El discurso de la inclusión social

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La inclusión social como una aspiración y compromiso con los que menos tienen es hace una década el soporte de las intervenciones públicas en materia de políticas sociales. Ha transcendido dos periodos gubernamentales y se ha engarzado como política pública de largo aliento.

Expresa la maduración y consolidación de un enfoque de desarrollo humano que comprende decisiones, objetivos, instrumentos de gestión pública, recursos y resultados sustentado en evidencias; una propuesta para que la economía y la política jueguen a favor de las personas y no en contra, y en donde el sector privado debería tener un rol más activo.

Recordemos que la inclusión social es un proceso orientado a mejorar las oportunidades, las habilidades y la dignidad de las personas que se encuentran en desventaja por factores multidimensionales adversos, que los Estados y los gobiernos procuran o deberían procurar corregir y superar.

Se trata de decisiones que requieren mucha voluntad, coordinación y articulación intersectorial e intergubernamental, con intervenciones focalizadas, recursos y acciones priorizadas sobre el territorio, de tal forma que pueda promoverse la inversión pública a favor de los ciudadanos excluidos del desarrollo y de las oportunidades económicas.

Cabe llamar la atención sobre la sustancial diferencia entre las políticas sociales del Estado y sus políticas de desarrollo e inclusión social. Las primeras son de carácter general y permanentes, y las segundas son focalizadas y temporales.

A una década de su creación y siendo el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social el ente rector en esta materia, y más aún, gestor de las políticas y programas sociales para la población en situación de vulnerabilidad, pobreza y exclusión, es significativo incidir en su alineamiento a la gestión por resultados, rendición de cuentas, participación y vigilancia ciudadana.

Esto es relevante considerando el retroceso de al menos diez años en los indicadores de pobreza monetaria a causa -principalmente- de la pandemia del Covid-19, la crisis sanitaria, la caída del empleo y del crecimiento económico, pero también en el contexto de la grave crisis política que afrontamos en el Perú.

La coordinación y articulación arriba pero sobre todo abajo, en el territorio, es una de nuestras más grandes debilidades. Tienen que construirse las mejores rutas para hacer pertinentes y eficaces las políticas, los programas y proyectos, lejos de todo populismo y del aprovechamiento político, muy cerca de la fiscalización, del control social y de los protocolos de neutralidad y transparencia, pues además estamos camino a un nuevo proceso electoral que renovará autoridades regionales y municipales, y con lo que está ocurriendo por ejemplo en Arequipa, da vergüenza anticipada lo que puede venir el próximo año.

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