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Agricultura familiar

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La denominada Segunda Reforma Agraria anunciada días atrás por el Gobierno, tiene nueve ejes estratégicos que se entiende deben articularse entre sí para promover el desarrollo y la calidad de vida de la población vinculada a este sector productivo.

Los puntos claves de tal reforma promovida por el Poder Ejecutivo son: seguridad alimentaria, infraestructura hidráulica, asociatividad y cooperativismo, industrialización, servicio civil agrario, compras estatales y mercados de productores, articulación de las intervenciones públicas en el territorio, repoblamiento ganadero, y créditos, principalmente para la agricultura familiar.

Es relevante la voluntad política y el compromiso público de incorporar en la agenda y la acción del Gobierno Nacional una política de desarrollo sobre la materia, sin embargo, los anuncios no incluyeron indicadores ni metas, tampoco los productos finales ni los plazos ni el financiamiento para alcanzarlos, de modo que la iniciativa deja abierta puertas y ventanas e hitos temporales que dilatan la certidumbre y la esperanza, sobre todo entre aquella gran mayoría de la agricultura familiar.

La agricultura familiar hace uso predominante de la fuerza de trabajo de los miembros del hogar campesino, que siendo aún pequeños agricultores tienen precario o débil acceso a los recursos de agua, tierra y capital, y se ven obligados a buscar estrategias para obtener alimentos e ingresos de diverso origen, sacrificando muchas veces sus activos productivos. En su diversidad se encuentran también los hogares rurales con economías de subsistencia.

De acuerdo a la data estadística del último Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO 2012), los agricultores familiares constituyen el 97% de las 2.2 millones de unidades agropecuarias existentes.

Generan cerca del 80% de los alimentos que se consumen en el Perú y además concentra el 83% de la fuerza laboral agrícola. Paradójicamente, el territorio donde se practica esta actividad económica reporta los más altos niveles de pobreza: 50,4% en la sierra rural, 39,2% en la selva rural y 30,4% en la costa rural (INEI: mayo 2021).

Una enorme inequidad de los sistemas agroalimentarios y de los ingresos es el drama cotidiano de millones de familias peruanas.

Y no obstante que existe una política específica para este subsector ya desde hace seis años. La Estrategia Nacional de Agricultura Familiar 2015-2021 orienta la intervención integral del Estado “sobre la base del uso sostenible de los recursos naturales y en el marco de los procesos de desarrollo e inclusión social y reducción de la pobreza en las zonas rurales”.

Por ello es tan importante como urgente revisar sus resultados a la luz de la denominada Segunda Reforma Agraria, una propuesta que adolece de muchas sombras pero que el recompuesto Gabinete Ministerial, más temprano que tarde, debe esclarecer.

Impacto profundo

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Tres son los problemas estructurales de las sociedades de América Latina que profundizaron la crisis económica por el Covid-19: la baja productividad, la alta informalidad y una grave desigualdad, de las peores en el mundo, ligeramente superada por las naciones del África subsahariana.

En los estudios de los organismos multilaterales, la deuda pública ya no es la condición crítica que afrontamos entre los años 80 y 90 del siglo pasado pero arrastramos sus consecuencias, sobre todo servicios públicos insuficientes y de baja calidad tanto en las áreas rurales como urbanas, en un contexto que nos recuerda lo que los gobiernos latinoamericanos de las últimas décadas -como el caso peruano- dejaron de hacer en materia de salud, educación y empleo.

Y no obstante la reducción de la pobreza y de la vulnerabilidad que la región experimentó entre los años 2009 y 2017, la pandemia volatizó estos avances en menos de un año y medio.

La estructura productiva, acicalada cíclicamente por el precio internacional de los metales, no se ha diversificado a pesar de la expansión del crecimiento y el desarrollo de los sectores medios. La reacción tardía del gobierno y Estado peruanos tiene hoy sus secuelas, como bien sabemos. Una alta dependencia de la evolución de los commodities y una precaria transformación e industrialización no genera opciones para la extensión del mercado interno, empleo digno y una mayor formalización.

Un reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicado bajo el título “La crisis de la desigualdad: América Latina en la encrucijada” (puede obtener el documento desde este enlace: https://bit.ly/3B3cTzG) sostiene que la desigualdad aumentará después que se hayan disipado los efectos de la pandemia sobre el mercado laboral, es decir, cuando inclusive se recupere la economía y el empleo.

El incremento de diez puntos porcentuales de la pobreza monetaria total en el país solo en el 2020 como consecuencia de la propagación del coronavirus -a fines del 2021 sabremos la verdadera profundidad de la crisis- tendrá sus efectos también a mediano y largo plazo, en particular en los niveles de nutrición y salud de los niños, con un incremento de la mortalidad y morbilidad, entre otros indicadores, debido a la pérdida de ingresos familiares.

El impacto del Covid-19 recae sobre todo en la población más pobre y vulnerable, aquella que tiene menor capacidad de resiliencia, que necesita de sistemas de protección social y paralelamente oportunidades para la generación de ingresos autónomos, y un Estado que promueva su desarrollo y bienestar.

La crisis y el Estado

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Los esfuerzos de la lucha contra la pobreza en América Latina, y sus significativos avances desde una perspectiva global en las dos últimas décadas han sido arrasados por la pandemia del coronavirus en menos de dos años.

Los impactos sociales y económicos del virus del Covid-19 que se propagó por el planeta son enormes y develan la fragilidad de aquel crecimiento que elogiaron muchos solo porque las cifras crecían en azul para el capital financiero y rentista, soslayando el desarrollo social que reclamaba su espacio para el acortamiento de las brechas de la desigualdad y la exclusión, hoy con indicadores de escándalo en la región.

Las secuelas de este enfoque economicista son dolorosas. En este año, cuando el acceso a la vacuna es desigual para muchas naciones y cuando el Perú procura nivelarse a pasos más acelerados que en los meses precedentes, tenemos un escenario que ofrece una engañosa esperanza de recuperación.

Las previsiones recientes que ha hecho UNCTAD, la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, apuntan a que el crecimiento económico promedio de 5.3 por ciento para este año, será la tasa promedio más alta en medio siglo, pero insuficiente para recuperar los niveles pre pandemia debido que caímos más hondo de lo que imaginamos. Tal crecimiento se licuará en el hoyo apenas atisbe sus bordes desiguales.

El Perú se esfuerza para subir al menos hasta la línea de flotación, de modo que el ascenso hacia a la superficie pueda consolidarse como una plataforma de salvataje para sobrevivir y ganar tiempo, y tal vez recuperar parte de lo perdido; pero para entonces, una nueva generación de ciudadanos reclamará legítimamente sus necesidades en un proceso de superación de la crisis que se extenderá más allá del año 2025, según estimación de la UNCTAD.

Estamos pagando muy caro lo que como país dejamos de hacer, no haber fortalecido ni ampliado la base productiva, como tampoco haber reducido la informalidad; es más, “descuidando” las inversiones en salud y en educación con los propósitos transformadores que el desarrollo social y los derechos ciudadanos demandan.

En estas condiciones y en medio de la crisis, muchos sectores han volteado a mirar y a pedir la mano del Estado invocando ayuda, obligaciones y derechos, precisamente aquellos que cuestionaron y cuestionan su rol en la construcción de una sociedad democrática, un discurso que revela la doble moral y el interesado comportamiento político de sus voceros.

Y, sin embargo, “el mundo ha vuelto a descubrir el papel y la importancia del Estado tras muchos años de aplicar políticas que fracasaron frente a los pobres y a la clase media”, ha reconocido la nueva secretaria general de la UNCTAD, la costarricense Rebeca Grynspan, entre otras cosas, porque de pronto “descubrimos que países como el nuestro han sido más golpeados por la actual crisis de la pandemia que por la crisis financiera del 2008”.

 Tenemos todavía encarnado el mal endémico de soslayar la construcción del bienestar con más equidad y oportunidades, sabiendo inclusive que es la ruta que hace viable y sostenible un mundo mejor para todos.

Yanapay Perú

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A pocas horas de iniciarse la entrega del Bono 350 (Yanapay Perú) es oportuno llamar la atención sobre el subsidio estatal de emergencia que, como tal, no debería ser una estrategia recurrente ni exclusiva para la contención del hambre y la expansión de la pobreza a causa de la pandemia del Covid-19.

Si bien el monto parece no ser significativo en el plano individual, lo es en el ámbito familiar. Es insuficiente, cierto, pero recursos adicionales en el hogar hacen economías de escala y se convierte en un alivio temporal para atender las urgencias de la alimentación ante la caída del empleo y la reducción de los ingresos, que como sabemos, afectan con dolorosa incidencia a la población pobre y a la población vulnerable en áreas urbanas y rurales, y especialmente a niños y adultos mayores.

Los bonos constituyen un flujo de ingresos directamente vinculados a la alimentación y salud, protegen el capital humano y dinamizan las economías locales con efectos alentadores para la recuperación económica en términos más globales.

Sin embargo, las sucesivas ayudas monetarias solo han estado acompañadas de recomendaciones sanitarias ante el virus mortal y no incluyeron estrategias de comunicación que hagan incidencia en su buen uso, como sí ocurre con el subsidio regular del programa social Juntos que gestiona el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el cual está condicionado a controles de salud en los establecimientos del MINSA y a la asistencia escolar.

Es importante que las familias tengamos claro que Yanapay Perú como las asignaciones anteriores, tiene el propósito garantizar la alimentación, es de carácter extraordinario y le cuesta al país. Es una medida de protección social temporal y el mensaje debería acompañar todo el proceso, antes, durante y después de su distribución.

Es relevante promover el enfoque de corresponsabilidad sobre el apoyo monetario. Al deber del Estado de aliviar las condiciones de emergencia, le compete al usuario (ojo, usuario, no beneficiario) la responsabilidad de dedicarlos exclusivamente al propósito que les dio origen.

Los estipendios tienen la ventaja de impulsar la inclusión financiera (billetera móvil, transferencias electrónicas, cuenta DNI y otras modalidades) en territorios rurales. En esta línea la educación financiera y la cultura del ahorro tienen que tener un espacio para intensificarse como conocimiento y como práctica.

La protección social sin asistencialismo, y la ampliación de oportunidades económicas para el incremento y diversificación de los ingresos familiares, abre espacio para una ruta sostenible en la lucha contra la pobreza, más allá de los impactos del Covid-19.

La vulnerabilidad monetaria en el Perú

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Dependiendo de nuestra relación con los bienes económicos y sociales, y considerando los espacios territoriales donde nos encontremos, podemos estar o no dentro del universo de la vulnerabilidad, una situación de precariedad que nos expone a muchos o todos los riesgos.

Esto ocurre porque en tanto vulnerables -una condición variable de riesgo e inseguridad- estamos expuestos a cambios bruscos que alteran o nos alejan de los medios de vida sostenibles. En esta categoría se ubica la población no pobre pero susceptible de caer en pobreza, es decir, aquel sector que desde el punto de vista de los ingresos se encuentra en el umbral de la Línea de Pobreza, el costo monetario de una canasta básica de consumo de alimentos y no alimentos (para el año 2020 era de S/ 360 mensuales por habitante, según el INEI).

Esta es la situación de miles de familias peruanas de la costa, sierra y selva, en un país que antes de la pandemia del Covid-19 se preciaba de ser una nación de ingresos medios no obstante su alto nivel de informalidad.

La vulnerabilidad es un fenómeno multidimensional, pero tiene obviamente características propias con un rango más amplio de consideraciones. El Programa de las Naciones Unidades para el Desarrollo identifica cinco dimensiones claves: vulnerabilidad monetaria, vulnerabilidad alimentaria, vulnerabilidad laboral, vulnerabilidad financiera y vulnerabilidad hídrica, y sus umbrales son, en ese orden, línea de pobreza total, línea de requerimientos calóricos mínimos, salario mínimo vital por ley, fuente de ahorro con mayor liquidez, y fuente de abastecimiento de agua por red pública (Vulnerabilidades: más allá de la pobreza. PNUD Perú, 2021).

En febrero pasado el INEI presentó el Mapa de Vulnerabilidad Económica a la Pobreza Monetaria, y dio cuenta que el 34.0% de la población peruana era “no pobre vulnerable”; y apenas el 45.8% “no pobre no vulnerable”.

Estas cifras no recogen los impactos de la pandemia pero revelan desde ya la gran magnitud de la vulnerabilidad monetaria en el Perú, pues ha de tenerse en cuenta que la pobreza total para entonces llegaba al 20,2% y hoy es del 30.1% de acuerdo al último Informe de Pobreza Monetaria publicado en mayo de 2021, un incremento de diez puntos porcentuales en tan solo un año.

Y es que si bien la pandemia del Covid-19 es una amenaza de origen biológico, las vulnerabilidades con las que interactúa en los hogares peruanos son de carácter económico y social.

Las cuatro provincias más vulnerables a la pobreza monetaria son Purús, Padre Abad (departamento de Ucayali), Puerto Inca (Huánuco) y Atalaya (Ucayali) con una incidencia entre el 61.9% y el 53.3%, en ese orden; y las cuatro provincias menos vulnerables son Lima, Ilo, Trujillo y Arequipa, que se ubican entre 23.3% y 24.2%, respectivamente. Así estamos.

Inclusión económica

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La generación de oportunidades para la población rural en condición de vulnerabilidad, pobreza y exclusión como soporte para salir de estas condiciones que limitan su progreso, puede tener diversos caminos. La inclusión económica, es una de ellas.

No es un fin en sí mismo, sino una tarea estratégica para una salida sostenible de la pobreza, orientado a procesos de crecimiento y desarrollo comunal, y de bienestar familiar.

Que sea sostenible supone no sólo la construcción y ampliación de una base material productiva sino además capacidades para lograr habilidades e iniciativas que faciliten el incremento de ingresos autónomos.

Las políticas para la reducción de la pobreza podrán alcanzar tal propósito si conllevan componentes habilitadores que vayan más allá de la protección social. Y el Estado los tiene: Procompite, Haku Wiñay/Noa Jayatai, Agrorural, Agroideas, Trabaja Perú, entre otros. Pero requieren ampliar su cobertura, financiamiento y articularse no sólo arriba (políticas públicas) sino también abajo (intervenciones territoriales) focalizando hogares para incorporarlos no como beneficiarios sino como usuarios (responsabilidades compartidas entre el Estado y ciudadanos en tanto sujetos de derecho).

Al objetivo de la inclusión económica, es pertinente y necesaria la inclusión financiera como otra estrategia que facilita y estimula la movilidad de los campesinos y pequeños productores para implementar sus actividades agropecuarias y de transformación de productos naturales para obtener valor agregado, como la artesanía y la gastronomía, o desarrollar servicios rurales como hospedaje, turismo comunitario, transporte local, entre otros.

En esta perspectiva, el acceso a los mercados locales y regionales es clave, más todavía si estos pueden extenderse de modo que los ciclos productivos sean también sostenibles en el contexto del ciclo de vida de las personas.

Es particularmente relevante que, como impacto de la pandemia y las urgencias de enfrentar la emergencia sanitaria, desde el Estado se fomente mecanismos que mejoran las capacidades financieras de la población rural, como está ocurriendo con los bonos para mitigar los impactos del Covid (billetera móvil, cuentas de ahorro, cuenta DNI y otras modalidades). Cuando las condiciones mejoren y el hambre amengüe, la cultura del ahorro a partir de la bancarización podrá tener mayor opción entonces, una condición importante para la protección y reproducción de los activos familiares.

La inclusión económica está en la línea de otros fines de las políticas públicas, la diversificación productiva y el desarrollo de la agricultura familiar, instrumentos de la acción estatal que debe complementarse mediante el consenso y la coordinación intersectorial e intergubernamental, sumándose al dinamismo de la economía y reconociendo la nueva ruralidad, expresada hoy en la interdependencia de los espacios rurales y urbanos, que implican igualmente, mejores oportunidades económicas para  el incremento de los ingresos y su diversificación.

Perfil demográfico

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El mapa demográfico del Perú ha sufrido cambios sustanciales en las últimas décadas. La intensa migración interna del campo a la ciudad transformó el rostro del país. La distribución de la población por área de residencia muestra que en 1940 el 64.6% de los peruanos vivían en áreas rurales, y sólo un 35.4% en áreas urbanas, de acuerdo al censo de aquel año.

Las cifras del Censo de Población, Vivienda y de Comunidades Indígenas de 2017, el último de su tipo realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, reveló que sólo el 17.6% vivía en la zona rural y un aplastante 82.4% en la zona urbana. Cuatro años después, para este 2021, la proyección del INEI lo confirma con el 18.5% y 81.5%, respectivamente.

Sólo en términos numéricos, se ha producido un vuelco total en cuanto a la ocupación del territorio. La búsqueda de mejores condiciones de vida asociada a las escasas oportunidades es una de las causas principales, aunque no la única.

La distribución poblacional por regiones naturales también cambió. Para este 2021 la estimación es la siguiente: 58,8% habita en la costa. 27.0% en la sierra y el 14.2% en la selva.

La esperanza de vida se elevó y con ella el número de habitantes de 60 a más años de edad, que pasó de 5.9% en 1972 a un 13% en la actualidad.

Hoy somos 33 millones 35 mil 300 habitantes; el 13.9% habla el quechua, el 1.7% aimara, el 0.8% lenguas amazónicas y el 82.6% el castellano.

¿Y la estructura del Estado? Creció en cantidad y en calidad, pero no lo suficiente como para responder a esta realidad.

El último reporte del Índice de Densidad del Estado (IDE) publicado por el Programa de las Naciones Unidas – PNUD Perú, dibuja un mapa distinto al demográfico, con brechas significativas de la presencia de los servicios estatales en distritos y provincias, en particular de la sierra y la selva, lo que implica limitaciones en el acceso ciudadano y, por ende, menores oportunidades para alcanzar el desarrollo humano.

El IDE usa como indicadores la identidad (habitantes documentados), educación (tasa de asistencia a la escuela secundaria), salud (número de médicos por cada 10 mil habitantes), saneamiento (proporción de viviendas con agua y desagüe) y electrificación (viviendas con energía eléctrica). Dentro de un rango de 0 a 1 Lima tenía un IDE de 0,8770 y Loreto apenas 0,5329, ubicándose estas regiones en los extremos opuestos del ranking.

Los servicios del Estado peruano no siempre llegan a toda la población en un territorio extenso y diverso. Los esfuerzos son aún insuficientes y las brechas enormes todavía. Estas son las otras fracturas que delinean la dramática radiografía del país.

Reducir la desigualdad

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Una sociedad más igualitaria y equitativa, incluyente, con amplias oportunidades para la población es una aspiración compartida por los países y uno de los 17 objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, firmada por 193 Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas.

Proclamada el 25 setiembre de 2015, la plataforma ODS se sostiene en una visión transformadora de la realidad global para erradicar la pobreza y asegurar la prosperidad para todos, protegiendo el planeta y promoviendo medios de vida saludables.

Reducir la desigualdad al interior de las naciones y entre ellas es una enorme tarea de múltiples dimensiones pero de urgente necesidad, pues en el mundo como en el Perú, millones de ciudadanos se encuentran excluidos del bienestar por las brechas que muchas naciones mantienen debido a los escasos compromisos de sus líderes con la transformación de sus sociedades, y por las dinámicas globales que refuerzan estructuras económicas y sociales que no favorecen el crecimiento con desarrollo social.

La desigualdad afecta a las personas de manera dramática. Sólo dos ejemplos, recurrentes, por cierto, muestran descarnadamente una cruenta situación que padece la población infantil:

“Unos 69 millones de niños menores de 5 años morirán por causas en su mayoría prevenibles. Las mujeres de las zonas rurales tienen el triple de probabilidades de morir en el parto que las mujeres de los centros urbanos… Las desigualdades en los ingresos, el género, la edad, la discapacidad, la orientación sexual, la raza, la clase, el origen étnico, la religión y la oportunidad siguen persistiendo en todo el mundo. Amenazan el desarrollo social y económico a largo plazo, afectan a la reducción de la pobreza y destruyen el sentimiento de plenitud y valía de las personas (https://bit.ly/3xH5x2p).

La búsqueda de mejores escenarios demanda un conjunto de metas, lamentablemente hoy muy difíciles de obtener debido al impacto de la pandemia del covid-19. En el 2015 se había fijado alcanzar al 2030 el crecimiento progresivo de los ingresos del 40% más pobre de la población a una tasa superior a la media nacional.

No obstante, otras metas aún son posibles si hay voluntad política y compromisos de los Estados, gobiernos, empresa y sociedad civil organizada: promover la inclusión social, económica y política de todas las personas independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición; garantizar la igualdad eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias; y adoptar políticas fiscales, salariales y de protección social que promuevan la equidad.

Promover la igualdad y reducir la desigualdad, es posible. Y, ojo, esto no es comunismo.

Articulación de la política social

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Las políticas sociales buscan reducir las brechas que impiden a la población en situación de pobreza y de vulnerabilidad, acceder a una educación y salud de calidad, a ingresos autónomos dignos, y a oportunidades de desarrollo socioeconómico que les garanticen ejercer sus libertades y sus capacidades humanas.

Esta tarea supone pertinencia, eficacia y eficiencia de la gestión estatal, y demanda la disponibilidad de recursos para financiarla, soporte administrativo y tecnológico, y equipo humano con liderazgo.

Pero no es lo único. Se requiere de una intervención diseñada sobre una lógica causal de objetivos y metas que contribuya a resolver el problema y generar evidencia de ello.

En estos lineamientos de política pública -diríamos además en el contexto de los esfuerzos de modernización del Estado- se ubican los Programas Presupuestales, tal como ya lo tienen ministerios, proyectos especiales, gobiernos regionales y locales. El gran reto es articularlos y traducir estas intervenciones en resultados.

Todo ello no es viable si no hay voluntad gubernamental, es decir, decisión de transformar el estado de cosas existente a una condición mejor que asegure el presente y futuro de estos segmentos de la población en un escenario de igualdad de oportunidades con enfoque inclusivo. No es una utopía, hubo y hay avances significativos en algunas regiones como Huancavelica, Ayacucho y Cajamarca.

La construcción de un sistema de políticas sociales articuladas y coordinadas en los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local), con programas y proyectos que incorporen indicadores de desempeño, de efectos e impactos, adaptables y flexibles a los espacios geográficos, así como a las realidades socioeconómicas y culturales de un país tan diverso como el nuestro, es uno de los más grandes desafíos del Estado, pues comprende, entre otras consideraciones básicas, una visión compartida, un amplio consenso y un acuerdo estratégicamente sostenible de mediano y largo plazo, es decir, gobernanza territorial.

En ese camino, el enfoque de derechos (que reconoce a las personas no como “beneficiarios” sino como “usuarios” de la política social, es decir, con responsabilidades compartidas entre el Estado y el ciudadano), puede allanar la ruta para estos acuerdos y para la ampliación de los programas habilitadores de oportunidades económicas (existen pero son pocos) en ámbitos locales, aprovechando corredores socioeconómicos y microcuencas bajo esquemas vinculantes con la institucionalidad existente en los territorios.

¿Es posible todo esto? Pues sí. También lo es, bajo el mismo enfoque, la universalización de la seguridad social, transferencias económicas condicionadas a objetivos de salud y educación para los estratos en pobreza extrema, inclusión laboral y productiva e ingresos dignos con salario mínimo. Contribuirán a reducirán la desigualdad y la pobreza, y promoverán el desarrollo social con más oportunidades.

Programas presupuestales

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Los programas sociales del Estado han sido vistos casi siempre como botín electoral por muchos gobiernos y partidos, y fuente de recursos para movilizar a los ciudadanos, en especial a la población vulnerable y pobre, para propósitos políticos.

De esto mucho sabemos los peruanos, y ha ocurrido en todos los niveles de gobierno. En la última década, sin embargo, con la apuesta por mejores políticas nacionales y la modernización del Estado en un contexto de exigencias ciudadanas, se han dado pasos importantes para un desempeño más responsable de la administración gubernamental sobre sus intervenciones sociales y un mayor compromiso para alcanzar objetivos y metas. Una expresión de ello es la incorporación del enfoque de gestión por resultados como lineamiento de política pública.

Los hitos relevantes vinculados a este enfoque son la Ley Marco de la Modernización del Estado (enero 2002) y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (diciembre 2007) que establece seis principios rectores, entre los cuales figuran el servicio al ciudadano (eficacia, eficiencia, rendición de cuentas); inclusión y equidad (incorporación social, política económica y cultural de las poblaciones vulnerables; igualdad en el acceso a oportunidades y beneficios); y la participación y transparencia (derecho a intervenir y a vigilar la gestión estatal). En esta misma línea se ubica la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública (febrero 2013).

El Presupuesto por Resultados es una estrategia de la gestión pública que prioriza el gasto y mejora la calidad de las intervenciones. Vincula la asignación de recursos a la prestación de bienes y servicios; está sujeto a medición y evaluación, y debe mostrar evidencia sobre el cumplimiento de metas. Y aquí entramos a un principio clave, la rendición de cuentas, no sólo en términos monetarios sino además en las metodologías y prácticas más eficaces que contribuyan a conquistar los objetivos planteados.

Uno de los instrumentos del Presupuesto por Resultados son los Programas Presupuestales, los cuales se definen como una unidad de programación de acciones integradas y articuladas para proveer productos, y contribuir a un resultado final asociado a un objetivo de política pública. La validación del diseño e implementación y la continuidad de la transferencia de fondos para las actividades de los programas está y debe estar condicionada a objetivos y metas,  y demostrarse con evaluaciones externas.

La relevancia de los Programas Presupuestales de las carteras ministeriales, programas y proyectos, radica en que estos identifican y asignan, prioritariamente, recursos para los productos que más impacto social representan. Permiten, además, evaluar el gasto, conocer y analizar sus resultados bajo indicadores de desempeño construidos con criterios técnicos e independientes. Eso es lo que se espera de toda gestión pública eficiente y comprometida con el desarrollo y bienestar ciudadano.