El Comercio, en su edición regional del 1º de Septiembre 2012, publicó una página central dedicada al Proyecto Olmos y como parte de este reportaje apareció un artículo firmado por Pedro Alva Mariñas y que reproducimos para ustedes en su versión digital.
————–
Este artículo también ha sido publicado en: www.inderperu.com
Sigue leyendo
Pedro Alva Mariñas
Instituto de Desarrollo Regional – INDER
El día de ayer, 31 de octubre, se han cumplido 49 años del reconocimiento oficial de la Comunidad Campesina “San Pablo”de Incahuasi. Efectivamente un 31 de Octubre de 1963, el Ministerio de Trabay Asuntos Indígenas expedía la Resolución Ministerial Nº 186 que reconoce personería jurídica y existencia legal de la Comunidad y ordena que se la inscriba en el Registro Oficial de Comunidades del la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas. El documento lleva logotipos oficiales, al centro el escudo nacional, evidencias de su tramitación y al final un par de firmas ilegibles. En fin se trata de un documento oficial sin ninguna discusión y cuya copia oficial le fue remitida al gestor de la Comunidad mediante comunicaciones oficiales y a través de la Prefectura y Puesto policial de Incahuasi. La expedición de esta resolución culminaba un largo proceso de trámites que se remontan a varios años atrás, pero que en los dos años anteriores cobraron inusitado interés.
Sólo como una acotación diremos que son muy pocas las instituciones departamentales que pueden exhibir un documento de esta naturaleza, es decir del rango de una Resolución Suprema que otorga reconocimiento oficial y personería jurídica a una institución. Este hecho es generalmente olvidado por sectores importantes de los comuneros y más todavía por algunas instancias estatales y empresas privadas que informadas del hecho que alguna directiva comunal No se encuentra inscrita en los registros públicos concluyen que la comunidad o no existe o con ella no se puede ni siquiera conversar. En atención a ello la Ley General de Comunidades Campesinas reiteraba que las comunidades gozan de personería jurídica y que “solo por su mérito” debieran ser inscritas en los registros públicos.
Otro asunto importante del contenido de la Resolución Suprema de reconocimiento de la Comunidad Campesina San Pablo de Incahuasi es en lo relativo al territorio comunal que no es reconocido y es más se deja expresa constancia que: “la presente resolución no afecta los derechos que otras comunidades o particulares pudieran tener sobre la propiedad de las tierras que la comunidad recurrente considera como de su dominio”. Con ello la inseguridad jurídica, las usurpaciones territoriales y los litigios por tierras se van a prolongar por un largo periodo; pero por lo menos la comunidad ya podía litigar en los tribunales y defender sus derechos. La titulación del territorio comunal será igualmente un proceso largo y terminará en 1992.
Los trámites para el reconocimiento oficial no fue fácil por la enorme presión de los hacendados, por las grandes limitaciones de un Estado anquilosado y de espaldas a las comunidades indígenas; pero parece que también debido a las divisiones internas que se desarrollaron al interior de la comunidad. Efectivamente se formaron dos bandos interesados en lograr el reconocimiento, uno estaba presidido por la familia Cajo y el otro por Asunción Vilcabana Vides que al final logrará tener el respaldo de los comuneros y se convertirá en el Personero de la Comunidad. Fortalecido por esta unidad Asunción Vilcabana remite un nuevo documento al Director General de Asuntos Indígenas, adjuntando varios documentos al expediente:
– El mandato otorgado a su persona por los comuneros de Incahuasi
– Formulario declarando que la Comunidad tiene carácter inmemorial
– Datos poblacionales
– Número y clase de ganado que tiene cada familia comunera
– Datos sobre la escuela que funciona en la Comunidad
– Croquis del territorio comunal que la comunidad considera como de su propiedad.
– Títulos antiguos – coloniales – de comunidad
La solicitud, escrita en papel sellado, fechada el 10 de Noviembre de 1962 y lleva la rúbrica y firma de Asunción Vilcabana Vides.
El reconocimiento oficial de la Comunidad, en realidad la devolución de ese estatus legal que ya tenía la Comunidad de Incahuasi desde tiempos coloniales, ha sido uno de los grandes hitos de la larga historia de este noble pueblo quechua hablante enclavado en la serranía de Ferreñafe – Lambayeque. Es por ello que la directiva comunal del periodo 2011 – 2012 ha decidido celebrarlo como se merece, es decir en dos días de celebración y al que ellos mismos le han dado un nombre que a nosotros, los castellano hablantes nos puede parecer extraño pero que para ellos suena muy bien: TUKUY SHAMUYLLAPA 1963 – 2012.
—————
Nota: el nombre del distrito, en los últimos tiempos, lo suelen escribir de esta manera: Inkawasi; sin embargo la Comunidad Campesina prefiere conservar la antigua escritura, es decir Incahuasi pues así rezan sus documentos originarios y los de su reconocimiento. Nosotros conservamos las formas de la Comunidad, por lo menos en este artículo. Sigue leyendo
El Proyecto Olmos inició el camino de su realización con la confiscación de más de 111,000 Hás de tierras de propiedad de la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos. Este asunto que siempre se mantuvo como problema para la Comunidad, no lo fue más para el Proyecto Olmos, el Gobierno Regional y el Gobierno Nacional que consideraron al tema como un asunto cerrado cuando se finalizó el proceso en la SUNARP.
El tema de las tierras ha resurgido con fuerza en las últimas semanas al endurecerse la posición de la actual directiva comunal que reclama el pago de un porcentaje del valor de las tierras subastadas, reclamo que se hizo evidente en la ceremonia de colocación de la primera piedra del Proyecto.
Mientras esto sucedía, un conocido abogado de Olmos demandaba la nulidad del proceso confiscatorio y la inscripción de las tierras de Olmos, recibiendo la negativa de los tribunales de Lambayeque y, posteriormente una acogida favorable del Tribunal Constitucional. La nota da cuenta de este hecho.
………….
La Resolución lleva el sello y la firma de Víctor Alzamora Cárdenas, Secretario Relator del Tribunal Constitucional y tiene como fecha 03 de Septiembre de 2012. La primera noticia ha sido dada en la edición Nº 9384 del Diario El Ciclón (29/9/2012) y posteriormente lo hemos confirmado con la copia de la mencionada resolución que obra en nuestro poder. La mencionada resolución termina por darle la razón al Dr. Hugo Lamadrid Ibáñez que había interpuesto recurso de agravio constitucional en contra de la Resolución de la Sala Especializada en Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque que declaró improcedente la demanda de amparo en favor de la Comunidad Campesina de Olmos e interpuesta por Hugo Lamadrid en contra el Congreso de la República, el Gobierno Regional de Lambayeque, EL Ministerio de Agricultura y el Proyecto Ejecutivo Olmos – Tinajones por la inscripción fraudulenta de 111, 656 Has. De la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos y que previamente fueron confiscadas por el Decreto Supremo 017-99 –AG y la Ley 27172.
La mencionada resolución refiere que el Décimo Juzgado Especializado Civil de Chiclayo, el 27 de Octubre de 2010 declaró improcedente la demanda de inaplicabilidad del Decreto Supremo 017-99-AG y de la Ley 27172 por considerarla extemporánea y que la nulidad de la inscripción registral podían ser ventiladas “en una vía igualmente satisfactoria”. Argumentos que el Tribunal constitucional considera que no son válidos para rechazar las demandas y que por ello “no los comparte”. Señala por ejemplo que “el demandante ha presentado material probatorio que demostraría la titularidad del derecho de propiedad de la Comunidad Campesina beneficiaria” y que al no haber sido cuestionado este derecho, ni siquiera mencionados en los proyectos de ley presentados por dos congresistas lambayecanos, entonces el caso debe ser devuelto a su lugar de origen y se inicie el proceso con la citación a los demandados.
Por los considerandos expuestos sumariamente en esta nota, el Tribunal resuelve: “Revocar la recurrida y la apelada y ordenar al Décimo Juzgado Especializado Civil de Chiclayo que proceda a admitir a trámite la demanda y resolverla dentro de los plazos establecidos en el Código Procesal Constitucional”.
Cabe mencionar que la Resolución fue aprobada con los votos favorables de los magistrados Vergara Gotelli, Beaumont Callirgos, Calle Hayen, Eto Cruz y Urviola Hani y se presentaron dos votos discrepantes, no tanto con el fondo, sino con situaciones muy particulares como los casos del magistrado Alvarez Miranda y Mesía Ramírez. Adjuntamos un fragmento de la Resolución del Tribunal Constitucional.
De lo que se trata es que el Tribunal Constitucional considera que la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos, en este caso representando por el Dr. Hugo Lamadrid, tiene argumentos de peso relativos a su propiedad que deben ser merituados y ventilados en un proceso judicial y, por tal ordena, que se admita la demanda denegada.
La demanda judicial de Hugo Lamadrid confirma nuestra tesis que las oscuridades que acompañaron al Proyecto Olmos deben ser aclaradas y subsanadas, entre otras: las compensaciones adecuadas a las poblaciones afectadas directamente por el Proyecto Olmos y la compensación a la Comunidad de Olmos por la confiscación y posterior subasta de sus tierras. Estos asuntos deben ser abordados con seriedad en un diálogo con los directamente interesados: las poblaciones afectadas y la Comunidad Campesina de Olmos, tal y como lo estamos afirmando, sugiriendo y promoviendo en estos meses de acompañamiento a los comuneros de Olmos y que ha suscitado comprensibles disgustos de los que tienen el poder.
…………………………..
Adjuntamos un fragmento de la Resolución del Tribunal Constitucional.
Sigue leyendo
Los comuneros desplazados y reubicados en La Algodonera optaron por conformar una Junta de Administración Local, instancia contemplada en la Ley de Comunidades y en el propio Estatuto de la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos. Sin embargo en una actitud incomprensible el PEOT ha decidido desconocerla, sentando un mal precedente en la relación Estado con las organizaciones sociales. Foto pam 2012.
Pero también en Lambayeque se reproduce la cerrazón a entender y atender los reclamos y los asuntos pendientes que tiene el Proyecto Olmos con las familias desplazadas de sus territorios. La manera cómo el PEOT está enfrentando el reclamo de los comuneros confirma el endurecimiento del Estado en el nivel regional y con ello desaprovechamos una oportunidad para corregir políticas, modificar conductas y darle un toque de inclusión al Proyecto Olmos, que tanto lo necesita.
En las siguientes líneas abordaremos el sensible tema de los desplazados del Proyecto Olmos y con este término comprendemos a los comuneros y posesionarios de Pedregal, Huabal, Algodonera, La Misteriosa, Vega del Desaguadero y Pañalá.
Los desplazados de Pedregal y Huabal (Cajamarca)
Un primer conflicto se suscitó con las poblaciones de Pedregal y Huabal que tuvieron que ser sacadas de sus territorios para construir la represa y reservorio Limón. En este caso las familias desplazadas no fueron adecuadamente compensadas y han quedado en niveles importantes de frustración y descontento, especialmente en el caso de aproximadamente 40 familias de Pedregal a quienes no se les construyó viviendas y se les pagó montos irrisorios por los bienes destruidos y ocupados. Este grupo de comuneros mantienen un largo litigio administrativo y judicial con el PEOT que ya lleva más de cinco años.
Los comuneros de Pedregal lograron que los gobiernos regionales de Cajamarca y Lambayeque suscribieran acuerdos para solucionar su problema e incluso comprometieron la asignación de un lote de 1,000 Hás. a manera de compensación y de las cuales 250 Hás. se destinarían para compensar a los comuneros afectados de Pedregal y Huabal. Todo parece indicar que ese compromiso ha sido también olvidado.
Los desplazados reubicados en La Algodonera (Olmos)
El segundo caso se presentó con los comuneros posesionarios del área que fue subastada por el PEOT en condiciones bastante conocidas. Los comuneros que residían en los caseríos Pan de Azúcar, Abrigos de Pañalá, Vinguar Grande y Algodonera fueron obligados a firmar un compromiso, recibir un pago unilateral por sus bienes y trasladados a un centro poblado en proceso de construcción. Es contra ellos que se cometieron actos de violencia inauditos, inaceptables y a los que hemos calificado de barbarie y que fueron ampliamente denunciados en los medios de comunicación. A pesar de las circunstancias los comuneros asentados en La Algodonera persisten en el diálogo y gracias a ello lograron suscribir con la gerencia general del PEOT un acuerdo de solución a varios problemas pendientes, entre ellos la entrega de un lote de terreno con agua para que los desplazados puedan desarrollar una actividad productiva que les permitiera tener ingresos para no caer en la indigencia. Han pasado las semanas y los meses y el PEOT se niega a cumplir los compromisos, declara abiertamente que todo está zanjado y que los reclamos de los comuneros no tienen razón y termina acusando a los comuneros.
Los comuneros desplazados de La Misteriosa (Olmos)
El tercer caso tiene que ver con los comuneros de los sectores La Misteriosa y Vega del Desaguadero que no estaban inicialmente en tierras del Proyecto Olmos y que su situación se vio violentamente trastocada cuando el PEOT y la obsecuente directiva de la Comunidad Campesina de Olmos realizaron una “permuta de tierras” por el cual devuelven a la Comunidad de Olmos un lote ubicado al extremo Norte de las tierras confiscadas y a cambio el PEOT recibe tierras ubicadas en el extremo Oeste. Lo que llama la atención es que en esta permuta no se tomaron en cuenta la situación de los comuneros posesionarios de estos sectores comunales que quedaron encerrados dentro del territorio a ser subastado y librados a su suerte.
Que la directiva comunal no tenga interés por sus comuneros es lamentable; pero ya es inaceptable que funcionarios públicos, no contemplen medidas adecuadas para tratar a los comuneros desplazados y, en el colmo de las improvisaciones, se los termine calificando de “invasores” en un comunicado oficial. Felizmente el PEOT procedió a pagarles una valorización unilateral y semanas después procedió a destruir sus bienes en operativos realizados entre los meses de Octubre y Noviembre del 2011. En este caso de desplazamiento forzoso el PEOT no los reubicó, no les construyó viviendas y simplemente los expulsó de sus posesiones.
Los compromisos firmados y no firmados por el PEOT y los desplazados.
Hasta donde sabemos el PEOT ha celebrado compromisos, separados en el tiempo, con los pobladores desplazados. El primero lo suscribió en favor de los desplazados de Pedregal y Huabal (como cofirmante el Gobierno Regional de Cajamarca) y el segundo lo hizo con los comuneros asentados en La Algodonera (28/11/2011). En el caso de los comuneros desplazados de la Misteriosa y Vega del Desaguadero, el PEOT se ha negado a suscribir un acuerdo o compromiso de solución.
Lo que resulta inexplicable es que hasta la fecha los desplazados de Huabal y en grado mayor los de Pedregal no han logrado ser atendidos en sus demandas y siguen tocando otras puertas porque las del PEOT parecen cerradas para ellos. En el caso de los comuneros reubicados en La Algodonera tienen pendientes la solución de sus principales demandas y, finalmente, en el caso de los comuneros de La Misteriosa y Vega del Desaguadero no se ha suscrito acuerdo alguno y tal parece que se han dispersado sin continuar los trámites.
De mantenerse esta posición de endurecimiento y no atención a la demanda de las familias desplazadas por el Proyecto Olmos estaremos desperdiciando una buena oportunidad para poner en práctica frases tan repetidas como diálogo, transparencia, concertación, inclusión y lo que haremos es sumar una gran oscuridad al Proyecto Olmos y a la gestión del Gobierno Regional.
——————————————————————————————————————-
Publicado en el Semanario Expresión de Chiclayo. Junio 2012
correo: arriero50@hotmail.com
correo: a20055372@pucp.edu.pe
En las últimas semanas el tema ha recibido la atención de Amnistía Internacional, reconocida institución dedicada a la defensa de los derechos humanos en todo el mundo y cuyos informes pusieron en grandes aprietos al gobierno de Fujimori – Montesinos. En realidad representantes de Amnistía Internacional han visitado en dos oportunidades a los comuneros reubicados en La Algodonera (campiña de Olmos), una de ellas a fines del año pasado y la última a fines del mes de Mayo de este año. Se han tratado de visitas al propio lugar de los hechos, para hablar con los comuneros y comuneras, recoger sus testimonios y establecer compromisos iniciales.
Como resultado de esas visitas, Amnistía Internacional considera que el caso de los desplazados por el PEOT es un asunto de “posible violación de derechos humanos” en el Perú y en consecuencia se ha comprometido a actuar según los protocolos establecidos y, añade, que al margen de los acuerdos o desacuerdos específicos entre el PEOT y los comuneros, hará un seguimiento al tema. Las declaraciones de los representantes de AI pueden leerlas en los textos digitalizados que acompañan esta nota. Igualmente un seguimiento del caso de los desplazados por el Proyecto Olmos en anteriores artículos de este blog.
Las declaraciones y decisiones de Amnistía Internacional significan también un aval a las acciones de acompañamiento que se han venido desplegando desde el mes de agosto del año pasado y en el que han jugado un papel importante la Federación de Comunidades Campesinas de Lambayeque (FEDECCAL) y el Grupo de Investigación Olmos de Sociología – UNPRG.
Como parte de las actividades de seguimiento, Amnistía Internacional ofreció una conferencia de prensa en la que dieron su testimonio comuneros y comuneras desplazados. La conferencia tuvo una amplia cobertura de los medios locales y regionales.
A solicitud de amigos y personas interesadas en el tema publicamos (en versión digital) las notas periodísticas que dieron cuenta de la conferencia de prensa realizada el 28 de Mayo de 2012.
…………………………
——————————————————————-
Sigue leyendo
La población de la Provincia de Lambayeque al ser analizada en grandes grupos de edades (Censo 2007), encontramos 89,776 niños y niñas, 68,749 jóvenes, 83,904 adultos y 16,845 adultos mayores. Como puede suponerse los grandes grupos de edad (e incluso los subgrupos) tienen derechos, demandas que tienen que ser tomados en cuenta toda vez que cuentan con planes específicos y políticas específicas para los tres niveles de gobierno. Por ello resulta muy importante que el Plan de Desarrollo nos informe que anualmente nacen en la Provincia de Lambayeque un aproximado de 6,000 niños y niñas. Igualmente resulta importante saber la cantidad de jóvenes que exigen educación y oportunidades de empleo, conocer el número de adultos que básicamente se interesan por un trabajo adecuadamente remunerado y en el caso de los adultos mayores que nos cuestionan si estamos en capacidad de darles una atención adecuada.
Nos parece importante, para efectos de planificación del desarrollo, dar una mirada a la división de la población en urbana y rural pues se supone que la población urbana cuenta con mejores servicios y tiene más oportunidades de acceder a ellos. Así el grado de urbanismo implica mejores condiciones de vida (aunque pudiera ser discutido) y mayores oportunidades para acceder a ellos. En este punto podemos afirmar que la Provincia de Lambayeque tiene un fuerte componente rural (52% del total de la población). Los distritos que tienen mayor población rural que urbana son: Mórrope, Olmos, Túcume, Mochumí, Jayanca, Salas y Chóchope. En el siguiente cuadro, tomado del Plan de Desarrollo de La Provincia de Lambayeque, se puede apreciar el peso de la ruralidad en cada uno de los distritos de la Provincia de Lambayeque.
Si tenemos en cuenta que es en el sector rural donde se expresan de manera más nítida los indicadores de pobreza, de exclusión, de menor presencia del Estado, de aislamiento, etc. entonces habrá que dar atención prioritaria al sector rural, y esto se fundamenta mucho más en que representan a la mayoría de la población de la Provincia. Por ello preguntarse si los proyectos que se están desarrollando ya sea públicos o privados (como el Proyecto Olmos) está considerando esta situación, está proyectando mejorar la calidad de vida de la población e incluirla como un aliado y protagonista del desarrollo o los está considerando sólo como socios menores o como los perdedores del proceso.
LOS DESAFÍOS
1. El crecimiento sostenido de la población provincial obliga a planificar los servicios, la infraestructura pública, las vías de comunicación y las demandas de trabajo que esta población va a tener en el futuro. No se trata de seguir construyendo obras pensando en el presente o en el corto plazo.
2. Que considerando que la población debiera tener las oportunidades para vivir en su lugar de origen y que la población es el principal potencial para el desarrollo local, se tiene que plantear como estrategia a mediano y largo plazo el de retener a la población provincial y, eventualmente, atraer a pobladores de otras provincias y departamentos.
3. Conociendo los pobladores por grupos de edades cabe preguntarse si están recibiendo los servicios públicos, si todos ellos tienen las mismas oportunidades, si han logrado un desarrollo humano acorde con los estándares internacionales, si todos ellos se benefician o no del crecimiento económico del país.
4. A nivel de detalle podemos preguntarnos si 6,000 niños menores de un año nacieron en un centro de salud o en su casa y cuántos tuvieron control prenatal. Para los 17732 niños entre 3 y 5 años cabe preguntarse cuántos de ellos tienen acceso a educación inicial y así preguntarnos por los otros segmentos de la población.
CONCLUSIÓN
La importancia de un Plan de Desarrollo Concertado 2011 – 2021, como lo tiene ya aprobado la Provincia de Lambayeque radica en que marca el rumbo para llegar a una visión deseable para el futuro, pero también marca la pauta de lo que debemos hacer en el corto y mediano plazos para que esa visión de futuro se concrete, se haga realidad total o por lo menos parcialmente.
…………….
. Foto INDER
Recién llegado de una de sus visitas a Lima, el Presidente del Gobierno Regional de Lambayeque, Ing. Humberto Acuña Peralta fue el encargado de las palabras iniciales en las que remarcó que la competitividad, el desarrollo de capacidades y la asociatividad tienen gran importancia en su gestión y expresó su agradecimiento porque el gobierno central prometió aprobar el Plan Portuario de Eten.
Por su parte el Presidente de CEPLAN, Ing. Germán Alarco, explicó los objetivos que se ha planteado su institución: reanudar contactos con los gobiernos regionales, renovar la importancia de la planificación, remarcar la utilidad de la planificación para la mejora de la productividad y la importancia de presentar las experiencias exitosas de articulación entre empresas, universidades, estado y sociedades locales.
Acto seguido el Dr. Elías Ruiz, Director Ejecutivo de CEPLAN comentó el tema de la competitividad, informó que Lambayeque ha pasado del puesto 6 al puesto 5 del ranking de competitividad (entre 2008 y 2010) y que su aporte a la economía nacional ha mejorado del puesto 9 al puesto 7 en el mismo periodo. Sin embargo dijo que había mucho que hacer. Mencionó como potencialidades regionales: a la agroindustria, turismo, exportación y experiencias de asociatividad, remarcando la importancia de la innovación.
En representación de la Gerencia de Planificación y Presupuesto, Josué Portocarrero afirmó que Lambayeque tiene problemas para encaminarse por la senda del desarrollo. El aporte de Lambayeque al PBI fue de 2.9 el año 2009, ocupando el puesto 10º. Otro elemento mencionado es la dependencia del cultivo de arroz con el 43 por ciento. La economía de Lambayeque tiene muy poca consistencia en el tiempo, tiene alzas regulares y caídas espectaculares, según datos 1994 – 2009. La agricultura presenta similares fluctuaciones, el PEA no refleja un mejoramiento y tampoco la situación laboral, pues el 75% de la población cuenta con salarios muy bajos. Se sugiere como espacios prioritarios de intervención: la articulación longitudinal de Lambayeque, fortalecer el corredor económico Motupe – Olmos y la construcción de la autopista Lambayeque – Olmos.
LA RONDA DE PANELISTAS
Federico Tenorio de CEDEPAS, centra su interés en los conglomerados productivos agrarios de pequeños productores, los mismos que deben ser asociados para aprovechar economías de escala para compartir ingresos, pero también pérdidas. Se debe ofrecer un producto de alta calidad, gestión empresarial y tecnología productiva. El abordaje tiene que hacerse a nivel del productor, del producto y de la comercialización. Complementa su exposición hablando de la experiencia de 20 asociaciones que trabajan con una firma privada sobre la base de acuerdos que se respetan. El expositor dijo que “los conglomerados rurales de pequeños productores, pueden convertirse en factores importantes de desarrollo agrario inclusivo y del fortalecimiento democrático”
Víctor Rojas Díaz de AREX sugirió la importancia de comparar la competitividad regional con los estándares internacionales y, al hacerlo, nuestros problemas aparecerán con mayor nitidez. Luego enumerar algunos de los problemas: la inseguridad jurídica, las debilidades del capital social, la generalizada inseguridad ciudadana, considerar a las empresas como enemigos y no como socias (como parece ser el caso de la SUNAT). Remarca la importancia de la construcción del Terminal Marítimo de Puerto Eten para el desarrollo de Lambayeque.
Yolanda Díaz Callirgos de la MCLCP. Considera interesante las referencias a la metodología participativa, a los enfoques de género y que las distintas miradas pueden contribuir a mejorar los procesos y productos. Hay una conciencia que el crecimiento debe ir aparejado con la equidad, con los derechos. Es interesante la visión de ser un país de ciudadanos y ciudadanas y que la competitividad tiene como base el desarrollo de capacidades de las personas. Los datos presentados nos hacen ver la importancia de ver las demandas de la población. La sugerencia es que todos tenemos que aportar en una propuesta de desarrollo y no es recomendable pensar sólo en el mercado hacia fuera, porque con ello se puede afectar a los agricultores y pobladores.
El representante de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque dijo que habría que preguntarnos no tanto si crecemos, sino de cómo crecemos. Efectivamente producimos más, pero se debe mejorar y para ello se debe apostar por la competitividad, por desarrollar más la infraestructura, la innovación y la institucionalidad. Se requiere dar importancia a la planificación concertada, con enfoque inclusivo. Recomienda no confiarse en la política primario – exportador. Finalmente considera que “vale la pena considerar el modelo de desarrollo endógeno”
El representante de la Gerencia Regional de Agricultura, Ing. César Segura, afirmó que se promueve la competitividad y la asociatividad y sobre cual la Gerencia Regional de Agricultura trabaja con AREX. Le interesa también el fortalecimiento organizacional de los productores y el mejoramiento de infraestructura de riego. Mencionó como iniciativas especiales los cambios productivos en la zona andina en la que se están promoviendo el cultivo de arándanos que se suma a los hongos comestibles, con miras a la exportación.
Heinz Plenge, del Área de Conservación de Chaparrí, se pregunta qué hacer con este extenso territorio de las comunidades campesinas y una de las posibilidades es dedicarlas al turismo. Recomendó a los empresarios que se asocien con las comunidades para proyectos ambientales, económicos, como alternativa a los problemas que generan las mineras. Se sugiere crear una marca regional.
Carlos Paredes García, el representante del Colegio de Arquitectos hace referencias a la experiencia turística de Colombia, plantea la importancia del Proyecto Olmos, habló de los corredores económicos, del gran reto que significa planificar esos nuevos centros poblados que se instalarán en Olmos para que no se repitan los grandes problemas tenidos en Chavimochic.
Adalberto León de la Universidad Santo Toribio. Las universidades prefieren el conocer, otros enfatizan el hacer y otros enfatizan el tema ético de compromiso con su sociedad. Deben haber cuatro pilares en el trabajo de las universidades: gestión transparente, ayudar a la solución de los problemas de la sociedad, investigación sobre profundización de conocimiento, proyección e interacción social (proyectos de desarrollo humano, planes concertados y presupuestos participativos).
El evento contó como maestro de ceremonias al Dr. Alejandro Santa María, asesor de la Presidencia del CEPLAN
Chiclayo, 10 de febrero de 2012
……………………….oOOo ………………..
Luego de la subasta de tierras, que ingresa a su tramo final, se inicia el proceso de construcción de la infraestructura menor de riego (embalses, canales principales, etc.) que estará a cargo de la empresa H2Olmos (subsidiaria de Odebretch) ganadora y largamente beneficiada de un contrato de concesión. Para el efecto el PEOT promovió (y logró) la firma de dos acuerdos de dudosa legalidad con la dirigencia comunal presidida por Grimaldo Monja Benítez. El primero de ellos es el “Acta de compromiso para afectación de área comunal (1/09/ 2011) y el segundo es el “Acta de compromiso comunal sobre pago de afectaciones individuales” (26/10/2012). En la primera acta, de una sola página y sin sellos se acuerda el pago de 200 dólares por hectárea afectada y, en la segunda acta, se acepta el compromiso del PEOT de pagar a la directiva comunal el importe de las servidumbres y ésta se compromete, a su vez, a pagarles a los comuneros afectados. Estas decisiones en las alturas, con total desconocimiento de los comuneros afectados, se trata de airearlas mediante una reunión de consulta con algunos comuneros afectados directamente (02/12/2011). Es posible que existan otros documentos a los cuales no hemos tenido acceso.
Basado en estos acuerdos y con la evidente complicidad de la dirigencia comunal el PEOT considera que tiene el camino libre para abordar, en posición de ventaja, el trato con los comuneros afectados por las obras de infraestructura en el Valle Viejo de Olmos. Así inician las visitas de sus trabajadores, las entrevistas personales con los comuneros y la presión o recomendación para que firmen los documentos de aceptación de la servidumbre forzosa de sus posesiones y el pago acordado. A los comuneros les costó dar como cierta la valorización de US$ 200 por hectárea afectada y más todavía el compartir el 50% con la directiva comunal. Hay que remarcar que el pago es por las tierras afectadas, pues el PEOT se compromete a realizar pagos adicionales.
Esta estrategia no pasó inadvertida para los comuneros de algunos sectores del Valle Viejo y leyeron que se estaba repitiendo la historia de La Algodonera y rápidamente decidieron hacer los contactos necesarios y luego optaron por agruparse en Juntas de Administración Local, que son órganos de gobierno local establecidos en la Ley General de Comunidades y el propio estatuto comunal. La primera medida fue solicitar al PEOT la información básica para poder tomar una decisión; sin embargo este pedido no ha tenido respuesta positiva.
Para ubicarnos en el contexto debemos aclarar que las tierras del Valle Viejo son propiedad (quizás con algunas excepciones) de la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos y no forman parte de las áreas confiscadas por el Proyecto Olmos. En estas tierras la directiva comunal debió proponer un acuerdo global con el PEOT para el establecimiento de la servidumbre y convertirla en una oportunidad para posibles beneficios directos para la propia comunidad campesina y para sus comuneros. No nos explicamos el allanamiento total de Grimaldo Monja y sus dirigentes.
Este allanamiento está teniendo consecuencias para la Comunidad de Olmos en general y, en especial, para los comuneros que, de continuar la estrategia del PEOT, estarán siendo afectados por la servidumbre forzosa y los pagos unilaterales que se están imponiendo. Dando continuidad al proceso de imposición de servidumbres de aguas, el PEOT ha procedido a entregar cartas notariales a los comuneros por cuyas posesiones se construirán las obras que aseguran que el agua fluya hacia las áreas subastadas y por subastar.
A la luz del caso de los comuneros desplazados por el PEOT el año pasado y de este caso de comuneros del Valle Viejo, es inevitable preguntarnos ¿porqué el Estado, ya sea nacional, regional o sectorial, tiene la costumbre de valorizar tan poco al trabajo, a las propiedades y posesiones de los comuneros y agricultores?
………………………..
Blog: http://blog.pucp.edu.pe/blog/alvamarinas
http://www.inderperu.com/
———————————————————————————————————–
FEDECCAL
FEDERACIÓN DE COMUNIDADES
CAMPESINAS DE LAMBAYEQUE
Fundada el 31 de Enero 1988
———————————————————————————————————–
EL VIII ENCUENTRO DE COMUNIDADES CAMPESINAS DE LAMBAYEQUE Y PROVINCIAS VECINAS:
1º QUE EN EL AMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO OLMOS SE HA DESATADO UNA FIEBRE DE INVASIONES, CONCESIONES, CESIONES COMPRAS Y VENTAS DE TIERRAS COMUNALES QUE SON Y SERÁN FUENTES DE GRANDES TENSIONES EN LA ZONA. QUE ESTA SITUACIÓN SE PRODUCE POR LA CONFLUENCIA DE VARIOS FACTORES: EN PRIMER LUGAR POR LA FALTA DE TITULACIÓN DE LAS TIERRAS COMUNALES O LA EXISTENCIA DE GRANDES ZONAS EN CONTROVERSIA QUE NO SE ESTÁN RESOLVIENDO Y FRENTE A LO CUAL LA GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA NO HACE NADA Y EL COFOPRI COLABORA PARA AGRAVARLA. SE PRODUCE TAMBIÉN POR LA EXISTENCIA DE MALAS DIRIGENCIAS QUE COMENTEN DELITOS BASADOS EN LOS CAMBIOS ESTATUTARIOS ILEGALES QUE, LAMENTABLEMENTE LA SUNARP LOS INSCRIBE. PERO TAMBIÉN EXISTE LA PRESENCIA DE TRAFICANTES DE TIERRA QUE INVADEN PREDIOS COMUNALES Y LUEGO LEGALIZAN SU POSESIÓN MEDIANTE PROCESOS FRAUDULENTOS.
2º EJEMPLOS MUY CLAROS Y ESCANDALOSOS TENEMOS EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE: EL TRAFICO DE TIERRAS QUE SE PRODUCE EN EL VALLE JEQUETEPEQUE – ZAÑA EN EL CUAL EL PROYECTO PEJEZA A REMATADO TIERRAS COMUNALES A DIESTRA Y SINIESTRA, EL CASO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE REQUE, DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE JAYANCA, EL CASO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA. FINALMENTE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLMOS (DE LA QUE LE CONFISCARON 112,000 HÁS. PARA SUBASTARLAS A EMPRESARIOS PRIVADOS).
3º FINALMENTE EMPRESARIOS PRIVADOS CON NO BUENAS INTENCIONES SE ACERCAN A LA COMUNIDAD DE MÓRROPE PARA FIRMAR O CONVALIDAR CONVENIOS DE CESIÓN DE TIERRAS POR 30 O 50 AÑOS SIN QUE ÉSTOS PASEN POR MECANIMOS PROPIOS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA.
4º QUE ESTAS SITUACIONES HAN SIDO ALENTADAS POR NORMAS Y MEDIDAS DICTADAS POR LOS DIFERENTES GOBIERNOS, EN ESPECIAL DE FUJIMORI – MONTESINOS Y ALAN GARCÍA PÉREZ Y SECUNDADAS POR LOS GOBIERNOS REGIONALES. QUE ESTAS NORMAS NO PARECEN ESTAR SIENDO CUESTIONADAS O MODIFICADAS POR EL ACTUAL GOBIERNO. LO MÁS LAMENTABLE DEL CASO ES QUE MUCHAS AUTORIDADES SE ESCUDAN EN EL “RESPETO A LA AUTONOMÍA COMUNAL” PARA DEJAR INDEFENSAS A LAS COMUNIDADES CAMPESINAS.
5º QUE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS NECESITAN EL ACOMPAÑAMIENTO MAS CERCADO DE LA FEDECCAL PARA PODER FORTALECER SU INSTITUCIONALIDAD, COORDINAR LA SOLUCIÓN DE LOS ASUNTOS INTERCOMUNALES Y HACER INCIDENCIA ANTE EL ESTADO Y EL EMPRESARIADO PARA QUE RESPETEN LOS DERECHOS COMUNALES
POR LO EXPUESTO
EL VIII ENCUENTRO DE COMUNIDADES CAMPESINAS ACUERDA:
1. SOLICITAR FORMALMENTE A LA COMISIÓN AGRARIA DEL CONGRESO Y A LA COMISIÓN DE ORDEN INTERNO LA FORMACIÓN DE UNA COMISIÓN PARA INVESTIGAR EL PROBLEMA DEL TRÁFICO DE TIERRAS QUE SE VIENE PRODUCIENDO EN EL ÁMBITO DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE OLMOS, VIRGEN PURISIMA DE JAYANCA, REQUE, MOCUPE, SANTA ROSA, MOTUPE, MÓRROPE, MONSEFÚ, FERREÑAFE, LAGUNAS, CHEPÉN Y SAN PEDRO DE LLOC, TOCMOCHE, ETC.
2. QUE SE CONSTITUYA UNA INSTANCIA DENTRO DE LAS OFICINAS CONGRESALES DESCENTRALIZADAS DE LAMBAYEQUE ENCARGADA DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO A ESTOS PROCESOS, UN LUGAR EN QUE LAS COMUNIDADES PUEDAN PRESENTAR SUS PROBLEMAS Y PUEDAN SUGERIR A LOS CONGRESISTAS INTERVENCIONES ESPECÍFICAS Y DOCUMENTADAS
3. QUE SE DE TRAMITE UN PEDIDO ANTERIOR DE LA FEDERACIÓN DE COMUNIDADES CAMPESINAS PARA QUE SE INSTALE UNA SUBGERENCIA DE COMUNIDADES CAMPESINAS (CON PERSONAL IDÓNEO Y PRESUPUESTO) DENTRO DEL GOBIERNO REGIONAL O DE LAS DIRECCIONES REGIONALES DE AGRICULTURA, CON CAPACIDAD PARA EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y SOCIAL DE LAS COMUNIDADES Y CON CAPACIDAD DE PRESENTAR OBSERVACIONES A POLÍTICAS Y DECISIONES QUE PUEDAN AFECTAR A LAS COMUNIDADES.
4. SE SOLICITA A LA FEDECCAL A ACOMPAÑAR A LAS COMUNIDADES CAMPESINAS PARA QUE FORTALEZCAN SU INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA, LA RENOVACIÓN DEMOCRÁTICA DE SUS DIRECTIVAS Y EL FUNCIONAMIENTO COMO TALES, COMO CONDICIÓN PARA QUE LAS COMUNIDADES PUEDAN ENFRENTAR MEJOR LOS GRANDES DESAFÍOS QUE TIENEN.
Chiclayo, 6 de Diciembre de 2011
Sigue leyendo
LÍDERES DE COMUNIDADES CAMPESINAS DEL NORTE PRESENTARON PROPUESTAS PARA EL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONSULTA PREVIA A LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y ORIGINARIOS
Aprox. 300 representantes de comunidades campesinas del Norte, se dieron cita en Chiclayo para trabajar una propuesta de borrador de reglamento de la Ley de Consulta Previa. Al final se leyó y aprobó un “acta de acuerdos” que refleja la enorme desconfianza de las comunidades y la distancia que existe entre los que legislan y los pobladores. (La foto corresponde al primer día del evento. foto pam.2012)
Lamentablemente gran parte del primer día se pasó en exposiciones protocolares, pudiendo aprovechar mejor el tiempo y la gran oportunidad de tener a tantos líderes reunidos. Ya para el segundo día se organizaron varios grupos de trabajo, en un esfuerzo por recoger la diversidad de temas que se plantean alrededor de la consulta previa, entre ellos: ¿A quiénes se consulta y cómo?, ¿Qué entendemos por afectación directa? , Vigencia de Estándares Internacionales, ¿Cuándo se hace la consulta?, ¿Qué sucede si no se alcanzan acuerdos o no se logra el consentimiento?, ¿Qué debe contener el Plan de Consulta?, ¿Qué entendemos por plazo razonable?, ¿Cómo debería ser la institucionalidad indígena?, ¿Cómo debería desarrollarse la etapa de evaluación interna?, Acciones en relación a medidas administrativas y legislativas que no fueron consultadas.
De las exposiciones de los grupos de trabajo, realmente en tiempos bastante apretados, se fue sacando en limpio varias observaciones a la misma ley y al documento borrador que había circulado en la reunión. Entre los acuerdos más importantes destacamos:
a. El concepto de afectación no debiera limitarse al área concesionada sino a todo el territorio que es afectado por una industria extractiva, en tal sentido se recomendó utilizar el concepto de poblaciones o cuencas afectadas.
b. Que los artículos 3, 7 y 15 debieran adecuarse a los estándares internacionales del Convenio 169 de la OIT que subraya el derecho de consentimiento de los pueblos indígenas u originarios. En este punto señalan textualmente “No estamos de acuerdo con el procedimiento de aprobación de la Ley de Consulta, por lo que exigimos su modificatoria”
c. La consulta no debiera ser una acto, un proceso direccionado, sino un proceso libre, informado, con la participación de la población afectada por el proyecto y en el que deben considerarse a las comunidades campesinas, comunidades nativas y también las rondas campesinas.
d. Frente a la situación de lograrse acuerdos en el proceso de consulta se acordó que debiera respetarse la decisión de la población, por encima de toda otra consideración.
e. En relación a la rectoría del proceso de consulta debiera tener rango ministerial, con autonomía técnica y administrativa y participativo y debiera, además “regular, evaluar y velar por el cumplimiento de políticas públicas a favor de los Pueblos Indígenas”
f. En la visión de desarrollo de los participantes afloró con bastante nitidez el NO a la minería, la revisión de las concesiones mineras, respeto al derecho de los pueblos, cumplimiento de estándares internacionales y el cumplimiento de promesas de mayor gravamen para las empresas mineras. Igualmente expresaron la importancia del “fortalecimiento orgánico e institucional de comunidades y rondas campesinas; capacitación permanente a todos los miembros de la organización”. Dentro de la visión de desarrollo los participantes mencionaron la contaminación, la inclusión social, la erradicación de la pobreza, educación, competitividad, diálogo social, cambio climático, crisis alimentaria, seguridad ciudadana, equidad de género, etc.
g. Los sujetos de consulta debieran ser, siempre siguiendo los acuerdos del evento: “los Pueblos Indígenas, Comunidades Campesinas, Originarios, Rondas Campesinas, Centros Poblados, caseríos y ciudades de la costa, sierra y selva, que pueden verse afectadas por una medida legislativa o administrativa, del ámbito geográfico expandido en el cual se ejecutará el proyecto. La consulta se realiza a través de sus instituciones u organizaciones representativas, así como a las organizaciones de administración del agua en su cuenca hidrográfica y que puedan verse afectados de modo directo o indirecto”.
h. El Plan de Consulta debiera tener componentes como: la aplicación de la zonificación económica y ecológica, el respeto del derecho consuetudinario de las comunidades y rondas campesinas, debe eliminarse la mención al derecho de veto, debe incluirse el tema del consentimiento.
i. A la pregunta de ¿Qué pasa con las medidas o decisiones en marcha y que no fueron consultadas previamente? Los participantes señalaron que acudirán a las instancias internacionales para dejarlas sin efecto; mientras que acordaron respaldar la ordenanza regional del Gobierno Regional de Cajamarca en relación al Proyecto Conga de la minera Yanacocha.
La conducción del evento macro norte estuvo a cargo de dirigentes nacionales de gremios agrarios, quienes a pesar de las evidentes diferencias, han tratado de encontrar una base unitaria en relación al borrador del reglamento de la Ley. En la foto la mesa directiva del evento (foto pam.2012)
————————————
Fuente: Acta del Evento Macro regional Norte de Evaluación Interna del Borrador del Reglamento de la Ley de Consulta y notas personales. ver también: http://www.inderperu.com