El pasado 14 de junio del 2021, la alumna Astrid Johanna Rojas Niño sustentó la tesis titulada: Factores que afectan la incidencia efectiva de la mesa de Participación de Víctimas del conflicto armado en el departamento de Cundinamarca-Colombia; obteniendo el grado de Magíster en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
La presente investigación tiene una estrategia metodológica CUALITATIVA, los indicadores se elaboraron en términos de medición de aspectos susceptibles a la posterior interpretación y análisis discursivo, en su mayoría, pues se considera que los datos expresados en forma matemática o de expresiones cuantificables, no constituyen una base suficiente para lograr vislumbrar posibles soluciones al problema que se pretende atender. Sin embargo, de ser necesario se puede considerar el diseño de categorías internas a cada indicador (o a los que se considere necesario) para facilitar su procesamiento, operacionalización y función productiva en la entrega de resultados.
El artículo 192 de la Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras dice: ¿Es deber del Estado garantizar la participación efectiva de las víctimas en el diseño, implementación, ejecución y seguimiento al cumplimiento de la ley y los planes, proyectos y programas que se creen con ocasión de la misma. Para esto se deberá hacer uso de los mecanismos democráticos previstos en la Constitución y la ley¿¿ En este sentido, la ley enunciada pretende no solo atender y asistir a la población víctima, sino que intenta hacer todo un proceso de Reparación Integral que incluye medidas de Satisfacción (simbólica), Rehabilitación, Restitución, Garantías de No Repetición e Indemnización Administrativa, todo esto contando con la incidencia de la misma población sujeto en la construcción e implementación de la Ley en cada uno de los territorios del país teniendo en cuenta su gran diversidad cultural, étnica, medio ambiental, política, económica y social y buscando la mejor manera de aplicación de todo este tipo de medidas con el fin de que realmente desemboque en un efecto reparador de todas las víctimas. Es así que las mesas de participación de víctimas, son espacios de interlocución institucionalizadas y legítimamente elegidas por mandato de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, política pública que hace parte del Plan de Desarrollo del Gobierno Nacional de Colombia.
A través de la experiencia evidenciada hasta ahora con las mesas actuales, el tema de la participación de las víctimas ha contrastado con el incumplimiento real del espíritu de estos espacios. Al ser los espacios de interlocución con la institucionalidad por excelencia creados por la Ley, se espera que la comunicación cada vez sea más apropiada y asertiva y que esto contribuya a que las víctimas se perciban como sujetos activos en el proceso y no como los tradicionalmente pasivos receptores de algunos beneficios. Sin embargo, la falta de capacitación de los líderes ha incidido en su poca efectividad; en este sentido hay que tener en cuenta que la población víctimas, en su gran mayoría son personas con escasos niveles académicos y con características propias de los campesinos colombianos dedicados al trabajo rural. La toma de decisiones de los líderes de las mesas va muy ligado a la escasa capacitación que se les brinda sobre temas importantes de participación efectiva, política pública y la misma ley de víctimas. En trabajo de campo, en sus sesiones de trabajo, se evidencia que la carencia de algunos conocimientos básicos hace que algunos líderes se limiten para proponer alternativas y, como consecuencia, la toma de decisiones se ve coartada y reservada para unos cuantos de ellos que han tenido mayor acceso a la información. Esto tiene incidencia también en la falta de preparación técnica, de aprehensión de elementos y de desarrollo de capacidades básicas para la formulación y ejecución de proyectos, necesaria para presentar propuestas que puedan ser aplicadas por los entes gubernamentales a cargo de la producción de la norma. El efecto final de ello es la dificultad que tienen los líderes para presentar propuestas en los espacios de interlocución creados por la ley, y especialmente en la participación durante la formulación de sugerencias a los planes de desarrollo y los planes de acción territorial, que constituyen la hoja de ruta que en materia de atención y reparación integral, desarrolla el gobierno en los niveles territorial y nacional y, por otro lado, se terminan afectando, en gran medida los procesos comunicativos con la institucionalidad por cuanto no se respaldan sus ideas con argumentos fuertes y convincentes.
Dado que las falencias en la comunicación entre las Mesas de Participación y los entes territoriales dificultan la incidencia de éstas en la construcción conjunta y concertada de políticas de atención, es necesario reformular el proceso comunicativo, para que se empleen herramientas dialógicas y dialécticas que propendan por la transformación positiva de los conflictos presentados, permitiendo que los espacios de interlocución se conviertan en escenarios propositivos y consecución de acuerdos. Este aspecto tiene un alto contenido psicosocial por cuanto persisten los sentimientos de revancha, desconfianza y de resentimiento de la población víctima hacia la institucionalidad, razón por la cual se hace necesario involucrar a las partes en todo un proceso de superación de estas barreras comunicativas y de moderación de los discursos de parte y parte.
Es así como la estrategia de participación de víctimas actual en Colombia constituye un proceso relativamente nuevo que se encuentra construyéndose a sí mismo y que enfrenta retos gigantescos con relación al compromiso tanto de las instituciones en su reconocimiento y toma de conciencia, como de las víctimas en su fortalecimiento, aprendizaje y superación paulatina de todos esos temores y desconfianza en la institucionalidad. Todo ello con el fin último de reconstruir el tejido social y dar pasos significativos en la anhelada reconciliación y paz duradera.
El jurado estuvo conformado por su asesora Mg. Cecilia Medina Ccoyllo y los docentes de la Maestría en Gerencia Social, Mg. Jorge Vargas Torres y Mg. Javier Pineda Medina.
