Las políticas sociales deben construirse también desde el foro público y una perspectiva amplia e integral que tome en cuenta las necesidades prioritarias de la población vulnerable, pobre y pobre extremo, y en particular, los derechos básicos de las personas, para diseñar e implementar intervenciones habilitadoras y promotoras de sus capacidades orientadas a una salida permanente de la pobreza; de este modo, podremos hablar no de gasto, sino de inversión social.

Al incorporarse de manera sostenible al desarrollo económico y social mediante actividades productivas, estos sectores de la población tienen mejores opciones para construir su bienestar. Necesitan una estructura de oportunidades desde la actividad privada y desde el sector público, como ya dijimos antes en este espacio, con un enfoque de corresponsabilidad y un rol más activo de los ciudadanos.

El Estado no puede -no debería- desarrollar políticas y programas sociales sobre la base del endeudamiento público, que no ha ocurrido antes sino hasta la emergencia sanitaria por el Covid-19. Se trata de una situación excepcional que todos tenemos que esforzarnos en superar, de lo contario no encontraremos nunca la luz al final de este túnel extendido por segunda ola, y tal vez, por una tercera que nadie desea.

Sabemos de las limitaciones del Estado para disponer de mayores recursos y financiar los servicios públicos y programas sociales si no tenemos una economía en crecimiento constante que permita elevar los ingresos fiscales. Pero el crecimiento sin desarrollo social tampoco hace sostenible al país considerando que el bienestar es un derecho universal.

Es una trampa en este escenario de crisis la falsa disyuntiva entre salud y economía, ambos son consustanciales; lo que se necesita es articular esfuerzos con el sector productivo y parece no haber aún la voluntad de impulsar iniciativas en este sentido en medio de la pandemia y la coyuntura electoral. Lo que abunda es la lluvia de ofertas en debates fugaces e intervenciones mediáticas que, lamentablemente, no llegan a estructurarse en propuestas sistematizadas que nos ayuden a tener claridad en materia de política pública.

Así, observamos que entre otros temas claves, la inclusión económica y la generación de oportunidades económicas para el cierre de las brechas de la desigualdad y exclusión que afectan a millones de peruanos, todavía esperan un espacio en el debate público y en la agenda política, a tan solo 45 días de acudir a las urnas.