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Yanapay Perú

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A pocas horas de iniciarse la entrega del Bono 350 (Yanapay Perú) es oportuno llamar la atención sobre el subsidio estatal de emergencia que, como tal, no debería ser una estrategia recurrente ni exclusiva para la contención del hambre y la expansión de la pobreza a causa de la pandemia del Covid-19.

Si bien el monto parece no ser significativo en el plano individual, lo es en el ámbito familiar. Es insuficiente, cierto, pero recursos adicionales en el hogar hacen economías de escala y se convierte en un alivio temporal para atender las urgencias de la alimentación ante la caída del empleo y la reducción de los ingresos, que como sabemos, afectan con dolorosa incidencia a la población pobre y a la población vulnerable en áreas urbanas y rurales, y especialmente a niños y adultos mayores.

Los bonos constituyen un flujo de ingresos directamente vinculados a la alimentación y salud, protegen el capital humano y dinamizan las economías locales con efectos alentadores para la recuperación económica en términos más globales.

Sin embargo, las sucesivas ayudas monetarias solo han estado acompañadas de recomendaciones sanitarias ante el virus mortal y no incluyeron estrategias de comunicación que hagan incidencia en su buen uso, como sí ocurre con el subsidio regular del programa social Juntos que gestiona el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el cual está condicionado a controles de salud en los establecimientos del MINSA y a la asistencia escolar.

Es importante que las familias tengamos claro que Yanapay Perú como las asignaciones anteriores, tiene el propósito garantizar la alimentación, es de carácter extraordinario y le cuesta al país. Es una medida de protección social temporal y el mensaje debería acompañar todo el proceso, antes, durante y después de su distribución.

Es relevante promover el enfoque de corresponsabilidad sobre el apoyo monetario. Al deber del Estado de aliviar las condiciones de emergencia, le compete al usuario (ojo, usuario, no beneficiario) la responsabilidad de dedicarlos exclusivamente al propósito que les dio origen.

Los estipendios tienen la ventaja de impulsar la inclusión financiera (billetera móvil, transferencias electrónicas, cuenta DNI y otras modalidades) en territorios rurales. En esta línea la educación financiera y la cultura del ahorro tienen que tener un espacio para intensificarse como conocimiento y como práctica.

La protección social sin asistencialismo, y la ampliación de oportunidades económicas para el incremento y diversificación de los ingresos familiares, abre espacio para una ruta sostenible en la lucha contra la pobreza, más allá de los impactos del Covid-19.

Lejos, bastante lejos aún

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La vacunación contra el virus del Covid-19 avanza significativamente en el mundo y en América Latina, y aunque el Perú aparece rezagado en las estadísticas de inmunización, este proceso ha cobrado un ritmo creciente en los dos últimos meses. La provisión sostenida de vacunas es sin duda un logro que todos esperamos se traduzca en una inmunización generalizada con alta cobertura al cierre del año.

En el mundo ya se han aplicado 4 mil millones 452 mil 142 de vacunas (al 31 de julio), entre las que figuran las 13 millones 002 mil 265 dosis administradas en Perú desde el 8 de febrero -un día después que llegaron al territorio- hasta hoy 31 de julio de 2021. En total tenemos 5 millones 037 mil 622 compatriotas con la dosis completa (https://bit.ly/3rNjKJW).

De acuerdo al reporte del Banco Interamericano de Desarrollo, 197 millones 366 mil 135 personas se contagiaron del virus, de los cuales 40 millones 359 mil 111 corresponden a ciudadanos de América Latina y el Caribe (ALC), lo que representa el 20.45% de todos los casos a nivel mundial.

Hasta hoy sábado 31 de julio,12:13 horas, han muerto por Covid 4 millones 208 mil 547 personas; 1 millón 368 mil 731 eran ciudadanos de esta parte del mundo, entre los cuales se encuentran 196 mil 214 peruanos al 29 de julio de acuerdo a la Sala Situacional Covid-19 del Ministerio de Salud (https://bit.ly/2VpjWms).

La cifra muestra la enorme desigualdad en las medidas preventivas, en el acceso oportuno a los servicios de salud y a la vacuna. Por cada 100 mil habitantes en ALC mueren 217 y en el resto del mundo 55 (BID, reporte situacional Covid-19: https://bit.ly/2Vpg3hn).

Aquí otra diferencia relevante que dibuja el panorama en el que aún se encuentra el Perú: ocupamos el primer lugar en número de muertes por cada 100 mil habitantes (604 fallecidos); muy por encima de Brasil (263), de Colombia (239) y de Argentina (235). La data cuestiona lo que hemos hecho hasta el momento.

El desigual acceso a los servicios de salud y a las vacunas entre las naciones y dentro de los grupos poblaciones en cada país, a lo que hay que añadir la aparición de las variantes del virus, elevan la incertidumbre sobre la recuperación social y económica de ALC, considerando el impacto en los indicadores de pobreza.

En el Perú la magnitud de la pobreza es enorme. Principalmente como consecuencia de la pandemia, la pobreza total trepó de 20.2% en el 2019 a 30.1% al cierre del 2020, lo que supone un retroceso de diez años.

A diferencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2015, sobre el cual el Perú logró alcanzar, entre otras, dos metas significativas (la reducción de la pobreza extrema y de la mortalidad infantil); el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030, cuando apenas nos quedan nueve años, está mucho más lejano que antes.