Pedro Alva Mariñas
Nuevamente el PEOT quiere repetir la estrategia de imposiciones o de acciones forzosas en el ámbito de la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos, en esta vez les toca el turno a los comuneros del Valle Viejo por cuyas posesiones se construirá la infraestructura de riego para llevar el agua trasvasada a las áreas ya subastadas y en proceso de subasta. No comprendemos a cabalidad las razones que llevan a los funcionarios del PEOT a optar por un camino complicado, de generación de tensiones, cuando pueden hacerlo con otra actitud, con otra metodología.
Luego de la subasta de tierras, que ingresa a su tramo final, se inicia el proceso de construcción de la infraestructura menor de riego (embalses, canales principales, etc.) que estará a cargo de la empresa H2Olmos (subsidiaria de Odebretch) ganadora y largamente beneficiada de un contrato de concesión. Para el efecto el PEOT promovió (y logró) la firma de dos acuerdos de dudosa legalidad con la dirigencia comunal presidida por Grimaldo Monja Benítez. El primero de ellos es el ?Acta de compromiso para afectación de área comunal (1/09/ 2011) y el segundo es el ?Acta de compromiso comunal sobre pago de afectaciones individuales? (26/10/2012). En la primera acta, de una sola página y sin sellos se acuerda el pago de 200 dólares por hectárea afectada y, en la segunda acta, se acepta el compromiso del PEOT de pagar a la directiva comunal el importe de las servidumbres y ésta se compromete, a su vez, a pagarles a los comuneros afectados. Estas decisiones en las alturas, con total desconocimiento de los comuneros afectados, se trata de airearlas mediante una reunión de consulta con algunos comuneros afectados directamente (02/12/2011). Es posible que existan otros documentos a los cuales no hemos tenido acceso.
Basado en estos acuerdos y con la evidente complicidad de la dirigencia comunal el PEOT considera que tiene el camino libre para abordar, en posición de ventaja, el trato con los comuneros afectados por las obras de infraestructura en el Valle Viejo de Olmos. Así inician las visitas de sus trabajadores, las entrevistas personales con los comuneros y la presión o recomendación para que firmen los documentos de aceptación de la servidumbre forzosa de sus posesiones y el pago acordado. A los comuneros les costó dar como cierta la valorización de US$ 200 por hectárea afectada y más todavía el compartir el 50% con la directiva comunal. Hay que remarcar que el pago es por las tierras afectadas, pues el PEOT se compromete a realizar pagos adicionales.
Esta estrategia no pasó inadvertida para los comuneros de algunos sectores del Valle Viejo y leyeron que se estaba repitiendo la historia de La Algodonera y rápidamente decidieron hacer los contactos necesarios y luego optaron por agruparse en Juntas de Administración Local, que son órganos de gobierno local establecidos en la Ley General de Comunidades y el propio estatuto comunal. La primera medida fue solicitar al PEOT la información básica para poder tomar una decisión; sin embargo este pedido no ha tenido respuesta positiva.
Resulta difícil comprender el silencio y hasta ocultamiento de información por parte de la directiva comunal anterior que hasta la fecha no presentan los documentos firmados con el PEOT; pero tampoco comprendemos la demora del PEOT a brindar información. En el caso de la Comunidad se ha pasado por alto el Estatuto que reconoce el derecho de los comuneros a ser informados de las acciones que realiza la Directiva Comunal (Artículo 18º) y en el caso del PEOT la información debió entregarla en sus visitas de persuasión a los comuneros y, en todo caso, contestar la solicitud de información presentada por directivos de las Juntas de Administración Local de El Muerto y Tunape (20/01/2012)
Para ubicarnos en el contexto debemos aclarar que las tierras del Valle Viejo son propiedad (quizás con algunas excepciones) de la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos y no forman parte de las áreas confiscadas por el Proyecto Olmos. En estas tierras la directiva comunal debió proponer un acuerdo global con el PEOT para el establecimiento de la servidumbre y convertirla en una oportunidad para posibles beneficios directos para la propia comunidad campesina y para sus comuneros. No nos explicamos el allanamiento total de Grimaldo Monja y sus dirigentes.
Este allanamiento está teniendo consecuencias para la Comunidad de Olmos en general y, en especial, para los comuneros que, de continuar la estrategia del PEOT, estarán siendo afectados por la servidumbre forzosa y los pagos unilaterales que se están imponiendo. Dando continuidad al proceso de imposición de servidumbres de aguas, el PEOT ha procedido a entregar cartas notariales a los comuneros por cuyas posesiones se construirán las obras que aseguran que el agua fluya hacia las áreas subastadas y por subastar.
A la luz del caso de los comuneros desplazados por el PEOT el año pasado y de este caso de comuneros del Valle Viejo, es inevitable preguntarnos ¿porqué el Estado, ya sea nacional, regional o sectorial, tiene la costumbre de valorizar tan poco al trabajo, a las propiedades y posesiones de los comuneros y agricultores?
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