Hoy 29 de abril del 2021, las alumnas Catty Loida Castillon Arcos y Tatiana Magaly Alva Minaya sustentaron la tesis titulada: “Intervención Comunitaria con líderes y lideresas de Organizaciones Sociales en el distrito de la Victoria departamento de Lima, año 2016 – 2018 y su contribución a la reducción de la tolerancia social frente la Violencia hacia la Mujer”; obteniendo el grado de Magíster en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Como forma de investigación será el estudio de caso que nos permitirá realizar un análisis de la política preventiva respecto a la Violencia contra la Mujer y los Integrantes del grupo familiar, lo cual es liderado por el del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual, e implementado a través de la Estrategia de Intervención Comunitaria. En dicha estrategia se conocerá cómo se ha realizado el diseño y de qué manera se ejecutó su implementación, los mecanismos utilizados por los líderes capacitados en la prevención de la violencia familiar, los indicadores establecidos en el monitoreo y cuáles son los resultados obtenidos en la intervención.
La violencia en el Perú es un problema social de graves consecuencias para la salud, la economía y el desarrollo de los pueblos, se instala de manera silenciosa en numerosas familias y deja sus terribles secuelas en la sociedad. Las investigaciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en la Encuesta Nacional sobre las Relaciones Sociales, ENARES 2013 – 2015, sobre la tolerancia social frente a la violencia familiar hacia las mujeres, así lo revelan, pues el índice de tolerancia social en nuestro país se ha incrementado del 52.8% en el 2013 al 54.8% en el 2015 (2016:79-86). Por otro lado, los índices de violencia contra la mujer en el 2014, mostraron que el 72.4% de las mujeres alguna vez unidas, sufrieron algún tipo de violencia por parte de su esposo o compañero, quiere de decir que alrededor de siete de cada diez mujeres peruanas, han sufrido violencia alguna vez en su vida (ENDES 2014).
Dato alarmante para un país que desde la segunda mitad del siglo pasado, ha establecido importantes avances normativos, que responden a los compromisos internacionales como el convenio CEDAW (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer) y el Belem Do Pará (Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer), donde se estipulan los lineamientos para la protección de las mujeres a toda forma de discriminación y la promoción en la igualdad de los derechos, con énfasis en el derecho a una vida libre de violencia, que los estados parte deben asumir dentro de sus políticas públicas.
Uno de los avances importantes en el Perú, para hacer frente a la violencia hacia las mujeres, es la promulgación de la Ley N° 30364, ¿Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar¿, norma que entró en vigencia en noviembre del 2015, más expeditiva para la protección, sanción y erradicación de todo acto de violencia ejercido contra la mujer y la familia, que además, incorpora la prevención de la violencia como política de Estado; aspecto no considerado en las norma anterior Ley N° 26260, actualmente derogada.
Dicha política de estado viene realizando una serie de acciones a través del Ministerio la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) quien es el encargado de elaborar, direccionar y ejecutar las políticas preventivas para la reducción de la violencia e impulsar que la sociedad en su conjunto promueva una cultura de paz en el ámbito de las relaciones interpersonales, comunales y sociales. En tal sentido, el MIMP creó en el 2001 mediante Decreto Supremo N° 008-2001-PROMUDEH al Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS) con el fin de atender la problemática de la violencia familiar y sexual a través de la realización de acciones de prevención y de la implementación de mecanismos de apoyo para las víctimas, desde entonces las propuestas preventivas que el PNCVFS ejecuta a nivel nacional, han ido evolucionando, dicho cambio parte desde el diseño de los procesos, la implementación y seguimiento de los mismos, con la finalidad de generar un impacto en la población beneficiaria.
Fue desde el año 2016, que las estrategias preventivas del programa contra la violencia, se alinean a mitigar el alto índice de la tolerancia social frente a la violencia familiar, convirtiéndose en intervenciones que generen cambio o impacto social en las diferentes poblaciones beneficiarias con quienes se desarrollan las intervenciones, entre ellas; comunidad educativa, desarrollo comunitario, principalmente.
Según la investigación del INEI, sobre la tolerancia social frente a la violencia, implica tres dimensiones: las creencias, las actitudes y los imaginarios, que hacen que la violencia se acepte, se justifique, se reproduzca de generación en generación y por lo tanto se naturalice (ENARES 2013-2015). El diseño de las intervenciones de PNCVFS, apunta a desmitificar dichas creencias, actitudes e imaginarios que tiene la sociedad y producir un cambio cultural a través de los procesos y metodologías establecidos para cada intervención, y así contribuir a la reducción de la violencia, finalidad principal de programa.
Una de las propuestas de intervención que promueve la participación de la ciudadanía es la intervención Comunitaria con Líderes y Lideresas de las Organizaciones Sociales, que se ha implementado como proyecto piloto en ocho regiones del Perú, en el año 2016, una de las zonas focalizadas, fue el distrito de La Victoria, en donde se implementa el proyecto a través del Centro Emergencia Mujer (CEM), teniendo a su cargo el servicio de Promoción y Prevención.
Para el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, no basta combatir y sancionar enérgicamente los delitos individuales de violencia contra la mujer, la niñez y la adolescencia, sin atacar a la vez los múltiples factores que se encuentran en la raíz de esta problemática. Se requiere de una acción conjunta, concertada entre instituciones del Estado y la sociedad civil. La propuesta de la intervención comunitaria, parte desde un trabajo integral hacia una intervención sostenible que genere un involucramiento voluntario y genuino de los líderes y comunidad en general en las acciones preventivas y de vigilancia. Conjunto de acciones que enlaza al término de capital social comunitario, desde el punto de vista de la gerencia social.
Precisamente, es interés del presente estudio conocer los resultados e impacto de la intervención comunitaria en el distrito de La Victoria, como generadora de capital social para la contribución en la reducción de la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, a partir del diseño, la implementación y la medición, de cada una de las acciones ejecutadas.
El jurado estuvo conformado por su asesora, Mg. Amelia Fort Carrillo y los docentes de la Maestría en Gerencia Social, Mg. Mariela Trelles Cabrera y Mg. Maryza Cornejo Fiestas.
