*Publicado en el Semanario Expresión. 25 Enero 2010
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* Publicado en Semanario Expresión – Chiclayo. 13/01/2010 Sigue leyendo →

53º Aniversario de Reconocimiento Oficial. 1956 -2009

Hace unos días fuimos gratamente sorprendidos por la visita de Santos Barrios Carrillo, Presidente de la Comunidad Campesina San Juan de Cañaris y de José Gaspar Lucero, animador de los Danzantes de Cascabel de Cañaris. Ambos personajes nos informaron que en sesión de la Directiva Comunal habían tomado la decisión de celebrar – como se debe – el 53º Aniversario de la Comunidad, fecha en que se cumple el próximo 10 de octubre. La misma Directiva los había comisionado a la ciudad de Chiclayo para realizar las invitaciones a autoridades y funcionarios que se han hecho merecedores de tal distinción.

La Comunidad fue reconocida mediante Resolución Suprema Nº 54 expedida el 10 de Octubre de 1956 y en esa resolución reza textualmente: “Reconózcase a la Comunidad Indígena San Juan de Cañaris”, denominación que mantuvo hasta 1970 cuando un decreto supremo promulgado por el gobierno de Velasco Alvarado impuso el cambio de la denominación “comunidad indígena” por el de “comunidad campesina”. Este cambio afectó a todas las comunidades de costa y de sierra ya que las comunidades de la Amazonia se denominaron “nativas”.

Como no podía ser de otro modo los dirigentes cañaris reconocen que en la gestión por el reconocimiento oficial jugaron un papel muy importante don Víctor Huamán Reyes – conocido como el Cacique de Cañaris – y don Romualdo Bernilla Reyes. El primero como Gestor de la comunidad y Personero y el segundo como Presidente comunal encargado de la primera fase de titulación del territorio comunal. Estos personajes recibirán un reconocimiento – uno más – de sus comuneros.

Para quienes visitan por primera vez al pueblo de Cañaris les sorprende que una de las obras más importantes que se pueden apreciar es el amplio templo en que se ofician los actos litúrgicos. Este templo simbolizaba el carácter de centro religioso y de peregrinación del pueblo de Cañaris ya que la mayoría de la población vive en sus numerosos caseríos y sólo inundan la capital distrital en festividades religiosas, especialmente durante la celebración de la Festividad San Juan. Era en esta ocasión que un sacerdote llegaba a Cañaris para atender matrimonios, bautizos, responsos y todos los actos litúrgicos acumulados durante un año. Actualmente una congregación de religiosas católicas se ha establecido en el pueblo de Cañaris y será la encargada de presidir la para liturgia con motivo del aniversario.

Al leer el Programa de la celebración nos enteramos que existe en esta joven dirigencia comunal un loable esfuerzo por mantener ciertas prácticas comunales, por defender la denominación de ciertas costumbres consideradas tradicionales y que sorprenden gratamente a quienes tienen la suerte de verlas. A manera de ilustración para nuestros lectores consignamos un extracto de las actividades organizadas por la comunidad.

– Campeonato intracomunal “Warmikunapis pukllan” con participación de equipos de diferentes caseríos.
– Parada de Yunza en el solar de la Comunidad Campesina, a cargo de los mayordomos y delegados de los diferentes caseríos.
– Tukuy Mikushun llapa, es decir comida general
– Reorganización de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza de Cañaris – Programa especial
– Mikuy rikachinakuy. Presentación de comidas propias de Cañaris
– Concurso de vestimentas de Cañaris de diferentes sectores, a nivel de niños y de adultos –
– Danzas, cuentos y cantares de los cañaris (chirimillas, charango, caja y pinkullo)
– Presentación especial de la Danza de Cascabel
– Concurso de bandas típicas.

Esta celebración de los cañaris nos llena de alegría porque se da en condiciones en que el gobierno nacional y los poderes públicos siguen aplicando un modelo de desarrollo que no considera a las comunidades campesinas y nativas, que nos los incluye y, lo que es más, se apropia “legalmente” de sus recursos naturales para cederlos a las grandes empresas mineras o agro exportadoras. A pesar de ello las comunidades siguen vivas, siguen clamando por que se les tenga en cuenta. Esta celebración de los cañaris nos dice que siguen vivos.

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El discurso presidencial del 28 de Julio trajo muchas sorpresas, una de ellas fue la oferta presidencial de compartir el gasto público con los núcleos ejecutores. Desde entonces el tema sigue generando dinámicas diversas. En Lambayeque, la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Abogados y el Colegio de Arquitectos se pusieron de acuerdo para abordar el tema en un evento en el que concurrieran representantes autorizados del gobierno central, del gobierno regional, de las municipalidades, y de la sociedad civil. El evento se denominó “Inversión Pública y Núcleos Ejecutores” y se realizó el 4 de Septiembre de 2009. En dicho evento se aprobó un documento que expresa la posición de los lambayecanos sobre el tema. Dada la importancia del tema y de las implicancias de los acuerdos tomados es que nos permitimos reproducir la primera parte del mencionado documento.

“1.- EN RELACIÓN A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL POR NIVELES DE GOBIERNO

Se toma conocimiento que el Gobierno Regional a Septiembre del 2009 ha ejecutado s/. 72´424,068 nuevos soles de un total de 85´609,158 nuevos soles, lo que representa un avance del 82.7% con lo que se estima que a Diciembre no existirá saldo alguno para el programa de los Núcleos Ejecutores y con ello no hay forma de cumplir con la norma.

Las municipalidades distritales no cuentan con los recursos económicos que permitan financiar las obras de los núcleos ejecutores ya que tanto el FONCOMUN y los ingresos propios de los que disponen son muy reducidos y que incluso han visto decrecer su presupuesto de apertura en un 20.4% para este ejercicio presupuestal. La municipalidad de Chiclayo informa que tendrá un saldo negativo para fin de año en más de un millón de soles, por lo cual no tendrá fondos para los núcleos ejecutores.

Se informa que para el próximo año las posibilidades podrían cambiar si se considera la propuesta presidencial de incrementar al 4% el presupuesto de municipalidades; pero ello es todavía una declaración que no se ha traducido en normas específicas y sobre lo cual se espera que se produzca un debate más a fondo si consideramos que el presupuesto global del siguiente año va a decrecer por el impacto de la crisis económica.

Se considera de que la iniciativa presidencial, basada en saldos presupuestales de los gobiernos regionales y de las municipalidades puede tener sentido en regiones o localidades que cuentan con ingresos suplementarios como el canon, ingreso que no se tiene en Lambayeque.

Se comprueba que la Región Lambayeque cuenta con un reducido presupuesto público lo que nos lleva a plantear al gobierno central el incremento del presupuesto público de Lambayeque para el siguiente año. Igualmente queda como tarea pendiente la necesidad de reestructuración de los presupuestos públicos para incrementar los porcentajes de inversión pública.

Se expresa la preocupación por el presupuesto participativo, que en el caso de Lambayeque tienen pocos fondos disponibles para atender tanta demanda. Se expresa el temor de que la iniciativa presidencial pudiera debilitar el proceso del presupuesto participativo.
Que se necesitan recursos adicionales o recursos extraordinarios que vengan con propio nombre para el programa de los núcleos ejecutores y que pueden ser canalizados a través de las instancias que el Estado ya tiene implementados como Foncodes y Construyendo Perú.

Se reconoce como positiva, la iniciativa presidencial de compartir las responsabilidades de ejecución presupuestal con sectores organizados de la población. Iniciativa que debiera ser más trabajada y consensuada para que pueda concretarse en los hechos.

Todo parece indicar que esta iniciativa gubernamental, en los alcances que han sido planteados inicialmente, no es aplicable en el ámbito de la Región Lambayeque, salvo que se cambien las condiciones existentes. Lo anterior no implica que las propias municipalidades puedan involucrarse en este programa a costa de sus propios fondos y que debieran tener iniciativas para contar con mayores fondos del gobierno central.

Ante esta realidad es importante conocer cuáles son los saldos del presupuesto nacional a través de los ministerios que responderán a esta iniciativa. Así mismo es importante conocer si están previstas transferencias extraordinarias para gobiernos locales y gobierno regional para atender las demandas de los núcleos ejecutores”.

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Pedro Alva Mariñas

El año pasado el Presidente de la República nos sorprendió con su discurso sobre la “onda kelvin” que anunciaba un nuevo evento desastroso del Fenómeno El Niño que se abatiría sobre todo el país y en especial la costa norte. Este anuncio presidencial se basaba en un temprano pronóstico lanzado por la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration’s), organismo especializado de los Estados Unidos sobre la aparición de una “onda” de aguas calientes que se generaba en la costas de Australia, que amenazaba calentar en algunos grados el generalmente frío Océano Pacífico y desatar una serie de eventos atmosféricos y marinos conocidos como el Fenómeno El Niño (FEN). Ese discurso fue el inicio de una serie de decisiones, normas, directivas, iniciativas para gastar recursos públicos destinados a “enfrentar” la anunciada catástrofe. En el ámbito local la reacción fue algo similar, aunque los recursos no eran ni suficientes ni oportunos, pero fueron paliados con el despliegue generoso del INDECI Regional que desató una labor preventiva bastante ruidosa. Lo que nos llamó la atención es que los organismos especializados afirmaban que no se iba a presentar la catástrofe anunciada, pero de nada sirvió.

Como este formato se viene repitiendo casi todos los años. Primero se toma una información de la NOAA, se le da una interpretación política acorde con las necesidades de la coyuntura o de la inspiración personal, luego se convocan a los medios que se encargan de generar opinión pública sobre el tema. Para evitar reticencias o críticas se actualiza la tesis efectista de que “mejor es prevenir que lamentar” o se destaca a algún “señor del tiempo” para que haga el trabajo de persuasión. Así se allana el camino para disponer de recursos públicos sin importar proyectos, planes, consultas ciudadanas, etc. Sólo se exige el listado de obras que se consideran prioritarias y el monto estimado, a medida que avanzan los trámites se exige una “ficha” de una o dos páginas por proyecto, ya en el camino se regularizan los procesos o los expedientes.

Nuevamente – y como se va haciendo costumbre — en estos meses se ha lanzado la posible amenaza de un evento fuerte del Fenómeno El Niño y se lo ha hecho en base a un reporte temprano de la NOAA que alertaba sobre un ligero calentamiento de las aguas del Pacífico en la costa este de Australia, fenómeno que es normal y que se produce todos los años. Este anuncio – corroborado por el Senamhi, por Imarpe y por el IGP — bastó para desencadenar una serie de eventos que han llevado al Estado a destinar más de 100 millones de soles para tareas de prevención en el país. Han pasado algunos meses de ese anuncio, nos encontramos por terminar el mes considerado clave para pronósticos más ajustados. Consideramos prudente recurrir a las instituciones especializadas en el tema.

El Senamhi en su boletín institucional emitido en Agosto pasado hablaba de un esperado calentamiento de las aguas marinas y de la esperada aparición de la “onda Kelvin” que es la causante del aumento de la temperatura del mar. Su arribo decía, se esperaba para el mes de Setiembre – Octubre. En el mismo mes, el ENFEN, entidad encargada de monitorear el Fenómeno El Niño decía en su comunicado Nº 7 que “El análisis de las variables observadas y los pronósticos climáticos internacionales nos indica que no se presentarán condiciones ´El Niño´ en el litoral peruano, en los próximos dos meses” y luego añadía que “ninguno de los modelos climáticos predice para el próximo verano un calentamiento extremo como los ocurridos en los años 1982-83 y 1997-98″. Este documento era suscrito por los organismos públicos especializados. Un mes más tarde en su comunicado Nº 8 (8/9/2009) informaba sobre un dato crucial para la no ocurrencia del FEN: “En el litoral peruano las temperaturas superficiales del mar, tuvieron un leve descenso tendiendo a su normalización, tal como se esperaba”. Además de otros datos relevantes, se pronostica para el verano del 2010 un Niño débil o moderado, es decir que no representará condiciones de catástrofe, sino condiciones de un evento normal. En este contexto todo parece orientarse hacia una situación de relativa normalidad climática en los próximos meses. Si ocurrieran cambios dramáticos en las tendencias seguramente la NOAA y el ENFEN nos brindarán la información oportuna que la ciencia ya está en condiciones de predecir.

Lo dicho hasta aquí no puede, ni debe ser interpretado como un desdén por las acciones de prevención. Concordamos que el tema de la prevención, emergencia y reconstrucción debieran ser incorporadas como parte de políticas públicas permanentes en zonas de alta vulnerabilidad como Lambayeque. Lo que se discute es que se lancen campañas de gasto público – libre de exigencias, de controles normales y exentos de participación ciudadana – en base a supuestos que no tienen sustento suficiente y, a veces, a contrapelo de lo que dicen los propios organismos especializados del Estado. No usemos en forma irresponsable los justificados temores que tiene la población regional sobre la ocurrencia de un evento catastrófico como los años 1982 – 1983 y 1997 – 1998.

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Hace 20 años, justamente el 10 de Junio, distinguidos pobladores de Mocupe, firmaron un memorial en el que expusieron los graves problemas que les estaba generando el Proyecto de Irrigación Jequetepeque – Zaña (hoy PEJEZA) y que los amenazaba no sólo en sus derechos elementales, sino también en sus posibilidades de desarrollo como personas y como pueblo, al pretender – en ese tiempo – apoderarse del territorio de las comunidades campesinas y pueblos de Lagunas, Mocupe, Chepén y San Pedro de Lloc. Ese documento fue difundido con el nombre de “El clamor del pueblo de Mocupe” y fue presentado al Presidente de la República de ese entonces, a sus principales ministros, a los congresistas de la República, a las principales autoridades departamentales y locales y, por supuesto al propio DEJEZA y al INADE. Eran tiempos del primer gobierno de Alan García.

Luego de 20 años el resultado era lo inevitable: El Estado – vía el Proyecto de Irrigación Jequetepeque – Saña – logró confiscar las tierras de las comunidades campesinas del valle y luego de procesos manejados por Proinversión dichas tierras están terminando de ser traspasadas a los “grandes inversionistas privados” con lo cual se está consumando el proceso de exclusión de miles de campesinos de los beneficios de obras de irrigación que se hace con el dinero de todos los peruanos. Veinte años después encontramos a la Comunidad Campesina San Francisco de Mocupe suplicando para que Proinversión flexibilice las condiciones para que la propia comunidad pueda presentarse como postor al remate de uno de los lotes que fueron de su propiedad. Gracias a sus contactos al más alto nivel – Ruperto Valdez, Presidente de la Comunidad de Mocupe — ha logrado demorar unos meses ese remate, pero nada le garantiza que la maquinaria privatista eche por tierra sus últimas esperanzas.

Así en un espacio del territorio nacional, en este caso, en territorio de los lambayeque, en los espacios en que paseaba su boato y su poder el recientemente descubierto “Señor de Úcupe” el Estado peruano está cometiendo otro despojo, otra injusticia, otro acto de oprobio. Esta vez lo hace – como casi siempre – en nombre del progreso, del desarrollo o del “futuro diferente”. Ese progreso y ese desarrollo son para los beneficiarios de estas políticas, para los que esperan la oportunidad de un gobierno adicto que les facilite convertirse en flamantes empresarios o engrosar sus rentas con el mínimo riesgo posible y con la condición de que tengan “cholo barato” y también “tierra barata”.

Con la autorización de la Comunidad Campesina San Francisco de Mocupe, me permito reproducir pasajes del documento que hacen dos décadas firmaron distinguidos mocupanos de todos los apellidos, de todas las condiciones y de todas las militancias políticas. En estos tiempos su denuncia y su súplica nos cuestionan a todos: a los que utilizaron malamente el poder, a los que teniendo poder y conocimiento no hicieron nada, a los que no hicieron lo suficiente para defenderlos y a los propios comuneros que se dejaron avasallar por las rencillas internas y no se unieron para enfrentar el gran desafío. A continuación pasajes de ese “clamor de Mocupe”:

“Un terrible drama planea sobre el histórico pueblo de Mocupe. Esta vez la amenaza no proviene de los hacendados de ayer, ni de la Reforma Agraria como hace 20 años. Esta vez el causante de tal amenaza es el Estado que, a través del Proyecto Jequetepeque- Zaña, ha realizado todos los trámites legales para encontrarse ahora en la situación de consumar un clamoroso despojo territorial en el sector Pampa de las Sandías (…)

“Frente a esta situación, los mocupanos, sin distingos de ninguna clase, nos dirigimos al Dr. Alan García Pérez, al Parlamento Nacional y a las autoridades y funcionarios de los departamentos de Lambayeque y La Libertad, para solicitarles su inmediata intervención para que se paralicen las acciones de adjudicación de las 2,300 Hás. Que nos pertenecen, que nos permitan el elemental derecho de defensa que no se nos ha permitido y se nos restituya plenamente nuestra condición de propietarios de la zona delimitada en nuestro Plano oficial.

“La posición del pueblo de Mocupe cuenta con documentos fehacientes de propiedad como los siguientes: En nuestros archivos comunales contamos con los Títulos Coloniales expedidos el año de 1712 a nombre del entonces “Común de Indios del pueblo San Francisco de Mocupe”. Tenemos también un plano oficial levantado el año de 1967 por la Dirección General de Comunidades en mérito a una Resolución Ministerial Nº 171 del 7 de marzo de 1967, plano que incluye la Pampa de las Sandías y Pampas de Cerro Colorado como áreas comunales (…)

“Porque nos sentimos respaldados por la razón y la justicia, porque somos herederos de un territorio ancestral que no debe ser mutilado, porque confiamos en nuestra Constitución Política y la Ley General de Comunidades Campesinas que ampara la propiedad comunal y porque sabemos que los dispositivos logrados por DEJEZA no tienen la categoría ni majestad de aquellos que nos amparan, es que esperamos que nuestro clamor sea escuchado, que las aguas de Gallito Ciego traiga vida a las áridas tierras comunales, que se aleje el drama que planea sobre nuestro pueblo y se abra una luz de fé y esperanza en la justicia social, en sus gobernantes, en sus instituciones y en el Perú”. Mocupe, 10 de Junio de 1989.

Han pasado 20 años de esta súplica y están en la palestra los mismos personajes que no pudieron, no quisieron o no les fue permitido escuchar. Muchos de los comuneros que firmaron el memorial ya no los contamos entre nosotros. Nos preguntamos si ¿habrá todavía posibilidades para que alguien escuche el clamor de la comunidad y del pueblo de Mocupe?

• Publicado en el Semanario Expresión. Agosto 2009

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Teniendo como lema: “Construyendo una Macroregión con Desarrollo y Equidad”, se desarrolló (29/11/2008) en Chiclayo, un evento muy importante que lleva el nombre de Conferencia Nacional de Desarrollo de la Macroregión Norte (CONADES Macronorte) y que se constituye en un importante esfuerzo por vertebrar lo que podría ser un espacio de articulación de la sociedad organizada (sociedad civil) del Norte del país. Otra vertiente de la sociedad regional que también viene articulándose son los frentes de defensa, las rondas y las comunidades campesinas que tienen su propia dinámica y sus propias prioridades. Estas dos vertientes aparecen distanciadas en varios temas como en la relación con el Estado, en el tipo de propuestas y demandas, en las estrategias para lograr los objetivos y en las formas de acción. Sin embargo existen propuestas, de ambos lados, de establecer lazos de unidad para una acción conjunta.

Estos esfuerzos de articulación de la sociedad civil regional se fundamentan también en las serias limitaciones que tiene el Estado (en sus tres niveles) para llevar adelante una propuesta de desarrollo inclusiva, para fortalecer el proceso democrático haciéndolo más participativo y para procurar el bienestar de las personas en todos los lugares en que viven. Esta carencia del Estado, o lo que se conoce también como “falla del Estado”, hace todavía más apremiante que la sociedad organizada se plantee un rol más activo en el escenario macroregional.

CONADES Macronorte reconoce la importancia de la articulación de la sociedad civil en un espacio tan grande como el norte del Perú y, por ello apuesta a convertirse en un espacio articulador de la sociedad regional organizada – por lo menos de un sector de ésta – y ésta es una apuesta que tiene valor en sí misma. Esta articulación macro norte de la sociedad civil puede ser una especie de contrapeso a los espacios de articulación del Estado a nivel de INTERNOR, a las instancias de coordinación macroregionales de alcaldes y a las reuniones macro norte que promueven varios organismos públicos (Direcciones regionales de educación, gerencias de desarrollo social). Las posibilidades de que la CONADES Macronorte se convierta en un espacio más institucionalizado de sociedad civil depende mucho de la formulación de una “Agenda macronorte” que supere las fronteras departamentales, las visiones sectoriales; aunque se base en ellas. Es un proceso que requiere tiempo y persistencia.

En la línea de ir formulando una agenda, los delegados de seis de los departamentos norteños, se pusieron de acuerdo en trabajar un temario de cinco grandes temas:

1. Democracia, acción política y movimientos regionales
2. Actividades productivas en la macro norte, el TLC y el IIRSA
3. Comunidades campesinas, minería y medio ambiente
4. Lucha contra la pobreza y programas sociales
5. Descentralización, integración y participación ciudadana

Cada uno de estos temas fue trabajado, inicialmente por expositores invitados, luego se trabajaron en las mesas temáticas y de allí pasaron a la plenaria para su debate, modificación y aprobación. Al finalizar la tarde se habían aprobado un total de 30 demandas que la sociedad civil del norte plantea al Estado en sus niveles local, regional y nacional y que se constituyen en la base para la unidad de acción de la sociedad civil del norte. El evento fue cerrado con la aprobación de una “Declaración de la sociedad civil del Norte” (documento que puede leerse en este blog). Enlace: www.conades.org.pe

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Comuneros de la Comunidad Campesina de Mórrope (Lambayeque) reunidos en Asamblea Pública para tratar asuntos de tierras. mayo, 2009. foto pam.

En las últimas semanas hemos sido testigos de los esfuerzos iniciales de algunos líderes comunales por generar espacios comunes de información, debate, toma de acuerdos y acciones para visibilizar su existencia ante el Estado y la sociedad regional. Esta iniciativa parte de lo que queda de la antes activa Federación de Comunidades Campesinas de Lambayeque – FEDECCAL y de algunos presidentes de comunidades que intentan respuestas comunes frente a problemas que los agobian y que los están derrotando en algunos frentes.

Recordamos que en Lambayeque existen comunidades campesinas consideradas ancestrales (que obtuvieron su reconocimiento entre 1930 y 1970) y comunidades nuevas que generalmente emergieron de los grupos campesinos creados por la Reforma Agraria del Gobierno de Velasco Alvarado. Todas las comunidades campesinas tienen existencia jurídica, reconocida por el Estado. Las primeras fueron reconocidas mediante decretos supremos expedidos por los Ministros de Trabajo y Asuntos Indígenas, las segundas obtuvieron sus reconocimientos mediante Decretos Directorales expedidos por los Directores Regionales de Agricultura.

Vale la pena recordar que las comunidades campesinas existentes en el ámbito de la Región Lambayeque son: Santo Domingo de Olmos, Tongorrape, San Julián de Motupe, San Pedro de Chóchope, San Mateo de Penachí, San Francisco de Asís de Salas, Virgen Purísima de Jayanca, Santa Rosa de las Salinas, San Pedro de Mórrope, San José, Santa Rosa, Santa Lucía de Ferreñafe, Manuel Arévalo de Pítipo, San Martín de Reque, San Pedro de Monsefú, San Pedro de Lagunas, San Francisco de Mocupe, Santa Catalina de Chongoyape, San Antonio de Laquipampa, Micaela Bastidas de Moyán, San Pablo de Inkawasi, San Martín de Porres de Atumpampa, San Isidro Labrador de Marayhuaca, José Carlos Mariátegui, San Juan de Cañaris y Túpac Amaru II de Cañaris.

Además de cierta diferenciación por el tiempo de su reconocimiento oficial, las comunidades campesinas se diferencian también por la zona geográfica. Existen comunidades campesinas de costa y existen comunidades campesinas de sierra. Las primeras están dispersas en la mayoría de distritos costeños y las segundas se concentran en los distritos de Cañaris y especialmente de Inkawasi y, una de ellas, se ubica en la parte alta del distrito de Salas. Las comunidades campesinas de costa sufren mucho más la presión por sus tierras, especialmente por el crecimiento de la población urbana y por la política de usurpación de territorios que es impulsada desde Palacio de Gobierno y desde el Congreso. Esta presión no se siente igual en la zona de la sierra. Por otro lado, las comunidades de costa se ven desgarradas por constantes conflictos internos alentadas por intereses particulares y que los llevan a un desgaste de energías y de recursos permanentes; mientras que en las comunidades de sierra este problema es secundario. Adicionalmente los comuneros costeños están presionados por la escasez de aguas para sus cultivos debido a su ubicación marginal en los valles, determinando que miles de ellos se encuentren en situación de regantes precarios. Por su parte las comunidades de sierra tienen acceso libre al agua ya en su territorio nacen los ríos y quebradas, siendo su necesidad básica la construcción de infraestructura física de riego. Para regar sus tierras de “secano” dependen de las lluvias estacionales.

Sin embargo son las comunidades campesinas de sierra las que se enfrentan a un peligro sin precedentes en su larga historia: la presencia de empresas mineras transnacionales dispuestas a extraer las riquezas de subsuelo, obligar al éxodo de sectores importantes de la población y con el riesgo de deteriorar gravemente el medio ambiente. La intensidad de este impacto estará en directa relación con los precios internacionales, con la capacidad de negociación de las comunidades potencialmente afectadas y del rol que pueda cumplir las instituciones públicas y la sociedad organizada. En este punto los distanciamientos se van a producir cuando el gobierno se convierta en facilitador de la explotación minera por el atractivo canon minero que Lambayeque no lo tiene y la sociedad regional y parte del empresariado agroexportador sentirán que la presencia de esas explotaciones mineras, afectarán el desarrollo de la agro exportación y afectarán la vida de las personas ubicadas en las partes medias y bajas de los valles. Para entonces las tensiones comunidades – minería, se ampliarán a otros sectores sociales.

Por otro lado las comunidades de sierra se enfrentan al permanente aislamiento cuando sus precarias carreteras se interrumpen como consecuencia de lo mal que están construidas que no soportan los rigores de las lluvias estacionales y de la humedad. Finalmente un alto porcentaje de comuneros de la sierra hablan el quechua como idioma materno y mantienen elementos culturales quechuas; mientras que el idioma nativo costeño, el muchik, se ha extinguido y si bien mantienen elementos culturales nativos, éstos se encuentran mucho más erosionados e imbricados con la cultura occidental. En ambos casos la sociedad regional reconoce que en los espacios de comunidades campesinas se encuentra la base de lo que podría decirse las bases de nuestra identidad regional.

A pesar de estas importantes diferencias existen muchos elementos que parecen hermanar definitivamente a las comunidades campesinas de costa y sierra. Entre estos elementos comunes están los vinculados a la pobreza que campea en sus territorios, la débil presencia del Estado en casi todos los órdenes, las amenazas y depredación de sus territorios, los problemas de reconocimientos de sus territorios y directivas comunales, la destrucción y tráfico de sus recursos naturales, la fragilidad o inexistencia de servicios básicos como salud, educación, agua potable y, por añadidura, la legislación que le niega o recorta derechos individuales y derechos colectivos. Es también en estos puntos en donde se encuentran coincidencias con los pueblos y comunidades amazónicos.

Seguramente ésta sea la base sobre la cual se piensa reactivar la Federación de Comunidades Campesinas de Lambayeque – FEDECCAL, como expresión de una voluntad y de una unidad de acción de comunidades de costa y de sierra que ya se unieron los años 1988 al 2002 para enfrentar las amenazas de la legislación agraria neoliberal promovida por el triplete Fujimori – Absalón Vásquez – Andrés Reggiardo.

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Sobre el tema de los pueblos indígenas (amazónicos, de sierra o de costa) existe una abundante literatura de carácter arqueológico, histórico, antropológico y lingüístico que debiera ser consultada por quienes toman decisiones que afectan la vida de estos pueblos. Más recientemente instituciones internacionales (entre ellos el Instituto Lingüístico de Verano) y también institutos y universidades como la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos han producido una abundante literatura. No consultar esta documentación, no solicitar a los asesores información sobre el tema y no llamar a los especialistas en la materia hace explícito o un error elemental o en el peor de los casos una evidencia de lo que se llama la negación del otro, la creencia de que el otro no existe o ni siquiera vale la pena conocerlo.

Más recientemente han sido las Ciencias Sociales y en particular la Antropología las que han logrado acumular conocimientos amplios sobre los pueblos indígenas y la propia Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo trabaja el tema de comunidades campesinas de costa, habiendo realizado también incursiones a las comunidades campesinas de sierra y a los pueblos aguarunas de la zona de selva, a cargo de estudiantes de Sociología.

De lo expuesto hasta aquí podemos sostener que tanto el Congreso como el Ejecutivo al momento de legislar sobre la Amazonia no se molestaron en consultar la literatura existente, no consultó a los especialistas y tampoco solicitó el concurso de las universidades públicas y privadas. Y por supuesto tampoco se le ocurrió a realizar talleres para conocer directamente elementos de la realidad en que se desenvuelven los pueblos indígenas de nuestro país.

Hay que ser un profesional o un estudiante de ciencias sociales para sentir que se trata de una de las carreras más discriminadas que existen y hasta se podría decir que existe todavía un veto contra estos profesionales para que trabajen en el Estado. No hay duda que esta discriminación ha sido motivada, en parte, por la débil formación académica de los sociólogos de tiempo atrás; pero sobre todo por un Estado que desconocía la complejidad de la sociedad peruana y de la necesidad de estudiarla y comprenderla para formular leyes y políticas inclusivas que respete la diversidad de nuestro país y la necesidad del componente intercultural.

Luego de los sucesos de Bagua estamos asistiendo a interesantes proyectos de abordar el tema de los pueblos indígenas (repetimos de selva, sierra y costa) de una manera sistemática. Una propuesta es tratar el tema directamente entre el Primer Ministro y los Apus de los pueblos amazónicos protestatarios, lo que implica esta propuesta es tratar el tema de manera muy puntual, pero excluyendo a otros actores tanto del Estado como de los propios pueblos amazónicos, el resultado previsto podría ser el de ponerse de acuerdo en las modificaciones a tal o cual norma y con ello cerrarlo hasta nueva oportunidad. La otra propuesta va en el sentido de constituir una comisión especializada que termine con recomendaciones para que el Estado los tome en cuenta. Una tercera propuesta consiste en que cada sector del Estado que tenga trabajo en los ámbitos de las comunidades indígenas promueva iniciativas para adecuar su normatividad interna, sus planes operativos o sus dispositivos administrativos con la finalidad de dar pasos hacia la configuración de un Estado democrático, inclusivo y no excluyente.

Se espera que se comprenda que para gobernar un país o una región se debe echar mano de todos los conocimientos acumulados, de los profesionales especializados, de las instituciones creadas para tales fines como las universidades y las ONG. Debiera también respetar y fortalecer los niveles de gobierno. Diremos también que el Estado entienda que no puede ni debe discriminar a los profesionales de ciencias sociales ya que su formación académica, sus conocimientos y sus habilidades no sólo pueden contribuir a evitar dolorosos sucesos como los de Bagua, sino encaminar los pasos de todos los peruanos y peruanas para construir un país unitario y diverso, un país de todas las sangres como lo postulara José María Arguedas.

*Publicado en Expresión. julio 2009
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Con satisfacción hemos recibido las noticias de que se han iniciado los procesos de presupuestos participativos en la Región, en las municipalidades provinciales de Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque y en varios distritos. Este proceso participativo, que merece ser reconocido como un proceso democrático, se desarrolla de acuerdo a un instructivo expedido por el Ministerio de Economía y Finanzas. Sabemos que se han desarrollado ya asambleas de agentes participantes, en muchos casos se han formado los comités de vigilancia y ya se aprestan a actualizar las visiones y los objetivos de desarrollo. Se trata de un proceso participativo que debiera ser mejorado, ampliado a los presupuestos de otras reparticiones públicas y ser orientado hacia su institucionalización

En este año uno de los problemas que se tendrá que enfrentar es el del balance de los presupuestos participativos en actual ejecución ya que se han tomado nota de que en este rubro hay muchas explicaciones que dar, entre ellas, la no ejecución de las obras priorizadas en los procesos anteriores y, adicionalmente, parece que se tendrá que enfrentar los recortes presupuestales que se han dado como parte de las repercusiones de la crisis financiera internacional.

Lo que llama la atención, en el caso del presupuesto participativo regional, es que la asamblea de agentes participantes cuyo número de integrantes ha pasado de aprox. 150 participantes a menos de 35 participantes, lo que significa una drástica reducción y que elimina uno de los indicadores que se exhibía como un logro de participación. Esta reducción se basa en una estrategia de la administración regional: tratar de que el presupuesto regional se oriente a la ejecución de obras de “impacto regional” y no a obras pequeñas, vecinales, gestionadas por comités de obras o por Apafas o dirigentes populares. Estas últimas debieran estar a cargo de las municipalidades provinciales y distritales. En este punto nos estamos preguntando si la administración regional ha logrado generar esos tan mentados “proyectos de impacto regional” o se terminarán aprobando los conocidos proyectos de alto presupuesto orientados a mejorar la infraestructura física.

Dada la experiencia de más de seis presupuestos participativos regionales sería recomendable que se ponga sobre el tapete la discusión sobre lo que se entiende por “obras de impacto regional” pues tenemos la sospecha que se considera como tales a aquellas que fueron banderas del movimiento popular de Lambayeque allá por los años 70 (Proyecto Olmos, Segunda Etapa de Tinajones, Hospital Regional, Terminal Marítimo de Puerto Eten y Aeropuerto Internacional). Piensan, por tal, que con la ejecución de tales obras Lambayeque iniciará el despegue definitivo hacia su desarrollo sostenible.

Por otro lado existe una corriente de opinión – defendida también por un gran sector del Estado y particularmente por la sociedad civil que consideran que el desarrollo tiene que ver con el desarrollo de las personas y que por ello se debiera centrar la inversión en desarrollar las capacidades humanas (calidad de servicios en salud, educación, saneamiento, electricidad) y en evitar que se siga perdiendo capacidades humanas (inversión centrada en los niños y en las madres gestantes). En un mundo de desigualdades ésta se convierte en una exigencia humana, en una condición necesaria para el desarrollo de todos y de todas y que, felizmente, están respaldadas en las políticas públicas aprobadas en los años recientes.

Tenemos conocimiento que en el actual presupuesto participativo regional están asistiendo los más altos funcionarios del gobierno regional, los directores regionales, los jefes de programas nacionales y más de 30 representantes de organizaciones de sociedad civil. Este espacio puede ser convertido en una oportunidad para debatir y ponerse de acuerdo sobre lo que se entiende por desarrollo y generar un cambio de enfoque. De no hacerlo los debates se centrarán en aprobar o desaprobar tal o cual obra, pero sin reflejar un cambio del rumbo que se ha seguido hasta la fecha y que, en parte explican, el porqué los índices de desarrollo humano siguen siendo bajos, en una Región que tiene el reconocimiento de ser la Región más exitosa.
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