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Lejos, bastante lejos aún

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La vacunación contra el virus del Covid-19 avanza significativamente en el mundo y en América Latina, y aunque el Perú aparece rezagado en las estadísticas de inmunización, este proceso ha cobrado un ritmo creciente en los dos últimos meses. La provisión sostenida de vacunas es sin duda un logro que todos esperamos se traduzca en una inmunización generalizada con alta cobertura al cierre del año.

En el mundo ya se han aplicado 4 mil millones 452 mil 142 de vacunas (al 31 de julio), entre las que figuran las 13 millones 002 mil 265 dosis administradas en Perú desde el 8 de febrero -un día después que llegaron al territorio- hasta hoy 31 de julio de 2021. En total tenemos 5 millones 037 mil 622 compatriotas con la dosis completa (https://bit.ly/3rNjKJW).

De acuerdo al reporte del Banco Interamericano de Desarrollo, 197 millones 366 mil 135 personas se contagiaron del virus, de los cuales 40 millones 359 mil 111 corresponden a ciudadanos de América Latina y el Caribe (ALC), lo que representa el 20.45% de todos los casos a nivel mundial.

Hasta hoy sábado 31 de julio,12:13 horas, han muerto por Covid 4 millones 208 mil 547 personas; 1 millón 368 mil 731 eran ciudadanos de esta parte del mundo, entre los cuales se encuentran 196 mil 214 peruanos al 29 de julio de acuerdo a la Sala Situacional Covid-19 del Ministerio de Salud (https://bit.ly/2VpjWms).

La cifra muestra la enorme desigualdad en las medidas preventivas, en el acceso oportuno a los servicios de salud y a la vacuna. Por cada 100 mil habitantes en ALC mueren 217 y en el resto del mundo 55 (BID, reporte situacional Covid-19: https://bit.ly/2Vpg3hn).

Aquí otra diferencia relevante que dibuja el panorama en el que aún se encuentra el Perú: ocupamos el primer lugar en número de muertes por cada 100 mil habitantes (604 fallecidos); muy por encima de Brasil (263), de Colombia (239) y de Argentina (235). La data cuestiona lo que hemos hecho hasta el momento.

El desigual acceso a los servicios de salud y a las vacunas entre las naciones y dentro de los grupos poblaciones en cada país, a lo que hay que añadir la aparición de las variantes del virus, elevan la incertidumbre sobre la recuperación social y económica de ALC, considerando el impacto en los indicadores de pobreza.

En el Perú la magnitud de la pobreza es enorme. Principalmente como consecuencia de la pandemia, la pobreza total trepó de 20.2% en el 2019 a 30.1% al cierre del 2020, lo que supone un retroceso de diez años.

A diferencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2015, sobre el cual el Perú logró alcanzar, entre otras, dos metas significativas (la reducción de la pobreza extrema y de la mortalidad infantil); el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030, cuando apenas nos quedan nueve años, está mucho más lejano que antes.

Estructura de oportunidades ante la pobreza

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Los Programas Presupuestales constituyen un modelo de programación de intervenciones públicas integradas y articuladas para generar bienes y servicios destinados a lograr un cambio cualitativo, y cuyo propósito final está vinculado a un objetivo de política pública. Se sustenta en el enfoque de gestión por resultados y necesita medir sus logros con indicadores que lo demuestren con las suficientes evidencias que permitan evaluar si alcanzó o no el éxito esperado.

Para tales aspiraciones se requiere presupuesto, recursos logísticos y personal con las capacidades para darle al programa o proyecto orientación y dinamismo, y avanzar hacia objetivos y metas con eficacia y eficiencia. Pero como las cosas no se hacen solas, además, se precisa de ejecutores con una visión compartida de lo que se busca y de lo que realmente pueden hacer; con las habilidades para incidir, coordinar y articular; es decir, un liderazgo legitimado por su desempeño. Sin estas condiciones es poco probable alcanzar los cambios que esperamos contribuyan al bienestar y desarrollo, propósito de los Programas Presupuestales.

Lo señalamos la semana anterior en esta columna. Ahora bien, la cadena de valor de una intervención supone al final de esa ruta, la transformación deseada, y subsecuentemente, la generación de valor público. Es decir, traducir los recursos y el tiempo invertido en una mejora sustantiva en la vida de los ciudadanos, fin supremo de las políticas de Estado, socialmente reconocidos por aquellos en su condición de sujetos de derecho.

Sometidos siempre a los desafíos de la gestión pública, y a los vaivenes de las decisiones gubernamentales, la mayoría de los programas sociales en el Perú han logrado superar el manejo antojadizo de los grupos políticos en el poder con la valiosa contribución de la veeduría ciudadana.

Desde la sociedad civil, las propuestas de la academia y de los propios gestores públicos -que buena experiencia han ganado en la última década- se han implementado estructuras de oportunidades económicas y sociales para la población en condición de pobreza extrema como una salida sostenible a las precariedades materiales, de modo que las capacidades de estos sean el soporte para la generación de ingresos autónomos.

Estas plataformas, con enfoque productivo, creemos, son los que deben extender sus alcances, y articularse a otras ya existentes en diversos sectores del Estado, de tal modo que contribuyan a la reducción de las brechas económicas y sociales que bloquean el desarrollo nacional. Esta tarea debe ser también parte relevante de la agenda del nuevo gobierno.