Archivo por meses: julio 2021

Lejos, bastante lejos aún

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La vacunación contra el virus del Covid-19 avanza significativamente en el mundo y en América Latina, y aunque el Perú aparece rezagado en las estadísticas de inmunización, este proceso ha cobrado un ritmo creciente en los dos últimos meses. La provisión sostenida de vacunas es sin duda un logro que todos esperamos se traduzca en una inmunización generalizada con alta cobertura al cierre del año.

En el mundo ya se han aplicado 4 mil millones 452 mil 142 de vacunas (al 31 de julio), entre las que figuran las 13 millones 002 mil 265 dosis administradas en Perú desde el 8 de febrero -un día después que llegaron al territorio- hasta hoy 31 de julio de 2021. En total tenemos 5 millones 037 mil 622 compatriotas con la dosis completa (https://bit.ly/3rNjKJW).

De acuerdo al reporte del Banco Interamericano de Desarrollo, 197 millones 366 mil 135 personas se contagiaron del virus, de los cuales 40 millones 359 mil 111 corresponden a ciudadanos de América Latina y el Caribe (ALC), lo que representa el 20.45% de todos los casos a nivel mundial.

Hasta hoy sábado 31 de julio,12:13 horas, han muerto por Covid 4 millones 208 mil 547 personas; 1 millón 368 mil 731 eran ciudadanos de esta parte del mundo, entre los cuales se encuentran 196 mil 214 peruanos al 29 de julio de acuerdo a la Sala Situacional Covid-19 del Ministerio de Salud (https://bit.ly/2VpjWms).

La cifra muestra la enorme desigualdad en las medidas preventivas, en el acceso oportuno a los servicios de salud y a la vacuna. Por cada 100 mil habitantes en ALC mueren 217 y en el resto del mundo 55 (BID, reporte situacional Covid-19: https://bit.ly/2Vpg3hn).

Aquí otra diferencia relevante que dibuja el panorama en el que aún se encuentra el Perú: ocupamos el primer lugar en número de muertes por cada 100 mil habitantes (604 fallecidos); muy por encima de Brasil (263), de Colombia (239) y de Argentina (235). La data cuestiona lo que hemos hecho hasta el momento.

El desigual acceso a los servicios de salud y a las vacunas entre las naciones y dentro de los grupos poblaciones en cada país, a lo que hay que añadir la aparición de las variantes del virus, elevan la incertidumbre sobre la recuperación social y económica de ALC, considerando el impacto en los indicadores de pobreza.

En el Perú la magnitud de la pobreza es enorme. Principalmente como consecuencia de la pandemia, la pobreza total trepó de 20.2% en el 2019 a 30.1% al cierre del 2020, lo que supone un retroceso de diez años.

A diferencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2015, sobre el cual el Perú logró alcanzar, entre otras, dos metas significativas (la reducción de la pobreza extrema y de la mortalidad infantil); el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030, cuando apenas nos quedan nueve años, está mucho más lejano que antes.

Estructura de oportunidades ante la pobreza

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Los Programas Presupuestales constituyen un modelo de programación de intervenciones públicas integradas y articuladas para generar bienes y servicios destinados a lograr un cambio cualitativo, y cuyo propósito final está vinculado a un objetivo de política pública. Se sustenta en el enfoque de gestión por resultados y necesita medir sus logros con indicadores que lo demuestren con las suficientes evidencias que permitan evaluar si alcanzó o no el éxito esperado.

Para tales aspiraciones se requiere presupuesto, recursos logísticos y personal con las capacidades para darle al programa o proyecto orientación y dinamismo, y avanzar hacia objetivos y metas con eficacia y eficiencia. Pero como las cosas no se hacen solas, además, se precisa de ejecutores con una visión compartida de lo que se busca y de lo que realmente pueden hacer; con las habilidades para incidir, coordinar y articular; es decir, un liderazgo legitimado por su desempeño. Sin estas condiciones es poco probable alcanzar los cambios que esperamos contribuyan al bienestar y desarrollo, propósito de los Programas Presupuestales.

Lo señalamos la semana anterior en esta columna. Ahora bien, la cadena de valor de una intervención supone al final de esa ruta, la transformación deseada, y subsecuentemente, la generación de valor público. Es decir, traducir los recursos y el tiempo invertido en una mejora sustantiva en la vida de los ciudadanos, fin supremo de las políticas de Estado, socialmente reconocidos por aquellos en su condición de sujetos de derecho.

Sometidos siempre a los desafíos de la gestión pública, y a los vaivenes de las decisiones gubernamentales, la mayoría de los programas sociales en el Perú han logrado superar el manejo antojadizo de los grupos políticos en el poder con la valiosa contribución de la veeduría ciudadana.

Desde la sociedad civil, las propuestas de la academia y de los propios gestores públicos -que buena experiencia han ganado en la última década- se han implementado estructuras de oportunidades económicas y sociales para la población en condición de pobreza extrema como una salida sostenible a las precariedades materiales, de modo que las capacidades de estos sean el soporte para la generación de ingresos autónomos.

Estas plataformas, con enfoque productivo, creemos, son los que deben extender sus alcances, y articularse a otras ya existentes en diversos sectores del Estado, de tal modo que contribuyan a la reducción de las brechas económicas y sociales que bloquean el desarrollo nacional. Esta tarea debe ser también parte relevante de la agenda del nuevo gobierno.

Programas presupuestales

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Los programas sociales del Estado han sido vistos casi siempre como botín electoral por muchos gobiernos y partidos, y fuente de recursos para movilizar a los ciudadanos, en especial a la población vulnerable y pobre, para propósitos políticos.

De esto mucho sabemos los peruanos, y ha ocurrido en todos los niveles de gobierno. En la última década, sin embargo, con la apuesta por mejores políticas nacionales y la modernización del Estado en un contexto de exigencias ciudadanas, se han dado pasos importantes para un desempeño más responsable de la administración gubernamental sobre sus intervenciones sociales y un mayor compromiso para alcanzar objetivos y metas. Una expresión de ello es la incorporación del enfoque de gestión por resultados como lineamiento de política pública.

Los hitos relevantes vinculados a este enfoque son la Ley Marco de la Modernización del Estado (enero 2002) y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (diciembre 2007) que establece seis principios rectores, entre los cuales figuran el servicio al ciudadano (eficacia, eficiencia, rendición de cuentas); inclusión y equidad (incorporación social, política económica y cultural de las poblaciones vulnerables; igualdad en el acceso a oportunidades y beneficios); y la participación y transparencia (derecho a intervenir y a vigilar la gestión estatal). En esta misma línea se ubica la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública (febrero 2013).

El Presupuesto por Resultados es una estrategia de la gestión pública que prioriza el gasto y mejora la calidad de las intervenciones. Vincula la asignación de recursos a la prestación de bienes y servicios; está sujeto a medición y evaluación, y debe mostrar evidencia sobre el cumplimiento de metas. Y aquí entramos a un principio clave, la rendición de cuentas, no sólo en términos monetarios sino además en las metodologías y prácticas más eficaces que contribuyan a conquistar los objetivos planteados.

Uno de los instrumentos del Presupuesto por Resultados son los Programas Presupuestales, los cuales se definen como una unidad de programación de acciones integradas y articuladas para proveer productos, y contribuir a un resultado final asociado a un objetivo de política pública. La validación del diseño e implementación y la continuidad de la transferencia de fondos para las actividades de los programas está y debe estar condicionada a objetivos y metas,  y demostrarse con evaluaciones externas.

La relevancia de los Programas Presupuestales de las carteras ministeriales, programas y proyectos, radica en que estos identifican y asignan, prioritariamente, recursos para los productos que más impacto social representan. Permiten, además, evaluar el gasto, conocer y analizar sus resultados bajo indicadores de desempeño construidos con criterios técnicos e independientes. Eso es lo que se espera de toda gestión pública eficiente y comprometida con el desarrollo y bienestar ciudadano.

Políticas sociales y oportunidades económicas

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El entorno de grave crisis y los esfuerzos de recuperación económica en un escenario de pandemia ha traído a debate las políticas sociales y su eficacia para enfrentar la pobreza y pobreza extrema en América Latina, la región más desigual del planeta, con economías de bajo crecimiento y escasa productividad.

Los nuevos desafíos de los gobiernos llaman la atención sobre las estrategias, la pertinencia y la eficacia de las políticas y programas sociales, considerando la vasta experiencia de los estados latinoamericanos en intervenciones públicas para aliviar las precariedades de los hogares urbanos y rurales, aprendizajes que deben acompañar los procesos de decisión gubernamental sobre los sistemas de protección social, entendidos estos como una estructura de oportunidades no sólo asistenciales, como las que alivian el hambre; sino también las que, al tiempo de asegurar derechos básicos, fortalecen capacidades y desarrollan iniciativas para la autogeneración de ingresos.

Pero no siempre ha funcionado así. La complejidad de las sociedades latinoamericanas, disgregadas y fracturadas, con sectores excluidos de los beneficios del crecimiento económico, y gobiernos que han hecho muy poco -y a veces todo mal- por superar la pobreza y apostar por el desarrollo humano, generaron políticas compensatorias que no cumplieron sus propósitos, e inclusive ineficaces a costos elevados para las economías nacionales.

La percepción de la inequidad de la política social en Latinoamérica revela la necesidad de contar con un sistema de protección más inclusivo, favorable al crecimiento y redistributiva entre los segmentos de la población más pobre y vulnerable, de modo que contribuya a reducir la desigualdad y a la ampliación de las oportunidades sociales y económicas.

El Informe Regional de Desarrollo Humano 2021 del PNUD (https://bit.ly/2SEcJxG) que comentamos la semana pasada, advierte que para reducir la desigualdad es insuficiente subir los impuestos y aumentar la inversión social; se requiere revisar la articulación de los programas de protección en relación a la situación de los trabajadores en el mercado laboral, las condiciones de acceso a estos y su financiamiento.

Y aplicar el principio rector de la protección social: su universalidad, es decir, tiene que llegar a todos los que están expuestos a una determinada condición a través de un solo programa, y las prestaciones deben brindarse con la calidad debida para todos. Un ejemplo de esto en el Perú es el SIS, el Seguro Integral de Salud. Pero al principio de la universalidad debe sumarse el de la integralidad y complementariedad, pues construiría opciones con mayor equidad, reduciendo brechas y habilitando espacios para la cohesión y el desarrollo social.

El Informe de Desarrollo Humano 2021

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La desigualdad y la pobreza son los elementos estructurales de la realidad de América Latina y el Caribe que impactan en la calidad de vida y el bienestar de sus habitantes. Tan igual como la pobreza, la desigualdad es un fenómeno multidimensional y es particularmente significativa en esta región del planeta.

Salir de este hoyo sí es posible con una escalera que establezca la ruta para la desconcentración y democratización del poder, que reduzca la violencia, y que diseñe políticas públicas integrales y pertinentes a partir del crecimiento económico y una mejor redistribución de la riqueza, a la par de un cambio sustancial en las percepciones sobre ellas y su naturaleza por cuenta de los actores sociales, políticos y gubernamentales.

Nada fácil ni cercano. Una de las características típicas es el alto grado de transferencia intergeneracional de la pobreza y la desigualdad que se transmite de padres a hijos, quienes resultan heredando las ventajas y desventajas de sus progenitores y su posición en el seno de la vida económica y social de los territorios que habitan.

La concentración del poder político y económico, la violencia (que deteriora derechos y libertades y “fractura” el capital social), y políticas públicas verticales -con efectos indeseables e inesperados- constituyen la trampa para la desigualdad, el crecimiento y la productividad. Así lo precisa el reciente Informe Regional de Desarrollo Humano publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, junio 2021), cuyo título expresa la condición gravitante de la región: “Atrapados: alta desigualdad y bajo crecimiento en América Latina y el Caribe”. Puede descargar el informe completo o un resumen de él desde aquí: https://bit.ly/2SEcJxG

El PNUD incorporó las variables de la violencia y la pandemia en su último análisis anual sobre el desarrollo humano, reconociendo la profundización de las brechas socioeconómicas que han generado en nuestras naciones los impactos del covid-19.

La superación de la alta desigualdad, la recuperación del bajo crecimiento y la mejora de la productividad de los países latinoamericanos y caribeños, supone  políticas públicas articuladas e integrales de mediano y largo plazo, cuyo diseño e implementación deben responder a una visión compartida del futuro próximo atendiendo las urgencias nacionales del presente.

Las percepciones sobre la desigualdad y la pobreza que tienen los líderes políticos, la academia, los tecnócratas estatales, los agentes económicos, y en especial los ciudadanos, son asuntos cruciales a tener en cuenta en un escenario de crisis políticas y sanitarias como las que se presentan, por ejemplo, en Colombia, Chile y Perú,  y demandan atención y compromiso gubernamental con políticas públicas para la reactivación económica con empleo digno, la reconstrucción y el fortalecimiento de los sistemas públicos de salud y de la seguridad social, así como programas y proyectos productivos orientados a la generación de oportunidades, especialmente en el mundo rural.

En este contexto los sistemas de protección social contribuirán a reducir la desigualdad, pero deberán de ser “más inclusivos y redistributivos, fiscalmente sostenibles y más favorables al crecimiento”, pues continúan muy fragmentados por la alta informalidad del mercado laboral y la inequidad de las oportunidades para la población vulnerable y los más pobres, todo lo cual impacta, subsecuentemente, en los niveles de ingreso y en la productividad. Un principio clave de la protección social deber ser, sostiene el PNUD, la universalidad de la seguridad social con los beneficios de la misma calidad para todos.