El pasado 23 de septiembre de 2020, el alumno Walter Paúl Lostaunau Ramos sustentó la tesis titulada: “Análisis de actitudes y percepciones de la población de la provincia de Ilo, en relación a las actividades minero metalúrgicas”; obteniendo el grado de Magíster en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
En este marco la investigación en los últimos años, los departamentos del sur del país (Moquegua, Tacna y Arequipa) han experimentado un notable crecimiento en la economía e indices de desarrollo humano, que se dió durante el periodo de auge de la gran minería por los precios altos de los metales en el mercado internacional, caso la empresa Southern Peru en Tacna y Moquegua y la empresa Cerro Verde en Arequipa. Sin embargo, más allá del beneficio económico, las diferencias entre empresas y un sector de la población, lejos de alivianarse, se han acentuado.
Una de las preguntas que nos formulamos para plantear el tema fue ¿Qué aspectos son determinantes en los conflictos mineros?, la respuesta puede ser abundante, por lo que nos centraremos en lo que está en juego con los conflictos y que podemos hacer para gestionarlos y eventualmente solucionarlos.
Aunque estas interrogantes, ciertamente no son nuevas, estamos siendo espectadores de una creciente ola de desencuentros en todo el país, en torno a operaciones ya existentes y sobre todo por la puesta en marcha de nuevos proyectos. Centraremos nuestra investigación en el caso Ilo, región Moquegua.
Sin bien es cierto que en la provincia de Ilo, donde opera la empresa minera Southern Peru, actualmente se vive una tensa calma, detrás hay una historia de más de 50 años de operaciones al filo de la navaja por los reclamos ambientales.
Probablemente los conflictos nunca se solucionen, pero si se pueden administrar y evitar que escalen a crisis.
Es importante mencionar que en los últimos años, se originó un fenómeno de cambio social en algunas regiones del país por la proliferación de las actividades mineras. En el sur, las regiones de Moquegua y Tacna, lideran los índices de desarrollo humano. Es la primera vez en muchos años que las municipalidades y gobiernos regionales han tenido cuantiosos recursos para la ejecución de obras y proyectos de inversión social.
Sin embargo, esta nueva oportunidad que marca la historia del Perú no fue aprovechada en su real dimensión por el incremento de conflictos sociales, que paradójicamente se gestan en contra de la actividad que está generando el soporte a la economía nacional.
A eso se suma la desinformación propiciada por políticos, ongs y grupos interesados en frenar cualquier cambio sociopolítico en el país, amparados en una supuesta defensa del agua, los recursos naturales y el ambiente.
La creciente ola de conflictos nos conduce a la preocupación de cuál es el origen de este problema y porqué las poblaciones no han interiorizado el beneficio de residir en un distrito, provincia o región minera.
Uno de los factores de este creciente descontento social, sería también la deficiente utilización de los recursos del canon minero por parte de los gobiernos locales y regionales. Las poblaciones beneficiarias, no perciben los beneficios de ser vecinos de una empresa minera.
La ocurrencia de estos conflictos nos ofrece una magnífica oportunidad de estudio social y de la presentación de propuestas reducir la brecha entre la minería y algunos sectores de la sociedad.
La provincia costera de Ilo, en la región Moquegua, es un claro exponente de esta problemática. En esta ciudad se ubican la Fundición, Refinería y Muelle de la empresa minera Southern Peru, sobre la cual aún existe una férrea oposición de algunos grupos sociales, pese a que es el principal motor de la economía local y generador de fuentes de empleo.
La empresa opera en el lugar por más de 50 años, periodo en el cual ha ido adecuándose a las exigencias ambientales de la legislación peruana y se han realizado importantes inversiones para modernizar sus operaciones, con la finalidad de reducir las emisiones al ambiente.
La culminación del proyecto de modernización que redujo al mínimo las emisiones de dióxido de azufre, en el año 2006, coincidió con los años de mayor captación de recursos del canon y regalías por el alto precio de los metales en el mercado internacional.
Esto redujo la presión social y el nivel de conflictividad, sin embargo aún existen grupos organizados que reclaman a la empresa por problemas ambientales de hace 30 años.
Una de las organizaciones que no sede en su pedido es el Frente de Defensa de los intereses de Ilo, conformado por conocidos dirigentes que mantienen los postulados de la izquierda de los 80. Con los años esta organización ha ido perdiendo representatividad e influencia, sin embargo tiene un representante en un espacio creado por el Ministerio de Energía y Minas denominado “Mesa de Diálogo” y sus dirigentes eventualmente se pronuncian a través de los medios de comunicación.
Asimismo, a nivel de los gremios de pescadores, que son más de 20 en Ilo, hay una posición dividida en torno a la empresa minera. Un sector ha mejorado su relación con la Southern luego del apoyo en la construcción de local institucional, sin embargo la mitad de los gremios, continúan exigiendo una compesación por supuesta afectación a su zona de pesca, cerca de las instalaciones de la fundición de cobre.
Por otra parte, un sector de agricultores del Valle de Ilo, exige también que la empresa continúe pagándoles una indemnización por la afectación de sus cultivos de olivo, a causa de las emisiones de dióxido de azufre, lo cual fue suspendido por Southern en el año 2007, luego de culminar la modernización de la fundición que permitió erradicar las emisiones.
Finalmente, existe un grupo de ex trabajadores de la empresa que consideran insuficiente el pago de acciones laborales y mantienen un juicio de muchos años con la trasnacional. Estas personas, que suman cerca de 500 en Ilo, siempre se hacen presentes en movilizaciones y protestas que se organicen contra la minera.
El jurado estuvo conformado por su asesor, Mg. Giovanni Bonfiglio Volpe y los docentes de la Maestría en Gerencia Social, Mg. Jorge Vargas Torres y Mg. César Zúñiga Loayza.
