Hace poco tiempo la Comunidad Campesina San Pedro de Mórrope sorprendía a los funcionarios del Proyecto Olmos – Tinajones (PEOT) y al Gobierno Regional de Lambayeque con una demanda judicial para la devolución del área expropiada para la ejecución del Proyecto Olmos y, de no ser así, se exigía el pago del justiprecio de las más de 38,000 Hás. que la Comunidad Campesina de Mórrope considera que habían sido expropiadas o confiscadas por el Gobierno Central en los tiempos del gobierno de Fujimori. El asunto cobró aún más vuelo porque en la demanda se incluía como imputados al Ministerio de Agricultura, a la SUNARP y a la mismísima Presidencia del Consejo de Ministros.

De esta manera, aparecía en el escenario del Megaproyecto Olmos, un actor no esperado, con un gran nivel de decisión y, por añadidura, con amplia experiencia en este tipo de problemas ya que desde hace mucho tiempo viene litigando con empresas públicas y privadas por el mejor derecho a la explotación del yeso y de la sal, consideradas patrimonio natural de la Comunidad. Por añadidura las decisiones son tomadas en asambleas públicas y en asambleas de delegados comunales, hecho que le da mayor legitimidad al reclamo de la Comunidad.

Obviamente las respuestas de las instituciones estatales no se hicieron esperar y plantearon – a través de sus procuradores – varias excepciones en el proceso con la finalidad de no ser comprendidos en la demanda judicial. Una primera “presión” a los órganos competentes en la materia da un primer resultado favorable para el Estado al ser exceptuadas del proceso el Ministerio de Agricultura, a la SUNARP y a la Presidencia del Consejo de Ministros. Quedan entonces como imputados el PEOT y el Gobierno Regional de Lambayeque y esto se hizo en mérito a que el proceso de descentralización asignaba responsabilidades centrales a dichos organismos en todo lo concerniente al Proyecto Olmos.

En los plazos abiertos por los procedimientos judiciales – plazos que seguramente se respetarán dada la significación del proceso – se tiene prevista una audiencia de conciliación para el 23 de Abril, según refiere el Ing. Fernando Suclupe Chapoñán, Presidente de la Comunidad Campesina de Mórrope y luego se dará un plazo para la etapa probatoria en la que ambas partes exhibirán sus mejores argumentos a favor de sus respectivos derechos. Derechos ancestrales, los unos y derechos recientes, los otros.

No cuesta mucho trabajo suponer que los argumentos de la Comunidad irán por el lado del derecho ancestral, reconocimientos dados por autoridades coloniales, derecho de posesión real de las áreas en litigio y documentos diversos en que organismos públicos han reconocido – directa o indirectamente – sus derechos territoriales.

Tampoco es difícil imaginar que los argumentos de los procuradores estarán centrados en el lado normativo, legal del asunto y presentarán leyes, decretos supremos, inscripciones registrales que convierten al proceso de expropiación en un caso cerrado. Adicionalmente podrán argumentar la existencia de un litigio territorial con la Comunidad Campesina de Olmos.

Debiéramos mencionar que la defensa legal de los litigantes van a ser desiguales pues por el lado del Estado estarán los Procuradores apoyados por sus respectivos equipos de asesoría jurídica que han acumulado gran experiencia y conocimientos en la materia. Del lado de la Comunidad estará el abogado Mariano Valdera Inoñán, morropano de nacimiento que hace poco tiempo conoce el caso. Dada esta desigualdad la Comunidad espera que sus argumentos tengan más peso que los argumentos de la parte contraria.

Sin embargo la Comunidad Campesina de Mórrope enfrenta otro litigio judicial generado por la empresa Arena Verde (2008) que se instaló en tierras comunales gracias a un contrato o convenio firmado con la anterior dirigencia comunal y que la nueva dirigencia lo ha desconocido por afectar estratégicamente los intereses comunales. En este caso los actores son la comunidad y una empresa privada; mientras que el Estado queda como actor secundario.

Luego de repasar algunos documentos que ilustran el alegato de la Comunidad Campesina de Mórrope nos llamó la atención una frase, escrita con letra antigua (se trata de un documento colonial de 1713) y que rezaba: “… y en la forma referida las amparo en su posesión y mando que no sean desposeídos sin primero ser oídos, y por fuero y derecho vencidos”. Frase que ha sido olvidada y reemplazada por el credo mercantilista dominante en el Estado, en amplios sectores de empresarios privados; pero, especialmente, en Palacio de Gobierno.

Pedro Alva Mariñas

Con el paso del tiempo el desarrollo humano se va convirtiendo en el concepto de gran aceptación. Sin embargo existen todavía serias dificultades para convertirlo en un instrumento de cambio, de mejora y, si se quiere, de transformación de realidades que presentan bajos niveles de desarrollo o de pobreza extendida. Desarrollo Humano implica la centralidad del desarrollo en la persona humana y en cierta forma implica también el reencuentro de las ciencias con la ética (Amartya Sen). En este aspecto se presenta como alternativo o superador de las tesis economicistas.

Pero en términos más prácticos, el desarrollo humano significa el desarrollo de capacidades (y habilidades) y la búsqueda de la libertad humana plasmada en la libre elección de lo que se quiere ser y hacer en la vida (las oportunidades). La precisión de estos conceptos, o su deslinde con otras propuestas, eleva el debate a planos filosóficos y a menudo nos lleva a pensadores clásicos como Platón, Aristóteles o Kant (de quien es la famosa frase “trata a tus semejantes como un fin, no sólo como medios”).

Numerosos pensadores, en el afán de convertir el concepto de desarrollo humano, en un instrumento de desarrollo de las sociedades, han elaborado metodologías, enfoques e indicadores que nos permiten trabajar mejor el concepto de desarrollo humano e iluminar procesos sociales que generalmente han sido visto a través de enfoques digamos tradicionales o en todo caso sesgados por alguna corriente de pensamiento imperante en ese momento. En esta tarea vale la pena mencionar el esfuerzo del (PNUD) por darle consistencia al enfoque, desarrollar indicadores medibles y generar los “Informes de desarrollo humano” a nivel de varios países – incluido el Perú.

Justamente el “Informe de Desarrollo Humano. Perú 2008” ha publicado los indicadores de desarrollo humano a nivel de distritos y que compartimos con ustedes. Los índices de desarrollo humano extremos en Lambayeque oscilan entre el 0.6558 y 0.4671, índices que están muy por debajo de 1 que se considera el nivel ideal de desarrollo humano. Efectivamente el más alto desarrollo lo ostenta el Distrito de Puerto Eten, seguido de los distritos de Chiclayo, Pimentel, Tumán, La Victoria. En el otro extremo se encuentran los cinco distritos con menor desarrollo humano y que son Cañaris, Incahuasi, Salas, Pítipo y Mórrope. De lo anterior se desprende que los distritos capitales de provincias como Lambayeque y Ferreñafe ocupan puestos más bien intermedios (puestos 17 y 21 respectivamente).

Nos limitamos a presentar información la Provincia de Lambayeque referida al puesto de los doce distritos de la Provincia de Lambayeque en el ranking nacional. Así tenemos que en el ranking nacional el Distrito de Lambayeque ocupa el puesto 350, mientras que Mórrope ocupa el puesto 1109 y Salas el 1474, de un universo de 1838 distritos existentes a nivel nacional. Los datos consignados nos hablan de un bajo nivel de desarrollo humano de la Provincia de Lambayeque; pero nos habla también de grandes desigualdades entre los doce distritos. Esto refleja uno de los problemas medulares del país: la existencia de grandes desigualdades. De allí la demanda por un desarrollo con equidad que está a la base de la polarización que se va dibujando en la presente campaña electoral y que ciertos y reconocidos grandes intereses quieren desvirtuar.

Sin embargo hay que considerar que los datos se refieren a la situación encontrada el año 2006 y es posible que algunos indicadores hayan mejorado a la fecha, situación que podrá reflejarse en la próxima medición del índice de desarrollo humano. Sin embargo no es de esperar cambios importantes.

Consideramos que estos son los datos que debieran estar en el centro del actual debate electoral y de este debate debe surgir el compromiso de candidatos y de electores para mejorar estos índices en plazos de una gestión presidencial o de un mandato congresal. Ello significará atacar de raíz los problemas que nos afectan a todos; pues mejorar los índices de desarrollo humano significa mejorar la cobertura y la calidad de la salud que nos permita vivir más tiempo y tener una vida saludable; significa mejorar la cobertura educativa y la calidad de la misma, y también significa un trabajo decente, con salarios dignos, con derechos laborales universalmente reconocidos que permitan compartir los beneficios del crecimiento económico.

Con el afán de contribuir a este necesario debate presentamos un cuadro con los distritos de la Provincia de Lambayeque en el que se consignan los puestos en cuanto desarrollo humano dentro de la provincia (columna izquierda) y el puesto que ocupa a nivel nacional (columna derecha).