Pedro Alva Mariñas
Instituto de Desarrollo Regional – INDER

Varios indicadores confirman que estamos nuevamente en un periodo de endurecimiento del Estado frente a las demandas y reclamos de la población y ello parece estar reflejándose en la forma cómo el gobierno está enfrentando las movilizaciones y demandas de la población a las cuales las descalifica como “políticas” y con ello oscurece la legitimidad de las protestas y se pierde la oportunidad para redefinir algunas reglas de juego y generar otras que nos permitan transitar por un desarrollo nacional, regional y local inclusivo.

Pero también en Lambayeque se reproduce la cerrazón a entender y atender los reclamos y los asuntos pendientes que tiene el Proyecto Olmos con las familias desplazadas de sus territorios. La manera cómo el PEOT está enfrentando el reclamo de los comuneros confirma el endurecimiento del Estado en el nivel regional y con ello desaprovechamos una oportunidad para corregir políticas, modificar conductas y darle un toque de inclusión al Proyecto Olmos, que tanto lo necesita.

En las siguientes líneas abordaremos el sensible tema de los desplazados del Proyecto Olmos y con este término comprendemos a los comuneros y posesionarios de Pedregal, Huabal, Algodonera, La Misteriosa, Vega del Desaguadero y Pañalá.

Los desplazados de Pedregal y Huabal (Cajamarca)

Un primer conflicto se suscitó con las poblaciones de Pedregal y Huabal que tuvieron que ser sacadas de sus territorios para construir la represa y reservorio Limón. En este caso las familias desplazadas no fueron adecuadamente compensadas y han quedado en niveles importantes de frustración y descontento, especialmente en el caso de aproximadamente 40 familias de Pedregal a quienes no se les construyó viviendas y se les pagó montos irrisorios por los bienes destruidos y ocupados. Este grupo de comuneros mantienen un largo litigio administrativo y judicial con el PEOT que ya lleva más de cinco años.

Los comuneros de Pedregal lograron que los gobiernos regionales de Cajamarca y Lambayeque suscribieran acuerdos para solucionar su problema e incluso comprometieron la asignación de un lote de 1,000 Hás. a manera de compensación y de las cuales 250 Hás. se destinarían para compensar a los comuneros afectados de Pedregal y Huabal. Todo parece indicar que ese compromiso ha sido también olvidado.

Los desplazados reubicados en La Algodonera (Olmos)

El segundo caso se presentó con los comuneros posesionarios del área que fue subastada por el PEOT en condiciones bastante conocidas. Los comuneros que residían en los caseríos Pan de Azúcar, Abrigos de Pañalá, Vinguar Grande y Algodonera fueron obligados a firmar un compromiso, recibir un pago unilateral por sus bienes y trasladados a un centro poblado en proceso de construcción. Es contra ellos que se cometieron actos de violencia inauditos, inaceptables y a los que hemos calificado de barbarie y que fueron ampliamente denunciados en los medios de comunicación. A pesar de las circunstancias los comuneros asentados en La Algodonera persisten en el diálogo y gracias a ello lograron suscribir con la gerencia general del PEOT un acuerdo de solución a varios problemas pendientes, entre ellos la entrega de un lote de terreno con agua para que los desplazados puedan desarrollar una actividad productiva que les permitiera tener ingresos para no caer en la indigencia. Han pasado las semanas y los meses y el PEOT se niega a cumplir los compromisos, declara abiertamente que todo está zanjado y que los reclamos de los comuneros no tienen razón y termina acusando a los comuneros.

Los comuneros desplazados de La Misteriosa (Olmos)

El tercer caso tiene que ver con los comuneros de los sectores La Misteriosa y Vega del Desaguadero que no estaban inicialmente en tierras del Proyecto Olmos y que su situación se vio violentamente trastocada cuando el PEOT y la obsecuente directiva de la Comunidad Campesina de Olmos realizaron una “permuta de tierras” por el cual devuelven a la Comunidad de Olmos un lote ubicado al extremo Norte de las tierras confiscadas y a cambio el PEOT recibe tierras ubicadas en el extremo Oeste. Lo que llama la atención es que en esta permuta no se tomaron en cuenta la situación de los comuneros posesionarios de estos sectores comunales que quedaron encerrados dentro del territorio a ser subastado y librados a su suerte.

Que la directiva comunal no tenga interés por sus comuneros es lamentable; pero ya es inaceptable que funcionarios públicos, no contemplen medidas adecuadas para tratar a los comuneros desplazados y, en el colmo de las improvisaciones, se los termine calificando de “invasores” en un comunicado oficial. Felizmente el PEOT procedió a pagarles una valorización unilateral y semanas después procedió a destruir sus bienes en operativos realizados entre los meses de Octubre y Noviembre del 2011. En este caso de desplazamiento forzoso el PEOT no los reubicó, no les construyó viviendas y simplemente los expulsó de sus posesiones.

Los compromisos firmados y no firmados por el PEOT y los desplazados.

Hasta donde sabemos el PEOT ha celebrado compromisos, separados en el tiempo, con los pobladores desplazados. El primero lo suscribió en favor de los desplazados de Pedregal y Huabal (como cofirmante el Gobierno Regional de Cajamarca) y el segundo lo hizo con los comuneros asentados en La Algodonera (28/11/2011). En el caso de los comuneros desplazados de la Misteriosa y Vega del Desaguadero, el PEOT se ha negado a suscribir un acuerdo o compromiso de solución.

Lo que resulta inexplicable es que hasta la fecha los desplazados de Huabal y en grado mayor los de Pedregal no han logrado ser atendidos en sus demandas y siguen tocando otras puertas porque las del PEOT parecen cerradas para ellos. En el caso de los comuneros reubicados en La Algodonera tienen pendientes la solución de sus principales demandas y, finalmente, en el caso de los comuneros de La Misteriosa y Vega del Desaguadero no se ha suscrito acuerdo alguno y tal parece que se han dispersado sin continuar los trámites.

De mantenerse esta posición de endurecimiento y no atención a la demanda de las familias desplazadas por el Proyecto Olmos estaremos desperdiciando una buena oportunidad para poner en práctica frases tan repetidas como diálogo, transparencia, concertación, inclusión y lo que haremos es sumar una gran oscuridad al Proyecto Olmos y a la gestión del Gobierno Regional.

El tema de los desplazados por el Proyecto Especial Olmos – Tinajones (PEOT) ha pasado de ser un caso aislado, invisibilizado o muy poco conocido, a ser un tema que se mantiene vigente, que aparece en forma permanente, gracias a que ha logrado captar el interés de la sociedad y de los medios de comunicación locales. Casi paralelamente el tema ha merecido un creciente interés por parte de instituciones especializadas en el seguimiento a los megaproyectos como Fórum Solidaridad Perú, CEPES, CCP, el Observatorio de Tierras, entre otros.

En las últimas semanas el tema ha recibido la atención de Amnistía Internacional, reconocida institución dedicada a la defensa de los derechos humanos en todo el mundo y cuyos informes pusieron en grandes aprietos al gobierno de Fujimori – Montesinos. En realidad representantes de Amnistía Internacional han visitado en dos oportunidades a los comuneros reubicados en La Algodonera (campiña de Olmos), una de ellas a fines del año pasado y la última a fines del mes de Mayo de este año. Se han tratado de visitas al propio lugar de los hechos, para hablar con los comuneros y comuneras, recoger sus testimonios y establecer compromisos iniciales.

Como resultado de esas visitas, Amnistía Internacional considera que el caso de los desplazados por el PEOT es un asunto de “posible violación de derechos humanos” en el Perú y en consecuencia se ha comprometido a actuar según los protocolos establecidos y, añade, que al margen de los acuerdos o desacuerdos específicos entre el PEOT y los comuneros, hará un seguimiento al tema. Las declaraciones de los representantes de AI pueden leerlas en los textos digitalizados que acompañan esta nota. Igualmente un seguimiento del caso de los desplazados por el Proyecto Olmos en anteriores artículos de este blog.

Las declaraciones y decisiones de Amnistía Internacional significan también un aval a las acciones de acompañamiento que se han venido desplegando desde el mes de agosto del año pasado y en el que han jugado un papel importante la Federación de Comunidades Campesinas de Lambayeque (FEDECCAL) y el Grupo de Investigación Olmos de Sociología – UNPRG.

Como parte de las actividades de seguimiento, Amnistía Internacional ofreció una conferencia de prensa en la que dieron su testimonio comuneros y comuneras desplazados. La conferencia tuvo una amplia cobertura de los medios locales y regionales.

A solicitud de amigos y personas interesadas en el tema publicamos (en versión digital) las notas periodísticas que dieron cuenta de la conferencia de prensa realizada el 28 de Mayo de 2012.

No hay duda que la población de la Provincia de Lambayeque ha venido creciendo de manera constante a través del tiempo y así lo demuestran los censos realizados desde 1940 (y aún antes) que nos informan que de 74,197 hab. Registrados por el Censo de 1940, se ha pasado a tener una población de 259,274 hab. Lo que significa que en 70 años la población se ha multiplicado por 3.5 veces. Este crecimiento es significativo, aunque está por debajo del aumento poblacional de la Provincia de Chiclayo que ha crecido siete veces en el mismo periodo.

La población de la Provincia de Lambayeque al ser analizada en grandes grupos de edades (Censo 2007), encontramos 89,776 niños y niñas, 68,749 jóvenes, 83,904 adultos y 16,845 adultos mayores. Como puede suponerse los grandes grupos de edad (e incluso los subgrupos) tienen derechos, demandas que tienen que ser tomados en cuenta toda vez que cuentan con planes específicos y políticas específicas para los tres niveles de gobierno. Por ello resulta muy importante que el Plan de Desarrollo nos informe que anualmente nacen en la Provincia de Lambayeque un aproximado de 6,000 niños y niñas. Igualmente resulta importante saber la cantidad de jóvenes que exigen educación y oportunidades de empleo, conocer el número de adultos que básicamente se interesan por un trabajo adecuadamente remunerado y en el caso de los adultos mayores que nos cuestionan si estamos en capacidad de darles una atención adecuada.

Nos parece importante, para efectos de planificación del desarrollo, dar una mirada a la división de la población en urbana y rural pues se supone que la población urbana cuenta con mejores servicios y tiene más oportunidades de acceder a ellos. Así el grado de urbanismo implica mejores condiciones de vida (aunque pudiera ser discutido) y mayores oportunidades para acceder a ellos. En este punto podemos afirmar que la Provincia de Lambayeque tiene un fuerte componente rural (52% del total de la población). Los distritos que tienen mayor población rural que urbana son: Mórrope, Olmos, Túcume, Mochumí, Jayanca, Salas y Chóchope. En el siguiente cuadro, tomado del Plan de Desarrollo de La Provincia de Lambayeque, se puede apreciar el peso de la ruralidad en cada uno de los distritos de la Provincia de Lambayeque.

Si tenemos en cuenta que es en el sector rural donde se expresan de manera más nítida los indicadores de pobreza, de exclusión, de menor presencia del Estado, de aislamiento, etc. entonces habrá que dar atención prioritaria al sector rural, y esto se fundamenta mucho más en que representan a la mayoría de la población de la Provincia. Por ello preguntarse si los proyectos que se están desarrollando ya sea públicos o privados (como el Proyecto Olmos) está considerando esta situación, está proyectando mejorar la calidad de vida de la población e incluirla como un aliado y protagonista del desarrollo o los está considerando sólo como socios menores o como los perdedores del proceso.

LOS DESAFÍOS

1. El crecimiento sostenido de la población provincial obliga a planificar los servicios, la infraestructura pública, las vías de comunicación y las demandas de trabajo que esta población va a tener en el futuro. No se trata de seguir construyendo obras pensando en el presente o en el corto plazo.

2. Que considerando que la población debiera tener las oportunidades para vivir en su lugar de origen y que la población es el principal potencial para el desarrollo local, se tiene que plantear como estrategia a mediano y largo plazo el de retener a la población provincial y, eventualmente, atraer a pobladores de otras provincias y departamentos.

3. Conociendo los pobladores por grupos de edades cabe preguntarse si están recibiendo los servicios públicos, si todos ellos tienen las mismas oportunidades, si han logrado un desarrollo humano acorde con los estándares internacionales, si todos ellos se benefician o no del crecimiento económico del país.

4. A nivel de detalle podemos preguntarnos si 6,000 niños menores de un año nacieron en un centro de salud o en su casa y cuántos tuvieron control prenatal. Para los 17732 niños entre 3 y 5 años cabe preguntarse cuántos de ellos tienen acceso a educación inicial y así preguntarnos por los otros segmentos de la población.

CONCLUSIÓN

La importancia de un Plan de Desarrollo Concertado 2011 – 2021, como lo tiene ya aprobado la Provincia de Lambayeque radica en que marca el rumbo para llegar a una visión deseable para el futuro, pero también marca la pauta de lo que debemos hacer en el corto y mediano plazos para que esa visión de futuro se concrete, se haga realidad total o por lo menos parcialmente.

Pedro Alva Mariñas
Instituto de Desarrollo Regional – INDER

Los 174 participantes en el evento nos ha demostrado, una vez más, que los temas de desarrollo productivo y de planeamiento concitan el interés de funcionarios, de técnicos, del mundo académico y de periodistas de Lambayeque. La asistencia del propio presidente regional y algunos consejeros ayudaron a darle un marco adecuado a este evento que ha sido también la presentación del CEPLAN ante la sociedad lambayecana; pero también la presencia del propio Presidente del CEPLAN, de su director ejecutivo y de su asesor principal evidencian que a Lambayeque le tienen una alta consideración.

Recién llegado de una de sus visitas a Lima, el Presidente del Gobierno Regional de Lambayeque, Ing. Humberto Acuña Peralta fue el encargado de las palabras iniciales en las que remarcó que la competitividad, el desarrollo de capacidades y la asociatividad tienen gran importancia en su gestión y expresó su agradecimiento porque el gobierno central prometió aprobar el Plan Portuario de Eten.

Por su parte el Presidente de CEPLAN, Ing. Germán Alarco, explicó los objetivos que se ha planteado su institución: reanudar contactos con los gobiernos regionales, renovar la importancia de la planificación, remarcar la utilidad de la planificación para la mejora de la productividad y la importancia de presentar las experiencias exitosas de articulación entre empresas, universidades, estado y sociedades locales.

Acto seguido el Dr. Elías Ruiz, Director Ejecutivo de CEPLAN comentó el tema de la competitividad, informó que Lambayeque ha pasado del puesto 6 al puesto 5 del ranking de competitividad (entre 2008 y 2010) y que su aporte a la economía nacional ha mejorado del puesto 9 al puesto 7 en el mismo periodo. Sin embargo dijo que había mucho que hacer. Mencionó como potencialidades regionales: a la agroindustria, turismo, exportación y experiencias de asociatividad, remarcando la importancia de la innovación.

En representación de la Gerencia de Planificación y Presupuesto, Josué Portocarrero afirmó que Lambayeque tiene problemas para encaminarse por la senda del desarrollo. El aporte de Lambayeque al PBI fue de 2.9 el año 2009, ocupando el puesto 10º. Otro elemento mencionado es la dependencia del cultivo de arroz con el 43 por ciento. La economía de Lambayeque tiene muy poca consistencia en el tiempo, tiene alzas regulares y caídas espectaculares, según datos 1994 – 2009. La agricultura presenta similares fluctuaciones, el PEA no refleja un mejoramiento y tampoco la situación laboral, pues el 75% de la población cuenta con salarios muy bajos. Se sugiere como espacios prioritarios de intervención: la articulación longitudinal de Lambayeque, fortalecer el corredor económico Motupe – Olmos y la construcción de la autopista Lambayeque – Olmos.

Terminadas las intervenciones centrales, se dio paso a los panelistas invitados para que expresaran sus puntos de vista sobre las exposiciones centrales, o añadieran algún aporte al tema que se estaba tratando. Foto INDER

Francisco San Martín, Presidente de Minka, presentó el caso de la ruta moche, sostuvo que el tiempo de preeminencia de la Arqueología debe dar paso al desarrollo del turismo y para ello se requiere: incrementar el número de turistas, promover estándares de calidad, buenas vías de comunicación, buenos servicios en general, puesta en valor de los pueblos y no sólo de los sitios arqueológicos, promover nuevos mercados, especialmente de los países cercanos y generar una marca propia. Remarcó la necesidad de establecer una alianza birregional entre La Libertad y Lambayeque.

Federico Tenorio de CEDEPAS, centra su interés en los conglomerados productivos agrarios de pequeños productores, los mismos que deben ser asociados para aprovechar economías de escala para compartir ingresos, pero también pérdidas. Se debe ofrecer un producto de alta calidad, gestión empresarial y tecnología productiva. El abordaje tiene que hacerse a nivel del productor, del producto y de la comercialización. Complementa su exposición hablando de la experiencia de 20 asociaciones que trabajan con una firma privada sobre la base de acuerdos que se respetan. El expositor dijo que “los conglomerados rurales de pequeños productores, pueden convertirse en factores importantes de desarrollo agrario inclusivo y del fortalecimiento democrático”

Víctor Rojas Díaz de AREX sugirió la importancia de comparar la competitividad regional con los estándares internacionales y, al hacerlo, nuestros problemas aparecerán con mayor nitidez. Luego enumerar algunos de los problemas: la inseguridad jurídica, las debilidades del capital social, la generalizada inseguridad ciudadana, considerar a las empresas como enemigos y no como socias (como parece ser el caso de la SUNAT). Remarca la importancia de la construcción del Terminal Marítimo de Puerto Eten para el desarrollo de Lambayeque.

Yolanda Díaz Callirgos de la MCLCP. Considera interesante las referencias a la metodología participativa, a los enfoques de género y que las distintas miradas pueden contribuir a mejorar los procesos y productos. Hay una conciencia que el crecimiento debe ir aparejado con la equidad, con los derechos. Es interesante la visión de ser un país de ciudadanos y ciudadanas y que la competitividad tiene como base el desarrollo de capacidades de las personas. Los datos presentados nos hacen ver la importancia de ver las demandas de la población. La sugerencia es que todos tenemos que aportar en una propuesta de desarrollo y no es recomendable pensar sólo en el mercado hacia fuera, porque con ello se puede afectar a los agricultores y pobladores.

El representante de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque dijo que habría que preguntarnos no tanto si crecemos, sino de cómo crecemos. Efectivamente producimos más, pero se debe mejorar y para ello se debe apostar por la competitividad, por desarrollar más la infraestructura, la innovación y la institucionalidad. Se requiere dar importancia a la planificación concertada, con enfoque inclusivo. Recomienda no confiarse en la política primario – exportador. Finalmente considera que “vale la pena considerar el modelo de desarrollo endógeno”

El evento contó con la presencia del Presidente del Gobierno Regional de Lambayeque, Ing. Humberto Acuña. Foto INDER

El representante de la Gerencia Regional de Agricultura, Ing. César Segura, afirmó que se promueve la competitividad y la asociatividad y sobre cual la Gerencia Regional de Agricultura trabaja con AREX. Le interesa también el fortalecimiento organizacional de los productores y el mejoramiento de infraestructura de riego. Mencionó como iniciativas especiales los cambios productivos en la zona andina en la que se están promoviendo el cultivo de arándanos que se suma a los hongos comestibles, con miras a la exportación.

Heinz Plenge, del Área de Conservación de Chaparrí, se pregunta qué hacer con este extenso territorio de las comunidades campesinas y una de las posibilidades es dedicarlas al turismo. Recomendó a los empresarios que se asocien con las comunidades para proyectos ambientales, económicos, como alternativa a los problemas que generan las mineras. Se sugiere crear una marca regional.

Carlos Paredes García, el representante del Colegio de Arquitectos hace referencias a la experiencia turística de Colombia, plantea la importancia del Proyecto Olmos, habló de los corredores económicos, del gran reto que significa planificar esos nuevos centros poblados que se instalarán en Olmos para que no se repitan los grandes problemas tenidos en Chavimochic.

Adalberto León de la Universidad Santo Toribio. Las universidades prefieren el conocer, otros enfatizan el hacer y otros enfatizan el tema ético de compromiso con su sociedad. Deben haber cuatro pilares en el trabajo de las universidades: gestión transparente, ayudar a la solución de los problemas de la sociedad, investigación sobre profundización de conocimiento, proyección e interacción social (proyectos de desarrollo humano, planes concertados y presupuestos participativos).

El evento contó como maestro de ceremonias al Dr. Alejandro Santa María, asesor de la Presidencia del CEPLAN

Pedro Alva Mariñas

Todo parece indicar que la buena relación del PEOT con el Valle Viejo de Olmos se ha
deteriorado, a juzgar por las diferencias en relación al tema de la servidumbre
de aguas. En la foto una vista del Sector El Muerto – Olmos. Foto pam. 2012

Nuevamente el PEOT quiere repetir la estrategia de imposiciones o de acciones forzosas en el ámbito de la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos, en esta vez les toca el turno a los comuneros del Valle Viejo por cuyas posesiones se construirá la infraestructura de riego para llevar el agua trasvasada a las áreas ya subastadas y en proceso de subasta. No comprendemos a cabalidad las razones que llevan a los funcionarios del PEOT a optar por un camino complicado, de generación de tensiones, cuando pueden hacerlo con otra actitud, con otra metodología.

Luego de la subasta de tierras, que ingresa a su tramo final, se inicia el proceso de construcción de la infraestructura menor de riego (embalses, canales principales, etc.) que estará a cargo de la empresa H2Olmos (subsidiaria de Odebretch) ganadora y largamente beneficiada de un contrato de concesión. Para el efecto el PEOT promovió (y logró) la firma de dos acuerdos de dudosa legalidad con la dirigencia comunal presidida por Grimaldo Monja Benítez. El primero de ellos es el “Acta de compromiso para afectación de área comunal (1/09/ 2011) y el segundo es el “Acta de compromiso comunal sobre pago de afectaciones individuales” (26/10/2012). En la primera acta, de una sola página y sin sellos se acuerda el pago de 200 dólares por hectárea afectada y, en la segunda acta, se acepta el compromiso del PEOT de pagar a la directiva comunal el importe de las servidumbres y ésta se compromete, a su vez, a pagarles a los comuneros afectados. Estas decisiones en las alturas, con total desconocimiento de los comuneros afectados, se trata de airearlas mediante una reunión de consulta con algunos comuneros afectados directamente (02/12/2011). Es posible que existan otros documentos a los cuales no hemos tenido acceso.

Basado en estos acuerdos y con la evidente complicidad de la dirigencia comunal el PEOT considera que tiene el camino libre para abordar, en posición de ventaja, el trato con los comuneros afectados por las obras de infraestructura en el Valle Viejo de Olmos. Así inician las visitas de sus trabajadores, las entrevistas personales con los comuneros y la presión o recomendación para que firmen los documentos de aceptación de la servidumbre forzosa de sus posesiones y el pago acordado. A los comuneros les costó dar como cierta la valorización de US$ 200 por hectárea afectada y más todavía el compartir el 50% con la directiva comunal. Hay que remarcar que el pago es por las tierras afectadas, pues el PEOT se compromete a realizar pagos adicionales.

Esta estrategia no pasó inadvertida para los comuneros de algunos sectores del Valle Viejo y leyeron que se estaba repitiendo la historia de La Algodonera y rápidamente decidieron hacer los contactos necesarios y luego optaron por agruparse en Juntas de Administración Local, que son órganos de gobierno local establecidos en la Ley General de Comunidades y el propio estatuto comunal. La primera medida fue solicitar al PEOT la información básica para poder tomar una decisión; sin embargo este pedido no ha tenido respuesta positiva.

Un joven comunero de Tunape, dirigente de la Junta de Administración Local, saliendo de su casa ubicada en el Valle Viejo. Como él, muchos jóvenes se sienten afectados por las decisiones tomadas sin su conocimiento. Foto pam. 2012

Resulta difícil comprender el silencio y hasta ocultamiento de información por parte de la directiva comunal anterior que hasta la fecha no presentan los documentos firmados con el PEOT; pero tampoco comprendemos la demora del PEOT a brindar información. En el caso de la Comunidad se ha pasado por alto el Estatuto que reconoce el derecho de los comuneros a ser informados de las acciones que realiza la Directiva Comunal (Artículo 18º) y en el caso del PEOT la información debió entregarla en sus visitas de persuasión a los comuneros y, en todo caso, contestar la solicitud de información presentada por directivos de las Juntas de Administración Local de El Muerto y Tunape (20/01/2012)

Para ubicarnos en el contexto debemos aclarar que las tierras del Valle Viejo son propiedad (quizás con algunas excepciones) de la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos y no forman parte de las áreas confiscadas por el Proyecto Olmos. En estas tierras la directiva comunal debió proponer un acuerdo global con el PEOT para el establecimiento de la servidumbre y convertirla en una oportunidad para posibles beneficios directos para la propia comunidad campesina y para sus comuneros. No nos explicamos el allanamiento total de Grimaldo Monja y sus dirigentes.

Este allanamiento está teniendo consecuencias para la Comunidad de Olmos en general y, en especial, para los comuneros que, de continuar la estrategia del PEOT, estarán siendo afectados por la servidumbre forzosa y los pagos unilaterales que se están imponiendo. Dando continuidad al proceso de imposición de servidumbres de aguas, el PEOT ha procedido a entregar cartas notariales a los comuneros por cuyas posesiones se construirán las obras que aseguran que el agua fluya hacia las áreas subastadas y por subastar.

A la luz del caso de los comuneros desplazados por el PEOT el año pasado y de este caso de comuneros del Valle Viejo, es inevitable preguntarnos ¿porqué el Estado, ya sea nacional, regional o sectorial, tiene la costumbre de valorizar tan poco al trabajo, a las propiedades y posesiones de los comuneros y agricultores?

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Blog: http://blog.pucp.edu.pe/blog/alvamarinas
http://www.inderperu.com/

La Federación de Comunidades Campesinas de Lambayeque – FEDECCAL, cerró el año con un importante conversatorio en el que trataron varios temas, entre ellos el del territorio comunal y de las inseguridades jurídicas que tienen que afrontar. La situación está llegando a tal extremo que los líderes comuneros están solicitando la intervención de la Comisión Agraria del Congreso y el funcionamiento de una instancia administrativa dentro de la Región. Lo interesante es que los dirigentes comuneros perciben que los problemas se generan desde afuera de las comunidades, pero también desde dentro (fotos pam.2011)

CONSIDERANDO

1º QUE EN EL AMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO OLMOS SE HA DESATADO UNA FIEBRE DE INVASIONES, CONCESIONES, CESIONES COMPRAS Y VENTAS DE TIERRAS COMUNALES QUE SON Y SERÁN FUENTES DE GRANDES TENSIONES EN LA ZONA. QUE ESTA SITUACIÓN SE PRODUCE POR LA CONFLUENCIA DE VARIOS FACTORES: EN PRIMER LUGAR POR LA FALTA DE TITULACIÓN DE LAS TIERRAS COMUNALES O LA EXISTENCIA DE GRANDES ZONAS EN CONTROVERSIA QUE NO SE ESTÁN RESOLVIENDO Y FRENTE A LO CUAL LA GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA NO HACE NADA Y EL COFOPRI COLABORA PARA AGRAVARLA. SE PRODUCE TAMBIÉN POR LA EXISTENCIA DE MALAS DIRIGENCIAS QUE COMENTEN DELITOS BASADOS EN LOS CAMBIOS ESTATUTARIOS ILEGALES QUE, LAMENTABLEMENTE LA SUNARP LOS INSCRIBE. PERO TAMBIÉN EXISTE LA PRESENCIA DE TRAFICANTES DE TIERRA QUE INVADEN PREDIOS COMUNALES Y LUEGO LEGALIZAN SU POSESIÓN MEDIANTE PROCESOS FRAUDULENTOS.

2º EJEMPLOS MUY CLAROS Y ESCANDALOSOS TENEMOS EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE: EL TRAFICO DE TIERRAS QUE SE PRODUCE EN EL VALLE JEQUETEPEQUE – ZAÑA EN EL CUAL EL PROYECTO PEJEZA A REMATADO TIERRAS COMUNALES A DIESTRA Y SINIESTRA, EL CASO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE REQUE, DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE JAYANCA, EL CASO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA. FINALMENTE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLMOS (DE LA QUE LE CONFISCARON 112,000 HÁS. PARA SUBASTARLAS A EMPRESARIOS PRIVADOS).

3º FINALMENTE EMPRESARIOS PRIVADOS CON NO BUENAS INTENCIONES SE ACERCAN A LA COMUNIDAD DE MÓRROPE PARA FIRMAR O CONVALIDAR CONVENIOS DE CESIÓN DE TIERRAS POR 30 O 50 AÑOS SIN QUE ÉSTOS PASEN POR MECANIMOS PROPIOS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA.

4º QUE ESTAS SITUACIONES HAN SIDO ALENTADAS POR NORMAS Y MEDIDAS DICTADAS POR LOS DIFERENTES GOBIERNOS, EN ESPECIAL DE FUJIMORI – MONTESINOS Y ALAN GARCÍA PÉREZ Y SECUNDADAS POR LOS GOBIERNOS REGIONALES. QUE ESTAS NORMAS NO PARECEN ESTAR SIENDO CUESTIONADAS O MODIFICADAS POR EL ACTUAL GOBIERNO. LO MÁS LAMENTABLE DEL CASO ES QUE MUCHAS AUTORIDADES SE ESCUDAN EN EL “RESPETO A LA AUTONOMÍA COMUNAL” PARA DEJAR INDEFENSAS A LAS COMUNIDADES CAMPESINAS.

5º QUE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS NECESITAN EL ACOMPAÑAMIENTO MAS CERCADO DE LA FEDECCAL PARA PODER FORTALECER SU INSTITUCIONALIDAD, COORDINAR LA SOLUCIÓN DE LOS ASUNTOS INTERCOMUNALES Y HACER INCIDENCIA ANTE EL ESTADO Y EL EMPRESARIADO PARA QUE RESPETEN LOS DERECHOS COMUNALES

POR LO EXPUESTO

EL VIII ENCUENTRO DE COMUNIDADES CAMPESINAS ACUERDA:

1. SOLICITAR FORMALMENTE A LA COMISIÓN AGRARIA DEL CONGRESO Y A LA COMISIÓN DE ORDEN INTERNO LA FORMACIÓN DE UNA COMISIÓN PARA INVESTIGAR EL PROBLEMA DEL TRÁFICO DE TIERRAS QUE SE VIENE PRODUCIENDO EN EL ÁMBITO DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE OLMOS, VIRGEN PURISIMA DE JAYANCA, REQUE, MOCUPE, SANTA ROSA, MOTUPE, MÓRROPE, MONSEFÚ, FERREÑAFE, LAGUNAS, CHEPÉN Y SAN PEDRO DE LLOC, TOCMOCHE, ETC.

2. QUE SE CONSTITUYA UNA INSTANCIA DENTRO DE LAS OFICINAS CONGRESALES DESCENTRALIZADAS DE LAMBAYEQUE ENCARGADA DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO A ESTOS PROCESOS, UN LUGAR EN QUE LAS COMUNIDADES PUEDAN PRESENTAR SUS PROBLEMAS Y PUEDAN SUGERIR A LOS CONGRESISTAS INTERVENCIONES ESPECÍFICAS Y DOCUMENTADAS

3. QUE SE DE TRAMITE UN PEDIDO ANTERIOR DE LA FEDERACIÓN DE COMUNIDADES CAMPESINAS PARA QUE SE INSTALE UNA SUBGERENCIA DE COMUNIDADES CAMPESINAS (CON PERSONAL IDÓNEO Y PRESUPUESTO) DENTRO DEL GOBIERNO REGIONAL O DE LAS DIRECCIONES REGIONALES DE AGRICULTURA, CON CAPACIDAD PARA EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y SOCIAL DE LAS COMUNIDADES Y CON CAPACIDAD DE PRESENTAR OBSERVACIONES A POLÍTICAS Y DECISIONES QUE PUEDAN AFECTAR A LAS COMUNIDADES.

4. SE SOLICITA A LA FEDECCAL A ACOMPAÑAR A LAS COMUNIDADES CAMPESINAS PARA QUE FORTALEZCAN SU INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA, LA RENOVACIÓN DEMOCRÁTICA DE SUS DIRECTIVAS Y EL FUNCIONAMIENTO COMO TALES, COMO CONDICIÓN PARA QUE LAS COMUNIDADES PUEDAN ENFRENTAR MEJOR LOS GRANDES DESAFÍOS QUE TIENEN.

Con la participación de más de 300 representantes de comunidades campesinas de Tumbes, Piura, Amazonas, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad y Ancash se realizó, en la ciudad de Chiclayo (7-8 Enero 2012) un evento denominado “Evaluación interna del borrador del reglamento de la ley de consulta” y que estaba destinado a recoger las opiniones de los líderes comuneros del Norte con miras a la redacción de un borrador del reglamento de la Ley de Consulta. El evento fue organizado por la Comisión Multisectorial encargada de presentar un Proyecto de ley, el mismo que está conformado por AIDESEP, CCP, CNA, CONAP, CONACAMI y ONAMIAP y con la asistencia del Ministerio de Cultura.

Lamentablemente gran parte del primer día se pasó en exposiciones protocolares, pudiendo aprovechar mejor el tiempo y la gran oportunidad de tener a tantos líderes reunidos. Ya para el segundo día se organizaron varios grupos de trabajo, en un esfuerzo por recoger la diversidad de temas que se plantean alrededor de la consulta previa, entre ellos: ¿A quiénes se consulta y cómo?, ¿Qué entendemos por afectación directa? , Vigencia de Estándares Internacionales, ¿Cuándo se hace la consulta?, ¿Qué sucede si no se alcanzan acuerdos o no se logra el consentimiento?, ¿Qué debe contener el Plan de Consulta?, ¿Qué entendemos por plazo razonable?, ¿Cómo debería ser la institucionalidad indígena?, ¿Cómo debería desarrollarse la etapa de evaluación interna?, Acciones en relación a medidas administrativas y legislativas que no fueron consultadas.

De las exposiciones de los grupos de trabajo, realmente en tiempos bastante apretados, se fue sacando en limpio varias observaciones a la misma ley y al documento borrador que había circulado en la reunión. Entre los acuerdos más importantes destacamos:

a. El concepto de afectación no debiera limitarse al área concesionada sino a todo el territorio que es afectado por una industria extractiva, en tal sentido se recomendó utilizar el concepto de poblaciones o cuencas afectadas.

b. Que los artículos 3, 7 y 15 debieran adecuarse a los estándares internacionales del Convenio 169 de la OIT que subraya el derecho de consentimiento de los pueblos indígenas u originarios. En este punto señalan textualmente “No estamos de acuerdo con el procedimiento de aprobación de la Ley de Consulta, por lo que exigimos su modificatoria”

c. La consulta no debiera ser una acto, un proceso direccionado, sino un proceso libre, informado, con la participación de la población afectada por el proyecto y en el que deben considerarse a las comunidades campesinas, comunidades nativas y también las rondas campesinas.

d. Frente a la situación de lograrse acuerdos en el proceso de consulta se acordó que debiera respetarse la decisión de la población, por encima de toda otra consideración.

e. En relación a la rectoría del proceso de consulta debiera tener rango ministerial, con autonomía técnica y administrativa y participativo y debiera, además “regular, evaluar y velar por el cumplimiento de políticas públicas a favor de los Pueblos Indígenas”

f. En la visión de desarrollo de los participantes afloró con bastante nitidez el NO a la minería, la revisión de las concesiones mineras, respeto al derecho de los pueblos, cumplimiento de estándares internacionales y el cumplimiento de promesas de mayor gravamen para las empresas mineras. Igualmente expresaron la importancia del “fortalecimiento orgánico e institucional de comunidades y rondas campesinas; capacitación permanente a todos los miembros de la organización”. Dentro de la visión de desarrollo los participantes mencionaron la contaminación, la inclusión social, la erradicación de la pobreza, educación, competitividad, diálogo social, cambio climático, crisis alimentaria, seguridad ciudadana, equidad de género, etc.

g. Los sujetos de consulta debieran ser, siempre siguiendo los acuerdos del evento: “los Pueblos Indígenas, Comunidades Campesinas, Originarios, Rondas Campesinas, Centros Poblados, caseríos y ciudades de la costa, sierra y selva, que pueden verse afectadas por una medida legislativa o administrativa, del ámbito geográfico expandido en el cual se ejecutará el proyecto. La consulta se realiza a través de sus instituciones u organizaciones representativas, así como a las organizaciones de administración del agua en su cuenca hidrográfica y que puedan verse afectados de modo directo o indirecto”.

h. El Plan de Consulta debiera tener componentes como: la aplicación de la zonificación económica y ecológica, el respeto del derecho consuetudinario de las comunidades y rondas campesinas, debe eliminarse la mención al derecho de veto, debe incluirse el tema del consentimiento.

i. A la pregunta de ¿Qué pasa con las medidas o decisiones en marcha y que no fueron consultadas previamente? Los participantes señalaron que acudirán a las instancias internacionales para dejarlas sin efecto; mientras que acordaron respaldar la ordenanza regional del Gobierno Regional de Cajamarca en relación al Proyecto Conga de la minera Yanacocha.

La conducción del evento macro norte estuvo a cargo de dirigentes nacionales de gremios agrarios, quienes a pesar de las evidentes diferencias, han tratado de encontrar una base unitaria en relación al borrador del reglamento de la Ley. En la foto la mesa directiva del evento (foto pam.2012)
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Fuente: Acta del Evento Macro regional Norte de Evaluación Interna del Borrador del Reglamento de la Ley de Consulta y notas personales. ver también: http://www.inderperu.com

Pedro Alva Mariñas

Los comuneros posesionarios de las tierras que se están subastando en el ámbito de la Comunidad Campesina de Olmos estuvieron aislados, sin organización propia, sin contactos con organizaciones sociales, sin capacidad de negociación y teniendo como único contacto con el mundo exterior a los trabajadores del Proyecto Especial Olmos – Tinajones (PEOT). Esa situación ha cambiado radicalmente en tan sólo cinco meses: Ya no están solos y celebramos que cada día más personas se enteren del tema y presionen para una solución justa y digna, a pesar de las circunstancias.

En estos días la Fiduciaria ha tenido un primer resultado: la venta de las primeras 20,000 Hás. de un total de 38,000 que se proyecta subastar y justamente en estos días, los comuneros en proceso de desplazamiento, han logrado el respaldo de los dirigentes de comunidades campesinas de Lambayeque, han presentado su problemática en una sesión del Consejo Regional de Lambayeque y han ofrecido, una conferencia de prensa.

La FEDECCAL, entidad representativa de las comunidades campesinas del Departamento de Lambayeque, ha realizado su VIII Encuentro (Chiclayo, 6/12/2011) para tratar diversos problemas que aquejan a las comunidades y renovar una plataforma de acción para los siguientes seis meses. Uno de los temas tratados estuvo referido a los grandes proyectos de irrigación y las comunidades campesinas y fue en este punto donde se abordó el tema de los comuneros desplazados por el PEOT. Han sido los propios representantes de los comuneros desplazados los encargados de presentar su situación, los resultados del diálogo y las situaciones pendientes.

En el gráfico se muestra otra de las muchas viviendas destruidas por el PEOT en una jornada que hemos calificado de barbarie. La foto corresponde al sector Vega del Desaguadero. Justamente estos hechos fueron denunciados por los propios comuneros afectados. (foto pam.2011)

En el considerando de la moción aprobada, los líderes comuneros señalan que “una maldición parece perseguir a las tierras comunales pues, cuando están en poder o posesión de las comunidades campesinas, el Estado se niega a realizar proyectos de irrigación, pero una vez que se apropia de las tierras … da luz verde a la ejecución de los proyectos … Así ha sucedido hace 25 años en los casos de PEJEZA (Proyecto Jequetepeque – Zaña) y está sucediendo en la actualidad en el caso del PEOT (Proyecto Especial Olmos – Tinajones). Seguidamente los comuneros afirman que la confiscación de tierras comunales es la raíz de los males que sufren los comuneros de Olmos y en particular los desplazados y sobre lo cual “el PEOT, el Gobierno Regional y el Gobierno Nacional no han tomado decisiones de cambio”.

En referencia más específica a la problemática de los comuneros desplazados se acuerda: “Demandar al PEOT, al Gobierno Regional y a Odebretch que cumpla con las compensaciones globales a los comuneros de La Algodonera y La Misteriosa, lo que significan: reubicación y construcción de viviendas dignas para todos los comuneros afectados, reponer sus tierras para sus actividades productivas y para lo cual se ha pedido 550 Hás. Para los comuneros de La Algodonera y de 400 Hás. Para los comuneros de La Misteriosa. Finalmente que se considere un pago adicional a los comuneros por la destrucción de sus bienes y que se considere programas de desarrollo agropecuario y de desarrollo de capacidades humanas (educación, salud, electricidad) para los comuneros desplazados.