LA CORRUPCIÓN DE ALTO VUELO

En estos días el mundo político nacional ha sido estremecido por un nuevo caso de corrupción y que tiene como protagonistas a connotados representantes de un partido político (Apra) a representantes de una empresa privada (Discovery Petroleum) y, al centro, como objeto de los afanes, una empresa estatal (Perú-Petro y Petroperú) interesada en la inversión extranjera para facilitar la exploración y posterior explotación de reservas de petróleo, recurso del cual estamos tan necesitados y que tiene gran atractivo por sus altos precios.

La empresa corruptora es originaria de un país nórdico en la que parece este tipo de prácticas están prohibidas o son severamente castigadas y por ello tendrá que dar las explicaciones y los datos concretos para determinar los pagos realizados y los destinatarios. Por añadidura esta empresa, como tantas otras, no parecen tener mucho capital – como muchas otras que inician su fortuna operando en el país — y esa debilidad tuvo que ser reemplazada por estrategias de corrupción para asegurarse un lugar ganador. Esta empresa – como muchas otras – estuvo representada por una firma de abogados de rimbombante apellido (Arias Schreiber) que fue parte del tinglado y que incluso puso dinero propio para facilitar que su representada no quedara fuera del concurso.

El otro actor era un grupo de personas prominentes del actual gobierno – algunas con claras reincidencias — que se prestaron o fueron contactadas para asegurarse que la empresa extranjera resultara ganadora y para lo cual negociaron sus bien aceitadas relaciones o su presencia directa en las instancias de decisión. Este grupo, luego de una “gran faena”, convinieron en cobrar una “comisión ganadora” a la empresa internacional que se hacía con 5 lotes para la exploración del petróleo.

El tercer actor era un alto funcionario del Estado (por lo menos el único conocido hasta ahora) y se desempeñaba, nada menos que el Presidente de Perú – Petro) y como tal intervino directamente en las negociaciones, asegurando de antemano a la empresa extranjera de que se haría de cinco de los varios lotes que entraron en el concurso. Es seguro que para ello necesitó o hacer valer su condición de presidente de la empresa estatal o, simplemente, de tejer internamente una relación para que ello sea posible. Solo él y algunos saben los detalles de esta faena.

Resumiendo, podemos decir que se juntaron: representantes de una empresa privada internacional, un grupo formado por integrantes del partido político oficial y, los integrantes de la empresa estatal. El tema es que esta alianza no sólo no es nueva sino que en los últimos tiempos ha sido casi una constante. Y otra vez estamos ante un caso de corrupción de alto nivel que resulta contradictoriamente aleccionador porque vuelve a evidenciar que la corrupción está muy enraizada en las instituciones del Estado, en el propio sector privado y en los partidos políticos (incluso, como en este caso, de un partido organizado, con mística y liderazgo) y que frente a ella los gobiernos se muestran impotentes y hasta se sienten tentados en caer nuevamente en los brazos de las Fuerzas Armadas para sentirse seguros en periodos de inestabilidad política.

Frente al caso de corrupción se están presentando hasta tres actitudes o en todo caso enfoques para tratarla: una de las opciones es abordarlo como un caso aislado, que busca culpables directos y concretos, actuando a la manera de un cirujano que extirpa un tumor de un organismo sano y con ello el caso se cierra. La otra actitud es ubicar el caso dentro de un contexto mayor, relacionarlo con otros casos y establecer la posibilidad de que el Estado haya sido atravesado por la corrupción y entonces tratarlo como un tumor extendido que no puede ser extirpado fácilmente. Una tercera posición se basa en el conocido aforismo de la mejor defensa es el ataque y entonces algunos personajes tendrán un discurso de dos partes: exigirán sanciones severas a este caso “único” o “aislado” de corrupción y, a continuación, levantarán algún tema que haga daño a los opositores para que no se produzca “ganancias en río revuelto”.

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EL SECTOR EDUCACIÓN: ¿CERRADO PARA CAMBIOS?*

El año pasado nos dio la impresión que el tema de la educación se había convertido – por fin – en el gran tema nacional, relegando un tanto los temas coyunturales, pasajeros o banales que generalmente copaban el debate en el país. Ya sabíamos que el tema de la educación nacional tenía potencial para generar grandes consensos. Esa posibilidad se acrecentaba con la aparición de algunos signos importantes y alentadores:

– El sector educación contaba con un documento base para su accionar y para generar procesos de concertación en todos los niveles: el Proyecto Educativo Nacional (PEN), el mismo que fuera no sólo aprobado mediante norma especial, sino también presentado oficialmente en Palacio de Gobierno.
– Varios departamentos, entre ellos Lambayeque, ya tenían sus propios planes educativos regionales (PER), que habían sido aprobados en largos procesos participativos.
– Se habían desarrollado capacidades en todo este proceso, es decir, que se contaba con un staff de personas y de instituciones calificadas para acompañar el proceso de implementación del PEN y de los PER.
– Varios sectores de la sociedad civil y sectores del empresariado nacional y regional se habían involucrado seriamente en el tema educativo gracias al lema: educación, tarea de todos. En este aspecto destacaba Foro Educativo y los espacios que alentó y promovió.
– El gobierno tenía iniciativas al respecto como el shock de inversiones en educación, la transferencia de más funciones educativas a los gobiernos regionales, incluyendo la facultad de seleccionar o designar a los directores regionales de educación y a su personal de confianza.

Resultaba claro que para pensar en una aplicación o implementación del Proyecto Educativo Nacional, se tenía que contar con el involucramiento de los principales actores del proceso educativo: los docentes, los estudiantes y los padres de familia. Sin embargo el proceso había revelado que no habían participado de manera nítida en el proceso (nos referimos a una participación orgánica de esto sectores). Si bien es cierto que el SUTEP se automarginó de este proceso, existen también evidencias de que no se hizo muchos esfuerzos por incorporarlos en esta tarea. Esta no participación – sea consciente o no — pronto cobraría una factura: el SUTEP desencadenó una huelga general indefinida que no tuvo como reclamo o bandera la implementación del PEN y de los PER, si no más bien su reclamo se centró en asuntos reivindicativos muy propios de los docentes.

La otra actitud, que terminó afectando el proceso de cambio, lo generó el mismo gobierno que a pocos meses de la aprobación del PEN no dio ninguna señal de que estaba realmente interesado en su implementación y luego parece que simplemente lo desconoció. Carentes de una propuesta de cambio encontraron las condiciones propicias para el desarrollo de una línea de enfrentamiento con el magisterio nacional. En este marco la evaluación de los docentes se convirtió en el “gran problema del sector educación” y el enfrentamiento Huaynalaya vs. Chang fue el tema preferido de los medios de comunicación. El PEN y los PER quedaron simplemente relegados por cálculos políticos de destrozar a un gremio que no se controla y, por la otra parte, de ventilar hegemonismos internos.

Los resultados que salieron de ese proceso de enfrentamiento seguramente serán motivo de evaluaciones y de apasionamientos de sus principales actores. Pero lo que queda como evidencia es que el Proyecto Educativo Nacional ha sido prácticamente olvidado por el Ministro de Educación y por el SUTEP. Lamentablemente los PER han seguido la misma suerte. Parece entonces que en el sector educación se ha colgado el letrero “cerrado para cambios”. Esperemos que no por mucho tiempo.
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* Publicado en el Semanario Expresión. Chiclayo, 5 octubre 2008 Sigue leyendo →