Archivo por meses: noviembre 2021

Escenario de riesgos

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La crisis política que se extiende y se prolonga es sólo uno de los escenarios de riesgo que pone al filo del abismo la gobernanza nacional, como ha hecho ya la corrupción con la gobernanza regional en buena parte del territorio.

La corrupción se ha sumado a los grandes problemas estructurales y ha establecido su sello de agua en la historia pasada y reciente del Perú. Como riesgo, problema o crisis, atraviesa vertical y horizontalmente todas las esferas de la vida económica, social y política, pero no es la única.

Un estudio realizado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) evaluó los principales riesgos globales y nacionales para el decenio 2021 – 2031 sobre la base de dos consultas aplicadas durante el año pasado a líderes de diversos sectores. Entre un conjunto de 29 riesgos identificados, la lista es liderada por la crisis del sistema sanitario (público y privado); los daños ambientales causados por el hombre como los vertimientos de desechos tóxicos en agua y suelos; y contaminación de la Amazonía (por extracción de oro e hidrocarburos, tala ilegal).

Los “poderes políticos demagógicos, populista y/o mercantilistas”, también aparecen en la lista de riesgos que terminan afectando el desarrollo nacional y el bienestar de los ciudadanos.

El fracaso del sistema de pensiones, el incremento de la informalidad, la crisis por el agua, crisis del sistema educativo, y la crisis alimentaria no escapan al análisis. Igualmente, el desempleo estructural y el subempleo, el aumento de las noticias falsas y el fracaso de la reforma política.

Estos riesgos de naturaleza ambiental, social, económico y tecnológico, permitieron construir un mapa trazado en un eje horizontal que identifica a lo largo del tiempo la probabilidad de su ocurrencia, y en un eje vertical la magnitud y la profundidad de su impacto.

Solo en cuanto al incremento de la informalidad, el estudio señala que esto trae como consecuencia una mayor desigualdad de ingresos, mayor incidencia de la pobreza monetaria, menos ingresos tributarios y menor acceso al crédito. Y la crisis del sistema educativo acarrea por su parte una menor competitividad y productividad, el aumento de la pobreza y de la población NINI (que no trabaja ni estudia).

Y en cuanto a las fake news, sus impactos negativos incrementan los psicosociales, la desconfianza y la incertidumbre, la polarización, la manipulación de la opinión pública y la corrupción.

El documento referido puede descargarse desde aquí: https://bit.ly/3oGyqJF, y es muy útil para el autoanálisis pues, huérfanos de toda predictibilidad, los peruanos podríamos haber tenido otro destino.

Agua salubre

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En los 109 distritos de la región Arequipa existen 2 mil 259 instituciones educativas y 263 establecimientos de salud. Y de sus 3 mil 184 centros poblados una enorme mayoría se ubica en áreas rurales (2,967); pero siendo así apenas 321 localidades cuentan con sistemas de agua potable.

Esta profunda brecha de acceso a un servicio tan importante explica los altos niveles de anemia y desnutrición, en particular entre la población rural, y dentro de esta, niños y adultos mayores.

De acuerdo a la base de datos analítica del Ministerio de Salud y a los indicadores aprobados por el Plan Multisectorial de Lucha contra la Anemia, a setiembre de 2021 el 81.4% de los niños entre 6 a 11 meses diagnosticados con anemia habían recibido tratamiento en el mes anterior.

La anemia como la desnutrición y las enfermedades diarreicas agudas están vinculadas a la disposición de agua potable, saneamiento, alimentación y nutrición, condiciones de la vivienda, prácticas de higiene y otros factores socioculturales.

La proporción de niñas y niños de 6 a 35 meses de edad con anemia llegaba al 40.10% como promedio nacional, pero el indicador para Arequipa ascendía a 46.97%, según los datos del INEI y las encuestas ENAHO y ENDES 2020.

La misma fuente reporta que el porcentaje de hogares con acceso a servicios de agua potable por red pública es de 89.54% y en Arequipa 91.03%. Y sólo el 79.91% y el 83.76% de hogares disponen de saneamiento en el país y en la región, respectivamente

Este panorama sobre los servicios básicos, como ya lo dijimos la semana anterior, muestra enormes inequidades sin disgregamos los datos por área de residencia: el 23.7% de las personas que viven en la zona rural no tienen agua por red pública, y en su mayoría se abastecen de los ríos, lagos, acequias o manantiales. Y los que viviendo en estos territorios sí lo tienen, apenas el 3.2% la reciben con niveles adecuados de cloro. Es decir, millones de peruanos conectados o no a la red pública, consumen agua de mala calidad.

Recordemos que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU considera que el ejercicio del derecho al agua se enmarca en tres factores claves: la disponibilidad, es decir, abastecimiento continuo y suficiente; la calidad, el agua para uso personal y doméstico debe ser salubre; y la accesibilidad, que implica a su vez cuatro dimensiones: accesibilidad física, económica, no discriminación (acceso de todas las personas de hecho y de derecho); e información.

Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030. Perú está muy lejos, pero esta meta debe guiar las decisiones y actuaciones de sus ciudadanos y gobernantes.

Agua de calidad pero para todos

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Perú es uno de los países más privilegiados del mundo por las enormes reservas de agua dulce en su extenso territorio, sin embargo, la mayoría de su población no tiene agua de calidad por red pública. Las consecuencias de ello se revelan en los indicadores de salud y alimentación que, junto a la educación, son condiciones elementales para el desarrollo.

El acceso al agua limpia es imprescindible para la vida; es un derecho humano y trabajar para ampliar su cobertura es una prioridad irrenunciable del Estado, y debería de serlo para todos sus niveles de gobierno: central, regional y distrital.

Bien sabemos que la carencia de agua potable y de saneamiento, y la mala gestión de estos servicios tienen un impacto negativo directo en la salud de los ciudadanos, específicamente en la prevalencia de enfermedades como la anemia y la desnutrición.

De acuerdo a la última Encuesta Nacional de Programas Presupuestales del INEI, correspondiente al “Año Móvil” de abril 2019-mayo 2020, apenas el 76.3% de la población del área rural y el 94.8% en las zonas urbanas tiene acceso al agua potable por red pública (dentro de la vivienda; fuera de ella pero dentro del edificio; o por pilón de uso público).

Es decir, el 23.7% de las personas que viven en la zona rural no tiene agua por red pública, y en su mayoría (15.0%) se abastecen de los ríos, lagos, acequias o manantiales. En las ciudades no tienen acceso un 5.2%, y recurren a camiones cisternas, pozos o ríos.

Un dato muy relevante, es que si en el 2013 el 36.8% de la población rural consumía agua de río, acequia, manantial o similares, en el 2019 -seis años después- lo hacía el 24,4%, una disminución notable para el periodo.

Moquegua lidera el grupo de 14 departamentos con más del 91% de su población con agua potable por red pública. Le siguen Tacna, Callao, Apurímac y Arequipa. En último lugar está Loreto, territorio atravesado por el río más grande del mundo, el Amazonas, y por cientos de otros grandes caudales de agua dulce. Apenas el 56.3% de sus habitantes tiene agua por red pública.

La encuesta ENDES 2020 da cuenta que el 91.03% de los hogares del departamento de Arequipa tienen acceso a agua por red pública, por encima del promedio nacional (89.54%).

Este diagnóstico estadístico nos puede dar una falsa percepción de la realidad si no tenemos en cuenta lo siguiente: apenas el 38.6% de la población peruana con acceso a la red pública tiene agua con un nivel de cloro adecuado, es decir, mayor o igual a 0,5 miligramos por litro.

Por zona de residencia, la población urbana con agua de calidad por red pública es de 48.7%. Y aquí viene lo peor: del conjunto de la población rural con acceso a agua por vía red pública, sólo el 3.2% tiene agua de calidad.

La urgencia de mejorar estos indicadores es ineludible.