El pasado 28 de junio del 2023, la alumna Juliana Bravo Valencia sustentó la tesis titulada “Implementación y eficacia del Plan Nacional de Derechos Humanos y el Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de Derechos Humanos de la Región de Cajamarca, período 2018 y 2019”, obteniendo el grado académico de Magíster en Gerencial Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú.
El presente estudio plantea que no es posible hablar de democracia y justicia social en un contexto donde la defensa del ambiente es obstaculizada, perseguida y estigmatizada. Se hace imprescindible que el Estado adopte medidas para la protección del ambiente y para compensar los efectos negativos del cambio climático, y como parte de ello, debe garantizar la labor de las y los defensores ambientales. Como parte de las obligaciones nacionales e internacionales, el Estado peruano adoptó el denominado “Plan Nacional de Derechos Humanos” (En adelante Plan, Plan Nacional o PNDH) y el “Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de Derechos Humanos” (En adelante Protocolo o PPPDDH). Esta investigación brinda un diagnóstico sobre la eficacia de dichos instrumentos, en relación con las necesidades de las personas defensoras del ambiente en Cajamarca. Para ello, se examina: el diseño del Plan y el Protocolo a la luz de las normas y estándares nacionales e internacionales; la actuación del Estado y el Gobierno Regional en la implementación del Plan Nacional y el Protocolo; y finalmente la percepción y valoración de los actores sociales involucrados en la protección y garantía de las y los defensores ambientales en sus territorios.
La investigación es un estudio de caso, de tipo cualitativa toda vez que intenta definir
si el Estado ejecuta de manera eficaz el Plan Nacional y el Protocolo para la protección
de defensores. Frente a esta problemática, lo que encontró la investigación es que
tanto el Plan Nacional como el Protocolo, constituyen un avance importante en el
reconocimiento del rol de las y los defensores; sin embargo, hay enormes vacíos en la
implementación de las acciones previstas, pues no responden a necesidades ni
enfoques del territorio. Es evidente que el proceso de elaboración no fue participativo
en los territorios y, por lo tanto, hay desconocimiento de este en Cajamarca, en donde
las y los defensores no se sienten incluidos, ni reconocidos. También se encontró que
no hay recursos económicos y técnicos destinados por parte del Estado para la
implementación de los mecanismos establecidos y falta articulación interinstitucional
en a nivel nacional, regional y local. Por otro lado, se establece que hay profunda
desconfianza en entidades como la Policía nacional y la fiscalía, lo cual debe ser tenido
en cuenta por parte de las autoridades al momento de elaborar estos mecanismos y
establecer roles y medidas, pues es fundamental crear confianza, canales de
comunicación y legitimidad para su actuación. Finalmente, se encontró que el Estado
debe comprometerse con la adopción de una política pública para la prevención y
protección de carácter integral, y que tenga un enfoque diferencial, territorial y de
género construida desde los territorios.
El jurado estuvo conformado por su asesor Mg. Seville Inocente Osorio y los docentes de la Maestría en Gerencia Social Mg. Rosa María Gabilondo García del Barco y Mg. Amalia Ruth Carmela Angulo Zevallos.
