A pocas horas de iniciarse la entrega del Bono 350 (Yanapay Perú) es oportuno llamar la atención sobre el subsidio estatal de emergencia que, como tal, no debería ser una estrategia recurrente ni exclusiva para la contención del hambre y la expansión de la pobreza a causa de la pandemia del Covid-19.
Si bien el monto parece no ser significativo en el plano individual, lo es en el ámbito familiar. Es insuficiente, cierto, pero recursos adicionales en el hogar hacen economías de escala y se convierte en un alivio temporal para atender las urgencias de la alimentación ante la caída del empleo y la reducción de los ingresos, que como sabemos, afectan con dolorosa incidencia a la población pobre y a la población vulnerable en áreas urbanas y rurales, y especialmente a niños y adultos mayores.
Los bonos constituyen un flujo de ingresos directamente vinculados a la alimentación y salud, protegen el capital humano y dinamizan las economías locales con efectos alentadores para la recuperación económica en términos más globales.
Sin embargo, las sucesivas ayudas monetarias solo han estado acompañadas de recomendaciones sanitarias ante el virus mortal y no incluyeron estrategias de comunicación que hagan incidencia en su buen uso, como sí ocurre con el subsidio regular del programa social Juntos que gestiona el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el cual está condicionado a controles de salud en los establecimientos del MINSA y a la asistencia escolar.
Es importante que las familias tengamos claro que Yanapay Perú como las asignaciones anteriores, tiene el propósito garantizar la alimentación, es de carácter extraordinario y le cuesta al país. Es una medida de protección social temporal y el mensaje debería acompañar todo el proceso, antes, durante y después de su distribución.
Es relevante promover el enfoque de corresponsabilidad sobre el apoyo monetario. Al deber del Estado de aliviar las condiciones de emergencia, le compete al usuario (ojo, usuario, no beneficiario) la responsabilidad de dedicarlos exclusivamente al propósito que les dio origen.
Los estipendios tienen la ventaja de impulsar la inclusión financiera (billetera móvil, transferencias electrónicas, cuenta DNI y otras modalidades) en territorios rurales. En esta línea la educación financiera y la cultura del ahorro tienen que tener un espacio para intensificarse como conocimiento y como práctica.
La protección social sin asistencialismo, y la ampliación de oportunidades económicas para el incremento y diversificación de los ingresos familiares, abre espacio para una ruta sostenible en la lucha contra la pobreza, más allá de los impactos del Covid-19.