Iniciamos un espacio para la difusión de la problemática de los comuneros posesionarios que están siendo desplazados por el Proyecto Olmos (PEOT) como parte de las condiciones exigidas por ODEBRETCH para la subasta de tierras.

NOTA URGENTE Nº 1.

PROYECTO OLMOS REINICIA CLAUSURA DE NORIAS Y ROMPE EL DIALOGO
CON LOS COMUNEROS POSESIONARIOS DE LA MISTERIOSA
DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLMOS

Imagen de la noria artesanal de más de 100 m. de profundidad que abastece con agua a las personas y al ganado. Las norias que son la base para la vida en las pampas de Olmos, son el objetivo central a ser inutilizada porque con ello se obliga a las familias a abandonar sus territorios (foto Evaristo Mayanga)

Este fin de semana, concretamente el sábado 12 de Noviembre, el PEOT ha reiniciado sus acciones de violencia contra familias comuneras de Olmos asentadas dentro del área que se proyecta subastar este fin de mes. Como ya es costumbre el abogado Aladino Rojas Cusma, especializado por el PEOT para los desalojos, encabezando un grupo de personas contratadas se presentó en la zona de la Misteriosa para destruir la vivienda, los cercos, construcciones adicionales y han procedido a “enterrar” e inutilizar la noria artesanal que es la fuente del agua para las familias que viven en estos alejados parajes. La noticia recién se pudo conocer luego de horas de cometidos estos actos debido a lo alejado de la zona y al hecho que está fuera del alcance de cualquier medio de comunicación. En esta oportunidad le ha tocado vivir este drama a la familia de la comunera Magdalena Nunura de More y a la familia del comunero Evaristo Mayanga More que son posesionarios en el sector Vega del Desaguadero y La Misteriosa. Es posible que la relación aumente día a día hasta “liberar” la zona a subastar.

Para una comprensión del tema de los desplazados debemos señalar que éstos se dividen en tres grupos: los comuneros de La Algodonera (para los cuales el PEOT ha construido viviendas), los comuneros de Cruz de Pañalá (comuneros de Mórrope, que hace unos días hicieron una denuncia contra el PEOT) y comuneros de La Misteriosa y Vega del Desaguadero (declarados injustamente como invasores por el PEOT). En total se trata de 70 familias afectadas directamente.

En el caso de los comuneros de La Misteriosa, Vega Desaguadero y Cruz de Pañalá el PEOT se ha limitado a cancelarles una valorización unilateral de los bienes (vivienda, cercos y en algunos casos norias) y NINGUNA otra compensación, revelando niveles de improvisación, falta de planificación y un lado poco sensible, poco humano. En este punto lamentamos que el PEOT siga confundiendo dos conceptos distintos: valorización de los bienes destruidos con compensación, desconociendo que la compensación implica que los pobladores desplazados por los grandes proyectos mejoren su nivel de vida y sean beneficiados por dichos proyectos.

Lo más llamativo del caso es que un grupo significativo de comuneros, diez de los dieciséis, han iniciado, hace unas cuatro semanas, conversaciones con el PEOT y han presentado documentos para encontrar una salida a la terrible situación que están afrontando. Como resultado de este esfuerzo, en una reunión con el propio gerente general del PEOT, se convino en reubicarlos en una zona aledaña a sus actuales posesiones, apoyarlos con un pozo tubular que les permita continuar con sus actividades productivas, apoyarlos con proyectos de desarrollo rural, etc. e incluso el Ing. Juan Hernández y el Soc. Milton Gamarra se comprometieron a sostener una reunión de trabajo el próximo jueves 17. Una vez más es el Estado el que no dialoga y, cuando lo hace, no lo hace de buena fé. El problema es que en estos días otras familias de La Misteriosa y Vega Desaguadero sufrirán la misma suerte y de esta manera el PEOT estará cerrando el diálogo y reemplazándolo por el abuso y la prepotencia, continuando de esta manera una política de exclusión que viene de las administraciones anteriores.

—– Agradeceremos a ustedes que, desde el puesto que tengan y desde dónde estén expresen una opinión solidaria en favor de una solución al problema mediante el diálogo y el reconocimiento de derechos de los que menos tienen y los excluidos de siempre. Como una muestra de solidaridad por favor difunda esta nota ……………………….
Sigue leyendo →

Represa Limón que embalsará las aguas del río Huancabamba y permitirá
el trasvase hacia las pampas de Olmos a través del túnel trasandino. Para
su construcción se tuvo que desplazar a los pobladores de Pedregal y Huabal
(foto pam.2011)

—————————————————————–
“Al final no estamos contentos porque el Proyecto Olmos nos ha dejado en el hambre, en la necesidad y la pobreza, el mismo Proyecto nos ha dejado pobres, para nosotros no hay beneficio, ni para nuestros hijos, todos los días no sé de dónde nos cae para comer cada día. Hemos ido a pedir trabajo al Proyecto para tener algo qué comer o algún beneficio para la casa. Entonces el Proyecto Olmos nos ha hecho un perjuicio, no nos ha pagado bien nuestras casas y nuestras parcelas, la compensación legal no se ha hecho” (Angel López Leonardo. 64 años. Desplazado de Pedregal. Entrevista. 14/6/2011)
——————————————————————–

Pedregal y Huabal son caseríos pertenecientes, a los distritos de San Felipe y Pomahuaca, ubicados en la margen izquierda del río Huancabamba y en cuyos territorios se construyeron los campamentos del Proyecto Olmos, la bocatoma del Túnel Trasandino y la Represa y Embalse Limón. Políticamente pertenecen a los departamentos de Piura y Cajamarca. La ejecución de dichas obras determinó la salida forzada de las familias asentadas en esos caseríos y para lo cual se elaboró un Plan de Compensación y Relocalización Involuntaria (PCRI). En aplicación del PCRI se conformó el caserío Nuevo Huabal, donde se han reubicado a las 45 familias que cuentan con nuevas viviendas, infraestructura educativa moderna, servicios básicos, de agua de calidad, desagüe con sistemas de biodigestión, cementerio y próximamente se tendrá energía eléctrica, local comunal, iglesia y se iniciaran los trabajos de defensas ribereñas (www.peot.gob.pe/noticias/noticias.php)

Se considera, siempre en la versión del Proyecto Especial Olmos – Tinajones (en adelante PEOT), que el proceso de reubicación de las familias de Huabal, ha sido exitoso1, que promovió el desarrollo con inclusión y en la que participaron diversos actores como: Gobierno Regional, Sociedad Civil y empresa, municipalidades de San Felipe, Pucará, Cajamarca, Dirección de Salud –DISA- Jaén, UGEL- Jaén, ALA- Jaén, Odebrecht, PEOT, Comité de de Gestión de Huabal, entre otros. (www.peot.gob.pe/noticias/noticias.php?id)

La aplicación práctica de ese plan presentó algunos problemas: se generó un gran descontento por los criterios subjetivos en la asignación de los módulos de viviendas, las personas que recibieron los pagos no abandonaron la zona porque el dinero recibido no les alcanzó o simplemente porque les fue muy difícil alejarse de su territorio, en la zona habilitada para recibir a 17 familias se han asentado más de 70 lo que ha tugurizado el espacio, adicionalmente las tierras donde están asentadas las viviendas son improductivas y los pobladores no pueden dedicarse a ninguna actividad productiva. Otro problema es que el pequeño poblado “no cumple con los requisitos de seguridad establecidos por Defensa Civil, pues a inicios del 2010 se produjo un deslizamiento de tierras producto de las lluvias y por tanto se sienten engañados” (Angela Acevedo.www.noticiasser.pe/04/01/2011)

Todo parece indicar que la relación del PEOT con los pobladores de Pedregal fue primero amistosa, de diálogo y de conversación y en este tiempo parece que muchos pobladores optaron por aceptar ser desplazados en las condiciones iniciales propuestas por el Proyecto. Pero unos meses después las relaciones se trocaron tensas y las palabras amistosas se vuelven amenazantes “sales a la buena o sales a la mala”. Los pobladores apostaban a que sus condiciones iban a ser mejores de las que tenían antes y ello significaba tres cosas: a. Tener una parcela igual o mejor a la que dejaban, b. Contar con mejores viviendas y c. Mejoramiento de los ingresos.

La apuesta por tener una parcela igual o mejor no pudo ser cumplida porque el dinero recibido resultó muy modesto para adquirir una parcela similar. El mejoramiento de los ingresos tampoco se ha cumplido porque en la zona no existen posibilidades de tener ingresos ajenos a los provenientes de la actividad agropecuaria. En cuanto a las viviendas se inició un largo periplo que terminó en el actual emplazamiento y en el que se ubican parte de los pobladores afectados que pertenecen mayoritariamente a Huabal y no a Pedregal.

La primera propuesta de reubicación era trasladarlos a Pucará, pero no hubo la aceptación del Alcalde y no se concretó. Se propuso entonces trasladarlos al paraje “Puerto Rico”, cerca de La Viña, ubicado en la parte desértica de Jayanca, lugar que una delegación de ellos visitó por invitación del PEOT. Los trabajadores no aceptaron tal reubicación pues no había agua, el agua la sacaban de norias con baldes y eran tierras comunales (entrevistas a desplazados de Pedregal). Fue entonces cuando apareció la alternativa de ser ubicados en La Lomada y entonces los especialistas decidieron ubicar el nuevo pueblo en la quebrada, con el visto bueno de Defensa Civil. El lugar elegido era nada menos que el cauce de una quebrada de alto riesgo y, según narra una pobladora, “ellos eran los profesionales y ellos tenían que ver los riesgos pues era una zona peligrosa”. Adicionalmente las posibilidades de dedicarse a una actividad productiva en ese lugar es simplemente imposible y como dicen los pobladores no hay nada bueno aquí, nadie va a venir “está entre cerros, cerro para acá, cerro para allá y a un costado la quebrada”.

Como para dar mayor sustento a estas críticas, un cinco de abril del 2010 se produjo una fuerte avenida de aguas, más conocido como huayco, que hubiera tenido consecuencias fatales, felizmente la gente logró salirse de la quebrada y lograron salvarse. El huayco inundó todo el poblado, hizo grandes destrozos y hasta ahora queda por saber los criterios de Defensa Civil de Cajamarca para darle el visto bueno a esa ubicación. A partir de allí todos los residentes de Nuevo Huabal están pidiendo la reubicación a una zona segura y que les compensen con una parcela para sembrar por lo menos alguna planta (Andrea Bilbao. http://vimeo.com/19122276). El PEOT ha replicado realizando obras adicionales para contener los posibles derrumbes y encausando mejor la quebrada. Justamente el mes de junio los encontramos ejecutando muros de contención,

LA VOZ DE UNO DE LOS DESPLAZADOS

En las entrevistas realizadas a algunos pobladores desfilan pasajes importantes de la relación del PEOT y en general del Estado, con los pobladores desplazados, relación que se inició el 2004, que ha pasado por varios periodos y que ahora aparece tensa, por lo menos con los pobladores de Pedregal. Presentamos un testimonio muy ilustrativo de esta relación que no tuvo un final feliz.

Angel López Leonardo, 64 años, nació en Pomahuaca pero vivió toda su vida en Huabal, el año 2004 tenía dos casas y dos parcelas que daban dos cosechas al año y que le permitían tener un nivel de vida modesto, pero no pobre. Haciendo historia dice que esa parcela fue de la Ex Hacienda Santa Lucía que al ser afectada por la Reforma Agraria él fue calificado como beneficiario. Luego

“Nos transformamos en Comunidad Campesina Túpac Amaru II que me dio mi certificado de posesión y cuando lo presenté a los del PEOT me dijeron que esos documentos significan valores rebajados y como no es título privado entonces no tiene valor comercial y sólo me iban a reconocer la posesión. Con el tiempo llegaron las cartas notariales del PEOT y los funcionarios nos dijeron que si no firmábamos las cartas íbamos a perder todo y hasta el trabajo ofrecido para mis hijos como almaceneros. Firmamos entonces y luego me presionaban para que saque mi arroz y con las justas logré cosechar y al día siguiente metieron máquina en mi chacra. Nos pagaron una miseria y no nos dieron trabajo. El año 2006 se presionó con abogado contra el PEOT y por ello les dieron trabajo a algunos por un año y luego los botaron. Salí entonces de Pedregal.

Pero cuando quisieron sacarme de Huabal allí me planté para no firmar y me buscaban como delincuente para firmar, entonces el Proyecto me hizo una denuncia ante la Fiscalía de Jaén, también enjuiciaron a Rosa Aguilar, Juan Pastor, Valeriano Castro, Margarita Flores, Lizbeth Flores, Juan Flores, Socorro Flores, Estanislao López, Asunciona López, Wilson Santos y Víctor Matos. Buscamos un abogado de Chiclayo, pero tenía que defendernos en Jaén y pagamos los gastos con los ingresos de los pagos de Pedregal.

Mi casa de Huabal tuvo piso de cemento y techo de calamina, yo lo valorizaba en 21,000 soles y el Proyecto me ofreció 6,000 soles. A las finales por falta de plata me quedé ya y al final me pagaron los mismos 6,000 soles. Mi casa de Pedregal valorizada por COFOPRI en 1800 soles y yo lo valorizo en 6000 soles. Uno de los terrenos de Huabal de media hectárea me pagan 9000 soles, pero yo pedía 15,000 soles y me pagaron lo que ellos ofrecían porque me dijeron “que no me iban a dar gusto” y eso lo hicieron por haberlos enjuiciado. En resumen. En Pedregal me pagaron 16,000 soles por mi terreno de una hectárea y por mi casa 1800 soles. En Huabal me pagaron 9,000 soles por la parcela de media hectárea y por la casa me pagan 6,000 soles.

En Huabal nos pagan más porque entramos en juicio con la idea de que primero se paga y después se desaloja y con ello presionamos para mejor pago, por ejemplo Efraín Castro le pagaron como 30,000 soles, pero a la primera etapa nos pagan tela y ese reintegro es el que estamos buscando. Somos en total 56 personas”.

El PEOT organizó en forma paralela una “vía técnica” en la que intervinieron especialistas de Cajamarca, de Piura y de Lambayeque. Ellos valorizaron mejor todo lo que teníamos tanto las chacras y las casas y luego vinieron los “peros” y “peros”, y no hay nada. Yehude se fue a Lima no sé a qué hacer, pasó lo de Bagua y entró Velásquez y tampoco nada, hasta que salió y nada. No nos dieron el reintegro. Si se da el reintegro me tocaba como 25,000 soles de mi compensación legal. En un momento de las discusiones les dije a los ingenieros que me pagaran con una casa y el ingeniero dijo que buscara yo la casa y que ellos podían comprarla. Entonces fui a Chiclayo a buscar un lote y ubiqué uno cerca donde vive mi familia, pero costaba 8,000 dólares. Cuando hablé con los ingenieros me dijeron que no podían comprarme la casa y que mejor me pagaba el dinero que habían acordado”

“… Si pudiera hablar al nuevo gobierno le pediría trabajo para mis hijos, ahora estamos sin trabajo, no tenemos que comer, no tenemos donde, al menos nosotros que tenemos 50 o 60 años no nos van a dar trabajo. Ojalá que este nuevo gobierno tenga conciencia y el corazón más blando y en cuanto a mi parcela que el gobierno regional y nacional se ponga la mano y nos diera el reintegro para vivir siquiera un par de años. Hemos estado ya cuatro años de lucha y nada hasta ahorita. Nos engañaron, es una estafa”

COMO CONCLUSIÓN

Por lo menos en el caso de los pobladores desplazados de Pedregal, el PEOT no ha cumplido cabalmente con la política de compensación definida por diversas normas nacionales e internacionales, que establecen que “cuando no exista otra opción” los pobladores serán trasladados a otro lugar lo más cercano posible que les garantice que sus condiciones económicas, sociales y culturales no sufrirán menoscabo y en esta línea la compensación – tratándose de agricultores tiene que ser con tierras agrícolas. Si bien el PEOT ha cumplido con pagarles el valor comercial de sus bienes (valorizados unilateralmente), no les ha otorgado vivienda a los desplazados de Pedregal y no les ha retribuido con una parcela similar a la que perdieron por las obras iniciales del Proyecto Olmos. Son varios los argumentos y justificaciones que les han dado para no reconocerles una compensación justa e incluso un reintegro del pago recibido. Argumentos y justificaciones que no abundan cuando se trata de la millonaria compensación que exige Odebretch.
—————————————————————————-
* Agradecemos a Fórum Solidaridad Perú que auspició un corto estudio sobre el Proyecto Olmos y sus impactos. El texto se basa en el Informe presentado.
1. El PCRI fue ganador del concurso Buenas Prácticas de Gestión Pública 2009, otorgado por la Asociación Ciudadanos al Día en mérito a: representar un cambio radical en la aplicación de la ley de expropiación y el pago de un justiprecio, por su enfoque inclusivo, por relacionar al poblador con su entorno y por la compensación social y generación de oportunidades de desarrollo para los pobladores asentados en la zona. Obviamente, parece que la decisión para concederle el premio se basó exclusivamente en la versión del PEOT, pero la realidad parece contradecirlo en toda la línea.
Nota: Este artículo es una segunda versión del artículo publicado en el Semanario Expresión (Octubre, 2011) con el mismo título.

Web: www.inderperu.como
Sigue leyendo →

CONVEAGRO REGIONAL LAMBAYEQUE

AGENDA AGRARIA REGIONAL DE LAMBAYEQUE

1. Reforma de la Constitución Política de 1993, priorizando lo referente al régimen agrario y en base a los estipulado por la Constitución Política de 1979, restituyendo la inviolabilidad, inembargabilidad de las tierras comunales.
2. Restitución de los aranceles, especialmente para los productos considerados tradicionales y que tienen que ver con la seguridad alimentaria del país
3. Programa de compensaciones en el marco de la implementación de los Tratados de Libre Comercio (TLC)
4. Pago de tributos una vez al año (tributo plano)
5. Reestructuración del Seguro Agrario con ampliación a todas las regiones del país, incluyendo a las comunidades campesinas
6. Intangibilidad de las cabeceras de cuenca, incorporando procesos de recuperación y preservación del medio ambiente
7. Constitución del Área de Comunidades Campesinas en el Gobierno Regional
8. Impulsar las alianzas estratégicas: productor – Estado – inversión privada
9. Impulso organizado de las acciones de investigación – capacitación y asistencia técnica
10. Ampliación del capital del Banco Agrario y que funcione como un banco de primer piso. Este banco debe ser de naturaleza incluyente a los campesinos formales e informales. Que se implemente la Ley PREDA ampliando el monto a 70 mil soles.
11. Reorientación de la naturaleza operativa de COFIDE que ahora orienta los créditos hacia los intermediarios, para que éstos, a su vez, ejecuten créditos con los productores con el consiguiente incremento de los intereses
12. Desjudicialización de los procesos de tierras con la institucionalización del sector público para que resuelva los casos en la vía administrativa, cumpliendo las funciones y competencias de las diferentes instituciones del sector público
13. Saneamiento físico –legal de los predios agrícolas y de las comunidades campesinas. Para el caso de la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos: Derogatoria del D.S. de confiscación de la propiedad comunal y se respete la Ley General de Comunidades Campesinas. Que el Proyecto Olmos sea ejecutado con la modalidad de inversión pública, revirtiendo las tierras a la Comunidad Campesina. No al desplazamiento forzoso de los comuneros de Olmos y Mórrope.
14. Respaldo y promoción a iniciativas organizativas de los mismos productores, principalmente de la pequeña y mediana agricultura: cursos de formación de cooperativas de ahorro y crédito, formación de empresas de productores, proyectos promocionales en asistencia técnica y transferencias de tecnologías.
15. Respetar las Ordenanzas Regionales que declaran a las regiones libres de transgénicos.
16. Dotar de mayor presupuesto a los gobiernos regionales para impulsar proyectos de inversión en la pequeña y mediana agricultura y en comunidades campesinas.
17. Establecimiento de un autogravamen para el fortalecimiento de las organizaciones agrarias representativas del país y de los departamentos.
18. Reconocer a las Rondas Campesinas como mecanismos de seguridad ciudadana, dotándolas de los recursos necesarios para su funcionamiento
19. Implementar, con los recursos suficientes, a los centros de investigación para la competitividad agraria como el INIA – Lambayeque

Siguen firmas de dirigentes agrarios ….
————————————————————————
* Publicado en el Semanario Expresión. Chiclayo, 21 Set. 2011
Sigue leyendo →

Las comunidades campesinas son organizaciones muy importantes desde varios puntos de vista y, por ello, su problemática debiera interesarnos a todos y dejar de ser una preocupación aislada de comuneros y de especialistas. Uno de los temas importantes que tienen que encarar las comunidades es el relativo a los derechos de posesión que establecen al interior de sus instituciones y sobre lo cual trataremos en esta nota.

Como información general mencionamos que las comunidades campesinas extienden a sus comuneros, un documento denominado “certificado de posesión” que los convierten, a sus poseedores, en comuneros posesionarios de una determinada parcela, reservándose la comunidad campesina el derecho de propiedad (que puede o no estar acreditada por algún organismo del Estado). El certificado de posesión, dentro de una comunidad campesina, es un documento que goza de credibilidad, porque simplemente expresa una realidad reconocida y respetada por los comuneros que saben quienes son comuneros, qué parcelas poseen, sus extensiones y sus colindancias.

Las limitaciones del certificado de posesión se revelan más bien fuera de las comunidades campesinas y nos referimos a las limitaciones para ser usado en el ámbito comercial y bancario, a las exigencias de entidades privadas o a las objeciones de varios organismos públicos. Efectivamente existen fuertes restricciones para vender, arrendar, colocar como garantía, etc. las parcelas de un comunero. Incluso el Estado, para realizar una obra en territorio comunal exige que la Comunidad le extienda un documento especial en que la comunidad acepta que el territorio en que se asienta la obra estatal pase a ser propiedad pública. A lo anterior se suman algunos representantes del Poder Judicial que otorgan poca o ninguna validez a estos documentos de posesión y que con frecuencia avasalla la autonomía de las comunidades en lo concerniente al uso y disposición de sus tierras.

A los problemas señalados se suma algo que todavía es más perjudicial para la validez de los certificados de posesión: las campañas gubernamentales para negarle o restarle valor a la propiedad comunal en general y al certificado de posesión en particular. Una de estas campañas masivas la protagonizó Fujimori, sus ministros de Agricultura, algunos de sus congresistas y uno que otro de sus teóricos (como Hernando de Soto). Esta campaña se dio como parte de la ofensiva neoliberal para desbrozar el camino al proceso de reconcentración de tierras que tuvo su punto de partida en los noventa y que impulsaría con mucho entusiasmo el ex Presidente García Pérez. Ahora estamos sintiendo los efectos de tal campaña.

En un contexto de esta naturaleza – años 1992 – 1998 — el Instituto de Desarrollo Regional (INDER) trabajó una propuesta – concertada con varios dirigentes comuneros — de modificación del modelo de certificado de posesión en base a dos objetivos muy precisos: cooperar con la decisión de los comuneros de mantenerse como tales, defender la unidad territorial de sus comunidades, y brindar mayor seguridad jurídica a los comuneros posesionarios. Basado en un estudio de los documentos de posesión de varias comunidades, consultado el tema en varios eventos y recabando la opinión de varios profesionales, se concluyó formulando un nuevo modelo de certificado de posesión al que se le denominó “Título de Posesión Comunal”

El nuevo documento otorgaba derechos de posesión “de duración indefinida” al comunero, pero lo condicionaba a que mantuviera su condición de comunero, lo que implicaba cumplir con las obligaciones y beneficiarse de los derechos que el Estatuto de la Comunidad le reconocía. Se incorporaba el componente de “posesión familiar” que en cierta forma garantizaba a la familia cierta seguridad en la posesión de la parcela ya que antes el único beneficiario era el titular. El título de posesión aludía a la asamblea general de comuneros que autorizaba la expedición de tal documento, poniendo restricciones a las libertades que tenía el presidente de la comunidad. El documento debería llevar por lo menos tres firmas de los representantes de la comunidad (presidente, secretario y fiscal) y la propia firma del titular.

Si bien es cierto las normas vigentes hablaban de un padrón de parcelas, ninguna comunidad lo había puesto en práctica, por ello se contempló la necesidad que el título de posesión debiera tener un origen más formal: el Libro de Parcelas de la Comunidad, que pasaba a ser el documento de origen del derecho de posesión y que debería ser legalizado, foliado e impreso de tal manera que cualquier adulteración del mismo sería rápidamente visualizado. De esta manera, el título que se le entregaba al comunero, era una “copia literal” del documento que constaba en el Libro de Parcelas. Adicionalmente se elaboró un modelo más moderno, menos susceptible de ser adulterado y mucho mejor presentado.

Este nuevo documento de posesión fue aprobado por la mayoría de comunidades campesinas de Lambayeque y algunas del norte del país, que es el ámbito al que podía llegar la institución que promovía tales cambios. Lamentablemente organizaciones nacionales del campesinado y asociaciones especializadas en comunidades tenían, en ese tiempo, otras prioridades y otros temores y no abordaron el tema de manera específica, impidiendo un cambio global en un documento tan importante para las comunidades que hubiera ayudado mucho a una acción común tan necesaria en esos tiempos y en los actuales.

—————————————————————-
* Artículo publicado en el Semanario Expresión Nº 732.)%> Chiclayo, 15 Septiembre 2011.
Sigue leyendo →

……………………………..
FEDECCAL
FEDERACIÓN DE COMUNIDADES
CAMPESINAS DE LAMBAYEQUE
Fundada el 31 de Enero 1988

Chiclayo, 3 de Junio de 2011.

Fragmento del pronunciamiento que será impreso para su difusión.

…….. ooOOoo ……..
Sigue leyendo →

Pedro Alva Mariñass

————————————— ooOOoo ———————————————————-

Sigue leyendo →

Publicamos algunas imágenes que corresponden al Viernes Santo 2011, que se conmemora en la ciudad de Lambayeque. Con aprecio. Pedro

……………..

Sigue leyendo →

(UN NUEVO ACTOR EN EL ESCENARIO DEL PROYECTO OLMOS)

Pedro Alva Mariñas

“… y en la forma referida las amparo en su posesión y
mando que no sean desposeídos sin primero
ser oídos, y por fuero y derecho vencidos”.
(Títulos de la Comunidad Campesina de Mórrope. 1713)

* Artículo publicado en Semanario Expresión. Abril 2011
Sigue leyendo →

Artículo publicado en el Semanario Expresión, abril 2011
……………………………
Sigue leyendo →

Comuneras de la Comunidad Campesina de Santa Rosa, firmando el acta de reciente Asamblea. La participación directa de la mujer se hace cada vez más visible y, como muestra, la anterior presidencia estuvo a cargo de una mujer. (Foto INDER. 2011)

El Distrito de Santa Rosa, ubicado a pocos km. En dirección sur oeste de Chiclayo, es conocido por ser una de las caletas de pescadores más activa del norte del Perú. Sin embargo muy poco se sabe que en el distrito también existe una comunidad campesina, de larga data, que ha protagonizado importantes pasajes de la historia del Distrito y que es reconocida como una de las principales instituciones del distrito de Santa Rosa, seguramente después de la Municipalidad y de las asociaciones de pescadores.

Como se sabe, el Distrito de Santa Rosa, alberga a una caleta de pescadores artesanales del mismo nombre, de remoto origen que en algún momento decide separarse del pueblo agricultor de Monsefú. Sin embargo con el tiempo fue apareciendo la actividad agrícola, como actividad complementaria, a la cual se fueron dedicando los pescadores en sus años de retiro. Poco a poco fueron abriendo nuevas tierras de cultivo y tuvieron que dialogar y hasta presionar con sus vecinos de Monsefú para contar con agua de riego para sus escasas, pero crecientes, áreas cultivables y de crianza de animales. Con el tiempo aparecerá una comunidad de personas mayores que se van a distanciar de los más jóvenes y para marcar esa distancia se organizan como comunidad campesina y en esas condiciones tramitan su reconocimiento oficial. El crecimiento poblacional de Santa Rosa convierte a la tierra en un bien cada vez más preciado y, con ello, la importancia de la comunidad crece y también las presiones y los intereses sobre ella.

La Comunidad obtiene su reconocimiento oficial el 17 de Mayo de 1965, mediante la Resolución Suprema Nº 195 expedida por el entonces Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas. Este reconocimiento es muy importante para que se mantuviera como institución, para que asuma la defensa de sus derechos en general y para que en cierto momento se facilitaran algunas inversiones del Estado. Probablemente el hecho más significativo de este periodo es la donación de un tractor que la Comunidad recibiera del gobierno central encabezado en ese tiempo por el joven Alan García.

Si bien el reconocimiento oficial se logra el año 1965, no sucede lo mismo con el reconocimiento del territorio comunal que todavía tuvo que esperar el paso de los años, de dirigencias comunales y de gobiernos para que finalmente fuera titulada el año 1989, luego de muchos trámites, muchas idas y vueltas, muchas energías y recursos gastados, no por una sino por muchas dirigencias comunales1. Los títulos de propiedad de la comunidad consisten realmente en las actas de colindancia firmadas con propietarios colindantes, la memoria descriptiva que detalla los linderos de la comunidad y resalta los principales hitos de demarcación del territorio y el plano de conjunto que plasma en un gráfico el territorio comunal. Las comunidades campesinas no exhiben – como en el caso de particulares o de beneficiarios de Reforma Agraria – una hoja como título.

Recordamos que esta atípica comunidad campesina afrontaba serios problemas para su titulación. Uno de ellos es que no estaba legislado que una comunidad tuviera acceso al litoral ya que éste se basaba en cierta legislación que le daba titularidad automática al Estado a través de dependencias públicas. Obviamente el nombre de comunidad campesina era visiblemente contradictorio con el reclamo de acceso al mar que hacían los tenaces dirigentes comunales. Un segundo problema lo enfrentó con la Comunidad Campesina San Pedro de Monsefú que se negaba a reconocerle los linderos propuestos y ello motivó una serie de reuniones hasta que ambas comunidades llegaron a establecer sus linderos tanto en el litoral (Bocana San Pedro) como en tierra firme (Huaca Sorrocoto o Chacupe). Desde entonces ambas comunidades tienen derechos a parte del litoral lambayecano. El lindero norte prácticamente no tuvo mayores problemas por cuanto en aquel tiempo eran terrenos libres y el colindante era la Municipalidad Distrital de Pimentel con la cual se habían definido linderos políticos que eran coincidentes con los reclamados por la Comunidad de Santa Rosa. El lindero en el litoral fue un hito de concreto claramente visible en ese tiempo, colocado en un pequeño promontorio conocido como “La Garita”. Sin embargo las resistencias más fuertes estuvieron al interior del propio distrito.

Efectivamente la Municipalidad Distrital de Santa Rosa ejercía desde tiempo atrás el papel de propietario o por lo menos de “asignador” de lotes para vivienda y lotes para otros usos. Ocasionalmente coordinaba con la dirigencia comunal y otras veces no. En estos últimos casos se desarrollaban tensiones de diverso grado entre la Comunidad y la Municipalidad. Obviamente la titulación del territorio comunal — que en este caso se trataba de todo el distrito de Santa Rosa – significaba cerrar las pretensiones de la municipalidad. Un punto culminante de esa tensión se da cuando la Municipalidad se opone frontalmente a la titulación del territorio comunal aduciendo derechos sobre los mismos y para fundamentarlo declara como “zona de expansión urbana” un área de aprox. 116 Hás., comprendidas en el área inmediatamente colindante a la zona urbana. A la Comunidad no le cuesta mucho trabajo traerse abajo esa sustentación y con ello se allana el camino para la titulación del territorio comunal.

Han pasado 23 años en que una ceremonia de juramentación tan especial los dirigentes de la comunidad campesina de Santa Rosa recibieran sus títulos de propiedad largamente esperados. Algunos de los protagonistas de esas jornadas ya no están con nosotros, otros todavía quedan en pie como los viejos lobos de mar. Cabe, luego de un largo tiempo, preguntarse lo que ha significado para las vidas de los comuneros y comuneras de esta atípica comunidad campesina la titulación de su territorio.
……………………………………………………………….

Nota 1: Existe un proceso de titulación del territorio comunal de Santa Rosa el año 1977, que implicó varias diligencias, llegándose a levantar un plano de conjunto y una memoria descriptiva. Eran tiempos en que tal responsabilidad la asumió SINAMOS, pero como no había legislación que amparara esas iniciativas, todo quedó en una buena iniciativa.
……………………………………………………….
*Publicado en Semanario Expresión. 3ª semana marzo 2011

————————————— ooOOoo ——————– Sigue leyendo →