Políticas de desarrollo para la inclusión productiva de las personas con discapacidad

Por Luis Miguel Del Aguila

Las políticas sociales sobre discapacidad hasta el momento no han logrado las metas esperadas porque fueron formuladas e implementadas en un nivel bajo y/o intermedio, sin considerar la dependencia funcional de las mismas con instituciones de nivel alto y sin tener en cuenta la situación o las condiciones institucionales para hacerlas efectivas y eficientes.

Para atacar esta debilidad del marco institucional de políticas de discapacidad, propusimos una serie de metas y estrategias concretas, a fin de optimizar en el futuro el diseño y ejecución de políticas sociales sobre discapacidad. Estas metas y estrategias, que fueron identificadas luego de evaluar diferentes niveles de desarrollo institucional (para lo cual usamos indicadores preestablecidos que nos mostraron los diversos factores intervinientes) se resumen en lo siguiente:

Entender primero que nada que, si las personas con discapacidad no son incorporadas con prioridad en los planes nacionales de desarrollo y lucha contra la pobreza, éstos no lograrán sus metas, y seguiremos siendo pobres. Para ello:

1.Se debe combatir prejuicios y estereotipos de que las personas con discapacidad son inútiles, improductivos, que son una carga, que en ellos no se invierte sino se gasta, etc.

2. Se debe implementar el cambio de paradigmas respecto del concepto de la discapacidad pasando del modelo médico e individual (políticas asistencialistas y caritativas) al modelo social y de derechos (políticas de desarrollo de capacidades, de eliminación de barreras físicas y de actitud, y de igualdad de oportunidades).

3. Los diseñadores de políticas deben consultar y promover la participación activa de las personas con discapacidad en todas las fases del proceso de formulación de políticas.

4. Las políticas que se formulen deben guiarse siguiendo los criterios de diseño universal o planificación inclusiva.

5. Se debe promover el desarrollo profesional de expertos en discapacidad y desarrollo inclusivo, especializados en planificación estratégica y gerencia social

6. Se debe descentralizar promoviendo la aplicación y coordinación de las políticas, planes y proyectos sociales de discapacidad con los gobiernos regionales y locales

7. Se debe comprometer la participación del sector privado en el diseño y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos sensibles a la dimensión de la discapacidad y evaluar el posible impacto que éstos podrán generar en este sector de la población

8. Se debe fomentar el desarrollo de Estadísticas y Líneas de Base para sustentar la formulación de políticas y tomar decisiones con base en el conocimiento científico

9. Se debe perfeccionar el manejo de conflictos entre el Estado y las personas con discapacidad, y realizar estudios de opinión a este sector

10. Se debe institucionalizar el desarrollo de evaluaciones de los resultados de las políticas sociales sobre discapacidad para mejorar la formulación de estas políticas

Si bien con las estrategias señaladas podemos mejorar el marco institucional de políticas de discapacidad, todavía nos movemos en un ámbito muy general, que crea sólo las condiciones de posibilidad para implementar políticas. Sin embargo necesitamos ahora aterrizar en políticas y medidas más concretas aun para insertar productivamente a las personas con discapacidad. Para ello debemos identificar las actividades que ellas realizan, dentro de esquemas de economía informal, solidaria o de subsistencia, pero promoviendo que accedan a una economía de mercado que les permita crecer más y de manera sostenible, generando mayores niveles de utilidad y capitalización.

Para poder proponer estas políticas y medidas más concretas de desarrollo productivo y de desarrollo de capacidades empresariales a favor de las personas con discapacidad, somos de la opinión que debemos evaluar el potencial del Tercer Sector o economía solidaria, para ver de qué manera podemos utilizarlo. Para ello debemos tener claro primero qué cosa entendemos por economía social, economía solidaria o Tercer Sector. A continuación, necesitamos identificar las principales actividades económicas que desarrollan las personas con discapacidad, reconociendo, al interior de ellas, sus principales oportunidades y amenazas para que las personas con discapacidad puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades empresariales y productivas. En tercer lugar propondremos un plan de gestión, primero de oportunidades y luego de riesgos o amenazas, a fin de maximizar las oportunidades que se presenten para lograr sus metas, reduciendo a su mínima expresión los riesgos e impactos negativos que puedan presentarse para impedirlo. Terminaremos señalando las conclusiones generales de este ejercicio de diseño de estrategias y políticas.

Qué entendemos por economía solidaria o Tercer Sector, y cual es su importancia
Tomando como base los estudios de Jurado (2008), Trejo Solórzano (2003) y Ashoka & McKinsey (2004), la economía social, también llamada economía popular, economía solidaria o Tercer Sector, es un régimen de producción que se basa en especiales formas de asociatividad (en la que priman relaciones de cooperación y solidaridad) que le dan prioridad al trabajador y al capital humano antes que al capital físico, al capital financiero o al capital natural. Abarca formas económicas informales, pre-empresariales, o unidades económicas familiares y micro empresas que se caracterizan porque no logran insertarse con solvencia y sostenibilidad a la economía de mercado.

La economía social se diferencia del sector privado (Primer Sector) porque organiza las relaciones sociales productivas en función a la cooperación y la solidaridad y no en función del lucro, como si lo hace el capitalismo. Y a diferencia del Segundo Sector (Estado, Empresas Estatales, Entidades de servicios públicos), sus decisiones son independientes de las decisiones políticas que caracterizan a las instituciones estatales.

Ante el permanente fracaso de la economía de mercado y del Estado para resolver problemas sociales que se agudizan a diario, tales como el de las desigualdades sociales y la falta de equidad que se da en la estructura social, la economía social se erige como una de las principales esperanzas y alternativas de desarrollo inclusivo.

Según Jurado (2008) el sector informal urbano y el campesinado son considerados los sujetos sociales portadores de cambio en la realidad social peruana, por su potencial económico-financiero y por su capital social basado en tradiciones y experiencias duraderas de cooperación. La fortaleza de ambos radica en que juntos abarcan poco más del 65% de la fuerza de trabajo del Perú y que su aporte al PIB se estima en poco más del 35% del total nacional. Por todo ello, y por sus particulares formas asociativas y de cooperación, que no se basan en el lucro, se piensa que los integrantes del Tercer Sector tienen el potencial para resolver los problemas fundamentales de la desigualdad, la inequidad y la exclusión que afectan a grandes porciones de nuestra población.

Así como el Estado y la economía social de mercado han fracasado en resolver los problemas de la desigualdad, la inequidad y la exclusión de grandes porciones de nuestra población, también han fracasado en incluir a las personas con discapacidad a la economía del país y al desarrollo, reduciendo sus niveles de pobreza. Se estima que de los 2 millones de personas con discapacidad en edad de trabajar, el 80%, es decir un millón 600,000, se encuentran en situación de desempleo o subempleo, realizando actividades económicas en el sector informal o Tercer Sector (DEL AGUILA 2007: 17).

De esta manera, ante la permanente exclusión laboral a que se enfrentan las personas con discapacidad debido a los prejuicios y la discriminación, el único potencial de inserción productiva que ellas tienen lo encuentran en el auto empleo, la microempresa, el trabajo independiente, el trabajo informal, el auto negocio, la actividad artesanal etc., que son actividades propias del Tercer Sector y de la economía solidaria.

Por eso pensamos que las estrategias de desarrollo de la economía social, de la economía solidaria o del Tercer Sector, para ser verdaderamente inclusivas (DEL AGUILA 2005), deben tener en cuenta e incorporar como sus beneficiarios a las personas con discapacidad. Dicho de otro modo: la esperanza de alcanzar un verdadero desarrollo inclusivo para las personas con discapacidad tiene que enmarcarse en estrategias de desarrollo de la economía solidaria. Esto por dos razones. Por un lado, por las peculiaridades que presentan las personas con discapacidad, que requieren eliminar las barreras físicas y de actitud así como adecuar el entorno laboral y los puestos de trabajo, y por otro lado, porque algunas de ellas (en especial con discapacidades severas) no podrán jamás ser competitivas, requiriendo una voluntad solidaria y no capitalista para poder ser incluidas como iguales.

Principales actividades económicas que desarrollan las personas con discapacidad
Las principales actividades económicas que desarrollan las personas con discapacidad, y que busca potenciarse mediante diversas estrategias y políticas de gerencia social orientadas a su inserción a la economía de mercado, y a la economía nacional del país de una manera sostenible, son las siguientes:

1. El desarrollo de actividades artesanales y la comercialización de productos en diversos tipos de ferias (populares, comunitarias, auspiciadas etc.)

2. Ventas informales y precarias (ambulantes), que se ubican a nivel de la subsistencia, tales como las que se realizan en carritos sangucheros, golosineros o semejantes.

3. La fabricación y venta de artículos y productos relacionados con la rehabilitación y las ayudas técnicas para personas con discapacidad: zapatos y aparatos ortopédicos, prótesis, sillas de ruedas, bastones, muletas etc.

4. El teletrabajo o trabajo a distancia que puede realizarse a través de telecentros o desde el domicilio de la propias personas con discapacidad

5. Las empresas promocionales para personas con discapacidad – PYMEs de PCD.

Para realizar estas actividades las personas con discapacidad buscan agruparse, primero al interior de sus familias, y también con el apoyo de colegas, en micro redes, y posteriormente buscando alianzas estratégicas con diferentes actores: el Estado, las ONG, las empresas grandes, medianas y pequeñas, las instituciones públicas, los gobiernos locales y regionales, el Congreso etc.

En el caso que ellas no logren agruparse, la idea es promover esa agrupación mediante la constitución de redes y alianzas estratégicas

A pesar de los esfuerzos de las personas con discapacidad, estos emprendimientos se hallan por lo general en los límites de la subsistencia, pero sin lograr desarrollarse ni insertarse a formas empresariales más desarrolladas, con más acceso al crédito y a mejores mercados

De lo que se trata en consecuencia es de identificar políticas que ayuden a minimizar riesgos y amenazas y a potencializar oportunidades, a fin de que este potencial productivo de las personas con discapacidad logre su mayor expresión y desarrollo posible, lo cual no solamente colaborará al ingreso nacional sino también a eliminar los prejuicios que les afecta, propiciando un radical cambio de actitudes, y una nueva valoración basada en el respecto y el reconocimiento. Todo ello colabora a los esfuerzos de inclusión en los que estamos comprometidos.

En las líneas que siguen identificaremos a las principales oportunidades y amenazas para que las personas con discapacidad puedan desarrollar sus capacidades y habilidades empresariales y productivas. Sobre esta base plantearemos por un lado las estrategias para incrementar las oportunidades y por otro lado las estrategias para aminorar el riesgo de ocurrencia de las amenazas identificadas.

Principales oportunidades y amenazas en la aplicación de estrategias para desarrollar las capacidades empresariales y productivas de las personas con discapacidad en el marco del Tercer Sector
Entre las principales oportunidades podemos señalar las siguientes:

• Contamos con un adecuado marco normativo y de políticas sobre discapacidad que apuntan a promover la inclusión laboral, empresarial y el desarrollo de capacidades de las personas con discapacidad, como se detalla al final en Anexo.

• El artículo 38 de la Ley No 27050 – Ley general de la Persona con Discapacidad señala que “Las empresas e instituciones del sector público darán preferencia a los productos manufacturados y servicios provenientes de micro y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, tomando en cuenta similar posibilidad de suministro, calidad, y precio para su compra o contratación”.

• El artículo 41 de la Ley No 27050 – Ley general de la Persona con Discapacidad señala que “Los Gobiernos Regionales y las Municipalidades provinciales y distritales promoverán la comercialización de los productos manufacturados por las personas con discapacidad, fomentando la participación directa de dichas personas en ferias populares, mercados y centros comerciales dentro de su jurisdicción”.

• Las personas con discapacidad suelen ser más empeñosas, dedicadas y constantes en sus trabajos y emprendimientos productivos pues así aprovechan mejor las pocas oportunidades que se les suelen presentar debido a los prejuicios y discriminación que les afectan.

• La mayoría de ellas ya se encuentra desarrollando actualmente diversas actividades productivas, pero en condiciones de precariedad y niveles de subsistencia.

• Suelen contar con el apoyo de sus familiares, amigos y también se agrupan con otras personas con discapacidad formando micro redes que tienen un gran potencial de desarrollo si fueran mejor gestionadas.

Entre los principales riesgos o amenazas podemos señalar las siguientes:
• Que el gobierno no manifieste una verdadera voluntad política de implementar acciones concretas contenidas en el marco legal actualmente vigente.

•Que el gobierno no comprometa presupuestalmente los fondos necesarios para implementar las políticas, planes y programas contenidos en el marco legal.

• Que los demás actores sociales (Estado, empresas, sociedad civil, iniciativas productivas del Tercer Sector etc.) mantengan sus actitudes prejuiciosas y discriminatorias que insistan en seguir excluyendo a las personas con discapacidad.

• Que no se logren realizar convenios ni alianzas estratégicas con sectores clave tales como: instituciones estatales, empresas, ONG, agencias de cooperación, gremios profesionales y empresariales etc.

• Que las personas con discapacidad no aprovechen debidamente las oportunidades laborales o empresariales que se les da y por el contrario queden mal y hagan quedar mal al resto de personas con discapacidad.

• Que los diseñadores de políticas y gerentes de planeamiento persistan en visualizar el desarrollo de planes, proyectos, infraestructuras, servicios y programas para personas con discapacidad como hechos aislados y separados del resto de la comunidad (sin tener en cuenta criterios de diseño universal o planificación inclusiva), con lo cual llegarán a la conclusión que son caros y de poco impacto, por lo cual no conviene gestionarlos, priorizarlos ni presupuestarlos.

• Que se persista en diseñar y planear políticas, planes, proyectos, infraestructuras, servicios y programas para las personas con discapacidad sin convocar y consultar primero a las personas con discapacidad y sus organizaciones, pero de manera especial a los expertos con discapacidad.

Gestión de oportunidades más conveniente de la estrategia para maximizar las oportunidades de desarrollar la economía social de las personas con discapacidad
Estrategias para incrementar las oportunidades de desarrollo de las personas con discapacidad:

• Estudiar y difundir mejor el marco normativo y de políticas sobre discapacidad a fin de aprovecharlo en beneficio de las personas con discapacidad, de sus emprendimientos y de sus aliados, promoviendo su inclusión laboral, empresarial y desarrollo de capacidades.

• Gestionar recursos económicos, técnicos y humanos, para que las personas con discapacidad que se encuentran desarrollando actividades productivas en condiciones de precariedad y niveles de subsistencia, puedan crecer y fortalecerse, y para que puedan mejorar su calidad y ampliar su producción y mercados, logrando autonomía y sostenibilidad.

• Hacer alianzas con entidades públicas y privadas para incrementar de manera sustancial el desarrollo de capacidades de las personas con discapacidad a fin de que su mayor empeño, dedicación y constancia redunde en la calidad y cantidad de los trabajos y emprendimientos productivos que ellas ya se encuentra desarrollando actualmente, pero en condiciones de precariedad y niveles de subsistencia.

• Potenciar el esfuerzo de las personas con discapacidad utilizando las sinergias y micro redes que ellas tienen o pueden establecer, con el apoyo de sus familiares, amigos o también agrupándose con otras personas con discapacidad, alcanzando mayores niveles de desarrollo gracias a mejores prácticas de gestión.

• Difundir y hacer alianzas con instituciones públicas, privadas y de la cooperación internacional para lograr que un número cada vez más grande de micro y pequeñas empresas, integradas por personas con discapacidad, se formalicen y fortalezcan para estar en capacidad de ofertar a las empresas e instituciones del sector público la más amplia gama posible de productos manufacturados y servicios en igualdad de condiciones de suministro, calidad, y precio que la competencia para poder así aprovechar al máximo el artículo 38 de la Ley No 27050 que obliga a las empresas e instituciones del sector público a darles preferencia de compra o contratación.

• Coordinar y hacer convenios con los Gobiernos Regionales y las Municipalidades provinciales y distritales para que efectivamente promuevan la comercialización de productos manufacturados por personas con discapacidad, fomentando su participación directa en ferias populares, mercados y centros comerciales de su jurisdicción, en cumplimiento del artículo 41 de la Ley No 27050. De igual manera promover alianzas para que las personas con discapacidad mejoren la calidad y amplíen la variedad de sus productos para que sus ventas se incrementen de manera permanente beneficiando a un mayor número de personas.

• Se deberían utilizar las actuales prácticas de responsabilidad social empresarial con el objeto de promover un enfoque promocional a favor de las personas con discapacidad en el empleo, o para la comercialización de sus productos en cadenas de almacenes y supermercados, desde una óptica del comercio justo o solidario.

• En base al incremento de capacidades productivas obtenidas gracias a la venta en cadenas de almacenes y supermercados nacionales, en un segundo momento habría que orientar a la exportación las prácticas de comercio justo o solidario hacia países familiarizados con dichas prácticas de comercio solidario.

Gestión de riesgos o amenazas más conveniente para minimizar los riesgos de la estrategia para desarrollar la Economía Solidaria de las personas con discapacidad
Estrategias para minimizar los riesgos para el desarrollo de las personas con discapacidad:

• Para que el gobierno no rehúse su voluntad política de implementar acciones concretas contenidas en el marco legal actualmente vigente se deben realizar 2 tipos de acciones: por un lado informar y capacitar a los funcionarios públicos y de manera especial a los tomadores de decisión. Por otro lado, se debe preparar y capacitar a las organizaciones de personas con discapacidad a fin de que de manera unitaria, coordinada y concertada, realicen acciones de incidencia con el gobierno.

• Para que el gobierno comprometa presupuestalmente los fondos necesarios para implementar las políticas, planes y programas contenidos en el marco legal se deben realizar también 2 tipos de acciones: por un lado, capacitar a los gerentes de planeamiento en el conocimiento y las técnicas de planeamiento y desarrollo inclusivo. Por otro lado, se debe trabajar con los funcionarios del Ministerio de economía y finanzas, a fin de incluir la temática de discapacidad, y los programas sociales y de desarrollo orientados a este colectivo, dentro del Marco Macroeconómico Multianual, que es la base técnica para formular el presupuesto anual que se aprueba en el Congreso.

• Para que los demás actores sociales (Estado, empresas, sociedad civil, iniciativas productivas del Tercer Sector etc.) acaben con sus actitudes prejuiciosas y discriminatorias que insisten en seguir excluyendo a las personas con discapacidad, se debería difundir casos exitosos de personas y empresas. En el primer caso conviene difundir experiencias exitosas de inserción productiva de personas con discapacidades severas. En el segundo caso, se recomienda hacer lo propio con empresas exitosas integradas mayoritariamente por personas con discapacidad.

• Para que se logren realizar convenios y alianzas estratégicas con sectores clave tales como instituciones estatales, empresas, ONG, agencias de cooperación, gremios profesionales y empresariales etc., conviene desarrollar acciones en dos niveles. Primero, preparar e implementar una campaña de información, sensibilización y difusión de las ventajas para todos sobre la inclusión laboral y empresarial de las personas con discapacidad, a través de los medios de comunicación de masas. Segundo, realizar esta misma campaña pero a través de acciones personalizadas y focalizadas dirigidas a las instituciones públicas y privadas señaladas anteriormente.

• Para que las personas con discapacidad aprovechen debidamente las oportunidades laborales o empresariales que se les da, ellas deben ser preparadas y capacitadas en diferentes niveles: en conocimientos, prácticas y actitudes laborales y empresariales. Para ello se debe coordinar y hacer alianzas con instituciones especializadas en desarrollar este tipo de trabajos.

• Para que los diseñadores de políticas y gerentes de planeamiento aprendan a pensar y diseñar de manera inclusiva (y no segregada) planes, proyectos, infraestructuras, servicios y programas generales pero sensibles a la dimensión de la discapacidad, ellos deben ser capacitados en el conocimiento y las prácticas de diseño universal y planificación inclusiva, con lo cual entenderán la importancia y conveniencia de gestionar, priorizar y presupuestar planes, proyectos, infraestructuras, servicios y programas generales que sean sensibles a la dimensión de la discapacidad.

• Para que los diseñadores de políticas y gerentes de planeamiento aprendan que, para diseñar y planear adecuadamente políticas, planes, proyectos, infraestructuras, servicios y programas sensibles a la dimensión de la discapacidad, ellos tienen que convocar y consultar primero a las personas con discapacidad y sus organizaciones, para esto ellos tienen que darse cuenta y reconocer que, en temas de discapacidad, los principales expertos son las propias personas con discapacidad. No hay ninguna otra manera sensata y práctica de averiguar si una medida o diseño va a tener efecto positivo o negativo en la persona con discapacidad, o si lo que se diseñe le va a servir o no, si le va a acomodar o si por el contrario le va a resultar incómodo.

Conclusiones sobre políticas y medidas más concretas de desarrollo productivo y de desarrollo de capacidades empresariales a favor de las personas con discapacidad

Como señalamos anteriormente las políticas sociales sobre discapacidad hasta el momento no han logrado las metas esperadas porque fueron formuladas e implementadas en un nivel bajo y/o intermedio, sin considerar la dependencia funcional de las mismas con instituciones de nivel alto y sin tener en cuenta la situación o las condiciones institucionales para hacerlas efectivas y eficientes.

Para atacar esta debilidad del marco institucional de políticas de discapacidad, propusimos una serie de metas y estrategias a fin de optimizar en el futuro el diseño y ejecución de políticas sociales sobre discapacidad. Estas metas y estrategias se resumen en entender primero que nada que, si las personas con discapacidad no son incorporadas con prioridad en los planes nacionales de desarrollo y lucha contra la pobreza, éstos no lograrán sus metas, y seguiremos siendo pobres.

En el presente trabajo hemos tratado de identificar políticas, medidas y estrategias dirigidas a que el potencial productivo de las personas con discapacidad, perfilado en actividades de subsistencia al interior del sector informal, economía solidaria o Tercer Sector, logre desplegarse en toda su magnitud alcanzando su mayor expresión y desarrollo posible, gracias al desarrollo de micro redes, conglomerados y alianzas estratégicas, poniendo en acción el marco normativo promocional del Estado y las nuevas prácticas de responsabilidad social empresarial. Todo esto no solamente colaborará a incrementar el ingreso nacional, con la activa participación de las personas con discapacidad, sino también ayudará a eliminar los prejuicios que les afecta, propiciando un radical cambio de actitudes, y una nueva valoración basada en el respecto y el reconocimiento. Todo ello no es otra cosa que un paso más en la dirección de nuevos esfuerzos de inclusión en los que todos estamos comprometidos.

Bibliografía

• ASHOKA & McKINSEY (2004). Capítulo 1: “Organizaciones del tercer sector”. En: Emprendimientos sociales sostenibles.
• DEL AGUILA, Luis Miguel (2005) “Manual de Planeamiento Inclusivo”. En: FRANCKE, Pedro, Carlos CORDERO y Luis Miguel DEL ÁGUILA (2006) Plan de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad 2003-2007: Balance y Propuestas. Lima: Fondo Editorial del Congreso / Comisión Especial de Estudio sobre Discapacidad, pp. 67-118.
• DEL AGUILA, Luis Miguel (2007) Estudio de Línea de Base. Demanda laboral de Trabajadores con discapacidad en las empresas del Perú. Consultoría para la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional – JICA.
• JURADO, Joel (2008) Fundamentos de la Gerencia Social. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú. Sexta edición, 2008.
• TREJO SOLÓRZANO, Juan Diego (2003). “Papel de la micro y pequeña empresa no Agrícola”. En: La microempresa en el Perú a inicios del siglo XXI (Lima. IPES).

Anexo de Oportunidades normativas y de políticas públicas sobre discapacidad
• La existencia de un marco legal favorable a la inclusión laboral de las personas con discapacidad derivado de un tratado internacional de la OIT, ratificado por el Perú .
• Nos encontramos, durante el período 2007- 2016, en la Década de la personas con discapacidad que el gobierno declaró en diciembre del año 2006 , lo que permite esperar un ambiente propicio para el desarrollo de políticas, planes y programas dirigidos a la inclusión de este sector de la población.
• Es posible que en las próximas semanas se apruebe un nuevo Plan de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, con una década de duración .
• La existencia en el Congreso de una “Comisión especial de discapacidad” dispuesta a apoyar el tema de la discapacidad desde un enfoque de derechos y apuntando al desarrollo de capacidades, eliminación de barreras, promoción de la participación e igualdad de oportunidades a favor de las personas con discapacidad.
• La ratificación, por el gobierno peruano, de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, de las Naciones Unidas , que entró en vigor el pasado 3 de mayo de 2008, lo que hace vinculante y de cumplimiento obligatorio en nuestro país todas las normas incluidas en ella.
• La aprobación por la Asamblea General de la OEA de la Declaración y el Programa de acción de la Década 2006- 2016 para las personas con discapacidad

Relación de principales normas legales sobre discapacidad
• Constitución Política del Estado, en especial los artículos 2, 7,16, 23 y 59.
• Resolución Legislativa 24509 del 30.05.86: Ratificación del “Convenio 159 y Recomendación 168 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la readaptación profesional y el empleo de personas minusválidas”, adoptados por la O.I.T. en su 69a. Reunión celebrada en Ginebra el 20 de Junio de 1983.
• Decreto Supremo No 002-97- TR – “Texto Unico Ordenado del D. Leg. No 728 Ley de Formación y Promoción Laboral” art. del 36o al 45o – 27.03.97.
• Ley No 27050 – Ley general de la Persona con Discapacidad (que crea el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad – CONADIS) publicada el 06.01.99.
• Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales – Publicada el 18/11/2002. Ver en especial art. 8 y 60.
• Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 27.05.03. Ver art. 78, 81 y 84.
• Declaración del Decenio de las Américas: Por los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad (2006-2016). Aprobada en el Trigésimo Sexto período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, Cuarta sesión plenaria, celebrada el 6 de junio de 2006, con Resolución AG/DEC. 50 (XXXVI-O/06)
• D.S. N° 015-2006-MIMDES – Declaran los años 2007 al 2016 como el “Decenio de las personas con discapacidad en el Perú” (y disponen la formulación del Plan de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad para el período 2007-2016, dentro de los seis (6) primeros meses del año 2007). Publicado el 13.12.06.
• Acuerdo de Directorio No 004-2006/031-FONAFE – Aprueban Directiva de Apoyo a la persona con discapacidad. Publicado el 22.12.06. Dispone que las Empresas del Estado deberán apoyar a las personas con discapacidad en temas de accesibilidad y promoción laboral y empresarial.
• D.S. Nº 007-2007-MIMDES – Constituyen Comisión Multisectorial y dictan disposiciones para la formulación del Plan de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad 2007 – 2016. Publicado el 21.09.07.
• R.D. Nº 001-2007-DGPDIS/MIMDES – Aprueban Procedimiento para la Elección de Representantes de las Asociaciones e Instituciones de las Personas con Discapacidad, señalados en la parte considerativa de la presente Resolución, ante la Dirección General de la Persona con Discapacidad, a efectos que puedan brindar aportes en la formulación del Plan de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad 2007-2016. Publicado el 29.09.07.
• Programa de Acción para el Decenio de las Américas: Por los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad (2006-2016). Dispone la aprobación del Programa. Aprobado en el Trigésimo Séptimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, Cuarta sesión plenaria, celebrada el 5 de junio de 2007, con Resolución AG/RES. 2339 (XXXVII-O/07).
• R.L. 29127 – Resolución Legislativa que aprueba la “Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo” (htm). 01.11.07.
• Decreto Supremo N° 073-2007-RE – Ratifican la “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo”. 31/12/2007.