innovación pública

LA TEORÍA DEL VALOR PÚBLICO (II). El interés público.

Es claro que cada persona tiene bien en claro que es lo que le gusta más; que es lo que quiere para sí en un momento determinado. Nadie mejor que uno mismo para responder ¿en qué gastar mi plata y hasta cuánto?  

Pero, cuando dejamos de lado los intereses personales y pensamos en los intereses de una colectividad, debemos pensar en algo que justifique invertir el dinero de todos los ciudadanos (los impuestos) para beneficios de todos. Para hablar del concepto de “interés público”, hablaremos de quienes lo definen. Y sobre ello, existen, básicamente, dos perspectivas: una tradicional y una moderna.

 

1.- El enfoque tradicional de la gestión pública:

Parte de que el debate público sobre un tema se da de modo previo a las elecciones, y entonces todos pueden debatir y ejercer el derecho de opinión y expresión (sustentada o no). Pero…

Pero luego de transcurridas las elecciones son las autoridades recientemente electas las que tienen la responsabilidad de definir y responder a las siguientes preguntas: ¿Qué es el interés público?, ¿Qué interés público debe atenderse? La autoridad política electa, al regular cómo el funcionario debe entender y hacer su trabajo está diciéndole -de un modo genérico y abstracto- cómo debe de actuar para realizar mejoras organizacionales: cómo debe de actuar para perfeccionar procesos; cómo debe administrar los recursos humanos: y cómo -con todo ello- deberá lograr la eficacia y eficiencia.

Pero el funcionario electo no le dice cómo innovar técnicamente en un caso concreto; ni cómo cambiar la organización X según determinada metodología; ni  que es “valor público”; ni cómo aumentar el valor público en determinado entorno político-social cambiante, etc.

Son los funcionarios y servidores públicos los que deben materializar dichas definiciones, siguiendo la reglamentación dada -de un modo genérico, pero técnico-, en el caso concreto que se le presenta en determinado momento. En temas de interés público, el funcionario y/o servidor público debe dejar de lado su idiosincrasia, su ideología, sus creencias personales o  valores subjetivos,

¿Por qué se da esta regulación genérica, está reglamentacion [nota 1]?  Porqué cómo se tiene profunda desconfianza en el actuar del funcionario, servidor público, se espera que él la siga estrictamente.   Al respecto:

1) En la perspectiva tradicional, esta negación de dar discrecionalidad al trabajador público es vista como una garantía en favor del ciudadano;

2) En la actualidad, sabemos que esta restricción impide que el funcionario o empleado público logre adaptabilidad funcional y eficiencia técnica ante  nuevas situaciones sociales.

 

2) El enfoque moderno de la gestión pública:

Nos dice que antes de las elecciones, puede haber todo el debate, libertad de opinión y expresión que se quiera. Pero que luego de las elecciones y ya producida la elección:

  1. Son las autoridades electas que conforman el gobierno las que tienen la responsabilidad de definir y responder a las siguientes preguntas genéricas, abstractas: ¿Qué es el interés público?, ¿Qué interés público debe atenderse?, ¿Cómo debe atenderse?
  2. El directivo, gestor o funcionario público es un estratega para el caso concreto. No se puede ser un funcionario que se limite a cumplir la reglamentación genérica que le ha sido dada por autoridades políticas u otras legitimadas, pero lejanas a su labor organizacional cotidiana. El funcionario tiene la responsabilidad de descubrir, definir y crear “valor público” para cada una de las peculiares actuaciones que le son sometidas.

No es un retorica cuando decimos que el gestor público moderno  debe ser “estratega”, pues debe ver hacia arriba/abajo/adentro/afuera de la organización. Efectivamente él debe ver:

#1.- Hacia arriba, para renegociar el mandato político y lograr una definición política de “valor”.

#2.- Hacia afuera, para ver el valor de la producción, del producto que logra la organización.
#3.- Hacia dentro, para ver la situación y actuación organizacional actual (como contexto).
#4.- Hacia abajo, para ver la situación y actuación organizacional actual (sobre todo de sus colaboradores)

Además, sostenemos, que:

#5.- Debe ver hacia dentro de sí mismo, para certificar que su decisión trasciende el formalismo legal y es una decisión ética, justa, conforme a los valores y principios constitucionales más elevados: Enfoque de los derechos humanos en la gestión pública.

A nosotros nos interesa este enfoque moderno, pues a partir de él desarrollaremos la noción de “valor público” que es de nuestro interés. Después de este post, creo que estamos en condiciones de responder ¿Quién define el concepto de “interés público”? 

………………………………………………

NOTA 1.-  Este afán regulatorio se da tanto en:

                   A) Modo sustantivo (lograr el fin o misión)

                   B) Modo administrativo: Descendente: hacia el logro de resultados;

                                                                  Ascendente: Atender el mandato político.

 

TEORÍA DEL VALOR PÚBLICO (I). Algunos tips: ¿Valor?, ¿Valioso?

Trabajé este tema hace más de 10 años, cuando asumí la Secretaría General de una gran institución. Hoy, varios gobiernos después, retomo  el tema, pues veo que persiste el desconocimiento de este concepto.  En este tiempo, he pasado diversas experiencias de vida y de gestión, que compartidas con muchos colegas, han resultado reflexiones  -muchas muy válidas y meritorias-  que merecen no perderse.

 

¿Qué es un “valor”?  Según la RAE “valor” es el grado de utilidad o aptitud de las cosas, para satisfacer las necesidades, para proporcionar bienestar o deleite. Lo valioso es una cualidad de las cosas u acciones, que permite apreciarlas o considerarlas útiles, aptas para satisfacer necesidades en las personas.

¿Qué es “valor” para mí? ¡Es aquello que yo considero valioso! Para mi es más valioso ese reloj viejito y que se retrasa, porque me lo regaló mi padre, que el reloj de titanio importado, que me regalaron los colegas y amigos al retirarme de una institución.

Lo que yo considero valioso, puede no ser “valioso” para otra persona. Así, el valor es algo subjetivo, y cada uno determina la valía de una cosa, acción o palabra. Es un concepto subjetivo e  indeterminado (que cada persona debe de llenarlo de contenido según sus creencias, apetencias, necesidades, etc.).

¿De qué valor hablamos hoy? ¡Depende!  Depende de quién, donde, cuando, cómo y porqué lo pregunte.

  1. ¿Si preguntan en la gestión privada? Sabemos que el empresario tiene un objetivo: ganar dinero. Y para ello busca y define que es “valioso”, produciendo bienes y servicios que considera que serán deseados, requeridos, necesitados por otras personas, dispuestas a pagar por ellos. El empresario produce vienes “valiosos” para poderlos vender a los clientes interesados en ellos. El consumidor es el rey, el que manda, pues con su compra nos dice que un producto es valioso, y que vale la pena producirlo (o no).

El razonamiento es sencillo: “Produzco algo a un costo determinado, y si lo vendo a un precio mayor, la diferencia que obtengo es la ganancia” Esto se sustenta en la “soberanía del consumidor” es decir, el cliente es el soberano para elegir que compra y a quien (o que no compra o a quien no) y en “la generación de costos de oportunidad” es decir, si obligamos a un ciudadano a hacer algo que nosotros establecemos por Ley, pero él no quiere, le estamos anulando la oportunidad de ejercitar su libertad y tomar la decisión a él, ¡aunque lo que le impongamos sea bueno para él y para la sociedad!

  1. ¿Si preguntan en la gestión pública o en el aparato público? La cosa no es tan clara sobre quien define “lo valioso”. :
  2. En un gobierno de izquierda hay sectores nacionalistas que creen que el Estado debe generar lo que es valioso para el ciudadano, para “el pueblo”, y decirle “esto es valioso para ti”. Así, los que están en el gobierno quieren señalar que es lo valioso, como por ejemplo, que deben de estudiar los hijos de los demás ciudadanos, o qué deben de consumir en la programación televisiva, o con qué divertirse.
  3. Al otro extremo, el gobierno de los liberales, que creen que el valor lo debe generar la iniciativa privada. Así, al llegar al gobierno, buscan imponer que el Estado no debe intervenir y por consiguiente los funcionarios o gestores públicos no pueden, ni deben competir con la empresa privada, para calificar o generar valor alguno.

En la actualidad, estamos en una posición cercana la de los liberales[1]: Actualmente prima la idea que, la actividad privada debe encargarse de generar valor y el Estado solo debe de redistribuir la riqueza generada por la actividad privada. Si -pese a todo lo expuesto- es necesario que el funcionario público genere algún valor, entonces, debe hacerlo subsidiariamente, para afectar lo menos posible  “la soberanía del consumidor” y “la generación de costos de oportunidad” en el ciudadano

Por todo lo anterior, el funcionario o gestor público está obligado ética y funcionalmente a decidir y mostrar los resultados valiosos obtenidos con su trabajo, de forma tal que acrediten y compensen dichas afectaciones al ciudadano (así, este entenderá que sí valió la pena dejar de hacer algo para sí, pues sus impuestos estuvieron muy bien utilizados)

Aclaramos: la noción de “valor público” puede tener diversas redacciones, rótulos, denominaciones: satisfacción de necesidades básicas, bienestar general, beneficio social, etc., aunque tenga el mismo contenido sustancial.

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NOTA 1:  La lógica imperante nos dice que, el Estado tiene dinero mediante la coerción tributaria que ejerce sobre el ciudadano para que pague sus impuestos. Con ello:

1.- El ciudadano sufre un costo de oportunidad: El pagar (obligado) mis impuestos, hace que yo no destine ese dinero a algo que sí quiero o me gusta más, perdiendo esa ocasión de hacerlo, y

2.- Se afecta mi soberanía del consumidor: Ya no puedo hacer una compra voluntaria mediante la cual yo determino que es bueno y valioso para mí. Para ejercer esta presión tributaria, el funcionario público hace uso de dos recursos escasos: Autoridad estatal y dinero.  (Como ambos son recursos que se generan en los ciudadanos -para seguir coaccionando a los ciudadanos- se debe hacer buen uso de ambos).

 

GESTOR PÚBLICO: Heurística y Serendipia. Y cómo se relacionan con la innovación en el sector público.

“Heurística” es una palabra griega que significa “hallar”, “inventar” (y por eso comparte la raíz etimológica de “Eureka”, frase famosa de Arquimides, al salir desnudo de su baño).

Heurística puede entenderse como la ciencia o el arte del descubrimiento, de la invención, de la creatividad, etc. Así, la capacidad heurística que tenemos todos los seres humanos hace referencia a la capacidad de resolver problemas utilizando el pensamiento creativo, divergente, lateral, o como quiera llamarlo ahora los creativos.

En el caso de los politólogos y funcionarios públicos (Nota 1) aprender estas reglas heurísticas es importantísimo, pues cuando priorizamos y aprendemos la técnica del proceso de resolución de problemas, nos estamos preparando para solucionar un problema público (aquí está la vinculación con la Fronesis, que ya tratamos en un artículo anterior), y con ello estamos generando verdadero “valor público”.

Y con todo lo expuesto, estamos contribuyendo a algo que nos hace mucha falta: lograr un “buen gobierno” entendido este como “aquel en que el conjunto de redes de dependencia funcione bien; es decir, con eficiencia en el ejercicio de los fondos públicos, con eficacia en la interacción con agentes y agencias externos, y con legitimidad en la prestación del bien o servicio que produce (es decir, la satisfacción del cliente y la rendición de cuentas)  Nota 2”

Finalmente, hay que entender que no todos los problemas pueden resolverse por más dominio que logremos de la frónesis y de la heurística. Muchos problemas pueden resolverse solos, mientras buscamos resolver otros, de mera casualidad o de “chiripa”. A esto le llamamos Serendipia: Facultad de hacer un hallazgo o descubrimiento de manera accidental, por lo que debemos estar muy abiertos de mente para “reconocer y recrear ventanas de oportunidad puede ser un inapreciable par de oportunidades administrativas”  (Nota 3),

Como no podemos depender de la chiripa (Serendipia, en lenguaje culto), es importante entender, aprender y reiterar que la Heurística como ciencia supone que hay un conjunto de reglas, principios, fórmulas que se pueden protocolizarse y enseñarse a otras personas.

Ejemplo de estas estrategias heurísticas:

1.- Trabajar hacia adelante (Partir de lo que nos es dado y con ello para realizar las reflexiones que nos han de conducir a la solución del problema. Esta es la base del planeamiento o planificación).

2.- Trabajar hacia atrás (Si no encuentras la solución, razona a la inversa: haz como si ya tuvieras la solución y marca lo que tienes dado. A partir de tener estos extremos, verifica que opciones intermedias pueden deducirse y vincularse entre ellas. Esta es la base de la prospectiva).

Ejemplo de reglas heurísticas:

1.- Si no consigues entender un problema, lo mejor es graficarlo o dibuja un esquema. La idea es confeccionar figuras que faciliten el análisis: esquemas, tablas, mapas, etc.

2.- Si el problema es abstracto, trata de examinar el problema en un ejemplo concreto.

3.- Aplica la “paradoja del inventor”: el propósito más ambicioso es el que tiene más posibilidades de éxito.

4.- Separa lo que te ha sido dado de lo que es buscado.

5.- Representa magnitudes dadas y buscadas con variables. Es mejor utilizar números (por ser estructuras más simples y objetivas) que otro tipo de datos.

6.- Determinar si se tienen fórmulas adecuadas.

Como las Políticas Públicas y la Gestión Pública dan mucha importancia a los problemas públicos, el dominio de la heurística se hace necesario y urgente para quienes trabajamos en el sector público y debemos resolver los problemas públicos que se nos presentan. Pero además debemos de resolverlos con un verdadero sentido pragmático, y de modo tal que además contribuyan al perfeccionamiento o a la felicidad (en el sentido Aristotélico) de la vida cotidiana. ¿Facilito, no?

 

 

Nota 1.- BARDACH, Eugene. 2004 Los ocho pasos para el análisis de Políticas Públicas. México. Centro de Investigaciones y Docencia Económica-CIDE. Páginas 17-22.

Nota 2.- CABRERO MENDOZA, Enrique. 2000 “Estudio introductorio”. En: La gestión pública. Su situación actual. BOZEMAN, Barry (Coordinador) México. Fondo de Cultura Económica. Página 22.
Nota 3.- LYNN, Laurence. 2000 “La teoría en la Gestión Pública”. En: La gestión pública. Su situación actual. BOZEMAN, Barry (Coordinador) México. Fondo de Cultura Económica. Página 51.

 

GESTOR PUBLICO Y FRACASOMANIA. FRACASOLICOS EN TIEMPO DE HUAICO.

A raíz de un artículo de Martin Tanaka denominado “Macartismo y fracasomania” de julio de 2010, empecé a indagar sobre la vigencia del tema en el Perú, y hoy que nuestro país está cubierto de huaicos y desastres causados por la naturaleza, luego de oír a nuestras autoridades políticas, a nuestros funcionarios públicos, y a tanto figuretti y opinologo, he querido compartir algunas reflexiones con ustedes.

Cómo siempre, hay derecho a discrepar, solo pido que sea mediante un debate de ideas, no una competencia de adjetivos.

 

La fracasomanía es una categoría desarrollada por Albert O. Hirschman, economista americano, allá por 1975 (NOTA 1), que aún hoy, 42 años después, mantiene plena vigencia.

 

¿Por qué tiene vigencia? Porque describe una forma de comportamiento que nos es muy cercana a los peruanos, ya que la vemos cotidianamente en nuestros dirigentes políticos de todos los niveles: nacionales, regionales, locales, y en nuestros  funcionarios públicos y autoridades del más alto nivel.

En efecto, hace unos días leyendo mi periódico dominical encontré a un exministro (Nota 1) que escribió:

“En el Perú, raramente construimos sobre lo avanzado. Se resaltan los errores (reales o ficticios) de gestiones anteriores y minimizan sus aciertos. Por ejemplo, no se destaca lo suficiente el rol del Ministerio de Educación del gobierno de Alan García para ordenar el sector y facilitar la reforma educativa del ex ministro Jaime Saavedra. Asimismo, pocos han rescatado la inversión en prevención durante el gobierno del presidente Ollanta Humala. Se implementó el COEN; de descolmataron ríos; se instalaron sistemas de alerta y enmallados en quebradas; se compraron helicópteros, aviones de carga, maquinarias pesadas… Reconocer un mérito ajeno no significa pasar por alto errores o corrupción. Pero preferimos destruir“.

¿Cuál es esa forma de comportamiento denominada “fracasomania” que los caracterizaría?  ¡Esa!  La descrita por este exministro que -casi seguro- cuando asumió el cargo, hizo lo que ahora critica. Estas autoridades y dirigentes -¡no son líderes!- tienen como actitud recurrente el tender a minimizar lo positivo que puede haber logrado una determinada gestión, acción o política gubernamental ajena a la suya. Y, más bien, tienden a concentrarse en exaltar los problemas, vacíos e impactos negativos que van encontrando en el camino de su gestión, para achacarlo inmediatamente al pasado,  Finalmente, tienden a lavarse las manos  –cual Poncio Pilatos-, y decir “Todo está mal”, “No hay nada bueno que rescatar”, “Pero, felizmente, ya llegamos nosotros”, etc.  Y si por casualidad, ocurre que su plan o acción demuestra ser ineficiente o un rotundo fracaso, no asumen la responsabilidad, pues siempre podrán excusarse invocando “La naturaleza ha superado a la ingeniería”, “técnicamente, no se ha caído, se ha desplomado”, “no es plagio, es copia”, “no es justicia, esto es una persecución política. Soy una víctima”

En otras palabras: Estarás frente a este comportamiento de “fracasolico” cuando percibas que los flamantes decisores de  políticas (sean gobernantes políticos, funcionarios públicos, o dirigentes sociales) opten por:

  1. a) Criticar del peor modo a muchas de las acciones, instituciones y proyectos desarrollados por políticas y gestiones previas.
  2. b) Prefieran ignorar, reformar, sustituir totalmente las acciones pasadas, por otras propias, creyendo que ellos son el mesías prometido, que tiene la solución o el bálsamo perfecto.

Los fracasomaniaticos no se dan cuenta que crean la percepción social de que hay una necesidad imperativa de iniciar todo de nuevo, desde cero, porque el ciudadano promedio piensa que no se ha hecho nada positivo, o lo que ha hecho no sirve, cundiendo así la frustración, el desánimo o la animadversión social con la gestión anterior. Esa mala leche de los fracasolicos deslegitima no solo la labor de las autoridades y funcionarios públicos: deslegitiman al Estado mismo.  ¿No se dan cuenta o sí, y realmente eso buscan?

 

 

Nota 1.-  El Comercio del 26 de marzo del 2017. Sección Economía. Opinión Piero Ghezzi.  “Construir Estado para la reconstrucción”.  Página 22.

GESTOR PUBLICO. TRABAJAR PARA SER Y HACER FELIZ: FRÓNESIS.

En estos días, estoy llevando un diplomado sobre Innovación en el sector público en una prestigiosa universidad privada, y en ella escucho a muchos compañeros que se quejan de que deben lidiar con personas del régimen laboral 276 y 728, señalando que es mejor contar con personal CAS o Terceros.   Y no estoy de acuerdo con esos comentarios, pues en situaciones así, el problema no son los trabajadores, el problema es el jefe, es el “líder”.

En efecto, del año 2006 al 2009 tuve el honor de trabajar en el Jurado Nacional de Elecciones bajo la Presidencia del Dr. Enrique Mendoza Ramírez, quien me dio muchas lecciones de vida, por las cuales le estoy muy agradecido. En una ocasión, siendo yo el flamante Secretario General del JNE, le expresaba mis reclamos sobre el personal que tenía a cargo en mi despacho, y él  me repitió un dicho piurano que se me quedó grabado y marcó mi forma de trabajar desde ese día. Me dijo: “Juan, debemos arar con nuestros propios bueyes”. Y de eso, trata este artículo.

 

Con el dicho popular “Debemos arar con nuestros propios bueyes” el Dr. Mendoza Ramírez  me estaba enseñando que, en vez de quejarme por no tener el personal idóneo e ideal que yo exigía para trabajar, mi labor realmente consistía en ver las competencias que estos trabajadores tenían ocultas y buscar el puesto donde ellos pudieran dar lo mejor de sí dignamente. Subliminalmente, el Dr. Mendoza Ramírez se me estaba diciendo que no debía fijarme en los defectos y deficiencias de las personas y de los trabajadores, sino en las fortalezas, capacidades y potencialidades que latía en los trabajadores a mi cargo.

En los 4 años como Secretario General, encontré que los colaboradores que tenía a cargo eran gente muy capaz, muy honesta, muy leal, y aun hoy- después de casi una década de haber dejado el JNE, es un gusto encontrarme con ellos en la calle y brindarnos un saludo franco y sincero.

Con el paso del tiempo he conocido que esta perspectiva de no centrarse en los problemas, sino en las posibilidades y oportunidades que tenemos, tiene sustento científico en la psicología y en la ciencia política, por lo que es posible hacer gestión pública desde ese ángulo.

En efecto, partimos de que, nosotros, como politólogos podemos sostener que, en el estudio de las Ciencias Políticas hay “tres rasgos básicos para cualquiera de las disciplinas o métodos con los que se emprenda: su objeto de estudio, su orientación aplicada y su autocontención” (NOTA 3).  En efecto, los 3 rasgos son:

  1. a) El objeto de estudio de las Ciencias Políticas son los problemas, pues su orientación es eminentemente práctica,
  2. b) La orientación práctica nos indica que pensar no es suficiente: hay que pensar en problemas reales que aquejan al ciudadano, y en  soluciones viables, para implementarlas de modo efectivo;
  3. b) la autocontención está referida a que sus únicos límites son todos los conocimientos o aproximaciones teóricas de las diversas ciencias, métodos y actividades, integrado todo en un solo proceso (o una secuencia articulada de procesos), tendiente a la solución real del problema público.

 

¿Cómo vinculamos las Ciencias Políticas con la visión optimista que comento? ¡Con la frónesis, en primer lugar!

Veamos:

FRÓNESIS: Pese a que esta palabra ha sido trabajada por Aristóteles en su obra Ética de Nicómaco y tiene gran repercusión para la educación y la vida cotidiana, no existe una definición de ella en el diccionario de la Real Académica de la Lengua Española.

Los filósofos señalan que la Ética Nicomáquea analizaba la relación entre el carácter, la inteligencia y la felicidad. Especialmente en los libros VI y VII se distingue entre saber qué hacer para ser feliz y el estar dispuesto a ejecutar ese quehacer para ser feliz.

Así, los filósofos entienden el contraste: La sabiduría (sophia) es la habilidad para reflexionar, teórica y correctamente, sobre lo que pasa en el mundo en abstracto, y la frónesis incluye algo más: la habilidad de evaluar situaciones particulares a la luz del contexto y elegir bien los medios y los fines, pensando en cómo se aplicarán y repercutirán en dicho contexto o caso concreto.

La literatura americana sobre educación, llama Phronesis a la virtud del pensamiento que nos remite a una sabiduría práctica y cotidiana, y por tanto contribuye al embellecimiento o perfeccionamiento de nuestra vida (y con ella, de la vida de quienes nos rodean)

La relación entre la frónesis y la naturaleza práctica que debe tener la Ciencia Política en nuestro trabajo, es que no podemos concentrar nuestros esfuerzos en solucionar problemas teóricos, problemas que solo sirvan para completar el formato o salvar la formalidad, o problemas que solo sirvan a nuestro lucimiento personal o intereses subalternos.

Nuestro enfoque práctico o fronesico sea como trabajadores (gestores públicos), profesionales (politólogos) o simples ciudadanos, debe orientarnos a solucionar problemas sociales concretos, que al resolverse brinden alivio real a la población peruana, es decir que generen oportunidades y condiciones para la vida digna, el bienestar de los ciudadanos, o condiciones y oportunidades para construir un Perú cada vez más justo y democrático. En resumen, que generen Valor Público (sobre el que escribiremos próximamente).

A modo de conclusión -por la experiencia relatada al inicio de este artículo, corroborada por otras vivencias y lo aquí reseñado- puedo asegurar que: si tus colaboradores te perciben trabajando -sincera y honestamente- para mejorar algún tema relevante, de interés institucional o social, sumarán su esfuerzo al tuyo, los contagiarás del deseo de hacer algo bueno y bien, los motivaras positivamente, aunque no puedas retribuir ese esfuerzo adicional. Pero, si perciben que tú solo buscas cumplir las formas y salvar responsabilidad, no son tontos: se comportarán igual que tú, te pagarán con la misma moneda, te darán lo que tú les das.  

 

NOTA 1) MERINO, Mauricio. CEJUDO, Guillermo y otros. 2010 Problemas, decisiones y soluciones. Enfoques de política pública. México, Fondo de Cultura Económica. Página 10.

Gestión pública y gestión privada. Diferencias. ¿La experiencia de una es extrapolable a la otra? (III parte)

En la presentación anterior (Parte II) desarrollamos cuatro (4) de los aspectos que consideramos esenciales para delimitar las diferencias entre la actividad pública y la privada, y así cada uno pueda luego concluir luego si, la experiencia en una es extrapolable a otra.

Los  ítems que vimos son:

1.- La naturaleza del ambiente en que se desarrollan

2.- Los fines perseguidos con los bienes y servicios ofrecidos

3.- Los principios que guían su accionar

4.- El liderazgo que caracteriza a los jefes de cada sector

 

Ahora, veremos los itemas faltantes, que son:

5.- La responsabilidad de los líderes

En la empresa privada, dijimos, rige el principio de libertad.  Así, mientras el emprendedor, inversionista, empresario o líder privado cumpla los mandatos constitucionales y legales, tiene absoluta libertad para organizarse y operar.  Si realiza una mala gestión, no genera rentabilidad y quiebra, posiblemente responderá ante su esposa, ante sus inversionistas o ante quien él considere, pero quedará allí. Solo si comete un delito, deberá responder ante el Juez.

En las instituciones públicas, impera el principio de legalidad. Así, la autoridad, funcionario o gestor público debe limitar su actuar a los márgenes discrecionales que le señala la ley, y siempre su actuar debe estar restringido por este.   Aun si actúa de buena fe y logra algunos fines, pero opera fuera de sus márgenes legales, deberá responder civil, penal o administrativamente (sea en lo disciplinario o en lo funcional). Veamos

5a) La responsabilidad penal está regulada por el Código Penal de 1991 y sus múltiples modificaciones, y es entendida como la sanción que tiene un funcionario por la comisión de los tipos penales claramente establecidos en el Titulo XVIII, Capítulo II: Delitos cometidos por funcionarios públicos, que van de los artículos 376 al 401, y que comprende tipos como el abuso de autoridad, omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, denegación o deficiente apoyo policial, requerimiento indebido de la fuerza pública, nombramiento a aceptación ilegal de cargo público, concusión, cobro indebido, colusión simple y agravada, patrocinio ilegal, responsabilidad de peritos, árbitros y contadores particulares, peculado, malversación, retardo injustificado de pago, rehusamiento a entrega de bienes depositados o puestos en custodia, extensión del tipo, corrupción de funcionarios, cohecho, soborno internacional pasivo, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, entre otros tipos que pueden estar en normas legales específicas

5b) La responsabilidad administrativa, que puede ser de dos tipos: la funcional y la disciplinaria. El funcionario público también puede ser sometido a dos tipos de responsabilidad administrativa, claramente diferenciadas:

5b1) La responsabilidad funcional busca tutelar el interés público respecto a la correcta gestión y uso de los recursos públicos que realiza el funcionario o empleado público, en estricta observancia del Principio de la Buena Administración; la responsabilidad disciplinaria busca asegurar que las actividades que desarrolla el funcionario o empleado público, en el marco de sus funciones, se ejerzan dentro de los márgenes de la normativa aplicable;

5b2) La responsabilidad funcional está a cargo, en última instancia, del Tribunal Sancionador de Responsabilidad Administrativa de la Contraloría General de la República, conforme las leyes N° 27785, 29622 y reglamentos; La responsabilidad disciplinaria corresponde al titular de cada entidad, y en última instancia, al Tribunal de SERVIR, conforme la Directiva N° 002-2015-SERVIR/GPGSC que regula el “régimen disciplinario y procedimiento sancionador de la Ley N° 30057- Ley del Servicio Civil”.

5b3) La responsabilidad funcional busca castigar los hechos de los funcionarios o trabajadores públicos que configuren hechos tipificados como infracciones en las leyes N° 27785, 29622 y su reglamento; La responsabilidad disciplinaria busca castigar el incumplimiento de funciones en que incurren los funcionarios o trabajadores públicos, porque constituye una falta en la prestación del servicio a favor del empleador.

5c.- La responsabilidad civil es regulada por el Código Civil peruano de 1984, y es entendida como la obligación que tiene el funcionario público de resarcir, de compensar, de reparar el daño provocado por un incumplimiento contractual o uno extracontractual. En resumen, el principio es: tengas relación contractual, o no, si provocas un daño, debes responder. En otros países, por ejemplo, si un ciudadano sufre un accidente porque cae en una zanja realizada por el municipio, tiene derecho a una compensación.

6.- Por el tipo de nombramiento y remuneración.

Para la  contratación de quienes van a laborar en las empresas privadas, sea como trabajadores o directivos, hay mayor libertad  y ciertas restricciones, las cuales están contenidas en el D. Leg. N° 728  que rige el régimen laboral de la actividad privada, siendo que el empresario o inversionista puede escoger a quien contrata (a un familiar, amigo o tercero ganador en un concurso público de méritos), cual es el monto que le ofrece como remuneración, es decir, ¿cuánto les paga? (siempre respetando el mínimo legal, puede comprometerse a pagar las sumas que considere conveniente, en moneda nacional o extranjera,  darle las prestaciones que considere) y cuantas horas de trabajo y formas de supervisión les establece.

El ingreso a la función pública tiene tratamiento constitucional, en el Título I, Capitulo IV de nuestra Carta Magna. Se establece la jerarquía de los funcionarios públicos, empezando por el Presidente de la República, precisándose luego que la una ley regula el ingreso a la carrera administrativa, en la que no se comprende a los funcionarios de confianza, los que ocupan cargos políticos, ni los trabajadores de las empresas del Estado. En el pasado esta “ley” fue el Decreto Legislativo N° 276 o Ley de Bases de la Carrera Administrativa, luego también se aplicó en D. Leg. N° 728 que ya mencionamos, y ahora está en vigencia la Ley N° 30057- Ley del Servicio Civil, sin contar que hay muchas otras leyes  que regulaban situaciones y regímenes laborales especializados y diferenciados, como la Ley del Servicio Diplomático, la Ley de la Carrera Judicial, la Ley de la Carrera Policial, etc.  En cada uno de los regímenes laborales, el tema remunerado es tratado de modo diferenciado, no existiendo –en la actualidad- una escala remunerativa para el trabajador público, dándose casos donde 2 funcionarios que desarrollen labores similares (ej. Jefe de Asesoría Jurídica de dos organismos del Estado de similar dimensión, como pueden ser del Poder Judicial y de la Contraloría de la República), ganen montos sustancialmente distintos, dependiendo si una tiene mayor presupuesto otorgado por el Congreso de la República, o genera ingresos propios, entre otros criterios

 

7.- Por el tipo de personalidad a quien atiende

La actividad privada está centrada en atender las necesidades y exigencias del cliente, entendido este como quien compra o utiliza los servicios de un profesional o de la empresa, abonando para ello un monto dinerario y exigiendo la contraprestación correspondiente. Así, en el accionar privado, lo que importa finalmente es la rentabilidad económica, aunque ello ahora esté encubierto de criterios tales como “Responsabilidad Social Empresarial”, “Calidad Total”, “Atención al cliente”, “Satisfacción del cliente”, “innovación empresarial”, etc.

Hoy en día se evidencia que, el ciudadano peruano ya está acostumbrado a la lógica del mercado, pues ahora éste ahora reclama mayor información, mayor calidad en los productos o  mayor agilidad en la atención de los servicios  que recibe a cambio de una contraprestación. Este acostumbramiento hace que el ciudadano observe los servicios o productos que recibe a cambio de un pago, y los compare con los bienes y servicios públicos que recibe a cambio de sus tributos, y  -entonces- encuentra que hay una brecha en la calidad y cantidad de productos y servicios.

En la actualidad y dado el referido acostumbramiento, el ciudadano no entiende ni califica al Estado por los nobles fines que éste persigue (el logro del bien común y la justicia social, etc.) sino por los bienes y servicios concretos que le proporciona a cambio de sus tributos.

Por todo ello decimos: el pago de tributos no convierte o limita al ciudadano a  la calidad de mero “usuario” o “cliente” del Estado, como propone alguna literatura de administración, management, o nueva gestión pública. En todo caso, el contribuyente es un “ciudadano-usuario”, o un “ciudadano-cliente”, es decir, para el buen funcionario público, el ciudadano siempre es algo más que un simple cliente.

En resumen, la actividad pública, trata con ciudadanos, que siempre son mucho más que los clientes o usuarios, no solo porque contribuyen dinerariamente al Estado con el pago de sus impuestos, sino también porque exigen sus Derechos al que el Estado está obligado atender.

 

8.- Por el tipo de herramientas usadas

La actividad privada, la empresa, busca satisfacer las exigencias y demandas de sus clientes, y para ello innova constantemente, en los productos y servicios que ofrece, pero también innova en los  insumos, en los procesos y en la estructura organizacional que utiliza, buscando siempre mayor eficiencia, para generar mayores ahorros y ganancias. Así, en la empresa privada, ha habido momentos de gran vigencia de conceptos como “branding”, “reingeniería”, “calidad total”, “downsourcing”, “benchmarking”, “outsourcing”, “innovación”, etc, como promesa de conquistar la preferencia del mercado, el gusto del cliente y generar crecimiento y rentabilidad.  En efecto, en la década de los 90 experimentamos con el branding o construcción de la marca; durante la primera década del nuevo siglo, hablamos de la calidad del producto y del servicio. La década que estamos viviendo, está signada por la innovación.

La actividad pública se rige por el principio de legalidad, con lo cual cualquier propuesta de  innovación organizacional o procedimental, supone una negociación previa con el Congreso o la Presidencia del Consejo de Ministros (que aprueba las modificaciones del Reglamento de Organización y Funciones-ROF) para lograr la reforma normativa deseada, sea de una ley o un reglamento. Todo ello, sin contar la falta de incentivos y motivación en el funcionario público, para realizar estos cambios.

Por otro lado, las organizaciones públicas no son capacitadas para tratar problemas públicos, que son temas complejos, por cuanto en dichos problemas hay múltiples actores, múltiples intereses (muchos de ellos contrapuestos y excluyentes) y bienes e insumos escasos. Del mismo modo, no utilizan herramientas actuales.

 

Finalmente, por estar vinculado al tema, quiero transmitir la entrevista que realizó el Diario El Comercio, a Martín Pérez, Presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas – Confiep (Nota 1) donde se le preguntó: En la política, los empresarios suelen estar tras bambalinas. ¿Por qué no dar un paso al frente y participar de forma activa?, a lo que respondió: “Un gran empresario no necesariamente será un buen político. Pero es el sector privado el que le da el dinero, a través de los impuestos, a un Estado manejado por burócratas. Estos han sido incapaces de convertir ese dinero en buenos servicios para los ciudadanos”

 

Independientemente de que, “a confesión de parte, relevo de pruebas”,  por estas razones, propias de la naturaleza de cada tipo de organización, por razones doctrinales sustentadas en diversa legislación vigente, creemos que está suficientemente probado que la gestión privada no es mejor que la gestión pública, son simplemente diferentes; que, la gestión privada  no es mecánicamente asimilable a la gestión privada;  y  que, por tanto, la experiencia de gestión o trabajo exitoso en una, no es garantía de una gestión o labora exitosa en otra.

Esto es lo que creo, pero si tú discrepas, dialoguemos con ideas, argumentos y mucho respeto.

 

 

Nota 1-  Diario El Comercio  del 05 de marzo del 2017, Sección Política, página 4.

Gestión pública y gestión privada. Diferencias. ¿La experiencia de una es extrapolable a la otra? (II parte)

A continuación desarrollaremos los aspectos que consideramos esenciales para delimitar las diferencias entre la actividad pública y la privada, y poder concluir luego si, la experiencia en una es extrapolable a otra.

 

Veamos los siguientes ítems, que nos parecen esenciales:

1.- La naturaleza del ambiente en que se desarrollan

2.- Los fines perseguidos con los bienes y servicios ofrecidos

3.- Los principios que guían su accionar

4.- El liderazgo que caracteriza a los jefes de cada sector

5.- La responsabilidad de los líderes

5a.-  La responsabilidad penal

5b.- La responsabilidad administrativa (funcional y disciplinaria)

5c.- La responsabilidad civil

6.- Por el tipo de nombramiento y remuneración.

7.- Por el tipo de personalidad a quien atiende

8.- Por el tipo de herramientas usadas

 

 

1.- La naturaleza del ambiente en que se desarrollan

Hemos visto que la empresa privada tiene en su ADN el tema competitivo: diversos agentes del mercado ofrecen bienes y servicios similares o parecidos, a fin de que el comprador escoja el que más le convenga. Así, las empresas  guían decisiones por indicadores de dos tipos:

a) Los indicadores financieros y de mercado (o duros),  donde toman en cuenta el valor de la acción, las utilidades generadas en el año, la participación en el mercado, la mentada rentabilidad y crecimiento, etc;

b) Los indicadores de sostenibilidad (o blandos), donde toman en cuenta la buena imagen y reputación, el buen gobierno corporativo, la imagen de ser pioneros en vanguardia tecnológica, desarrollo del talento, cultura de eficiencia y control de riesgos, etc.  Los indicadores blandos, cada día toman más importancia, pues aspectos cómo  imputaciones de  fraudes o corrupción, se verán reflejados en lo económico. Ejemplos hay muchos:  Con el caso Enron, la empresa auditora Arthur Andersen & Co; con el caso Lava Jato, la empresa peruana Graña  y Montero.  

El Estado tiene el monopolio de ciertos bienes y servicios como justicia, defensa, etc, y las instituciones públicas no tienen que competir con otros agentes para atraer al ciudadano. El ciudadano está obligado a acudir a la institución, si quiere   No tiene opción de escoger. Y el Estado, no tiene consagrados los indicadores (duros o blandos) para medir los servicios o bienes que brinda a la ciudadanía, o la percepción que esta tiene de sus acciones. 

La empresa privada tiene que competir por sus clientes, y para ello debe innovar siempre en la presentación y en los productos y servicios, para hacerlos más atractivos (en costo, tiempo, funcionalidad) para los clientes.  La institución pública, confiada en su público cautivo, no tiene necesidad  ni incentivo para mejorar sus productos y servicios ofrecidos.

 

2.- Los fines perseguidos con los bienes y servicios ofrecidos

La empresa privada debe ser eficiente y  productiva, pues sino genera ahorros, ingresos, ganancias o utilidades, el inversionista o empresario quebrará y  preferirá invertir en otros temas crematísticos (que le traigan mejores retornos económicos, patrimoniales).

La institución pública no tiene que ser eficiente, rentable ni generar ganancias o  ingresos propios, para sobrevivir. Tiene asegurada una partida en el presupuesto nacional que, aunque sea escasa, le asegura la sobrevivencia, año tras año.

Lo que si debe alcanzar la institución pública con cada intervención, es ser eficaz. Y su eficacia debe medirse en la solución lograda al problema social o a la necesidad pública, mediante la generación del valor público.

La empresa privada tiene -por finalidad- ser rentable, y para ello debe innovar en temas de eficiencia y productividad. La institución privada, confiada en los ingresos ordinarios del presupuesto nacional, no tiene necesidad ni incentivo para ser eficiente en sus productos o servicios ofrecidos, pero si debe ser lograr un fin con su intervención: generar valor social.

 

3.- Los principios que guían su accionar

El emprendedor, el inversionista, el empresario se rige  por el mandato constitucional de libertad, señalado en distintos supuestos del artículo 2 de la Constitución, especialmente en cuanto señala “nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe”.  Tienen así libertad de creación, de asociación, de contratación, etc., las mismas que son desarrolladas y complementadas en el título “Del Régimen Económico” que consagra la economía social de mercado, el rol económico del Estado, el pluralismo económico, la libre competencia, la inversión nacional y extranjera, etc.

La institución pública tiene un margen más complicado, pues el funcionario se rige por el mandato constitucional de legalidad. En efecto, el artículo 119° de la Constitución señala que “la dirección y la gestión de los servicios públicos están confiados al Consejo de Ministros; y a cada ministro en los asuntos que competen a la cartera a su cargo”.  Pese a ello, los ministros no dirigen ni gestionan con la libertad que tienen los empresarios, pues el artículo 106° de la Constitución precisan: “Mediante leyes orgánicas se regulan la estructura y el funcionamiento de las entidades del Estado previstas en la Constitución, así como también las otras materias cuya regulación está establecida en la Constitución (…).  La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo o Ley N° 29158 de diciembre del 2007 señala las principales normas básicas de organización, competencias y funciones de las instituciones del gobierno nacional.

Del párrafo anterior tenemos que, la institución pública es creada por ley, y por tanto su estructura, su misión, funciones, limitaciones y ámbito de competencia no siempre tienen un origen o desarrollo técnico. Es más, siempre tienen un gen político: los congresistas son los que han interpretado la necesidad social y los que han propuesto la solución, según sus perspectivas ideológicas y doctrinales puestas en una formula legislativa.

 

4.- El liderazgo que caracteriza a los jefes de cada sector

En la empresa privada el papel de “hombre racional” lo desempeña el líder, siendo él quien debía establecer los objetivos y el diseño organizacional, así como dar sus instrucciones para lograrlos. Por ello, en  la empresa privada desarrollo una noción fuerte de liderazgo: principio de autoridad, unidad de mando, trabajo en equipo, visión estratégica, capacidad de negociación, empatía, etc.

En las instituciones públicas, el funcionario, trabajador o gestor público no depende de su iniciativa, creatividad o liderazgo para dirigir a los demás trabajadores públicos.  Le basta la autoridad formal que tiene por haber sido investigo como  Jefe, Director, Titular del pliego, etc. Quién dirige una institución pública debe “liderar” el respeto a los procedimientos legales que rigen los sistemas administrativos de:

.- Presupuesto público,

.- Tesorería,

.- Endeudamiento público,

.- Contabilidad,

.- Abastecimiento,

.- Inversión pública,

.- Gestión de recursos humanos,

.- Planeamiento estratégico,

.- Defensa judicial del Estado,

.- Control.

 

Y en la siguiente entrega, seguiremos viendo los demás puntos reseñados al inicio.

Reforma electoral, para gestionar con políticas públicas. Lo que pide la Ley de Organizaciones Políticas N.° 28094 (II)

El 09 de abril del año 2006 se llevaron a cabo las Elecciones Generales de ese año.  Nueve días después -el 18 de abril- el Congreso de la República publicó la Ley N° 28711 que adicionaba el artículo 23A) a la Ley de Partidos Políticos. Se Allí se establecía allí que, los partidos, alianzas, movimientos y organizaciones políticas que participen en un proceso electoral futuro (sean Elecciones Generales, Regionales o Municipales),  junto con sus Listas de Candidatos, debían presentar su Plan de Gobierno, en el nivel que correspondiera.

La Ley N° 28711 entró en vigencia el 28 de julio del 2006 y luego de más de 10 años, podemos decir que no ha cumplido su fin. Por ello, encuentro de total actualidad compartir parte de las reflexiones y ponencia que presenté en el I Congreso Peruano de Estudios Electorales: Promoviendo el Fortalecimiento del Sistema Democrático en el Perú del Siglo XXI, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones entre el 18 y el 20 de octubre de 2012. Lamento decir que, estas, mantienen vigorosa actualidad, señal de que no hemos progresado.

 

El 09 de abril del año 2006 se llevaron a cabo las Elecciones Generales de ese año, y recién, nueve días después -el 18 de abril- el Congreso de la República publicó la Ley N° 28711 que adicionaba el artículo 23 A) a la entonces Ley de Partidos Políticos, hoy Ley de Organizaciones Políticas, que a la letra dice:

“Art. 23 A.- Entrega de Plan de Gobierno y Publicación

Los partidos políticos, alianzas, movimientos y organizaciones políticas locales que presentan candidatos, según sea el caso, a elecciones generales, regionales o municipales, al momento de presentación de sus respectivas listas  para su inscripción, deberán cumplir con entregar al Jurado Nacional de Elecciones su Plan de Gobierno del nivel que corresponda. 

Los partidos políticos, alianzas, movimientos y organizaciones políticas locales publican su Plan de Gobierno en su respectiva página web y lo mantienen durante todo el periodo para el cual participaron en el proceso electoral. 

El Jurado Nacional de Elecciones incorpora a su página web los Planes de Gobierno de dichas organizaciones políticas durante todo el proceso electoral general, regional o municipal, según sea el caso. Posteriormente mantiene solo el de las organizaciones políticas con candidatos elegidos, durante su periodo de gobierno.

No se admitirá la inscripción de candidatos de partidos políticos, alianzas, movimientos y organizaciones políticas locales que incumplan con los dispuesto en el presente artículo.

La obligación de presentar el Plan de Gobierno es de aplicación para las elecciones de los representantes ante el Parlamento Andino, en lo que se refiere a las propuestas que llevarán al citado Parlamento”.

 

Del 2006 a la fecha, la bondad divina me ha permitido conocer una veintena de países, y por ello puedo sostener que, el Perú es un país hermoso, pero complejo por:

a) Los casi 30 millones de peruanos distribuidos en las diversas naciones, culturas e ideologías que se desarrollan a lo largo y ancho de su territorio; complejo por la diversidad de realidades que se aprecian en sus 24 departamentos (más la Provincia Constitucional del Callao y Lima Metropolitana), 196 provincias y 1875 distritos, todas ellas con autoridades electas democráticamente.

b)  Más de 2000 organizaciones y empresas públicas diversas, convirtiendo al Estado en el empleador N° 1 del Perú.

c) Cada una de estas  organizaciones tiene una perspectiva propia, una perspectiva de cuál su problema o cuales son sus problemas principales, sin detenerse a pensar ¿cuales son los problemas comunes a los municipios, regiones, organizaciones públicas y/o privadas, que nos afectan a todos los peruanos?

Pero más allá de esa complejidad existente, hay temas urgentes que todos los peruanos debemos rechazar y combatir sin importar ideologías, creencias, opciones o posiciones subjetivas. Y según las estadísticas, estos son:  la inseguridad ciudadana y la pobreza.

 

Cuando en el año 2012 trabajé mi ponencia para el evento del JNE, encontré que:

a) Algunos autores y autoridades decían que, en el Perú, hay 8 millones 300 mil pobres (28% de los peruanos, si utilizamos las métricas tradicionales, monetarias y economicistas del Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI (NOTA 1).

b) Otros académicos decían que hay 11 millones, 900 mil pobres (40% de los peruanos)  si utilizamos el Indice de Pobreza Multimodal.

Entonces, dependiendo que definición usáramos, podíamos decir que “hay 3 millones 600 mil pobres más (o menos)”.

Si variando una definición, el Estado puede beneficiar -o obviar- a un 12% de los peruanos de las políticas públicas y de los programas de lucha contra la pobreza que realizan las distintas organizaciones públicas (y privadas), entonces ¡la pobreza es un problema público!  ¿Y cómo respondió la Ley N° 28711?

Desde la vigencia de dicha Ley N° 28711 se han desarrollado los siguientes procesos:.- Las Elecciones Regionales y Municipales del año 2006,.- Las Elecciones Regionales y Municipales del año 2010,

.- Las Elecciones Generales del año 2011,

.- Las Elecciones Regionales y Municipales del año 2014,

.- Las Elecciones Generales del 2016.

Hoy, tanto analistas, políticos sinceros y la ciudadanía en pleno, coinciden en señalar que, las diversas organizaciones políticas que llegaron al poder en virtud del sufragio no han cumplido, ni están cumpliendo con la oferta de campaña: no están cumpliendo con el plan de gobierno que presentaron, no están cumpliendo la agenda de trabajo sobre los problemas denunciados.  Las autoridades electas han defraudado y están defraudando las expectativas de los votantes y de los ciudadanos en sus gobernantes, en la democracia. Las encuestas lo confirman: vox populi, vox dei.  

Por todo ello podemos concluir que, la Ley N° 28711 ha fracasado en su afán de regular que los candidatos y organizaciones políticas presenten un plan de gobierno que guíe sus acciones (y que sea una herramienta de diagnostico, análisis y propuesta de solución para los problemas públicos más urgentes, que aquejan a los ciudadanos).

Si la norma que obliga a planificar ha fracasado en casi 10 años de vigencia y múltiples procesos electorales donde ha regido, ¿que hacemos para solucionar los problemas públicos?, ¿recurrimos a las Ciencias Políticas o al Management?, ¿Recurrimos a las Políticas Públicas o insistimos en la Planificación?

 

Nosotros, como politólogos, siguiendo a Merino y Cejudo (NOTA 3) podemos sostener que, en el estudio de las Ciencias Políticas hay “tres rasgos básicos para cualquiera de las disciplinas o métodos con los que se emprenda: su objeto de estudio, su orientación aplicada y su autocontención”.  En efecto:

a) El objeto de estudio de las Ciencias Políticas son los problemas, pues su orientación es eminentemente práctica,

b) La orientación práctica nos indica que pensar no es suficiente: hay que pensar en problemas reales que aquejan al ciudadano, y en  soluciones viables, para implementarlas de modo efectivo;

b) la autocontención está referida a que sus únicos límites son todos los conocimientos o aproximaciones teóricas de las diversas ciencias, métodos y actividades, integrado todo en un solo proceso (o una secuencia articulada de procesos), tendiente a la solución real del problema público.

Por lo expuesto, aunque para nosotros la propuesta de planificación de la Ley N° 28711 ha fracasado, es evidente que, todo conocimiento -incluido el del Management  y la planificación- que ayude a solucionar problemas concretos, nos será de utilidad para trabajar “problemas públicos”.   Pero… siempre hay “un pero”:   Es bueno recalcar que, como cientistas políticos y gestores públicos exitosos, creemos que trabajar con cualquier metodología que se centre en los problemas , más que con la Matriz F.O.D.A (con la que trabaja en J.N.E), nos ayuda a realizar un análisis de carencias, lo que la convierte en un instrumento muy poderoso para desarrollar políticas públicas y focalizarlas  en los desafíos que nos presenta en el Perú de hoy: reducir la pobreza (y la inseguridad).

 

 

NOTA 1: Las métricas económicas, monetarias, tradicionales, parten por calcular el costo de la canasta básica de consumo de una familia, y en función de ello, estimar el número de personas que están por debajo de la línea de pobreza estimada.   Así, será pobre quien tuvo un ingreso económico  menor a S/ 272 nuevos soles mensuales (al 2012), pero quien tuvo  ingresos de S/ 273  al mes, no calificó como “pobre”.

La medición multimodal deja de lado las estimaciones de ingreso monetario familiar, y mediante el Indice de Pobreza Multimodal mide las carencias, las privaciones que sufren los ciudadanos en 9 dimensiones que se relacionan con salud, educación, calidad de vida, seguridad ciudadana, violencia familiar, y la distribución heterogenea del consumo al interior del hogar.

NOTA 2: Interrogantes del tipo ¿Cómo se trabaja con los problemas públicos? tendrían como respuesta: “Depende”.  Depende de la conceptualización de las palabras “Ciencia Política”,  “Problema público”, de las fases del ciclo de políticas públicas, etc. Pero ese tipo de inquietudes son ajenas a este trabajo.

NOTA 3:  MERINO, Mauricio. CEJUDO, Guillermo y otros. 2010 Problemas, decisiones y soluciones. Enfoques de política pública. México, Fondo de Cultura Económica. Página 10.

 

Reforma electoral para gestionar con políticas públicas. Definiendo conceptos esenciales (I)

El gobierno ppkausa ya tiene varios meses, y aun no me queda claro cuales son las políticas públicas nacionales que guían esta gestión. El inconveniente es que, en el 2018 se elegirán a nuevos alcaldes y gobernadores regionales, los mismos que -si no tienen claras dichas políticas públicas- gobernarán y gestionarán según su idiosincrasia, o impondrán políticas públicas regionales de carácter populista.

En este artículo pretendemos reflexionar la urgencia de plasmar una reforma electoral, donde no se exijan planes de gobierno que sean una suma de promesas electorales aisladas entre sí (como vienen siendo), sino que sean ofertas de políticas públicas regionales, según la naturaleza y contexto de cada departamento o región.   

 

Aun cuando perdí la referencia exacta, recuerdo que el peruano Juan Carlos Cortázar Velarde define a las políticas públicas como “un flujo de interacciones y decisiones que implican el empleo de la autoridad pública con la finalidad de responder a situaciones consideradas problemas públicos, es decir, situaciones problemáticas que exigen la acción del Estado” .

La definición anterior no es de mi gusto, ni personal, ni académico.  La encuentro muy restrictiva, autoritaria y estatalista (¿existe esta palabra?).

En efecto, en primer lugar, para mi, la referencia: “…que implican el empleo de la autoridad pública”, otorga un rol primordial al Estado y a sus representantes oficiales, al momento de definir las situaciones que son consideradas “problemas públicos”.  Te pregunto querido lector:  ¿Solo las autoridades públicas pueden decidir, según su parecer, que situaciones merecen especial atención estatal, y cuáles no?

Y si Juan Carlos Cortazár dijese:  “No hay tal estatalismo. Todo está en tu cabeza“.  Entonces, yo encontraría que su definición peca de excesiva confianza –por no decir soberbia u ignorancia- en la labor que realizan nuestras autoridades públicas, o sus representantes más ilustrados: los tecnocratas.  ¿Acaso la evidencia demuestra que, tecnocratas tienen  el diagnostico certero y la solución absoluta a los problemas sociales existentes?

Pero la definición reseñada lineas arriba, tampoco es de mi gusto por una última razón: porque excluye formalmente a las organizaciones y a las personas que contribuyen, en diverso grado, en la configuración de los problemas colectivos y sociales, así como en su tratamiento.  En efecto:  cuando existe un problema social, tu y yo somos parte del problema y tenemos derecho a ser parte de la solución. Nuevamente, subliminalmente  la definición reseñada nos da un mensaje estatalista, pues nos dicen que solo en la administración pública se implementan y actúan las políticas públicas. ¿y nosotros los ciudadanos, que?

Por todo lo expuesto, yo gusto más de una definición de Políticas Públicas que algunos pueden calificar de “clásica”  -por el tiempo transcurrido desde que la postulara Eugenio Lahera Parada- la cual señala: “una política pública corresponde a cursos de acción y flujos de información relacionados con un objetivo público definido en forma democrática; los que son desarrollados por el sector público y, frecuentemente, con la participación de la comunidad y el sector público. Una política pública de calidad incluirá orientaciones o contenidos, instrumentos o mecanismos, definiciones o modificaciones institucionales, y la previsión de sus resultados” .

Me gusta lo de “ un objetivo público definido en forma democrática” pues es afín a una consciencia y cultura política marcadamente más democrática y participativa.

Nuestra Constitución de 1993 reconoce una nueva generación de derechos humanos: los derechos sociales. Y  con ello reconoce el derecho de cada persona, o sector social, a participar en la toma de decisiones que determinan las condiciones y escenarios futuros en que se desarrollaran sus vidas. Otros ejemplos de ello son la Ley N° 26300 o Ley de los derechos de participación y control ciudadano, o la Ley N º 27783, Ley de Bases de la Descentralización .

También me gusta que  Lahera precise que esos objetivos públicos “son desarrollados por el sector público y, frecuentemente, con la participación de la comunidad y el sector público” pues deja en evidencia que:

a) El Estado ya no es el organismo planificador por excelencia, como se creía antes (antes de la globalización, cuando el Estado era el actor social relevante y tenía los recursos económicos y financieros para intentar solitariamente hacer lo que decía).

b) Hay otros actores sociales, hoy en día, con más recursos, información y trascendencia que el propio Estado, como pueden ser organismos supranacionales, empresas transnacionales, bloques económicos, etc, y por ello se requiere su concurso para enfrentar problemas sociales, que cada vez son más complejos.

Finalmente. la definición clásica de Lahera, me gusta porque  precisa que, para que una política pública sea valorada como “de calidad” debe necesariamente incluir “orientaciones o contenidos, instrumentos o mecanismos, definiciones o modificaciones institucionales, y la previsión de sus resultados”.  Esto nos vincula a aspectos operativos y funcionales vinculados a las herramientas de gestión, donde encontramos conceptos como planificación, estrategia, y otros muchos más, que cada candidato a alcalde o gobernador, debería manejar con solvencia.

Con cargo a seguir buscando la referencia perdida, nos permitimos reseñar la frase, clara y precisa, que señala: “siempre ha existido una estrecha relación entre políticas públicas y la planeación, fundamentalmente en dos sentidos:

El primero: basado en el hecho que la planeación suministra a las políticas públicas el método racional de formulación que, en últimas, corresponde a las técnicas adecuadas para la toma de decisiones.

El segundo, fundamentado en que –de alguna manera- el plan de desarrollo es el conjunto y a la vez la síntesis de las políticas públicas establecidas en un momento determinado, lo que equivale a decir que es el marco de referencia de las mismas” .

Por esta estrecha relación entre políticas públicas y las herramientas de la gestión pública que las operativizan es bueno sistematizar para esclarecer que existe una secuencia de causalidad lógica donde la Política Pública responde primero a ¿Qué hacer?, y a partir de ello -y posteriormente- la Gestión Pública responde el ¿Cómo hacerlo? Reiteramos:

Política Pública  es a ¿Qué hacer?
Gestión Pública  es a ¿Cómo hacerlo?

Intentar revertir la secuencia de causalidad carecería de lógica y funcionalidad.  No tendría sentido preguntar: ¿cómo hacer algo? si no sé responder: ¿que es ese algo que debo hacer?

Entonces, a modo de finalizar el artículo, podemos concluir que:  encontramos que no hay incompatibilidad entre la definición de lo que es una “política pública” y los problemas públicos que deben de ser conocidos, gestionados y solucionados por los futuros gobernadores regionales.

Pero ¿se exige que nuestros candidatos a gobernador regional, sepan de políticas públicas?, ¿se les exige que presenten propuestas de políticas públicas que guiarían su gestión?, ¿que les exige la legislación electoral a estos aspiracionales?

 

CARLOS MATUS ROMO, SECTOR PUBLICO, INNOVACION

o también: LA VIGENCIA DEL MÉTODO PES PARA LOS GESTORES PÚBLICOS PERUANOS, DEL PERIODO DE GOBIERNO 2016-2021. (PARTE III)

Hoy, 19 de noviembre del 2016, a 85 años de su nacimiento, quiero rendir un homenaje al maestro que no conocí personalmente, pero del que aprendí a través de sus escritos y de sus discípulos: Carlos Matus Romo.

Me atrevo a llamarlo “Maestro” porque de su historia como gestor público y de producción académica para los gestores públicos latinoamericanos, hallé la motivación, los métodos y los instrumentos para mi trabajo diario en el sector público peruano. No sé si lo he logrado, pero siempre el esfuerzo ha sido trabajar siempre en algo nuevo; trabajar para hacer lo cotidiano mucho mejor que la última vez; y trabajar para encontrar soluciones a los problemas reales y sencillos que nos aquejan a los ciudadanos.

 

Cuando estudiaba mi maestría de gestión pública en la PUCP, tuve un profesor que había estudiado en Chile y de allí compartió su saber sobre el Método de Planificación Estratégica Situacional de Carlos Matus, que fue un método que nos dejo a muchos impresionados por el potencial que demostraba, para solucionar los problema que muchos de nosotros teníamos en le trabajo. Este era Carlos Matus y el método PES.

Me produjo tamaña impresión saber que esas enseñanzas que nos entusiasmaban, eran de Carlos Matus Romo, quien había sido el Ministro de Economía de Salvador Allende (Si, el Presidente chileno comunista que había llevado a su país a un desastre económico y facilitado así la toma de poder violenta por parte de las fuerzas armadas de su país, con Arturo Pinochet a la cabeza).   ¿Un ministro que fue parte del descalabro de su país, había creado algo realmente bueno? Era como decir que Cesar Vásquez Bazán, el ministro de economía del primer gobierno de Alan García, que llevó al Perú a una hiperinflación, luego fuese… premio a las BPG: Buenas Practicas Gubernamentales!

Me produjo una contradicción interna saber que Carlos Matus Romo había sido un hijo de una familia acomodada, había sido oficial de la Marina de Guerra de su país, y había conseguido un Magister Public Administration-MPA en la Universidad de Harvard. ¿Cómo un niño bien, que estudió en Harvard termina de ministro de economía de un gobierno comunista? Era como pensar que PPK fuese ministro del MEF en un futuro gobierno de… Verónika Mendoza!!!

Me produjo admiración saber que, luego de que el General Pinochet derrocó a Salvador Allende en 1973, Carlos Matus estuvo detenido por dos años en los campos de concentración, donde muchos perdían la vida o “desaparecían”, y que allí empezó sus reflexiones para entender las razones del fracaso de su propuesta electoral y de gobierno. Y empezó, en prisión, a escribir, sobre la planificación de situaciones, sustento inicial de lo que ahora conocemos como Método PES. ¿Qué fuerza moral e intelectual tiene alguien que puede ser “desaparecido” por comunista, e inicia una reflexión personal, profunda y sincera, para entender la razón de su fracaso? Trato de pensar en los políticos peruanos y en nuestras autoridades, que fracasan estrepitosamente y nunca tienen una palabra de disculpa, nunca hacen un esfuerzo de mejora! Y encima, los votamos y elegimos… nuevamente!! 

Me produjo entusiasmo saber que Carlos Matus, detenido inmediatamente luego del golpe de 1973, y después de 2 años en campos de concentración, en 1975 fue liberado y acogido en Venezuela en 1975, e inmediatamente se integró a la Universidad Central, donde empezó a perfeccionar el Método PES y a aplicarlo…. Exitosamente!

 

El profesor de la maestría de la PUCP nos contó de sus experiencias con el Método PES, compartió dudas e inquietudes de los alumnos, y así esclareció que, efectivamente: 

1.- El Método F.O.D.A y conceptos tales como “visión” y “misión” podían ser muy útiles en organizaciones privadas, pues respondían a su naturaleza empresarial, donde había más libertad para innovar y responder a un público de necesidades cambiantes, en un mundo cambiante. Pero, conforme el Método PES de Matus, en el sector público la ciudadanía no espera que le hables de “oportunidades” o “fortalezas” institucionales, sino buscan saber de los “problemas” cotidianos que ellos tienen en su vida diaria, y cómo se van a solucionar. Por eso, el Método PES, se basa en problemas (En los problemas ciudadanos!). Innovación es, diseñar un método de planificación centrado en lo que importa realmente: las personas (no las organizaciones!)

2.- El Método F.O.D.A. al contrastar O.D y F.A (Oportunidades y Debilidades, con Fortalezas y Amenazas, respectivamente), te genera cuatro (4) campos donde se ubican las alternativas estratégicas que no siempre están centradas en quienes interesan realmente: los ciudadanos; ni siempre son alternativas viables, al alcance de los gestores públicos. Pero, conforme el Método PES de Matus, se hablan de:

2a) De tres niveles horizontales de gestión: 1.- Los problemas que yo puedo solucionar, porque están en mi campo de acción; 2.- Los problemas que no puedo solucionar directamente, pero en los que puedo influenciar; 3.- Los problemas que están fuera de mi esfera de solución o influencia.  

2b) De tres factores de acción vertical: 1.- Flujos; 2.- Acumulaciones y 3.- Reglas. Estos tres factores hacen referencia a la intensidad del accionar, que se aplica sobre los tres niveles horizontales, creando así 9 campos de posible accionar estratégico.

Innovación es evidenciar que la planificación no se hace sólo en solo 4 campos, sino que hay la posibilidad de trabajarlas en 9 campos (lo que implica más posibilidades y grados diferenciados de acción personalizada).

3.- El Método F.O.D.A. es muy útil para planificar muchas situaciones, pero no siempre es aplicable o adaptable a la naturaleza y a los fines de la gestión pública. El Método PES nació de gestores públicos, se probó en el sector público latinoamericano, y personalmente lo apliqué en diversas situaciones en el JNE, en la AMAG, en Despacho de Presidencia, en PRODUCE, etc. (algunas de esas situaciones ya explicadas en la parte final de mi artículo denominado: La vigencia del Método PES para los gestores públicos peruanos, del periodo de gobierno 2016-2021. (Parte II)[1] A ello me remito.)

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[1] http://blog.pucp.edu.pe/blog/jfalconi/2016/08/02/la-vigencia-del-metodo-pes-para-los-gestores-publicos-peruanos-del-periodo-de-gobierno-2016-2021-parte-ii/