Nuevas estrategias orientadas a mitigar y revertir el impacto del Covid-19 en las comunidades rurales, pero mejor articuladas a las políticas públicas contra la vulnerabilidad y la pobreza son urgentes tareas del gobierno nacional.

El ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, ha dicho en la última jornada de la IX Semana de la Inclusión Social, -el foro anual organizado por el Midis- que la reforma tributaria será uno de los caminos para atender la inversión social, la salud y la educación; que la pandemia provocó “un terremoto” que transformó las condiciones socioeconómicas; y que esta situación exige repensar las estrategias de desarrollo e inclusión.

La reforma tributaria, en un contexto de pobreza monetaria que trepó 9,9% entre el 2019 y 2020 (se elevó en total a 30.1% solo en el primer año de la expansión del Covid-19), exige esfuerzo y compromiso, pues la crisis si bien impactó en todos los sectores, sus consecuencias han sido diferenciadas. En lo que va del segundo año, se aprecia una lenta recuperación y aunque tardará en remontar los niveles previos a la crisis sanitaria, le da oxígeno a los agentes económicos y aliento al MEF para asumir el desafío de redefinir la política fiscal y acelerar la inversión pública.

No será fácil. Las brechas de la desigualdad de los ingresos se han profundizado en toda Latinoamérica, afectando a los sectores vulnerables menos calificados, y con mayor severidad a los más pobres.

Un reciente estudio de expertos convocados por el BID publicado a inicios de mes, “¿Cómo afecta el Covid-19 a los niveles de desigualdad?” (descárguelo desde aquí: https://bit.ly/2ZIKdym), recomienda “medidas que favorezcan la creación de empleo formal, la ampliación en la cobertura de la seguridad social, la reducción de los costos laborales no salariales y la protección del ingreso de los hogares mediante transferencias monetarias”.

El documento precisa, además, que la reactivación estará limitada por los recursos fiscales. Sugiere a los gobiernos avanzar por la ruta del crecimiento inclusivo, incentivando las actividades económicas y los emprendimientos.

Recordemos que el INEI reportó que los mayores niveles de precariedad se registraron en la sierra rural (50,4%), en la selva rural (39,2%) y en la costa rural (30,4%).

Sobre estas dramáticas evidencias, los gobiernos locales y regionales no pueden, como hasta ahora, apostar por obra, programa o proyecto que no esté asociado a indicadores de resultados y condicionado a impactos relevantes sobre la población focalizada. Y el gobierno nacional tiene que apresurarse en afiatar su gestión, dejar de ponerse piedras en el camino y meterse bochornosos autogoles, y enfocarse en estrategias innovadoras para optimizar el uso de los fondos destinados a la atención de los sectores más golpeados por la pandemia y la caída del empleo, pero combinando la protección social con la generación de oportunidades económicas pertinentes para las comunidades rurales.

La inclusión social como una aspiración y compromiso con los que menos tienen es hace una década el soporte de las intervenciones públicas en materia de políticas sociales. Ha transcendido dos periodos gubernamentales y se ha engarzado como política pública de largo aliento.

Expresa la maduración y consolidación de un enfoque de desarrollo humano que comprende decisiones, objetivos, instrumentos de gestión pública, recursos y resultados sustentado en evidencias; una propuesta para que la economía y la política jueguen a favor de las personas y no en contra, y en donde el sector privado debería tener un rol más activo.

Recordemos que la inclusión social es un proceso orientado a mejorar las oportunidades, las habilidades y la dignidad de las personas que se encuentran en desventaja por factores multidimensionales adversos, que los Estados y los gobiernos procuran o deberían procurar corregir y superar.

Se trata de decisiones que requieren mucha voluntad, coordinación y articulación intersectorial e intergubernamental, con intervenciones focalizadas, recursos y acciones priorizadas sobre el territorio, de tal forma que pueda promoverse la inversión pública a favor de los ciudadanos excluidos del desarrollo y de las oportunidades económicas.

Cabe llamar la atención sobre la sustancial diferencia entre las políticas sociales del Estado y sus políticas de desarrollo e inclusión social. Las primeras son de carácter general y permanentes, y las segundas son focalizadas y temporales.

A una década de su creación y siendo el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social el ente rector en esta materia, y más aún, gestor de las políticas y programas sociales para la población en situación de vulnerabilidad, pobreza y exclusión, es significativo incidir en su alineamiento a la gestión por resultados, rendición de cuentas, participación y vigilancia ciudadana.

Esto es relevante considerando el retroceso de al menos diez años en los indicadores de pobreza monetaria a causa -principalmente- de la pandemia del Covid-19, la crisis sanitaria, la caída del empleo y del crecimiento económico, pero también en el contexto de la grave crisis política que afrontamos en el Perú.

La coordinación y articulación arriba pero sobre todo abajo, en el territorio, es una de nuestras más grandes debilidades. Tienen que construirse las mejores rutas para hacer pertinentes y eficaces las políticas, los programas y proyectos, lejos de todo populismo y del aprovechamiento político, muy cerca de la fiscalización, del control social y de los protocolos de neutralidad y transparencia, pues además estamos camino a un nuevo proceso electoral que renovará autoridades regionales y municipales, y con lo que está ocurriendo por ejemplo en Arequipa, da vergüenza anticipada lo que puede venir el próximo año.

Tres son los problemas estructurales de las sociedades de América Latina que profundizaron la crisis económica por el Covid-19: la baja productividad, la alta informalidad y una grave desigualdad, de las peores en el mundo, ligeramente superada por las naciones del África subsahariana.

En los estudios de los organismos multilaterales, la deuda pública ya no es la condición crítica que afrontamos entre los años 80 y 90 del siglo pasado pero arrastramos sus consecuencias, sobre todo servicios públicos insuficientes y de baja calidad tanto en las áreas rurales como urbanas, en un contexto que nos recuerda lo que los gobiernos latinoamericanos de las últimas décadas -como el caso peruano- dejaron de hacer en materia de salud, educación y empleo.

Y no obstante la reducción de la pobreza y de la vulnerabilidad que la región experimentó entre los años 2009 y 2017, la pandemia volatizó estos avances en menos de un año y medio.

La estructura productiva, acicalada cíclicamente por el precio internacional de los metales, no se ha diversificado a pesar de la expansión del crecimiento y el desarrollo de los sectores medios. La reacción tardía del gobierno y Estado peruanos tiene hoy sus secuelas, como bien sabemos. Una alta dependencia de la evolución de los commodities y una precaria transformación e industrialización no genera opciones para la extensión del mercado interno, empleo digno y una mayor formalización.

Un reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicado bajo el título “La crisis de la desigualdad: América Latina en la encrucijada” (puede obtener el documento desde este enlace: https://bit.ly/3B3cTzG) sostiene que la desigualdad aumentará después que se hayan disipado los efectos de la pandemia sobre el mercado laboral, es decir, cuando inclusive se recupere la economía y el empleo.

El incremento de diez puntos porcentuales de la pobreza monetaria total en el país solo en el 2020 como consecuencia de la propagación del coronavirus -a fines del 2021 sabremos la verdadera profundidad de la crisis- tendrá sus efectos también a mediano y largo plazo, en particular en los niveles de nutrición y salud de los niños, con un incremento de la mortalidad y morbilidad, entre otros indicadores, debido a la pérdida de ingresos familiares.

El impacto del Covid-19 recae sobre todo en la población más pobre y vulnerable, aquella que tiene menor capacidad de resiliencia, que necesita de sistemas de protección social y paralelamente oportunidades para la generación de ingresos autónomos, y un Estado que promueva su desarrollo y bienestar.