alimentario y articulación territorial. Es una iniciativa que va a requerir consensos previos en un contexto electoral que agita intereses políticos, y supone una tarea enorme para un gobierno de transición al que se le agota el tiempo. Focalizará su población objetivo en base a tres indicadores clave: índice de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria, pobreza monetaria, y ruralidad y distribución poblacional.

Hogares más vulnerables fortalecen capacidades productivas y de suministro de alimentos, y tienen acceso efectivo a los alimentos. Estos son los dos primeros resultados que se esperan. El tercero, es uno de los mayores desafíos, la gestión territorial de las intervenciones en 188 distritos de 7 regiones (primera etapa): Ayacucho, Cajamarca, Callao, Huancavelica, La Libertad, Lima Metropolitana y Loreto.

Bicentenario, punto de quiebre

[Visto: 66 veces]

No hay forma de decirlo de otra manera. El 2021 tiene que convertirse en un punto de quiebre, una inmejorable oportunidad para hacer lo que no hemos hecho -o dejamos de hacer- en doscientos años de historia republicana: el inicio de una nueva etapa para construir un país integrado, más equitativo, menos excluyente, más cohesionado y con mayores oportunidades para todos, es decir, más inclusivo.

Es retórica, cierto, pero siendo tal confluye hacia una aspiración común que debe guiar la acción política y las decisiones gubernamentales; del gobierno que se instaure en julio y de los que lo sucedan en adelante. Seremos los ciudadanos igual de responsables como las autoridades elegidas si dejamos pasar la oportunidad. Es poco probable que haya un cambio sustantivo en los decires y en las prácticas políticas de los próximos años si la ciudadanía no articula sus demandas de modo que se inserten y se sostengan en la agenda pública, ejerciendo su derecho al bienestar.

La lucha contra el hambre y la pobreza, en el contexto del Covid-19 y su impacto en la vida de las personas es hoy la prioridad; es la única certeza en medio de la incertidumbre sobre el curso que tomará la pandemia en el Perú y en América Latina no obstante la vacuna contra el SARS-CoV-2 y sus nuevas cepas.

Como sabemos, luego de dos décadas de progresos significativos en la reducción de la pobreza rural, los avances de los indicadores en la región se han ralentizado desde el 2016.

La CEPAL y la FAO recomendaban antes de la crisis sanitaria cinco ejes de acción: fomentar la agricultura familiar; promover el empleo rural no agrícola; una nueva relación del Estado, sector privado y ciudadanos con los recursos naturales; un sistema de protección social más amplio; e inversión en infraestructura. Pero combatir la pobreza en medio de la expansión del nuevo coronavirus, necesita sumar a estos ejes una estrategia de contención priorizando la seguridad alimentaria, mejorando los servicios de salud, y ampliando y diversificando la base productiva.

Supone otra mirada a lo rural, reconocerlo como espacios económicos y sociales, que más allá del incremento de la inversión pública, pueden generar recursos y ofrecer mayores oportunidades para su población si se articulan la producción agropecuaria y agroindustrial con los servicios y otras actividades económicas complementarias, promoviendo el desarrollo rural sostenible.

Hay pues, en este sentido, mucho que exigir a los candidatos presidenciales y congresales, quienes, por sus propias ambiciones políticas, deben nutrir mejor su menú electoral.

Pobreza multidimensional

[Visto: 41 veces]

Los distritos más pobres de Arequipa son Puyca, Tisco, Alca, Tapay, Cayarani, Huaynacotas, Cahuacho, Andagua, Caylloma y Pampamarca. El primero de esta lista reporta un índice de pobreza total de 52.2% y el último, 40.0%. Al nivel departamental la pobreza total es del 6.0% y la pobreza extrema 0.4%, pero la vulnerabilidad se eleva a 36.3%.

Los últimos datos del INEI sobre la base del Censo Nacional de Población, Vivienda y Comunidades Indígenas, y de la Encuesta Nacional de Hogares, muestran las grandes brechas de la pobreza monetaria, pero esta es solo una parte de la realidad, compleja y dolorosa, que nos envuelve. Sólo mide el ingreso/gasto de las familias en relación a la canasta de alimentos y canasta básica (alimentos y no alimentos).

Como bien sabemos la pobreza se manifiesta también en otras dimensiones: salud, educación, saneamiento, vivienda, empleo, entre otros aspectos transversales, además, a la territorialidad rural/urbana (que añade a su vez otras particularidades como el acceso a la infraestructura de transporte) y, por tanto, pueden expresar avances o retrocesos en el progreso, bienestar y oportunidades de desarrollo individual, familiar y colectivo.

Conocer estos indicadores es clave para la formulación e implementación de políticas públicas que contribuyan a enfrentar y superar la pobreza, pobreza extrema, vulnerabilidad, desigualdad y exclusión. El Instituto Nacional de Estadística e Informática y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tienen el compromiso público de implementar en este 2021, el año del Bicentenario, el Índice de Pobreza Multidimensional para un diagnóstico certero de las carencias y necesidades de los ciudadanos, de modo que la focalización de las intervenciones permita atacarlas con inversiones sociales más eficaces, más eficientes y más pertinentes.

Ganar capital humano y social que empuje hacia adelante y hacia arriba un desarrollo productivo sostenible e inclusivo es una urgencia.

Recordemos que el INEI dio cuenta que en junio de 2020 éramos 1 millón 497 mil 438 habitantes, y su estimación y proyección para el año 2030 es de 1 millón 755 mil 684 pobladores. Todos, ahora y después, merecen un mejor horizonte.

Son estos algunos de los desafíos que tiene Arequipa, sus autoridades, líderes, instituciones, y ciudadanos. El contexto electoral es una oportunidad para demandar a los candidatos nacionales y departamentales una agenda prioritaria para avanzar hacia una región más justa, equitativa y solidaria, y debería encarnar el discurso de aquellas organizaciones y líderes políticos que pugnan por llegar a los poderes públicos.

Pobres y vulnerables

[Visto: 71 veces]

Iniciamos un nuevo año con el doble de desafíos del que acaba de irse. La crueldad de la pandemia todavía no se vislumbra del todo y con seguridad asomará sus mil cabezas en el año del Bicentenario. Y la población más golpeada seguirá siendo la más vulnerable y peor aún, aquellos que ya se encontraban en pobreza y pobreza extrema antes que la guadaña del Covid-19 nos cercenara las últimas esperanzas de un país políticamente caótico.

Las aproximaciones estadísticas son aterradoras, y parecen echar por la borda los enormes esfuerzos y los significativos logros de las últimas dos décadas en materia de reducción y alivio de la pobreza. Uno de cada tres peruanos es susceptible de caer en ella, de acuerdo a la última Estimación de la Vulnerabilidad Económica a la Pobreza Monetaria del INEI, lo que equivale a más de 11,2 millones de peruanos. Con las cifras que previamente ya veníamos arrastrando (20,2% de pobreza total) es probable que tengamos que sumar ahora entre 8 y 9% más.

Esta situación cambia definitivamente las perspectivas para el próximo quinquenio, que se inicia en un año electoral a flor de piel y con las precariedades, carencias y debilidades de un sistema político rasando la línea de flotación y con organizaciones políticas y candidatos presidenciales que esperan interesadamente la evolución de los acontecimientos para ajustar sus decires y apretar el acelerador en ruta hacia Palacio.

Volvemos a lo mismo entonces. En momentos dramáticos, cuando los ciudadanos necesitan tener una luz más clara al final del túnel de la incertidumbre, la clase política -si es que la tenemos- no ayuda, una vez más, a construir una agenda de emergencia nacional.

Como ya lo comentamos, en materia de política pública es urgente replantear una política social habilitadora y promotora de oportunidades económicas inclusivas, ampliado la base productiva de los pequeños agricultores familiares por ejemplo y, la infraestructura económica en el ámbito rural, articulando y coordinando las intervenciones estatales y privadas con un enfoque multidimensional, que ayuden a cerrar las brechas de la desigualdad y la exclusión. Esto no es ninguna novedad, se ha venido haciendo, pero se requiere un papel más activo de los ciudadanos, y un mayor compromiso de los líderes con políticas de Estado de largo aliento, reconociendo la heterogeneidad de un país grande y diverso como el que nos cobija.