RESUMEN
Pareciera que en la cálida ciudad de Bagua, se originan algunos documentos notariales usados para desplegar acciones de usurpación de tierras de particulares y de comunidades campesinas. Nos dicen que, por fin, el mencionado notario Tuesta Gutiérrez ha sido “severamente sancionado” por la liberalidad que ha tenido en convertir simples escrituras fraudulentas en escrituras públicas. Pero existen otras notarías que han facilitado los 1295 casos de usurpaciones de tierras denunciados ante la fiscalía de Lambayeque el año 2013.
Con la escritura en la mano el proceso de formalización continúa con la obtención de una certificación de propiedad expedida por un teniente gobernador inexistente, luego se compromete a la Municipalidad de Monsefú para que extienda una certificación del predio y con todo ello se inician los trámites para la inscripción del predio en la Sunarp. Pero ahora van más allá, para demostrar que han sido posesionados por la autoridad y para ello inventan una invasión a ese predio, sientan la denuncia y logran que la Policía Nacional expulse a los supuestos invasores. Ahora se sienten formalizados e ingresan al predio a realizar los trabajos de posesión real: movimientos de tierras, cercados parciales y para lo cual contratan a personas de dudosa procedencia (quizás pertenecientes a algunas de las bandas de delincuentes) y se preparan para enfrentarse a los verdaderos dueños, si es que éstos tienen la voluntad o capacidad para hacerlo.
La historia de este suceso ha sido presentado por el diario El Comercio en su edición regional de Chiclayo (11/01/2014) en la versión de un “informe central” de dos páginas que compartimos con ligeras modificaciones. El documento ha sido redactado por Roger Aguilar Mendieta.
Pedro Alva Mariñas
CAMPESINOS DE MONSEFÚ DENUNCIAN USURPACIÓN DE TERRENOS
(Señalan que ciudadano se apoderó de una parte del sector de Sorrocoto amparándose en documentos de un gobernador fantasma. Cuando intentaron recuperarlo, los comuneros dicen que los hechó a balazos con unos matones. Experto advierte que habría una mafia organizada detrás de todo esto)
Los comuneros de San Pedro de Monsefú denuncian que el ciudadano Edgar Hernández les ha usurpado alrededor de 17 hectáreas del sector de Sorrocoto. Señalan que habría falsificado documentos para ello. El caso está en la fiscalía. El jueves 12 de diciembre, los comuneros de San Pedro de Monsefú fueron alertados sobre una invasión en el sector de Sorrocoto, el que consideran su propiedad. El presidente de dicha organización, Iván Lluén, y un grupo de campesinos acudieron a la policía. Después de varias horas de espera, los atendieron. En el trayecto hacia el terreno invadido, para desalojar a los intrusos, uno de los agentes le comentó en el vehículo en el que viajaban que le parecía extraño, pues hacía unas horas justamente en ese lugar ellos acababan de expulsar a unos invasores.
¿Qué había pasado? Según Lluén, una persona al que luego los campesinos identificaron como Edgar Hernández Ignacio se había hecho pasar como el propietario del terreno, habría montado la supuesta invasión y luego pidió ayuda a la policía para el desalojo.
VIOLENCIA
Al día siguiente, los campesinos intentaron echar a los supuestos invasores. Al final, según el dirigente Lluén, los abogados de Hernández se comprometieron a acudir al local de los comuneros el sábado 14 de diciembre, para demostrar con documentos que el predio es de su patrocinado. No asistieron.
La situación se volvió violenta el domingo 15. Luego de una asamblea de emergencia, los campesinos acudieron de nuevo a Socorroto. Según el tesorero de la Comunidad, Mercedes Capuñay, las personas lideradas por el supuesto falso propietario arremetieron contra los campesinos. “Tenían armas y lanzaban disparos. Al ver que golpeaban a mis compañeros, saqué mi celular y me puse a grabar. Me vieron y me agarraron a puñetazos. Me arrancharon el celular y me golpearon en el suelo”, recuerda.
“Casi pierdo la vida ahí”, sostiene Víctor Puicón, Regidor en Monsefú, abogado de los campesinos y quien estuvo con ellos aquel día. “La gente gritaba: ¡el abogado!, ¡ahí está el abogado!, ¡de aquí no sale vivo! Unos matones con armas me redujeron”, relata.
EL HILO DE LA MADEJA.
La principal incógnita por aclarar era saber quién le vendió el terreno a Hernández, apunta el abogado Puicón. Así, mientras muestra la copia de una escritura pública, afirma que el vendedor fue Luis Izaga Uchofen, que la transacción se hizo nada menos que en una notaría de Bagua en el 2006, presuntamente Hernández pagó S/.24.000 por las casi 17 hectáreas en el sector que identifica como Pómape, no como Sorrocoto. Agrega que el documento con el que Izaga acreditó que el terreno era suyo fue un certificado de posesión que le otorgó “el gobernador del sector Las Pampas”. Al contrastar la información, apunta que el gobernador de Monsefú, Walter Pisfil, le informó que dicho cargo no existe. En esa misma línea le informó a la Comisión de Regantes de Monsefú. “El sector Las Pampas es una ficción”, concluye.
HALLAZGO
Una vez con la escritura del 2006 en su poder, Hernández recién en setiembre del 20l2 tramitó ante la Municipalidad de Monsefú su certificado de posesión, y ya con él acudió a la Sunarp y a Cofopri para formalizarse y asi reforzar su legalidad, indica el abogado. Incluso añade que Hernández acudió a otra notaría en Chiclayo para aclarar que el terreno no estaba en Monsefú sino en el distrito de Santa Rosa
LA INFORMALIDAD
La Comunidad no tiene inscrita la totalidad de sus terrenos en la Sunarp; tampoco está inscrita en dicho organismo la directiva que preside Iván Lluén. Esta informalidad habría sido vista como una oportunidad para que presuntamente se le intente arrebatar una parte de Sorrocoto. Pero el antropólogo Pedro Alva, quien asesora a los comuneros, destaca que la Comunidad fue titulada por el Estado ente los años 80 e inicios de los 90, por lo que posee documentación como planos y memorias descriptivas que dan cuenta sobre su territorio. “Registros Públicos no genera derechos sino inscribe derechos y la comunidad tiene derechos ganados sobre su territorio”, apunta.
DENUNCIAS
Los comuneros han solicitado a la Sunarp que no continúe tramitando la inscripción del terreno a nombre e Hernández, a quien han denunciado por usurpación agravada ante la fiscalía de La Victoria. En una ampliación de la denuncia, las imputaciones penales son por falsificación de documentos, falsificación ideológica, entre otros supuestos delitos. En la lista de imputados además se cuentan Luis Izaga Uchofen; el notario de Bagua Luis Tuesta Gutiérrez; el comisario de Monsefú, Walter Díaz Rufasto; el subgerente municipal de Desarrollo Terrestre, César Ramírez Quiroz; el abogado Huber Barco Liza y la alcaldesa de Monsefú, Rita Ayasta.
¿CUÁLES SON LOS ARGUMENTOS QUE ESGRIME EDGAR HERNÁNDEZ IGNACIO?
Según la denuncia que hizo ante la fiscalía de La Victoria el l6 dé diciembre del 2013(sic) y que lleva la firma de la abogada Marcelina Villanueva, Edgar Hernández asegura que él es la víctima. Sostiene que el viernes l3 el abogado Víctor Puicón y el presidente de los campesinos de Monsefú, Iván Lluén, “al mando de 40 sujetos” causaron destrozos en su propiedad y en la maquinaria pesada que nivelaba el terreno. Dice que los desconocidos “a viva voz señalaban pertenecer al crimen organizado de Trujillo, amenazando con correr ríos de sangre si continuábamos con el trabajo de nivelación del predio”. Agrega en el documento que estas personas ‘buscan a toda costa el pago de 5/.10.000 por hectárea”.
Los supuestos delitos que imputa son usurpación agravada y extorsión agravada.
Al predio en cuestión. Hernández lo ha bautizado como Santa Anita, según se lee en el documento. El Comercio de Chiclayo intentó sin éxito entrevistarlo. Hugo Barco Liza uno de sus abogados dijo que su patrocinado es un empresario maderero y que estaba de viaje.
Según Barco Liza, la defensa legal no se compromete a visitar a los comuneros el sábado l4,tal como sostiene la otra parte. Dijo que se cambió la ubicación del terreno del distrito de Monsefú a Santa Rosa porque en la Sunarp figura en este distrito. “lo que quiere decir que aquí nada tienen que ver los comuneros de Monsefú”, sostiene. Aclaró que él asesora a Hernández en el fuero civil. Así, indicó que Hernández presentó un recurso ante el Poder Judicial para que el terreno esté en su poder mientras se resuelve la denuncia que interpuso en el fuero penal, pero el juez aún no le ha respondido
Otro punto que el abogado reiteró durante la entrevista es que la directiva de lván Lluen no está inscrita en Sunarp por tanto, según él no puede reclamar derechos sobre el terreno.
Pero su actitud severa no fue la misma cuando este Diario le preguntó respecto de si podía dar fe sobre la autenticidad del certificado de posesión del gobernador del “sector Las Pampas” y con el cual se hizo la escritura de compraventa. Visiblemente nervioso, refirió que un perito tendrá que aclarar este tema, de ser el caso.
El Comercio de Chiclayo también intentó entrevistar a Luis Izaga Uchofen, quien vendió el terreno. Sin embargo, en la dirección que consignó en la escritura de compra- venta, esto es, la calle José Sabogal 12O, Pueblo Joven Ricardo Palma, Chiclayo, nadie nos atendió. Los vecinos dijeron que ya no vivía allí.
HAY INTERESES OCULTOS
Leonardo Reyes, Presidente de la Federación de Comunidades Campesinas de Lambayeque – FEDECCAL
Lo sucedido en San Pedro de Monsefú está dentro de un contexto de titulación de terrenos. En la Región Lambayeque hay 25 comunidades campesinas activas, de las cuales ocho han tenido problemas recientemente por usurpación. Me refiero a los campesinos de Santo Domingo de Olmos, San Pedro de Mórrope, San Francisco de Mocupe, Santa Lucía de Ferreñafe, San Pedro de Monsefú, Santa Rosa, San Francisco de Mocupe y Virgen Purísima de Jayanca.
En todas ellas, lo común es que la Sunarp les pone muchas trabas para inscribir sus terrenos, así como a sus dirigentes que han sido elegidos democráticamente. El caso es que esa misma rigurosidad no la tiene con los dirigentes que llegan al poder para vender los terrenos comunales a espaldas de los campesinos. Cofopri también actúa de esa misma manera. Lo que creo es que hay intereses ocultos para no formalizar a los campesinos.
¿Cómo acaban los terrenos de las comunidades en otras manos? Hay dos maneras. Una es que malos dirigentes falsifican, entre otras cosas, acuerdos de asambleas. Amparados en esos documentos, terceros van a la Sunarp e inscriben los terrenos a sus hombres sin mayor trámite, sin mayor evaluación.
La segunda manera es que hay sujetos y mafias que se encargan de falsificar documentos, y de la noche a la mañana se presentan como propietarios de terrenos comunales.
Tal como están las cosas, la Sunarp tiene que ser más rigurosa cuando alguien tramite la inscripción de un predio que está ubicado al interior de una comunidad campesina. Debe convocar a los verdaderos dirigentes. Tomar con pinzás este tema.
Desde hace tiempo, los 1íderes de los campesinos venimos solicitando que se implemente una oficina en la sede del Gobierno Regional de Lambayeque para que allí los comuneros sean orientados sobre los problemas que les afecta en sus localidades. También los funcionarios deben recorrer las comunidades para enterarse de sus problemas.
La usurpación de los terrenos también está ligada al desconocimiento de la ley. He visto que los comuneros, ente otras normas, desconocen la Ley de Comunidades Campesinas. Las directivas no se han preocupado por informarles. Esto es aprovechado por los traficantes para apoderarse de las áreas comunales. Por eso vamos a proponer qué las directivas qué juramenten en el futuro incluyan en sus planes de trabajo la capacitación de los campesinos sobre las leyes que los amparan.
La fiscalía debe investigar de manera rigurosa para hallar a los responsables de esta usurpación y que las áreas comunales de Monsefú sean reclamadas por un tercero.