Las medidas de emergencia ante la segunda ola del Covid-19, entre ellas las orientadas a mitigar el impacto del nuevo confinamiento en Áncash, Apurímac, Callao, Huancavelica, Ica, Junín, Lima Provincias, Lima Metropolitana y Pasco, comprende la entrega de un nuevo bono de 600 soles para 4.2 millones de hogares en situación de pobreza y pobreza extrema.

Las condiciones de la primera cuarentena del 2021 -no sería la única- abren la oportunidad para revisar el sistema de subsidios que ha venido entregando el Estado.

La transferencia de activos monetarios no es nueva ni en el Perú ni en Latinoamérica. Hace ya 25 años que se inició en Brasil con los programas Erradicación del Trabajo Infantil, y prosiguió con Garantía de Renta Mínima, Bolsa Escola, Bolsa Alimentação y Bolsa Família. Y hace 23 años en México con el programa Progresa (1997), llamado ahora Oportunidades.

En el Perú empezó 15 años atrás con el programa Juntos. Se trata de transferencias económicas condicionadas al uso de los servicios educativos y de salud en las áreas rurales, y hoy en algunos territorios, se incluye una nueva condición relacionada al número de hijos de las familias y a su desempeño escolar. Este enfoque de corresponsabilidad es un valioso instrumento operativo para el logro de resultados sociales.

Los bonos por la pandemia tienen otra naturaleza, son de emergencia pero se aplica la misma modalidad, el Sistema de Focalización de Hogares que administra el Padrón General de Hogares, de modo que su propósito es llegar a quienes realmente lo necesitan, y más allá de las filtraciones y suplantaciones, es un mecanismo efectivo de salvataje temporal ante el hambre.

Sin embargo hay problemas que deben resolverse. La mejora de la información estadística, su registro y actualización en línea tiene que ser una tarea articulada y sostenida del Inei, Ministerio de Salud, Sistema Informático Nacional de Defunciones, Midis, Reniec, gobiernos regionales y locales.

Otra barrera. Una amplia mayoría de ciudadanos no tiene una cuenta de ahorros en el sistema bancario (apenas el 39,7% según ENAHO 2019), lo que genera dificultades para canalizar la ayuda estatal de manera más efectiva, segura y transparente. La Política Nacional de Inclusión Financiera de 2019 aceleró el acceso a las cuentas de ahorro y tarjetas de débito, pero aún la brecha es enorme. La pandemia acortó la diferencia, no obstante, se requieren reportes alentadores en los indicadores sobre el uso y calidad de esos servicios en condiciones más pertinentes a la realidad rural, y en ese sentido, un mayor compromiso del sector privado.