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Articulación de la política social

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Las políticas sociales buscan reducir las brechas que impiden a la población en situación de pobreza y de vulnerabilidad, acceder a una educación y salud de calidad, a ingresos autónomos dignos, y a oportunidades de desarrollo socioeconómico que les garanticen ejercer sus libertades y sus capacidades humanas.

Esta tarea supone pertinencia, eficacia y eficiencia de la gestión estatal, y demanda la disponibilidad de recursos para financiarla, soporte administrativo y tecnológico, y equipo humano con liderazgo.

Pero no es lo único. Se requiere de una intervención diseñada sobre una lógica causal de objetivos y metas que contribuya a resolver el problema y generar evidencia de ello.

En estos lineamientos de política pública -diríamos además en el contexto de los esfuerzos de modernización del Estado- se ubican los Programas Presupuestales, tal como ya lo tienen ministerios, proyectos especiales, gobiernos regionales y locales. El gran reto es articularlos y traducir estas intervenciones en resultados.

Todo ello no es viable si no hay voluntad gubernamental, es decir, decisión de transformar el estado de cosas existente a una condición mejor que asegure el presente y futuro de estos segmentos de la población en un escenario de igualdad de oportunidades con enfoque inclusivo. No es una utopía, hubo y hay avances significativos en algunas regiones como Huancavelica, Ayacucho y Cajamarca.

La construcción de un sistema de políticas sociales articuladas y coordinadas en los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local), con programas y proyectos que incorporen indicadores de desempeño, de efectos e impactos, adaptables y flexibles a los espacios geográficos, así como a las realidades socioeconómicas y culturales de un país tan diverso como el nuestro, es uno de los más grandes desafíos del Estado, pues comprende, entre otras consideraciones básicas, una visión compartida, un amplio consenso y un acuerdo estratégicamente sostenible de mediano y largo plazo, es decir, gobernanza territorial.

En ese camino, el enfoque de derechos (que reconoce a las personas no como “beneficiarios” sino como “usuarios” de la política social, es decir, con responsabilidades compartidas entre el Estado y el ciudadano), puede allanar la ruta para estos acuerdos y para la ampliación de los programas habilitadores de oportunidades económicas (existen pero son pocos) en ámbitos locales, aprovechando corredores socioeconómicos y microcuencas bajo esquemas vinculantes con la institucionalidad existente en los territorios.

¿Es posible todo esto? Pues sí. También lo es, bajo el mismo enfoque, la universalización de la seguridad social, transferencias económicas condicionadas a objetivos de salud y educación para los estratos en pobreza extrema, inclusión laboral y productiva e ingresos dignos con salario mínimo. Contribuirán a reducirán la desigualdad y la pobreza, y promoverán el desarrollo social con más oportunidades.

Estructura de oportunidades ante la pobreza

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Los Programas Presupuestales constituyen un modelo de programación de intervenciones públicas integradas y articuladas para generar bienes y servicios destinados a lograr un cambio cualitativo, y cuyo propósito final está vinculado a un objetivo de política pública. Se sustenta en el enfoque de gestión por resultados y necesita medir sus logros con indicadores que lo demuestren con las suficientes evidencias que permitan evaluar si alcanzó o no el éxito esperado.

Para tales aspiraciones se requiere presupuesto, recursos logísticos y personal con las capacidades para darle al programa o proyecto orientación y dinamismo, y avanzar hacia objetivos y metas con eficacia y eficiencia. Pero como las cosas no se hacen solas, además, se precisa de ejecutores con una visión compartida de lo que se busca y de lo que realmente pueden hacer; con las habilidades para incidir, coordinar y articular; es decir, un liderazgo legitimado por su desempeño. Sin estas condiciones es poco probable alcanzar los cambios que esperamos contribuyan al bienestar y desarrollo, propósito de los Programas Presupuestales.

Lo señalamos la semana anterior en esta columna. Ahora bien, la cadena de valor de una intervención supone al final de esa ruta, la transformación deseada, y subsecuentemente, la generación de valor público. Es decir, traducir los recursos y el tiempo invertido en una mejora sustantiva en la vida de los ciudadanos, fin supremo de las políticas de Estado, socialmente reconocidos por aquellos en su condición de sujetos de derecho.

Sometidos siempre a los desafíos de la gestión pública, y a los vaivenes de las decisiones gubernamentales, la mayoría de los programas sociales en el Perú han logrado superar el manejo antojadizo de los grupos políticos en el poder con la valiosa contribución de la veeduría ciudadana.

Desde la sociedad civil, las propuestas de la academia y de los propios gestores públicos -que buena experiencia han ganado en la última década- se han implementado estructuras de oportunidades económicas y sociales para la población en condición de pobreza extrema como una salida sostenible a las precariedades materiales, de modo que las capacidades de estos sean el soporte para la generación de ingresos autónomos.

Estas plataformas, con enfoque productivo, creemos, son los que deben extender sus alcances, y articularse a otras ya existentes en diversos sectores del Estado, de tal modo que contribuyan a la reducción de las brechas económicas y sociales que bloquean el desarrollo nacional. Esta tarea debe ser también parte relevante de la agenda del nuevo gobierno.