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Ha hecho bien la Gobernadora Regional de Arequipa, Yamila Osorio, en emplazar al nuevo titular del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, para que priorice en su agenda la solución del conflicto de Tía María que ya lleva dos semanas de protesta y, hasta el momento, sin visos de solución. La pregunta inmediata ante este pedido casi desesperado de nuestra autoridad, es si el gobierno central le hará caso. Ojalá nos equivoquemos, pero creemos que no.
Que ninguno se haya inmutado por la renuncia de Patricia Salas de la Asamblea Estatutaria de la Universidad Nacional de San Agustín, es una clarísima evidencia que a nadie, y mucho menos a la propia comunidad agustina, le interesa las reformas que podrían haberse hecho a través de la puesta en marcha de la nueva Ley Universitaria. Con la ausencia de Salas, la treintena de asambleístas que fungen de elaborar un nuevo estatuto, tienen ahora la cancha libre para plasmar lo que en realidad persiguen: dejar todo igual para continuar con la ineptitud y corrupción que son las dos principales fuerzas que dominan a esa universidad hace una veintena de años.
Luego de 23 años, institucionalmente nuestro país cuenta con las mismas características que animaron el autogolpe fujimorista, un 5 de abril como hoy. Es decir, 23 años después, seguimos con organizaciones políticas endebles, y mayoritariamente copadas por mafiosos o delincuentes que han descubierto que éstas son el mejor refugio para ocultar sus fechorías; con una población que se resiste a optar el grado de ciudadanía para seguir siendo clientes o siervos en espera de las dádivas de aquel a quien vendieron su voto; con un electorado que termina eligiendo al mal menor sin importar que las opciones oscilen entre el aventurerismo y/o la tradición autoritaria y violatoria a los ddhh.
Culminó los primeros 100 días de la gestión regional encabezada por Yamila Osorio. Como recomienda la tradición política, ha tenido su “luna de miel”; es decir, el tiempo suficiente para consolidarse en el nuevo cargo, aunque muchos lo creyeron innecesario, puesto que Osorio no es ninguna advenediza, pues encabezaba el Consejo Regional de la segunda gestión guillenista, además de ser candidata de la agrupación que manejó por dos períodos el Gobierno Regional. Siguiendo también la tradición política, luego de los primeros 100 días es saludable empezar a hacer las primeras evaluaciones.
Los regidores de la comuna provincial deben estar odiando a nuestro burgomaestre, pues para aumentarse sus dietas decidieron incrementar el sueldo al alcalde (de 7,000 a 11,000 soles). Así, cada regidor pasaría a cobrar, por sesión, 3,000 y no 2,000 soles, como actualmente lo hacen. De paso, parece que concibieron que dicho aumento era el justo reconocimiento a sus primeros cien días de labor municipal.
Ha hecho bien la administración regional en propiciar el diálogo y luego instalar una mesa de negociaciones en Islay para evitar la huelga indefinida que se iniciará en esa provincia este lunes. Lo que hemos visto en este caso es algo que en ocho años jamás se hizo por parte de Juan Manuel Guillén Benavidez: tomar la iniciativa y propiciar el consenso viajando a Lima, con los dirigentes de la zona, para que el gobierno central se comprometa en la solución de este problema. ¿Significa esto que el problema de Islay ya se solucionó? Creemos que no.
¿Y ahora, cómo hay que denominar a nuestra autoridad regional: gobernadora o presidenta?, es la pregunta final que me hacen los medios que me han interrogado acerca de la reciente aprobación en el Congreso que impide la reelección inmediata de presidentes regionales y alcaldes, esto como parte de las discusiones que viene dándose en torno a la reforma electoral que necesita nuestro país. Efectivamente, cómo llamar ahora a nuestra autoridad regional; es más, cómo firmará alguna ordenanza regional, como gobernadora o presidenta?
