Hace poco tiempo la Comunidad Campesina San Pedro de Mórrope sorprendía a los funcionarios del Proyecto Olmos – Tinajones (PEOT) y al Gobierno Regional de Lambayeque con una demanda judicial para la devolución del área expropiada para la ejecución del Proyecto Olmos y, de no ser así, se exigía el pago del justiprecio de las más de 38,000 Hás. que la Comunidad Campesina de Mórrope considera que habían sido expropiadas o confiscadas por el Gobierno Central en los tiempos del gobierno de Fujimori. El asunto cobró aún más vuelo porque en la demanda se incluía como imputados al Ministerio de Agricultura, a la SUNARP y a la mismísima Presidencia del Consejo de Ministros.

De esta manera, aparecía en el escenario del Megaproyecto Olmos, un actor no esperado, con un gran nivel de decisión y, por añadidura, con amplia experiencia en este tipo de problemas ya que desde hace mucho tiempo viene litigando con empresas públicas y privadas por el mejor derecho a la explotación del yeso y de la sal, consideradas patrimonio natural de la Comunidad. Por añadidura las decisiones son tomadas en asambleas públicas y en asambleas de delegados comunales, hecho que le da mayor legitimidad al reclamo de la Comunidad.

Obviamente las respuestas de las instituciones estatales no se hicieron esperar y plantearon – a través de sus procuradores – varias excepciones en el proceso con la finalidad de no ser comprendidos en la demanda judicial. Una primera “presión” a los órganos competentes en la materia da un primer resultado favorable para el Estado al ser exceptuadas del proceso el Ministerio de Agricultura, a la SUNARP y a la Presidencia del Consejo de Ministros. Quedan entonces como imputados el PEOT y el Gobierno Regional de Lambayeque y esto se hizo en mérito a que el proceso de descentralización asignaba responsabilidades centrales a dichos organismos en todo lo concerniente al Proyecto Olmos.

En los plazos abiertos por los procedimientos judiciales – plazos que seguramente se respetarán dada la significación del proceso – se tiene prevista una audiencia de conciliación para el 23 de Abril, según refiere el Ing. Fernando Suclupe Chapoñán, Presidente de la Comunidad Campesina de Mórrope y luego se dará un plazo para la etapa probatoria en la que ambas partes exhibirán sus mejores argumentos a favor de sus respectivos derechos. Derechos ancestrales, los unos y derechos recientes, los otros.

No cuesta mucho trabajo suponer que los argumentos de la Comunidad irán por el lado del derecho ancestral, reconocimientos dados por autoridades coloniales, derecho de posesión real de las áreas en litigio y documentos diversos en que organismos públicos han reconocido – directa o indirectamente – sus derechos territoriales.

Tampoco es difícil imaginar que los argumentos de los procuradores estarán centrados en el lado normativo, legal del asunto y presentarán leyes, decretos supremos, inscripciones registrales que convierten al proceso de expropiación en un caso cerrado. Adicionalmente podrán argumentar la existencia de un litigio territorial con la Comunidad Campesina de Olmos.

Debiéramos mencionar que la defensa legal de los litigantes van a ser desiguales pues por el lado del Estado estarán los Procuradores apoyados por sus respectivos equipos de asesoría jurídica que han acumulado gran experiencia y conocimientos en la materia. Del lado de la Comunidad estará el abogado Mariano Valdera Inoñán, morropano de nacimiento que hace poco tiempo conoce el caso. Dada esta desigualdad la Comunidad espera que sus argumentos tengan más peso que los argumentos de la parte contraria.

Sin embargo la Comunidad Campesina de Mórrope enfrenta otro litigio judicial generado por la empresa Arena Verde (2008) que se instaló en tierras comunales gracias a un contrato o convenio firmado con la anterior dirigencia comunal y que la nueva dirigencia lo ha desconocido por afectar estratégicamente los intereses comunales. En este caso los actores son la comunidad y una empresa privada; mientras que el Estado queda como actor secundario.

Luego de repasar algunos documentos que ilustran el alegato de la Comunidad Campesina de Mórrope nos llamó la atención una frase, escrita con letra antigua (se trata de un documento colonial de 1713) y que rezaba: “… y en la forma referida las amparo en su posesión y mando que no sean desposeídos sin primero ser oídos, y por fuero y derecho vencidos”. Frase que ha sido olvidada y reemplazada por el credo mercantilista dominante en el Estado, en amplios sectores de empresarios privados; pero, especialmente, en Palacio de Gobierno.