Reporte de un descubrimiento (27/06/1986). 

Ant. Pedro Alva Mariñas

 Instituto  de Desarrollo Regional (INDER)

BREVÍSIMA PRESENTACIÓN. Este artículo es en buena cuenta, el reporte del descubrimiento del sitio arqueológico de Congona, sector de la Comunidad Campesina San Juan de Cañaris de la Provincia de Ferreñafe, Departamento de Lambayeque – norte del Perú. El hallazgo se realizó el 27 de Junio de 1986 y del cual se dio amplia cobertura en los medios locales. Lo que hacemos ahora es reproducir, con ligeras variantes, el artículo publicado en la Revista Avances en su primera edición del mes de mayo de 1995.

Nos reconforta que este lugar haya sido preservado por los comuneros y líderes de Congona y de Cañaris y también nos alegra que después de 27 años se estén iniciando los trabajos propiamente arqueológicos de un sitio que hasta ahora nos sigue fascinando y que una serie de circunstancias nos facilitaron darlo a conocer a la sociedad y a los especialistas.

A continuación presentamos un fragmento del artículo publicado en la Revista Avances. El texto íntegro se puede leer en www.inderperu.com

LAS PIEDRAS CON ENCANTO.

No hay duda de que el lugar ha generado en los pobladores un reverente respeto por estos restos de los “gentiles” a tal punto que no se han encontrado evidencias de huaqueo en la zona hasta nuestra última visita (1991). En este sentido se conocen dos historias sobre el lugar. Una primera afirma que en Joroshpampa un rayo destruyó parte de la construcción y dañó una piedra plana colocada a la entrada del recinto y que era sostenida por las columnas. Efectivamente en nuestra primera visita pudimos ver en el piso restos de una piedra muy pulimentada de forma plana y de color blanquecino; pero la mención al rayo (además muy común en la zona) puede ser una versión figurada de la desaparición de esa sociedad de gentiles por fuerzas superiores representadas por el poder del rayo.

En cuanto a las columnas se comenta que un comunero, hace ya muchos años, decidió transportar esas piedras a su casa y utilizar una de ellas como parante del telar rústico típico del lugar. La huella de la soga que sostenía el telar todavía se aprecia en la parte superior de una de las columnas, lo que confirmaría este uso. Al poco tiempo empezó a tener problemas con la salud de sus animales, luego se enfermaron sus familiares y hasta perdió a uno de ellos. Convencido que eran las piedras las causantes del “daño” las retiró del patio de su casa y con la ayuda de una yunta las llevó hasta las cercanías del lugar donde las encontró, abandonándolas en plena chacra. Posteriormente el dueño de dicha parcela las retiró del lugar y las colocó en el cerco en donde fueron encontradas por nosotros el año 1986.

 PRIMERAS INFORMACIONES.

Una entrevista con comuneros y el docente Miguel Porro, durante la festividad de San Juan Bautista del pueblo de Cañaris, me facilitó la primera información imprecisa de la existencia del sitio arqueológico de Congona y fue impreciso porque muy poca gente había visto las piedras, ni siquiera el docente mencionado. Interesado por esa información decidí atravesar la cordillera, rumbo a Motupe. Apenas llegado al sitio (27-6-1986), uno de los vivientes entrevistados me condujo, en plena llovizna, a un promontorio o pequeña lomada en donde descubrimos las primeras evidencias del sitio: una pared de piedra semi enterrada, una solitaria piedra muy pulida, un recinto circular de piedra, en la parte posterior una escalinata amplia de piedra y la evidencia de terrazas. La construcción estaba cubierta de tierra y maleza. Ya casi al cerrar la tarde logramos ver las dos columnas colocadas como parte del cerco de una parcela de propiedad del comunero Daniel Rinza M.. En esta ocasión sólo pude captar unas fotografías, sin poder apreciar las figuras allí representadas.

Del descubrimiento de Congona, el diario La Industria de Chiclayo, dio la primicia en su primera plana (15-7-1987).Nota firmada por Pedro Roque.  Posteriormente se publicó una fotografía nuestra de las columnas en “Lambayeque y su esplendor” de Eric Mendoza y, a invitación del Centro de Estudios Arqueológicos de Lambayeque – CEAL, realizamos la única exposición del sitio para una reducido grupo de invitados. Por tal, ésta es la primera vez que nos ocupamos de este sitio arqueológico. Sabemos que en  épocas recientes ha sido visitado por algunos estudiosos, gracias a la información aparecida.

Consideramos importante mencionar que no se conoce evidencia ni referencia alguna de que algún estudioso, ni siquiera H. Brüning haya registrado el sitio. En la relación de fotografías publicadas no aparece mencionado Congona, ni tampoco  en los itinerarios de sus viajes reconstruidos por R. Schaedel.

 LAS COLUMNAS O MONOLITOS

No hay duda que, por el momento, lo más importante del sitio de Congona es la existencia de dos columnas de piedra tipo cantera, de forma cilíndrica, asociados como ya dijimos a la arquitectura del sitio arqueológico. Toda la superficie de las columnas  están tallados con figuras bastante complejas en la que destacan claramente formas humanas, de ave y de felino, en una abigarrada y sorprendente fusión que expresa con claridad el carácter religioso de lo allí representado. Los trazos realizados por el o los artistas pretéritos están muy bien delineados, son líneas muy definidas, gruesas y profundas facilitadas por la poca dureza del material. En algunos casos se trata de incisiones y, en otros se desbasta el fondo de la figura para hacerla quedar resaltada, a manera de un alto relieve, esto se nota principalmente en la parte alta, para delinear el perfil del personaje.

Se trata de dos columnas cilíndricas con su diámetro ligeramente  mayor en el centro que en los extremos. La columna A está mejor conservada, salvo una pequeña porción en que es difícil reconstruir las líneas primigenias. Esta columna mide de alto 1.58 m., su diámetro inferior mide 1.39 cms., su diámetro superior 1.27 m. y el diámetro central mide 1,42 cms. La columna B es la más deteriorada y, para suerte, la que tiene la representación menos espectacular. Por falta de espacio describiremos sólo una de las columnas. En repetidas ocasiones escuché a los comuneros del lugar referirse a las dos piedras como “machito y hembra”, el macho era la columna A por estar mejor adornada y por tener representado parte de un hombre.

UN CENTRO CEREMONIAL?

 Existen ciertos elementos que nos llevan a suponer que Congona sería un centro religioso, talvez no de gran magnitud por la no existencia de edificios monumentales de otros lugares,  con  influencia en Cañaris y las zonas aledañas. Entre estos elementos podemos mencionar a los siguientes: Existen elementos arquitectónicos que conllevan un interés por impresionar a los visitantes de estos recintos tales como escalinatas amplias, terrazas superpuestas, amplia plaza. La existencia de columnas de piedra muy similares al sitio de Chavín de Huantar que ha sido definido como un centro ceremonial de importancia panandina. Es posible suponer entonces que este tipo de columnas eran propias de una arquitectura religiosa y cuya presencia ha sido documentada en varios sitios atribuidos al Formativo. La existencia, en una de las columnas, de una representación que recuerda al mítico personaje ornitomorfo con rasgos felínicos y antropomorfos que ha sido definida como la deidad andina por excelencia. Una representación tan especial no podía estar en cualquier edificio sino en aquél que tuviera un sentido religioso.

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DIVINIDAD DE CONGONA REPRESENTADA EN LA COLUMNA A.

Textos, fotografías y gráficos son propiedad del autor.

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Pedro Alva Mariñas*

Oh!, Tierra querida, enjambre de ensueños,

qué dicha tan grande en tu suelo vivir;

sentir tu cariño, tratar con tu gente,

y todos unidos hacerte surgir.

(Himno a Chongoyape. José Silva Tirado)

 En la cálida tarde del 02 de Marzo los elegidos integrantes del Comité Electoral Comunal 2014, concluían con un periodo conflictivo de su comunidad campesina, no se imaginaban las experiencias que protagonizarían en las semanas siguientes y que los convertirían en los personajes más importantes de la Comunidad, durante tres meses. No sólo heredaban un conflicto por el liderazgo de la comunidad entre tres presidentes, uno de ellos en funciones, y dos salidos de procesos electorales cuestionados por los perdedores; sino que el conflicto se  había judicializado y, además, el local comunal había sido tomado y retomado y vuelto a tomar a la fuerza, ese local estaba sin muebles, sin guardián, sin documentación y, para variar, la caja comunal estaba en bancarrota. Felizmente el Comité Electoral nacía preparado para enfrentar los desafíos pues la  asamblea en que fueron elegidos se desarrolló en un ambiente muy tenso que amenazaba con desbordar a los concertadores venidos desde Chiclayo. Felizmente sumas de experiencia, conocimiento del tema, respaldo de las rondas campesinas capitaneadas por Hortencio Orozco ayudaron a superar las dificultades.

 Luego de la juramentación los integrantes del Comité mostraron rápidamente su valía y sus pergaminos, no eran, ni mucho menos improvisados en estas lides. El presidente, Pedro Dávila Castillo, había sido un curtido sindicalista de Pucalá que sabía de estas luchas y de manejo de asambleas y que en los últimos meses estaba litigando contra las pretensiones terratenientes de Genaro Vera Roalcaba (el amigo de todos los políticos), el Secretario Izael Zapata García, había sido regidor de la municipalidad local y ahora, convertido en un emprendedor, sabía de negociaciones y de afrontar situaciones de clientes difíciles. Pero el vocal, Dociteo Tafur Díaz,  no se quedaba atrás porque su nombre – Dociteo – no procede de dócil, sino todo lo contrario, pues se había enfrentado a los difíciles caminos carrozables de nuestra serranía como  transportista de personas y mercancías y ya convertido en líder de una Junta de Administración Local, había puesto varios “paralés” a invasores y traficantes de tierras en uno de los sectores más conflictivos de su Comunidad. Sin quizás saberlo, sin proponérselo los comuneros habían elegido un Comité Electoral adecuado a las circunstancias.

 Los litigios judiciales generados por elecciones comunales no era una novedad en el caso de la Comunidad Campesina Muchik “Santa Catalina” de Chongoyape, pero sí la intensidad de la misma y el hecho que en poco tiempo la comunidad contara con tres presidentes, uno que terminaba su mandato y dos elegidos en procesos electorales cuestionados por los opositores y que no lograron inscribirse en Sunarp. Como parte de esta trifulca el Presidente cesante, Segundo Culqui entabló un proceso por “violación de domicilio, contra la propiedad privada en la forma de asociación ilícita y por usurpación de funciones” en contra de varios comuneros, entre los que se encontraba el Sr. Lázaro Rodas Morales, último presidente electo de la Comunidad y que había liderado el ingreso forzado al local comunal (Septiembre 2013). El imputado Lázaro Rodas contesta que no ejerció violencia y más bien estaba ejerciendo acciones propias de su cargo ya que había sido elegido presidente de la Comunidad en elecciones del 23/06/2013 y que el presidente Culqui se negó a reconocer esa elección a pesar que contó con “participación de autoridades judiciales, políticas, PNP y comuneros”. Además presenta una contradenuncia que, sumada a la que realizó Porfirio Torres – el primer presidente reemplazante de Culqui—nos encontramos con una danza de citaciones, alegatos, presentación de pruebas en las fiscalías y en los juzgados con los consiguientes impactos en el tiempo, la economía y la convivencia de los comuneros.

 Además de los juicios – que tienen un enorme peso en la subjetividad del poblador rural – se tenían muchos componentes de un verdadero problema sin solución a la vista: la comunidad contaba con tres padrones de comuneros elaborados en menos de un año: el primero contaba con 350 empadronados, elaborado por una comisión presidida por Hermenegildo Torres que sirvió de base para la elección de Porfirio Torres, el segundo fue realizado por un Comisión presidida por Juan Carrasco  y que contó con 686 comuneros (en el padrón faltan 29 folios) y el tercer padrón con 828 comuneros y cuya comisión fue presidida por Marco Castillo Díaz. Frente a una situación así el Comité Electoral tomó en cuenta los tres padrones para confeccionar un “Padrón Electoral 2014” que luego de ser prepublicado y de absolver las tachas y sugerencias terminó por cerrarse con 906 comunero hábiles para votar. Tal decisión, a pesar de ser inclusiva, no satisfizo a ciertos sectores de poder que llegaron a contratar un espacio radial y a un periodista de Chiclayo para desatar una de las campañas más infames contra un proceso democrático en Chongoyape.

 Sólo los más optimistas – entre ellos Leonardo Reyes de Fedeccal y Pedro Alva Mariñas de Inder – pudieron prever la avalancha de votantes que llegaron a 684 comuneros y que repartieron su voto en favor de los cuatro candidatos que se presentaron a las elecciones: Lázaro Rodas Morales de la Lista Verde recibió 238 votos, siendo el ganador; Edivar Carrasco Vásquez de la Lista Azul fue favorecido con 174 votos; Segundo Culqui Mendoza de la Lista Amarilla contó con 137 adherentes; y David Zapata García de la Lista Rosa acumuló 98 adherentes. Se contaron también 8 votos en blanco y 29 votos nulos. Las actas de mesa de sufragio no tuvieron votos impugnados y los personeros de las Listas también estamparon sus firmas en señal de conformidad con los resultados. Esto no quiere decir que los perdedores y los opositores al proceso electoral hayan quedado satisfechos y sin iniciativas.

 Terminaba el acto electoral al anochecer del 27 de Abril y se aprovechó los últimos rayos de luz para firmar  las actas y para proclamar a la nueva directiva de la Comunidad Campesina Muchik “Santa Catalina” de Chongoyape que regirá los destinos de esta Comunidad desde el 27 de Abril del 2014 hasta el 31 de Diciembre de 2015. Ya en plena oscuridad hicieron uso de la palabra los integrantes del Comité Electoral, el presidente de Fedeccal, el representante de Inder, el Juez de Paz de Chongoyape y, lógicamente Lázaro Rodas Morales como el flamante Presidente de la Comunidad. Sólo una larga fila de mototaxis, manejados por jóvenes comuneros, se desplazaron de Tierras Blancas a Chongoyape para anunciar, a bocinazo limpio, que la prestigiosa Comunidad ya contaba con una nueva directiva y que se recobraba las esperanzas para casi un millar de comuneros.

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Este artículo ha sido publicado en Semanario Expresión de Chiclayo.

 *Pedro Alva Mariñas trabaja en INDER. Correo: inderperu@hotmail.com

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Pedro Alva Mariñas*

En estos tiempos en que se habla del Fenómeno El Niño, es recomendable ubicar este fenómeno natural en un contexto más amplio, como el calentamiento global, y relacionarlo con el crecimiento económico y progreso que está logrando el país. Se sostiene que los logros alcanzados por el país están seriamente amenazados por los riesgos que significa el cambio climático y que si queremos continuar con el crecimiento y mejorar las expectativas de profundizarlo y de hacerlo inclusivo, debemos asumir medidas preventivas, correctivas y reactivas frente a esta amenaza global. De no hacerlo estaremos sufriendo las consecuencias de fenómenos climáticos que nos causarán grave daño, especialmente a las poblaciones vulnerables.

En la introducción del “Informe sobre Desarrollo Humano. Perú 2013¹ se dice que “El Perú es uno de los países de la región de América Latina y el Caribe con mayor crecimiento económico, mayor progreso en su trayectorias hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y mayores logros en el desarrollo humano. Entre el año 2000 y la actualidad, el país ha dejado de pertenecer al de renta media y se incorporó al grupo de renta media alta y desarrollo humano alto, con las oportunidades y los desafíos que implica este nuevo estado”. Si bien estamos de acuerdo con lo anterior debiéramos concordar también en que debiera ser complementada con tres componentes: la equidad, la sostenibilidad y más democracia.

Estamos acostumbrados a que los gestores públicos – a nivel regional y local – tengan el concepto que equipara desarrollo con más y más infraestructura, concepto que se traduce perfectamente en sus rendiciones de cuentas, en sus campañas publicitarias y en sus intervenciones. No han incorporado la importancia del “desarrollo social” como un componente del desarrollo integral y que se expresa, entre otros elementos, en que la Gerencia Regional de Desarrollo Social esté encargada de coordinar algunos programas asistenciales y no sectores clave como Educación, Salud y Trabajo.

Pero los gestores públicos todavía está más lejos de incorporar a la visión de desarrollo el componente ambiental y ello se expresa, entre otros elementos, en la indiferencia y complicidades con la depredación masiva de los bosques de Lambayeque (mayormente con  autorización oficial) y a la nula supervisión de actividades altamente contaminantes que tienen impactos en el aire que respiramos, en el agua que bebemos y en el deprimente paisaje que tenemos que sufrir diariamente.

El Informe de Desarrollo Humano 2013 insiste en la importancia del componente ambiental para el desarrollo integral, al recordarnos – una vez más – que los fenómenos climáticos extremos podrían traer abajo el crecimiento económico logrado con tantos esfuerzos. Nos recuerda que el cambio climático ya está presente; pero a pesar de ello no estamos preparados para enfrentarla: contamos con una débil información y difusión, existe  pasividad e inacción de actores públicos, privados y sociales con responsabilidad en el tema y, no estamos generando ni aprobando proyectos importantes para mitigar los efectos de eventos catastróficos como las lluvias excesivas (las principales ciudades de Lambayeque no cuentan con obras de desagüe pluvial)

Para hacer frente a los efectos del cambio climático el Informe propone tres tipos de medidas: las de carácter prospectivo orientadas a revertir las condiciones de riesgo, anticipando situaciones futuras y tratando de reducir vulnerabilidad. Medidas correctivas destinadas a reducir o limitar la exposición a los procesos en marcha y que son posibles de revertir y fortalecer respuestas institucionales para hacerles frente. Medidas reactivas orientadas a responder de manera inmediata a los impactos del cambio climático en marcha y organizar la capacidad de respuesta.

 Esperamos que los realización en el Perú de la 20ª edición de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 20) a realizarse en diciembre de este año, sea una oportunidad para seguir debatiendo sobre este tema, de  generar políticas, proyectos y aprobar presupuestos que permitan enfrentar los riesgos del cambio climático y disminuir el grado de vulnerabilidad de nuestro país, en especial de la zona norte que podría ser la más afectada.

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 Nota 1. Informe sobre Desarrollo Humano. Perú 2013. Cambio climático y territorio: desafíos y respuestas para un futuro sostenible. PNUD, Lima, 2014

 *Pedro Alva Mariñas es investigador del Instituto de Desarrollo Regional – INDER. Correo: inderperú@hotmail.com

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Pedro Alva Mariñas*

Los resultados contundentes de la reciente evaluación censal de estudiantes del segundo grado de primaria, nos devuelven a la dura realidad: estamos ubicados por debajo del promedio nacional en cuanto a rendimiento satisfactorio en Matemáticas y Comprensión Lectora. Pero como si ello no fuera suficiente, la tendencia es a  la baja, según los resultados de los últimos cuatro años. Estos resultados ponen fin a las pocas ilusiones que despertó el ascenso al poder regional de un gerente (y su equipo) de una universidad privada local, considerada como exitosa.

Se han ensayados diversas explicaciones a estos resultados, pero lamentablemente no se profundizan, no se las somete a una discusión pública y, pasadas las primeras impresiones, todos vuelven a sumergirse en sus tareas habituales. Lo llamativo del caso es que los propios gestores de la educación regional no se muestran interesados en difundir ni menos debatir estos resultados.

 El Ministerio de Educación, ha publicado los resultados de la Evaluación Censal, que desde hace un tiempo y todos los años se aplican a una muestra muy grande de estudiantes del segundo grado de educación primaria. La prueba se basa en dos variables importantes para medir la calidad de la educación que se brinda a los estudiantes: comprensión lectora y matemáticas. Por encima de la discusión sobre esta prueba, lo cierto es que esta evaluación nos brinda una base real para analizar el nivel que tiene la educación primaria en el país.

 Aclaramos que estaremos abordando la evaluación censal realizada el año pasado a estudiantes del segundo grado de Primaria. La información ha sido obtenida de la página oficial del Ministerio de Educación y nos limitamos a presentar los resultados globales, dejando para otra oportunidad datos más precisos a nivel de provincias y distritos. También acudimos a información correspondientes a otros años sólo para hablar de una tendencia de los resultados.

COMPRENSIÓN LECTORA

 Comparados con los resultados nacionales diremos que en rendimiento satisfactorio estamos por debajo del promedio nacional. En el segmento “en proceso” estamos mejor que el promedio nacional. Y en el segmento “inicio” estamos mejor que el promedio nacional.

 MATEMÁTICAS

 Comparando con los resultados nacionales nos encontramos que en el segmento “satisfactorio” estamos muy por debajo del promedio nacional; mientras que el segmento “en inicio” tenemos rendimientos por debajo de la media nacional.

 HABLEMOS DE UNA TENDENCIA

 Si tomamos los resultados de las cuatro últimas evaluaciones censales (del 2010 al 2013) nos encontramos que en Matemática el porcentaje de alumnos con rendimiento satisfactorio ha descendido del 16,8% (2010) al 11.8% (2013) y que el porcentaje de estudiantes con rendimientos insuficientes se han incrementado del 47%, el 2010, al 52%, el 2013.

 En Comprensión Lectora tenemos una tendencia a disminuir el porcentaje de alumnos que no comprenden absolutamente lo que leen (esta baja se da especialmente el último censo); sin embargo el porcentaje de estudiantes que salen airosos de la prueba (nivel 2) ha disminuido sensiblemente en estos últimos cuatro años. Tal vez como dato interesante la tendencia de alumnos que están en proceso de comprender lo que leen aumenta en los últimos años.

 La ubicación precaria de Lambayeque en los resultados de la evaluación censal 2013 confirma una tendencia a la baja que es muy preocupante y que requiere explicaciones más profundas y no como las ensayadas por un alto funcionario del Gobierno Regional de Lambayeque que atribuyó los decepcionantes resultados del 2012 a la huelga magisterial que ese año desarrolló el Sutep;  pero que, sin embargo, no afectó a otros departamentos que tuvieron una huelga más prolongada y radical.

CONCLUSIÓN.

 No hay ninguna duda que Lambayeque se encuentra en una posición precaria en las evaluaciones censales, si tenemos en cuenta la relativa homogeneidad de su territorio, la cercanía relativa a todos sus espacios, a la cantidad de instituciones formadoras de docentes, a un equipo de gestores públicos que provienen del mundo universitario, a un capital humano que año a año se actualiza y con grandes sacrificios y a un presupuesto en aumento creciente. Entonces qué es lo que está fallando?

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* Investigador del Instituto de Desarrollo Regional – INDER 

Este artículo es publicado en la columna “Panorama Regional” del Semanario Expresión. Chiclayo, marzo 2014.

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Pedro Alva Mariñas

La Ley General de Comunidades Campesinas (24656) establece, en su primera disposición transitoria, que “las comunidades campesinas elaborarán si propio Estatuto, que regirá su organización y funcionamiento, considerando sus particularidades, dentro del marco de la presente Ley y su Reglamento”. Cuando el estatuto es aprobado en asamblea general de comuneros se convierte en el más importante instrumento de gestión de una comunidad campesina. Por eso en nuestro regreso al mundo  de las comunidades campesinas estamos tomando nota que los  estatutos vigentes de las comunidades campesinas, en su versión original, datan de principios de los años noventa y ya el tiempo los está convirtiendo en documentos absoletos que necesitan ser actualizados..

Presentamos algunas de las consideraciones que sustentan la necesidad que las comunidades campesinas actualicen sus estatutos y que lo hagan siguiendo los procedimientos establecidos. Nos permitimos compartir algunas de estas consideraciones:

Se necesitan medidas más adecuadas para que las comunidades campesinas refuercen su rol de promotoras del desarrollo rural, como protagonistas en la lucha contra la pobreza, que se visibilice mejor su contribución en la lucha contra la inseguridad ciudadana y se las vea como los defensores del medio ambiente, la seguridad alimentaria y la economía familiar. Esto permitirá aparecer como instituciones que apuestan por el futuro, por la inclusión y por el desarrollo integral.

En la mayoría de los casos se necesita complementar las referencias al territorio comunal con una descripción de los principales hitos o linderos comunales, el listado de sus colindantes (si no fueran muchos) consignar el área titulada, las áreas en controversia y su correspondiente situación legal de tal manera que todos los comuneros tengan esta información básica.

Que en las dos últimas décadas se han formulado y aprobado nuevas políticas públicas relacionadas con programas sociales, con programas presupuestales, con espacios de participación y concertación y con normas de carácter internacional que tienen que ser contempladas en los estatutos de las comunidades campesinas. Igualmente debe aparecer la preocupación por la salud, por la educación, por los servicios básicos, por la igualdad de oportunidades, por el cumplimiento de los convenios internacionales y con otras instituciones públicas y privadas.

 Que se fortalezca la institucionalidad comunal y los derechos de los comuneros y familias comuneras. Se tiene que afrontar medidas para eliminar o reducir las acciones de directivas corruptas o sumisas que trafican con los activos de la comunidad y generan el caos institucional. Tienen que generarse mecanismos más efectivos para la mejor defensa de la propiedad comunal, para el uso y disfrute de las tierras y recursos naturales por parte de los comuneros empadronados y sus respectivas familias. Que se vean mecanismos justos y democráticos para incorporar nuevos comuneros de manera formal y que se formalice los traspasos, alquileres y sucesiones familiares de las parcelas.

 La formulación de un Estatuto Comunal actualizado supone entonces dos actividades previas: la recopilación de la mayor cantidad de estatutos de las comunidades campesinas para tener mayor claridad de los artículos que se deben eliminar, modificar o introducir. Por otro lado se requiere una nueva lectura de la normatividad relativa a comunidades campesinas, especialmente las expedidas en los últimos diez años y someterla a análisis de las otras normas legales y de normas o convenios internacionales suscritos por el Perú.

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Nota: Es una iniciativa que estamos trabajando en coordinación con Fedeccal, CIPDES, Tu Tierra e INDER.

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Pedro Alva Mariñas*

Las listas que compiten en las elecciones comunales se identifican con colores y no con símbolos. En el caso de la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos la lista celeste y la lista roja se han turnado en la dirección de la comunidad por mucho tiempo. En el último proceso electoral la Lista Celeste logró desplazar a la Lista Roja que se mantuvo en el poder por más de 10 años, coincidiendo con los periodos más decisivos de la ejecución del Proyecto Olmos. Por ello el apoyo mayoritario que recibió la Lista Celeste puede ser entendida también como un cambio de rumbo en el sentido de una actitud más institucional y dialogante.

 Debe ser por ello que una de las frases más aplaudidas en la ceremonia de juramentación haya sido “Ha vuelto la esperanza a nuestra Comunidad” en alusión al triunfo de la lista de su preferencia y en crítica a un periodo en que la directiva comunal desapareció literalmente como órgano representativo de sus comuneros para convertirse en una instancia adhoc al Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT), a la concesionaria H2Olmos (Odebretch) y también al Gobierno Regional de Lambayeque (periodo Simon y Acuña)

Las elecciones comunales se realizaron el 15 de Diciembre de 2013 y para lo cual el Comité Electoral dispuso la instalación de varias mesas en diferentes caseríos. Terminado el acto electoral se pasó al conteo de los votos, de acuerdo a cómo iban llegando los resultados. Estas actas fueron revisadas por el Comité Electoral, luego de lo cual las incorporó al conteo general. Este conteo general duró hasta aprox. Las 2 de la madrugada del lunes 16, hora en la cual se dio como ganadora indiscutible a la Lista Celeste (4,813 votos), en segundo lugar a la Lista Amarilla (2,904 votos) y en tercer lugar a la Lista Roja (2,553 votos), la Lista Verde (1,043 votos), la Lista Blanca (564 votos) y la Lista Rosada (415 votos). Con estos votos, más los blancos y viciados, representan más de la mitad de los comuneros empadronados y declarados hábiles para votar.

Como resultado de la consulta democrática la nueva directiva comunal de Olmos está integrada por: Presidente, Ismael Maza Cruz; Vicepresidente, Franco Sánchez Serrato; Secretario,  Manuel  Pupuche Maco; Tesorero,  José de los Santos Arroyo Soplopuco, Fiscal, Juan de la Cruz Mío Aldana; Vocal 1, Javier Roque Antón; Vocal 2, José Tito Oyola Mío; Vocal 3;  Edwin Ronald Pupuche Tesén; Vocal 4, Arturo García Serrato (Lista Amarilla). Se trata de una directiva joven, con aspiraciones de desarrollo y cuya elección cuestiona, en la práctica, la afirmación que las comunidades campesinas tienen un apego a la pobreza, a lo arcaico, al no desarrollo.

Dadas los condicionamientos tan complejos y poderosos que se están desarrollando en el ámbito de Olmos, no es posible hacer afirmaciones definitivas respecto a la orientación básica que mantendrá la directiva comunal recientemente elegida. Pero sí podemos afirmar que la directiva marcará aquellos temas que todavía no están resueltos como: la confiscación de tierras comunales, el caso de las servidumbres, la irrigación de las 5,500 Hás. De tierras comunales y el caso de los comuneros desplazados de La Algodonera, La Misteriosa y Vega del Desaguadero y, obviamente, encarará el negociado de tierras comunales. Si sólo estos puntos fueran abordados – mediante el diálogo serio y responsable con las autoridades regionales y nacionales — en los primeros seis meses de gobierno comunal, representará un cambio importante en relación con las directivas anteriores.

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* El autor del artículo es investigador del Instituto de Desarrollo Regional – INDER

– Este artículo ha sido publicado en el Semanario Expresión. chiclayo, Enero 2014

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RESUMEN

Pareciera que en la cálida ciudad de Bagua, se originan algunos documentos notariales usados para desplegar acciones de usurpación de tierras de particulares y de comunidades campesinas. Nos dicen que, por fin, el mencionado notario Tuesta Gutiérrez ha sido “severamente sancionado” por la liberalidad que ha tenido en convertir simples escrituras fraudulentas en escrituras públicas. Pero existen otras notarías que han facilitado los 1295 casos de usurpaciones de tierras denunciados ante la fiscalía de Lambayeque el año 2013.

Con la escritura en la mano el  proceso de formalización  continúa  con la obtención de una  certificación de propiedad expedida por un teniente gobernador inexistente, luego se compromete a la Municipalidad de Monsefú para que extienda una certificación del predio y con todo ello se inician los trámites para la inscripción del predio en la Sunarp. Pero ahora van más allá, para demostrar que han sido posesionados por la autoridad y para ello inventan una invasión a ese predio, sientan la denuncia y logran que la Policía Nacional  expulse a los supuestos invasores.  Ahora se sienten formalizados e ingresan al predio a realizar los trabajos de posesión real: movimientos de tierras, cercados parciales y para lo cual contratan a personas de dudosa procedencia (quizás pertenecientes a algunas de las bandas de delincuentes) y  se preparan para enfrentarse a los verdaderos dueños, si es que éstos tienen la voluntad o capacidad para hacerlo.

La historia de este suceso ha sido presentado por el diario El Comercio en su edición regional de Chiclayo (11/01/2014) en la versión de un “informe central” de dos páginas que compartimos con ligeras modificaciones. El documento ha sido redactado por Roger Aguilar Mendieta.

Pedro Alva Mariñas

CAMPESINOS DE MONSEFÚ DENUNCIAN USURPACIÓN DE TERRENOS

 (Señalan que ciudadano se apoderó de una parte del sector de Sorrocoto amparándose en documentos de un gobernador fantasma. Cuando intentaron recuperarlo, los comuneros dicen que los hechó a balazos con unos matones. Experto advierte que habría una mafia organizada detrás de todo esto)

Los comuneros de San Pedro de Monsefú denuncian que el ciudadano Edgar Hernández les ha usurpado alrededor de 17 hectáreas del sector de Sorrocoto. Señalan que habría falsificado documentos para ello. El caso está en la fiscalía. El jueves 12 de diciembre, los comuneros de San Pedro de Monsefú fueron alertados sobre una invasión en el sector de Sorrocoto, el que consideran su propiedad. El presidente de dicha organización, Iván Lluén, y un grupo de campesinos acudieron a la policía. Después de varias horas de espera, los atendieron. En el trayecto hacia el terreno invadido, para desalojar a los intrusos, uno de los agentes le comentó en el vehículo en el que viajaban que le parecía extraño, pues hacía unas horas justamente en ese lugar ellos acababan de expulsar a unos invasores.

¿Qué había pasado? Según Lluén, una persona al que luego los campesinos identificaron como Edgar Hernández Ignacio se había hecho pasar como el propietario del terreno, habría montado la supuesta invasión y luego pidió ayuda a la policía para el desalojo.

VIOLENCIA

Al día siguiente, los campesinos intentaron echar a los supuestos invasores. Al final, según el dirigente Lluén, los abogados de Hernández se comprometieron a acudir al local de los comuneros el sábado 14 de diciembre, para demostrar con documentos que el predio es de su patrocinado. No asistieron.

La situación se volvió violenta el domingo 15. Luego de una asamblea de emergencia, los campesinos acudieron de nuevo a Socorroto. Según el tesorero de la Comunidad, Mercedes Capuñay, las personas lideradas por el supuesto falso propietario arremetieron contra los campesinos. “Tenían armas y lanzaban disparos. Al ver que golpeaban a mis compañeros, saqué mi celular y me puse a grabar. Me vieron y me agarraron a puñetazos. Me arrancharon el celular y me golpearon en el suelo”, recuerda.

“Casi pierdo la vida ahí”, sostiene Víctor Puicón, Regidor en Monsefú, abogado de los campesinos y quien estuvo con ellos aquel día. “La gente gritaba: ¡el abogado!, ¡ahí está el abogado!, ¡de aquí no sale vivo! Unos matones con armas me redujeron”, relata.

EL HILO DE LA MADEJA.

 La principal incógnita por aclarar era saber quién le vendió el terreno a Hernández, apunta el abogado Puicón. Así, mientras muestra la copia de una escritura pública, afirma que el vendedor fue Luis Izaga Uchofen, que la transacción se hizo nada menos que en una notaría de Bagua en el 2006, presuntamente Hernández pagó S/.24.000 por las casi 17 hectáreas en el sector que identifica como Pómape, no como Sorrocoto. Agrega que el documento con el que Izaga acreditó que el terreno era suyo fue un certificado de posesión que le otorgó “el gobernador del sector Las Pampas”. Al contrastar la información, apunta que el gobernador de Monsefú, Walter Pisfil, le informó que dicho cargo no existe. En esa misma línea le informó a la Comisión de Regantes de Monsefú. “El sector Las Pampas es una ficción”, concluye.

HALLAZGO

Una vez con la escritura del 2006 en su poder, Hernández recién en setiembre del 20l2 tramitó ante la Municipalidad de Monsefú su certificado de posesión, y ya con él acudió a la Sunarp y a Cofopri para formalizarse y asi reforzar su legalidad, indica el abogado. Incluso añade que Hernández acudió a otra notaría en Chiclayo para aclarar que el terreno no estaba en Monsefú sino en el distrito de Santa Rosa

LA INFORMALIDAD

La Comunidad no tiene inscrita la totalidad de sus terrenos en la Sunarp; tampoco está inscrita en dicho organismo la directiva que preside Iván Lluén. Esta informalidad habría sido vista como una oportunidad para que presuntamente se le intente arrebatar una parte de Sorrocoto. Pero el antropólogo Pedro Alva, quien asesora a los comuneros, destaca que la Comunidad fue titulada por el Estado ente los años 80 e inicios de los 90, por lo que posee documentación como planos y memorias descriptivas que dan cuenta sobre su territorio. “Registros Públicos no genera derechos sino inscribe derechos y la comunidad tiene derechos ganados sobre su territorio”, apunta.

DENUNCIAS

¿CUÁLES SON LOS ARGUMENTOS QUE ESGRIME EDGAR HERNÁNDEZ IGNACIO?

Según la denuncia que hizo ante la fiscalía de La Victoria el l6 dé diciembre del 2013(sic) y que lleva la firma de la abogada Marcelina Villanueva, Edgar Hernández asegura que él es la víctima. Sostiene que el viernes l3 el abogado Víctor Puicón y el presidente de los campesinos de Monsefú, Iván Lluén, “al mando de 40 sujetos” causaron destrozos en su propiedad y en la maquinaria pesada que nivelaba el terreno. Dice que los desconocidos “a viva voz señalaban pertenecer al crimen organizado de Trujillo, amenazando con correr ríos de sangre si continuábamos con el trabajo de nivelación del predio”. Agrega en el documento que estas personas ‘buscan a toda costa el pago de 5/.10.000 por hectárea”.

Los supuestos delitos que imputa son usurpación agravada y extorsión agravada.

Al predio en cuestión. Hernández lo ha bautizado como Santa Anita, según se lee en el documento. El Comercio de Chiclayo intentó sin éxito entrevistarlo. Hugo Barco Liza uno de sus abogados dijo que su patrocinado es un empresario maderero y que estaba de viaje.

Según Barco Liza, la defensa legal no se compromete a visitar a los comuneros el sábado l4,tal como sostiene la otra parte. Dijo que se cambió la ubicación del terreno del distrito de Monsefú a Santa  Rosa porque en la Sunarp figura en este distrito. “lo que quiere decir que aquí nada tienen que ver los comuneros de Monsefú”, sostiene. Aclaró que él asesora a Hernández en el fuero civil. Así, indicó que Hernández presentó un recurso ante el Poder Judicial para que el terreno esté en su poder mientras se resuelve la denuncia que interpuso en el fuero penal, pero el juez aún no le ha respondido

HAY INTERESES OCULTOS

Leonardo Reyes, Presidente de la Federación de Comunidades Campesinas de Lambayeque – FEDECCAL

Lo sucedido en San Pedro de Monsefú está dentro de un contexto de titulación de terrenos. En la Región Lambayeque hay 25 comunidades campesinas activas, de las cuales ocho han tenido problemas recientemente por usurpación. Me refiero a los campesinos de Santo Domingo de Olmos, San Pedro de Mórrope, San Francisco de Mocupe, Santa Lucía de Ferreñafe, San Pedro de Monsefú, Santa Rosa, San Francisco de Mocupe y Virgen Purísima de Jayanca.

En todas ellas, lo común es que la Sunarp les pone muchas trabas para inscribir sus terrenos, así como a sus dirigentes que han sido elegidos democráticamente. El caso es que esa misma rigurosidad no la tiene con los dirigentes que llegan al poder para vender los terrenos comunales a espaldas de los campesinos. Cofopri también actúa de esa misma manera. Lo que creo es que hay intereses ocultos para no formalizar a los campesinos.

¿Cómo acaban los terrenos de las comunidades en otras manos? Hay dos maneras. Una es que malos dirigentes falsifican, entre otras cosas, acuerdos de asambleas. Amparados en esos documentos, terceros van a la Sunarp e inscriben los terrenos a sus hombres sin mayor trámite, sin mayor evaluación.

La segunda manera es que hay sujetos y mafias que se encargan de falsificar documentos, y de la noche a la mañana se presentan como propietarios de terrenos comunales.

Tal como están las cosas, la Sunarp tiene que ser más rigurosa cuando alguien tramite la inscripción de un predio que está ubicado al interior de una comunidad campesina. Debe convocar a los verdaderos dirigentes. Tomar con pinzás este tema.

Desde hace tiempo, los 1íderes de los campesinos venimos solicitando que se implemente una oficina en la sede del Gobierno Regional de Lambayeque para que allí los comuneros sean orientados sobre los problemas que les afecta en sus localidades. También los funcionarios deben recorrer las comunidades para enterarse de sus problemas.

La usurpación de los terrenos también está ligada al desconocimiento de la ley. He visto que los comuneros, ente otras normas, desconocen la Ley de Comunidades Campesinas. Las directivas no se han preocupado por informarles. Esto es aprovechado por los traficantes para apoderarse de las áreas comunales. Por eso vamos a proponer qué las directivas qué juramenten en el futuro incluyan en sus planes de trabajo la capacitación de los campesinos sobre las leyes que los amparan.

La fiscalía debe investigar de manera rigurosa para hallar a los responsables de esta usurpación y que las áreas comunales de Monsefú sean reclamadas por un tercero.

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Pedro Alva Mariñas -INDER

Desde hace un buen tiempo venimos haciendo esfuerzos para generar un acercamiento entre las comunidades campesinas y las rondas campesinas, en el ámbito del Departamento de Lambayeque. Esta preocupación ha estado siempre presente ya que hemos tenido la oportunidad de estar en asambleas de comunidades campesinas en las que se trataron y hasta se acordaron la conformación de rondas campesinas. Esta reflexión se ha intensificado alrededor del acercamiento innegable que estamos presenciando entre comunidades campesinas y rondas campesinas, acercamiento acicateado por la percepción de una amenaza global a la pequeña propiedad individual y pequeña posesión comunal. Probablemente la elección del ex presidente de la Comunidad Campesina San Juan de Cañaris como presidente de una Coordinadora Regional de Rondas ejemplifica esta situación.

Un primer punto de partida es señalar que las comunidades campesinas y las rondas campesinas tienen una lógica un tanto distinta. Las primeras vienen de una larga tradición comunitaria basada en el derecho colectivo de propiedad sobre la tierra y otros recursos; mientras que las rondas se sustentan en las debilidades del pequeño productor individual sometido a amenazas muy duras como el abigeato y el no funcionamiento de las entidades públicas para dar seguridad a los pobladores del campo. Estas lógicas distintas han determinado también un caminar institucional distinto.

Pero en los últimos años se está desenvolviendo una especie de amenaza global contra los pequeños productores (ronderos y comuneros) y es a partir de ello que se están produciendo la reactivación de las rondas campesinas y también de las comunidades campesinas. Es en este proceso donde las comunidades campesinas y las rondas campesinas se están encontrando, se están cruzando y están surgiendo procesos de diálogo y desarrollo de experiencias bastante interesantes que van desde la natural desconfianza, hasta francas coincidencias y acciones comunes.

Pero a favor de una mayor unidad entre estas dos organizaciones de pequeños productores son las normas legales que pautan su funcionamiento. Así la Ley Nº 24656, en su artículo 18º, inciso k reconoce que la asamblea general de comuneros tiene la atribución de “constituir, cuando lo considere necesario, Rondas Campesinas, de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 24571” (Ley de Rondas). Así las rondas nacen en el seno de la comunidad campesina y, obviamente, responde ante ella.

Por otra parte la Ley Nº 27908, conocida como la Ley de Rondas Campesinas, establece una fuerte vinculación de las Rondas Campesinas al señalar, en su artículo 1º, que las rondas “apoyan el ejercicio de funciones jurisdiccionales de las comunidades campesinas y nativas” y que “los derechos reconocidos a los pueblos indígenas y comunidades campesinas y nativas se aplican a Rondas Campesinas en lo que les corresponda y favorezca”. Pero el artículo 2º es todavía más determinante al señalar que “en los lugares donde existan comunidades campesinas y nativas, las rondas campesinas o rondas comunales, se forman y sostienen a iniciativa exclusiva de la propia comunidad y se sujetan al Estatuto y a lo que acuerden los órganos de gobierno de la comunidad a los que la ronda está subordinada”

La primigenia formación de rondas campesinas en el Departamento de Lambayeque – en términos masivos – la protagonizó el profesor Gilberto Díaz Vásquez en una sacrificada labor organizacional que terminaría con una violenta muerte y su cuerpo dinamitado. Sin embargo esa labor estaba marcada fuertemente por la falta de formación comunera del mencionado dirigente y de su grupo de seguidores y por ello las rondas nacen sin tener mayor relación con las comunidades campesinas y toman un vuelo propio al amparo de las leyes de rondas campesinas.

No tenemos dudas que en muchos ámbitos de Lambayeque han sido las comunidades campesinas las que le han dado soporte institucional y logístico a las rondas campesinas y miles de entusiastas ronderos tienen una doble filiación, es decir el carnet de comunero y el carnet de rondero.

Hacen unas pocas semanas que tuvimos la oportunidad de organizar un conversatorio (INDER, CIPDES y Tu Tierra) en la que exploramos convergencias prácticas y estratégicas entre comunidades campesinas y rondas campesinas y el resultado ha sido más que alentador porque van teniendo una lectura común de las amenazas globales que afectan a los pequeños productores, comparten la tesis que los gobiernos no los están visibilizando y más bien sigue confrontando con ellos. Ante ello hay la apuesta común por tomar la palabra del gobierno en el sentido que el lema de “desarrollo con inclusión” significa, sobre todo, proponer el desarrollo integral del sector rural y en el cual el protagonismo lo deben tener los pequeños productores que abastecen los mercados locales, regionales y nacionales. Igualmente reclaman que se los considere como actores importantes en la lucha contra la pobreza y contra la inseguridad ciudadana.

 En general nos parece que a nivel de organizaciones rurales estamos ante un proceso de una necesaria y deseable alianza de comunidades campesinas y rondas campesinas. Las amenazas globales a su propiedad, a sus derechos, a su futuro son una buena base para una acción común; pero también la existencia de normas legales que fuerzan a una mayor correspondencia entre estas dos importantes organizaciones de los pequeños productores.

Sin embargo la vinculación estrecha de las rondas campesinas a los movimientos y partidos políticos, podrían crear obstáculos significativos para que esta unidad se concrete en tiempos más cortos. Los líderes ronderos tienen aquí una gran responsabilidad.

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Pedro Alva Mariñas

Instituto de Desarrollo Regional – INDER

Dos de las tres comunidades campesinas quechua hablantes existentes en la serranía de Lambayeque, celebran, este mes de Octubre un aniversario más de la obtención de su reconocimiento oficial expedido por el Estado criollo, terminando así un largo periodo de ostracismo. Las resoluciones supremas les otorgan reconocimiento como “Comunidades de Indígenas” ante las situaciones abrumadoras que las calificaban y las califican como tales. Sin embargo, habiendo pasado sólo cincuenta años, el mismo Estado criollo, atropellando su propia lógica y su propia normatividad les niega tal condición, actitud que se expresa en que estas dos comunidades, a la que hay que añadir a la Comunidad Campesina “San Mateo” de Penachí (Reconocida por R. S. del 25 de Mayo de 1937) no figuran en la relación de pueblos y comunidades originarias publicada recientemente por el Ministerio de Cultura.

 Sin hacer caso a los formalismos y, en general ajenos a las implicancias que ello tendrá para sus vidas, la Comunidad Campesina San Mateo de Penachí celebró, el 25 de Mayo los 76 años de reconocimiento; la Comunidad Campesina San Juan de Cañaris ya celebró, el 10 de Octubre, sus 57 años de reconocimiento oficial como “Comunidad Indígena San Juan de Cañaris, y el 31 de este mismo mes la Comunidad Campesina “San Pablo” de Incahuasi se apresta a celebrar sus 50 años de la obtención de la Resolución Suprema que la reconoce como Comunidad de Indígenas. 

EN INCAHUASI, HACEN 50 AÑOS

 Hace algo más de 50 años que Asunción Vilcabana Vides, Gestor de la Comunidad, presentaba, al Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas, el expediente final, solicitando el reconocimiento e inscripción oficial de la Comunidad de Incahuasi. Meses después, exactamente un 31 de Octubre de 1963, el Ministro expidió la Resolución Suprema Nº 186 que otorgó reconocimiento oficial a la institución comunal, a quien la reconoce como “Comunidad de Indígenas San Pablo de Incahuasi” y ordena su inscripción en el Registro Nacional de Comunidades.

Para los pobladores de Incahuasi éste ha sido uno de los acontecimientos más importantes de las últimas décadas y, que sólo puede ser comparado con la fundación del mismo pueblo o con la titulación oficial del territorio comunal. Es comprensible entonces que la actual directiva comunal se apreste a celebrar este acontecimiento con una programación especial que se desarrollará los días 30 y 31 de Octubre.

De los documentos que tenemos a mano y de las conversaciones con varios de sus dirigentes, podemos afirmar que la preocupación más importante de los incahuasi de ese tiempo, es decir de los años sesenta, fue titular su territorio comunal que estaba ya cercado por las haciendas vecinas que lo habían arrinconado en las partes más altas del valle La Leche; por ello en el expediente de reconocimiento formal de la comunidad se añadía un croquis del territorio que los comuneros sostenían como suyo.

La esperanza de titular el territorio comunal, conjuntamente con la obtención del reconocimiento oficial, se desvaneció con lo expresado en la propia resolución de reconocimiento que deja muy en claro que NO se reconoce los derechos que la comunidad “considera como de su dominio”. Pero la titulación se tomará su tiempo y recién se lo logrará el año 1992.

EN INCAHUASI, 50 AÑOS DESPUÉS

Cuando concluyó el último proceso electoral (16-12-2012) que eligió a la nueva directiva de la Comunidad Campesina San Pablo de Incahuasi, la primera preocupación de los jóvenes dirigentes fue el asunto de los denuncios mineros en su territorio comunal. Y ello era comprensible porque un año antes habían seguido de cerca el conflicto Candente Copper con la Comunidad Campesina de Cañaris, incluso algunos estuvieron en la Asamblea de Marayhuaca (Enero 2012) en la que se fijaron algunos acuerdos de carácter regional (que el gobierno central y los congresistas terminaron por desconocerlos). Los líderes de Incahuasi tomaron nota que la minería ya estaba tocando las puertas de su Comunidad.

Julio Manayay Huamán, el flamante Presidente de la Comunidad, se interesó por registrar su directiva en las oficinas registrales de Chiclayo, trámites que consumieron la cuarta parte de su periodo dirigencial de dos años. Apenas lograda la inscripción registral (junio 2013) la directiva comunal presenta una carta al Ministro de Energía y Minas solicitando información oficial sobre la posibilidad de iniciar acciones de nulidad de las concesiones mineras realizadas en su territorio.

La respuesta a tal solicitud es firmada por el Vice Ministro de Minas, el 13 de Septiembre de 2013. En dicho documento se le informa que al no haber proporcionado datos exactos de ubicación de la Comunidad de Incahuasi “no permite determinar las concesiones mineras existentes en su ámbito”, por lo que el documento se centra en torno a las posibilidades o no de declarar la nulidad de las concesiones mineras existentes. Se argumenta que las posibilidades de nulidad de los actos administrativos de concesiones mineras se rigen por normas administrativas específicas previstas en la ley, pero que deben hacerse dentro de los plazos establecidos y de no hacerlo “se pierde el derecho a articularlos, quedando firmes los actos”. Y como para no dejarle resquicios de esperanza dice que “las concesiones mineras son irrevocables, en tanto el titular cumpla con las obligaciones que la ley exige para mantener su vigencia”.

En otro párrafo del documento, y a modo de consuelo, explica que la concesión no implica sino acceso de la empresa minera al yacimiento mineral y nunca supone la cesión de tierras, bosques, lagunas o territorio y por ello “la concesión minera en sí misma, no afecta los derechos de la Comunidad Campesina San Pablo de Incahuasi”. Lamentablemente los incahuasi conocen la experiencia de sus hermanos cañaris que sufrieron la presencia abusiva de una empresa minera que terminó sus labores de exploración, y para lo cual no necesitó el permiso de la Comunidad.

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En estas últimas décadas las comunidades campesinas, más tradicionales, asentadas en la serranía de Lambayeque lograron el reconocimiento oficial y también la titulación de su territorio comunal. Estos instrumentos han sido importantes para su subsistencia. Sin embargo el Estado sigue estando de espaldas a las comunidades, imponiéndoles un modelo y estrategias que las han convertido en los espacios con los mayores índices de pobreza y exclusión.

 Ha pasado medio siglo del reconocimiento oficial de la Comunidad Campesina de Incahuasi y todavía el desarrollo integral sigue siendo una promesa, una aspiración.

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Pedro Alva Mariñas

Con la asistencia de un centenar de dirigentes de comunidades campesinas, con la participación de representantes de organizaciones nacionales y de un asesor parlamentario, se realizó el 20 de junio, el X Encuentro de Comunidades Campesinas, el mismo que fuera organizado por la FEDECCAL – Federación de Comunidades Campesinas de Lambayeque, que la preside José Leonardo Reyes. Cabe destacar la asistencia de casi todas las comunidades campesinas del Departamento de Lambayeque y especialmente de las comunidades de Chepén, San Pedro de Lloc y Jequetepeque, que se encuentran litigando en forma abierta con el Proyecto Jequetepeque – Zaña (PEJEZA).

Después del saludo protocolar de los representantes de los señores Marcelino Bustamante (CNA), Máximo Ponce (asesor parlamentario), Víctor Santa Cruz (Imar Costa Norte), Ruperto Valdez (Comunidad de Mocupe), Rosario Romero (Fórum Solidaridad Perú), se procedió a las exposiciones de fondo a cargo de conocidos profesionales de la zona como Pedro Alva Mariñas (INDER) que tuvo a su cargo el tema del Proyecto PEJEZA y las comunidades campesinas del Valle Jequetepeque – Zaña, Hugo Lamadrid Ibáñez que disertó sobre la demanda de la Comunidad Campesina de Olmos contra el PEOT y el Gobierno Regional; mientras que Wilfredo Chero abordó el tema del conflicto de la Comunidad Campesina de Cañaris con la empresa minera Candente Copper.

En el caso PEJEZA quedó evidenciada la usurpación del territorio de las comunidades campesinas de Chepén, San Pedro de Lloc, Jequetepeque, Mocupe y Lagunas que por una cadena de decisiones arbitrarias se vieron privadas de sus tierras eriazas y sus mismas posesiones se vieron muy cuestionadas porque este Proyecto estatal procedió a inscribir en los registros públicos todo el ámbito del Proyecto y así se convirtió en propietario de más de 120,000 Hás. De tierras comunales. Eran tiempos de Fujimori, pero los sucesivos gobiernos no hicieron nada para corregir, para compensar a las comunidades campesinas afectadas; pero ellas nunca se rindieron.

 Los dirigentes informaron que han logrado avances en sus demandas, habiendo obtenido decisiones del Tribunal Constitucional que les reconoce sus derechos ancestrales y cuestiona lo actuado por los proyectos estatales. El caso más notorio es el logrado por la Comunidad Campesina San Pedro de Lloc que ha recuperado su propiedad por el Proyecto Chavimochic. La Comunidad Campesina San Francisco de Mocupe y Chepén también están en ese proceso, contra PEJEZA, con lo cual se evidencia que los derechos de los peruanos no pueden ser avasallados por el poder.

A su turno los expositores que abordaron el tema del Proyecto Olmos y las comunidades campesinas de Olmos y Mórrope estuvieron de acuerdo en señalar que el Estado ha cometido un acto de confiscación del territorio comunal y que este acto, tarde o temprano tendrá que ser llevado a los tribunales. En tal sentido felicitaron que el Tribunal Constitucional haya ordenado a un tribunal local que se admita la demanda interpuesta por el Dr. Hugo Lamadrid en contra del Proyecto Olmos y el Gobierno Regional de Lambayeque por el pago compensatorio de las tierras subastadas y por la devolución de las tierras no subastadas. Se tomó nota también de la irregularidad que el Estado haya convertido a los presidentes de la Comunidad de Olmos en miembros del directorio del PEOT. Nuevamente apareció el tema de los comuneros desplazados por el PEOT que denuncian que el Gobierno Regional de Lambayeque no está cumpliendo los compromisos asumidos y firmados y que su situación se torna insoportable.

El tema del conflicto entre la Comunidad Campesina San Juan de Cañaris y la empresa Candente Copper fue abordado por varios expositores que expresaron su demanda que debiera respetarse los derechos comunales que son amparados por la Constitución Política. Igualmente hubo un consenso en reconocer que Cañaris es una comunidad originaria y que por ello tiene el amparo de normas legales y específicamente del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Igualmente se tomó nota que la Comunidad Campesina había tomado la decisión de retirar el tratamiento de su conflicto en el seno de la “Mesa de Diálogo” porque ésta se había mostrado inoperante y que, a cambio había iniciado una demanda al Estado peruano ante la Comisión Inter Americana.

Las exposiciones terminaron con una “mesa de reflexiones” que fueron muy importantes para vincular la problemática regional, con la problemática nacional e internacional y con lo cual se tendieron los puentes para una acción colectiva que se exprese en el plano local y en el espacio nacional. Estas intervenciones facilitaron entonces aprobar el documento “Acuerdos del X Encuentro de Comunidades Campesinas de Lambayeque y del Valle Jequetepeque” y permitió también reitera el viaje de una delegación a Lima para una entrevista con las más altas autoridades del Estado y cuya gestión tiene a cargo la FEDECCAL.

La reunión terminó con la entrega de certificados de reconocimiento a los expositores y a los dirigentes nacionales que acompañaron este exitoso X Encuentro de Comunidades Campesinas de Lambayeque que ha fortalecido a la FEDECCAL como una instancia representativa de más de 55,000 comuneros empadronados.

Chiclayo, 25 de Junio de 2013

* El autor forma parte del Instituto de Desarrollo Regional – INDER, institución que a través de su Oficina de Asesoría Rural acompaña  a la FEDECCAL.

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