Reforma tributaria e inclusión social

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Nuevas estrategias orientadas a mitigar y revertir el impacto del Covid-19 en las comunidades rurales, pero mejor articuladas a las políticas públicas contra la vulnerabilidad y la pobreza son urgentes tareas del gobierno nacional.

El ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, ha dicho en la última jornada de la IX Semana de la Inclusión Social, -el foro anual organizado por el Midis- que la reforma tributaria será uno de los caminos para atender la inversión social, la salud y la educación; que la pandemia provocó “un terremoto” que transformó las condiciones socioeconómicas; y que esta situación exige repensar las estrategias de desarrollo e inclusión.

La reforma tributaria, en un contexto de pobreza monetaria que trepó 9,9% entre el 2019 y 2020 (se elevó en total a 30.1% solo en el primer año de la expansión del Covid-19), exige esfuerzo y compromiso, pues la crisis si bien impactó en todos los sectores, sus consecuencias han sido diferenciadas. En lo que va del segundo año, se aprecia una lenta recuperación y aunque tardará en remontar los niveles previos a la crisis sanitaria, le da oxígeno a los agentes económicos y aliento al MEF para asumir el desafío de redefinir la política fiscal y acelerar la inversión pública.

No será fácil. Las brechas de la desigualdad de los ingresos se han profundizado en toda Latinoamérica, afectando a los sectores vulnerables menos calificados, y con mayor severidad a los más pobres.

Un reciente estudio de expertos convocados por el BID publicado a inicios de mes, “¿Cómo afecta el Covid-19 a los niveles de desigualdad?” (descárguelo desde aquí: https://bit.ly/2ZIKdym), recomienda “medidas que favorezcan la creación de empleo formal, la ampliación en la cobertura de la seguridad social, la reducción de los costos laborales no salariales y la protección del ingreso de los hogares mediante transferencias monetarias”.

El documento precisa, además, que la reactivación estará limitada por los recursos fiscales. Sugiere a los gobiernos avanzar por la ruta del crecimiento inclusivo, incentivando las actividades económicas y los emprendimientos.

Recordemos que el INEI reportó que los mayores niveles de precariedad se registraron en la sierra rural (50,4%), en la selva rural (39,2%) y en la costa rural (30,4%).

Sobre estas dramáticas evidencias, los gobiernos locales y regionales no pueden, como hasta ahora, apostar por obra, programa o proyecto que no esté asociado a indicadores de resultados y condicionado a impactos relevantes sobre la población focalizada. Y el gobierno nacional tiene que apresurarse en afiatar su gestión, dejar de ponerse piedras en el camino y meterse bochornosos autogoles, y enfocarse en estrategias innovadoras para optimizar el uso de los fondos destinados a la atención de los sectores más golpeados por la pandemia y la caída del empleo, pero combinando la protección social con la generación de oportunidades económicas pertinentes para las comunidades rurales.

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