Pedro Alva Mariñas
Instituto de Desarrollo Regional – INDER
Dos de las tres comunidades campesinas quechua hablantes existentes en la serranía de Lambayeque, celebran, este mes de Octubre un aniversario más de la obtención de su reconocimiento oficial expedido por el Estado criollo, terminando así un largo periodo de ostracismo. Las resoluciones supremas les otorgan reconocimiento como “Comunidades de Indígenas” ante las situaciones abrumadoras que las calificaban y las califican como tales. Sin embargo, habiendo pasado sólo cincuenta años, el mismo Estado criollo, atropellando su propia lógica y su propia normatividad les niega tal condición, actitud que se expresa en que estas dos comunidades, a la que hay que añadir a la Comunidad Campesina “San Mateo” de Penachí (Reconocida por R. S. del 25 de Mayo de 1937) no figuran en la relación de pueblos y comunidades originarias publicada recientemente por el Ministerio de Cultura.
Sin hacer caso a los formalismos y, en general ajenos a las implicancias que ello tendrá para sus vidas, la Comunidad Campesina San Mateo de Penachí celebró, el 25 de Mayo los 76 años de reconocimiento; la Comunidad Campesina San Juan de Cañaris ya celebró, el 10 de Octubre, sus 57 años de reconocimiento oficial como “Comunidad Indígena San Juan de Cañaris, y el 31 de este mismo mes la Comunidad Campesina “San Pablo” de Incahuasi se apresta a celebrar sus 50 años de la obtención de la Resolución Suprema que la reconoce como Comunidad de Indígenas.
EN INCAHUASI, HACEN 50 AÑOS
Hace algo más de 50 años que Asunción Vilcabana Vides, Gestor de la Comunidad, presentaba, al Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas, el expediente final, solicitando el reconocimiento e inscripción oficial de la Comunidad de Incahuasi. Meses después, exactamente un 31 de Octubre de 1963, el Ministro expidió la Resolución Suprema Nº 186 que otorgó reconocimiento oficial a la institución comunal, a quien la reconoce como “Comunidad de Indígenas San Pablo de Incahuasi” y ordena su inscripción en el Registro Nacional de Comunidades.
Para los pobladores de Incahuasi éste ha sido uno de los acontecimientos más importantes de las últimas décadas y, que sólo puede ser comparado con la fundación del mismo pueblo o con la titulación oficial del territorio comunal. Es comprensible entonces que la actual directiva comunal se apreste a celebrar este acontecimiento con una programación especial que se desarrollará los días 30 y 31 de Octubre.
De los documentos que tenemos a mano y de las conversaciones con varios de sus dirigentes, podemos afirmar que la preocupación más importante de los incahuasi de ese tiempo, es decir de los años sesenta, fue titular su territorio comunal que estaba ya cercado por las haciendas vecinas que lo habían arrinconado en las partes más altas del valle La Leche; por ello en el expediente de reconocimiento formal de la comunidad se añadía un croquis del territorio que los comuneros sostenían como suyo.
La esperanza de titular el territorio comunal, conjuntamente con la obtención del reconocimiento oficial, se desvaneció con lo expresado en la propia resolución de reconocimiento que deja muy en claro que NO se reconoce los derechos que la comunidad “considera como de su dominio”. Pero la titulación se tomará su tiempo y recién se lo logrará el año 1992.
EN INCAHUASI, 50 AÑOS DESPUÉS
Cuando concluyó el último proceso electoral (16-12-2012) que eligió a la nueva directiva de la Comunidad Campesina San Pablo de Incahuasi, la primera preocupación de los jóvenes dirigentes fue el asunto de los denuncios mineros en su territorio comunal. Y ello era comprensible porque un año antes habían seguido de cerca el conflicto Candente Copper con la Comunidad Campesina de Cañaris, incluso algunos estuvieron en la Asamblea de Marayhuaca (Enero 2012) en la que se fijaron algunos acuerdos de carácter regional (que el gobierno central y los congresistas terminaron por desconocerlos). Los líderes de Incahuasi tomaron nota que la minería ya estaba tocando las puertas de su Comunidad.
Julio Manayay Huamán, el flamante Presidente de la Comunidad, se interesó por registrar su directiva en las oficinas registrales de Chiclayo, trámites que consumieron la cuarta parte de su periodo dirigencial de dos años. Apenas lograda la inscripción registral (junio 2013) la directiva comunal presenta una carta al Ministro de Energía y Minas solicitando información oficial sobre la posibilidad de iniciar acciones de nulidad de las concesiones mineras realizadas en su territorio.
La respuesta a tal solicitud es firmada por el Vice Ministro de Minas, el 13 de Septiembre de 2013. En dicho documento se le informa que al no haber proporcionado datos exactos de ubicación de la Comunidad de Incahuasi “no permite determinar las concesiones mineras existentes en su ámbito”, por lo que el documento se centra en torno a las posibilidades o no de declarar la nulidad de las concesiones mineras existentes. Se argumenta que las posibilidades de nulidad de los actos administrativos de concesiones mineras se rigen por normas administrativas específicas previstas en la ley, pero que deben hacerse dentro de los plazos establecidos y de no hacerlo “se pierde el derecho a articularlos, quedando firmes los actos”. Y como para no dejarle resquicios de esperanza dice que “las concesiones mineras son irrevocables, en tanto el titular cumpla con las obligaciones que la ley exige para mantener su vigencia”.
En otro párrafo del documento, y a modo de consuelo, explica que la concesión no implica sino acceso de la empresa minera al yacimiento mineral y nunca supone la cesión de tierras, bosques, lagunas o territorio y por ello “la concesión minera en sí misma, no afecta los derechos de la Comunidad Campesina San Pablo de Incahuasi”. Lamentablemente los incahuasi conocen la experiencia de sus hermanos cañaris que sufrieron la presencia abusiva de una empresa minera que terminó sus labores de exploración, y para lo cual no necesitó el permiso de la Comunidad.
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En estas últimas décadas las comunidades campesinas, más tradicionales, asentadas en la serranía de Lambayeque lograron el reconocimiento oficial y también la titulación de su territorio comunal. Estos instrumentos han sido importantes para su subsistencia. Sin embargo el Estado sigue estando de espaldas a las comunidades, imponiéndoles un modelo y estrategias que las han convertido en los espacios con los mayores índices de pobreza y exclusión.
Ha pasado medio siglo del reconocimiento oficial de la Comunidad Campesina de Incahuasi y todavía el desarrollo integral sigue siendo una promesa, una aspiración.
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