EL SECTOR EDUCACIÓN: ¿CERRADO PARA CAMBIOS?*

El año pasado nos dio la impresión que el tema de la educación se había convertido – por fin – en el gran tema nacional, relegando un tanto los temas coyunturales, pasajeros o banales que generalmente copaban el debate en el país. Ya sabíamos que el tema de la educación nacional tenía potencial para generar grandes consensos. Esa posibilidad se acrecentaba con la aparición de algunos signos importantes y alentadores:

– El sector educación contaba con un documento base para su accionar y para generar procesos de concertación en todos los niveles: el Proyecto Educativo Nacional (PEN), el mismo que fuera no sólo aprobado mediante norma especial, sino también presentado oficialmente en Palacio de Gobierno.
– Varios departamentos, entre ellos Lambayeque, ya tenían sus propios planes educativos regionales (PER), que habían sido aprobados en largos procesos participativos.
– Se habían desarrollado capacidades en todo este proceso, es decir, que se contaba con un staff de personas y de instituciones calificadas para acompañar el proceso de implementación del PEN y de los PER.
– Varios sectores de la sociedad civil y sectores del empresariado nacional y regional se habían involucrado seriamente en el tema educativo gracias al lema: educación, tarea de todos. En este aspecto destacaba Foro Educativo y los espacios que alentó y promovió.
– El gobierno tenía iniciativas al respecto como el shock de inversiones en educación, la transferencia de más funciones educativas a los gobiernos regionales, incluyendo la facultad de seleccionar o designar a los directores regionales de educación y a su personal de confianza.

Resultaba claro que para pensar en una aplicación o implementación del Proyecto Educativo Nacional, se tenía que contar con el involucramiento de los principales actores del proceso educativo: los docentes, los estudiantes y los padres de familia. Sin embargo el proceso había revelado que no habían participado de manera nítida en el proceso (nos referimos a una participación orgánica de esto sectores). Si bien es cierto que el SUTEP se automarginó de este proceso, existen también evidencias de que no se hizo muchos esfuerzos por incorporarlos en esta tarea. Esta no participación – sea consciente o no — pronto cobraría una factura: el SUTEP desencadenó una huelga general indefinida que no tuvo como reclamo o bandera la implementación del PEN y de los PER, si no más bien su reclamo se centró en asuntos reivindicativos muy propios de los docentes.

La otra actitud, que terminó afectando el proceso de cambio, lo generó el mismo gobierno que a pocos meses de la aprobación del PEN no dio ninguna señal de que estaba realmente interesado en su implementación y luego parece que simplemente lo desconoció. Carentes de una propuesta de cambio encontraron las condiciones propicias para el desarrollo de una línea de enfrentamiento con el magisterio nacional. En este marco la evaluación de los docentes se convirtió en el “gran problema del sector educación” y el enfrentamiento Huaynalaya vs. Chang fue el tema preferido de los medios de comunicación. El PEN y los PER quedaron simplemente relegados por cálculos políticos de destrozar a un gremio que no se controla y, por la otra parte, de ventilar hegemonismos internos.

Los resultados que salieron de ese proceso de enfrentamiento seguramente serán motivo de evaluaciones y de apasionamientos de sus principales actores. Pero lo que queda como evidencia es que el Proyecto Educativo Nacional ha sido prácticamente olvidado por el Ministro de Educación y por el SUTEP. Lamentablemente los PER han seguido la misma suerte. Parece entonces que en el sector educación se ha colgado el letrero “cerrado para cambios”. Esperemos que no por mucho tiempo.
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* Publicado en el Semanario Expresión. Chiclayo, 5 octubre 2008 Sigue leyendo →

Jorge Alarcón Gasco y Yolanda Díaz Callirgos (Dirigentes de ADOSCIL) no podían ocultar su satisfacción por los resultados del presupuesto participativo regional del presente año que ha concluido la fase participativa. Tal parece que igual sentimiento comparten los representantes de sociedad civil y del Estado que participaron en estas jornadas ya sea como integrantes de la asamblea de agentes participantes, como miembros del equipo técnico o como integrantes del CCR (Consejo de Coordinación Regional). Aunque todavía faltan procesar evaluaciones más grupales o institucionales, es posible que el balance vaya en el mismo sentido.

La designación del equipo técnico – encargado del seguimiento, orientación y aplicación de criterios de priorización – se hizo de manera concertada entre el gobierno regional y, en este caso, los representantes de la sociedad civil regional (ADOSCIL). Pero en este año se logró incorporar dos técnicos más, en representación de las municipalidades provinciales, y esta mayor participación estatal se compensó con la participación de representantes de los comités locales provinciales. De paso se cumplía con el objetivo de ir incorporando más efectivamente a todas las provincias en este proceso.

Como es sabido el presupuesto participativo se ha movido básicamente en función de un “techo” presupuestal más o menos señalado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y respetado por las instancias del gobierno regional. Es por ello que el presupuesto concertado no sobrepasaba los catorce millones de soles, de los cuales más de cinco estaban casi predestinados al Proyecto Olmos con lo cual se podía disponer de algo menos de ocho millones, que era el monto efectivamente concertado; pero que, gracias a incrementos no programados inicialmente, se llegaba a superar los veinte millones de soles. En este sentido se ha producido un cambio muy significativo porque los agentes participantes tomaron la saludable decisión de pasar de los limitantes 14 millones de soles a 59 millones de soles. Incremento sustantivo que no podemos menos que felicitar ya que tal decisión correspondía a los propios actores regionales y en base a ello negociar con el siempre renuente MEF.

Otra novedad interesante del proceso ha sido la aprobación de un fondo de 10 millones de soles para el equipamiento del hospital regional en cuya construcción está empeñado el gobierno regional y el gobierno nacional desde hace ya un buen tiempo. Como se sabe se cuenta con una partida inicial proveniente del tesoro público de aprox. 32 millones de soles, monto que cubre apenas una tercera parte del costo total del proyecto calculado en más de 100 millones de soles. Estos 10 millones seguramente ayudarán para que el hospital pueda ya brindar atenciones en el más breve plazo y no quede como un elefante blanco en tiempos en que la salud de las personas no está precisamente bien.

Uno de los grandes desafíos de los presupuestos participativos es la falta de capacidad para generar proyectos digamos novedosos, que impacten efectivamente en los ingresos de la gente, en mejorar sus niveles educativos, de salud, de investigación científica, de salubridad y de mejoramiento del medio ambiente. A pesar de que se han realizado avances en este sentido, todavía falta mucho camino para decir que estamos en una nueva pista. Justamente para empezar a resolver esta deficiencia del sector público es que en el presupuesto participativo 2008 se ha destinado una partida para apoyar la formulación de proyectos de esta naturaleza. Ya el tiempo nos dirá si el problema es sólo falta de recursos o hay temas más de fondo que tienen que ser encarados.

Como para rematar esta buena faena de concertación entre Estado y la sociedad civil regional se tomaron acuerdos varios, entre los que destacan: facilidades concretas para que el comité de vigilancia del presupuesto participativo funcione realmente, que en los carteles de obra se coloque que dicha obra ha sido aprobada en el presupuesto participativo, se definió una partida para promover el presupuesto participativo del siguiente año.

Cuando nos habíamos acostumbrado ya al periodo de las vacas gordas, de lo cual parece que sólo los sectores A y B podían dar testimonio, el oficialismo y algunos medios de comunicación masiva, el Presidente de la República y sus ministros nos empiezan a hablar de que ya estamos regresando al largo periodo de las vacas flacas y entonces están ya creando las condiciones para el recorte de los presupuestos. Ante estos anuncios nos preguntamos ¿se atreverán los altos funcionarios del MEF y del Consejo de Ministros a recortar el techo del presupuesto participativo regional?, Y si lo hicieran nos preguntamos si los actores que aprobaron esos montos ¿serán capaces de defenderlos?

En medio de este panorama los acuerdos que surgen del presupuesto participativo nos dan esperanzas que se comienza a entender que el proceso de descentralización necesita que las regiones vayan “más allá” — hablando democráticamente — de las propuestas del centralismo tanto en la asignación de recursos, en la formulación e implementación de políticas públicas y en la asignación de competencias. Vale

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Publicado en la columna Arriero del semanario EXPRESIÓN, Chiclayo, Agosto 2008

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Estimados amigos: estamos viviendo una situación en la que las comunidades y pueblos indígenas de la amazonia se movilizan para exigir al gobierno central diálogo para resolver los problemas que afectan sus derechos. Uno de esos derechos, el relativo a la tierras y al territorio, es el que está siendo afectado por las normas aprobadas recientemente por el gobierno central. Parte de esos derechos están establecidos en una norma internacional que es el Convenio 169 de la OIT. Para contribuir a formar una opinión documentada del tema, presentamos un extracto del mencionado convenio, específicamente el relativo a tierras. Un cordial saludo.

Adoptado el 27 de junio de 1989 por la Conferencia General de la
Organización Internacional del Trabajo en su septuagésima sexta reunión
Entrada en vigor: 5 de septiembre de 1991, de conformidad con el artículo 38

PARTE II. TIERRAS

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LA PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO

Pedro Alva Mariñas

(Artículo publicado en el Semanario Expresión de Chiclayo)

Los tres gobiernos democráticos que le sucedieron al gobierno de Fujimori vienen realizando continuados esfuerzos por abordar la planificación para el desarrollo como uno de los más importantes instrumentos para promover el desarrollo económico y social del Perú y de las regiones y provincias. Fácil fue desmontar las instancias de planificación estatal que se había logrado implementar; pero está resultando bastante difícil reconstruirlo o construir un sistema nacional de planificación.

En los últimos años se ha alentado la planificación a nivel de regiones, provincias y distritos mediante la obligatoriedad de la formulación de los planes de desarrollo concertados y que, a su vez, son el marco para la elaboración de los presupuestos participativos. La experiencias de cuatro procesos de formulación de planes de desarrollo nos permite formular algunas apreciaciones sobre la correspondencia entre los planes de desarrollo regional y los planes de desarrollo provinciales.

Empezamos señalando que existen diversos enfoques para abordar el planeamiento para el desarrollo, uno de ellos se denomina “planificación estratégica” ya que coloca en el centro de la planificación, como eje rector, la visión y los objetivos a largo plazo y luego establece políticas, medidas o programas y termina formulando proyectos que, ejecutados, ayudarían a cumplir los objetivos propuestos. Existen, como alternativas a la planificación estratégica, el enfoque de marco lógico, el enfoque de potencialidades, el enfoque de desarrollo territorial, entre otros. Esta diversidad de enfoques debiera ser también un elemento de reflexión para que los planificadores se pongan de acuerdo en una metodología compartida que minimice los riesgos de incentivar las diferenciaciones innecesarias.

Al analizar los planes de desarrollo concertado de Ferreñafe, Lambayeque y Chiclayo y el Plan de Desarrollo Regional Concertado aparece una primera gran diferencia: las visiones no son iguales y en todo caso tienen importantes diferencias que bien pueden expresar situaciones reales o percepciones diferentes de la gente en estos tres ámbitos. Sin embargo es posible también que estas diferencias hayan sido determinadas por los tiempos distintos en que fueron elaborados y, adicionalmente porque los planes fueron formulados con diferentes actores. Adicionalmente pareciera que las visiones de uno no sirvieron de insumo para la formulación de las visiones de los otros. Recordemos que la visión estratégica de desarrollo debiera ser el elemento de aglutinación de toda la sociedad regional.

Tomando como base el Plan de Desarrollo Regional Concertado al 2021 formulado por el Gobierno Regional de Lambayeque y la MCLCP y el Plan Estratégico de Desarrollo Concertado de la Provincia de Ferreñafe al año 2015, encontramos coincidencias y diferencias. Entre las coincidencias mencionaremos: señalamiento de la importancia de las actividades productivas como la agricultura, la agroindustria y el turismo; la articulación a otros espacios ya sean distritales, regionales o macro regionales; la mención a la democracia, la participación ciudadana; y también aparecen conceptos claves como: equidad de género, medio ambiente y del desarrollo sostenible.

Por otro lado encontramos diferencias significativas tales como: la visión regional tiene como horizonte el año 2021, mientras que la visión provincial tiene como horizonte el año 2015; por otro lado en la visión de Ferreñafe resalta la importancia de la cultura Sicán, mientras que la visión regional no hace mención a lo prehispánico. En otro aspecto nos encontramos que la visión regional menciona conceptos como igualdad de oportunidades, equidad de género, paz, justicia social, educación, salud y salubridad de calidad; sin embargo la visión provincial no habla de paz, justicia social y no menciona a los servicios de calidad como educación, salud, salubridad.

De lo expuesto se va despejando el camino para el inicio de un proceso de reformulación o de actualización del Plan de Desarrollo Regional Concertado, del Plan de Desarrollo Estratégico de la Provincia de Ferreñafe y del Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Lambayeque. Sin embargo existe otro argumento a favor de la actualización de dichos planes: la existencia de proyectos y planes regionales recientemente aprobados (Proyecto Educativo Regional, Proyecto Participativo Regional de Salud, Proyecto Regional de Acción por la Infancia y la Adolescencia, las Agendas de la Sociedad Civil y las acciones prioritarias a favor de la infancia) y, adicionalmente, los aprendizajes colectivos que han experimentado los actores locales en los procesos de planeamiento estratégico.

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Pedro Alva Mariñas.
(Artículo publicado en el semanario Expresión de Chiclayo)

Quien visita o sigue con algún detenimiento el actual proceso social en Lambayeque podrá comprobar un interesante dinamismo de los sectores organizados de la sociedad y en especial de aquellos más atentos a problemáticas más generales. Notaremos ese dinamismo en las mesas de concertación establecidas para tratar diversos temas, asociaciones sin fines de lucros, en los concejos de coordinación regional y en los consejos de coordinación locales, en dirigentes de organizaciones sociales diversos y más recientemente formando verdaderas redes de apoyo a diversas candidaturas al Congreso y a la Presidencia de la República. Estas iniciativas, al involucrar a muchos actores nos, está llevando a pensar en la existencia de un verdadero “desborde de participación” que resulta difícil de entender en un contexto de tantas dificultades y de graves problemas de liderazgo. Un hecho adicional es que este dinamismo está presente no sólo en Chiclayo, sino también en las provincias de Ferreñafe y Lambayeque.

Esta tesis sobre la gran capacidad de la sociedad regional organizada se confirma con su entusiasta participación en el proceso electoral reciente, al formar parte de los comités de campaña de cerca de un centenar de candidatos al Congreso de la República. Tratando de cuantificar esta participación pensamos que no es exagerado pensar que en esta fase de la campaña electoral se formaron un promedio de 20 comités de apoyo por candidato, que multiplicados por los 100 postulantes nos arrojan un total de 2000 comités de base. Si multiplicamos cada comité por un promedio de 8 integrantes tenemos la cantidad de 16,000 personas sumidos en intensa actividad durante un promedio de tres meses. Nos encontramos entonces con cantidades mayores, es decir de un esfuerzo social muy grande que se constituye en la “maquinaria” electoral que pocos ven y de la cual casi nadie habla.

Sabemos que el actual dinamismo de la sociedad regional no es de ahora sino que se viene expresando desde tiempo atrás, desde el periodo de transición democrática y aún antes y se expresó en el surgimiento de movimientos cívicos como, marchas y paralizaciones por los grandes proyectos de desarrollo , movimientos por la paz, acción ciudadana, movilizaciones de pueblos jóvenes, movilizaciones y luchas de las comunidades campesinas, trabajadores azucareros, los colectivos de organizaciones sin fines de lucro, las entidades gremiales profesionales y productivas que hicieron lo suyo y también se expresó en la creación de espacios de concertación en los cuales la sociedad organizada de Chiclayo, Ferreñafe, Lambayeque y varios distritos han jugado un rol protagónico.

Obviamente la presencia de un gobierno autoritario como el de Fujimori – Montesinos no daba espacio para expresiones de la sociedad regional independiente que si encontraron espacio para desarrollarse en los gobiernos de Paniaguañ, de Toledo y de García.

Es usual en ambientes de la capital escuchar la tesis que este dinamismo de la sociedad regional lambayecana tiene su fuente en la particular actuación de la administración del gobierno regional. Nosotros tenemos suficientes indicios para que, sin negar aquello, afirmar que el dinamismo de la sociedad regional organizada es muy anterior al proceso de descentralización y todo parece indicar que tiene energías y reservas para enfrentar los nuevos desafíos que enfrenta esta tierra y su gente.

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