La minería es una de las actividades más dinámicas en América Latina, no solo ha crecido en los países tradicionalmente mineros como el Perú, Bolivia Chile y México, sino que se ha expandido al resto de del sub continente. Ecuador parece haber iniciado el tránsito hacia la minería conforme declina el horizonte petrolero, algo parecido ocurre con Colombia y con México. En Centroamérica la minería aumenta su presencia, lo mismo que en Argentina y Brasil.
De acuerdo con los datos de la Cámara de Minería del Ecuador las inversiones mineras equivalen en valor a precios de agosto del 2011, a US$ 151,287,559,583 dólares, casi tres veces el actual PBI ecuatoriano. Todos estos recursos serían explotados por siete empresas (1)

Como muestra de ello reproducimos aquí un artículo de El País “Ecuador apuesta su crecimiento a la minería a gran escala”

“Vamos a pasar a una nueva era, la era minera”. “Ecuador podría tener la segunda mina de cobre más grande del mundo”. “No podemos ser mendigos sentados en un saco de oro”. El presidente Rafael Correa ha hecho grandes anuncios en las últimas semanas en torno a los proyectos de minería que se apresta a concretar Ecuador. Pero mientras él lo presenta como un gran paso adelante, organizaciones indígenas y sociales preparan su “resistencia”.

Correa espera firmar en las próximas semanas dos grandes contratos con mineras internacionales dentro de los cinco megaproyectos, todos al sur del país, que el Gobierno tiene previstos. Se trata de los proyectos Fruta del Norte, a cargo de la empresa canadiense Kinrros Aurelian, y Mirador, concesionado a la china ECSA (Ecuacorriente), los cuales buscan explotar reservas de oro y cobre, respectivamente, en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe.

El viceministro de Minas de Ecuador, Federico Auquilla, asegura a EL PAÍS que los dos contratos citados se suscribirían “en este primer trimestre” de 2012, y significarían en los primeros dos años una inversión cercana a los 3.000 millones de dólares.
Auquilla prevé que se firme un tercer proyecto este año, denominado Río Blanco, concesionado a la canadiense San Luis Minerales (International Minerals Corporation) para la extracción de oro en la provincia del Azuay, en la sierra sur del país.

Los otros dos megaproyectos que impulsa el gobierno ecuatoriano son Quimsacocha, con la canadiense IAMGOLD, para la extracción de oro en Azuay(2), y San Carlos Panantza, en la provincia amazónica de Morona Santiago, a cargo de la china ECSA. A este último proyecto se refirió el presidente Correa al hablar de la segunda mina de cobre más grande del mundo, pues tendría unos 6,3 millones de toneladas.

Para el analista económico Walter Spurrier, Ecuador ha estado rezagado en comparación con otros países andinos en cuanto a la minería. “Ecuador tiene buenas reservas petroleras, pero que se van a agotar en un lapso relativamente corto. Y por ello dentro de la estrategia de crecimiento de largo plazo del país, la actividad minera es muy importante”, opina Spurrier.

Las autoridades ecuatorianas habían anunciado la firma de los primeros contratos mineros para fines del año anterior, en especial el relacionado al proyecto Fruta del Norte, que presenta reservas certificadas de 6.4 millones de onzas de oro, una inversión inicial de 1.100 millones de dólares y una renta minera para Ecuador del 52%. Sin embargo, la revisión de detalles contractuales y técnicos ha demorado la firma.

Spurrier señala que uno de los temas sensibles sería la determinación de los mecanismos de arbitraje en caso de que se produjeran controversias. El viceministro Auquilla, no obstante, asegura que las mineras han aceptado el cumplimiento de la disposición constitucional que prohíbe celebrar contratos internacionales “en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional”, como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) (3).

Pero el principal reto que tendrán los planes mineros del Gobierno de Rafael Correa será la oposición de organizaciones indígenas y sociales como la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), la cual ha expresado su preocupación por que la minería a gran escala genere contaminación del agua, alto impacto ambiental y afectación de derechos colectivos.

“Para nosotros esto es el continuismo de un modelo extractivista, que destruye la naturaleza y no está dando respuesta a la humanidad”, dice el presidente de CONAIE, Humberto Cholango.

Frente a ello, el viceministro Auquilla afirmó que los proyectos mineros que prepara Ecuador contemplan estudios ambientales y de utilización del recurso hídrico, y señaló que existe “la garantía del Estado de que las tecnologías utilizadas por las empresas sean las menos contaminantes, y que los impactos que se van a dar sean corregidos en el tiempo”.

La controversia entre el Gobierno del llamado socialismo del Siglo XXI y varios dirigentes indígenas y sociales además tiene que ver con la disposición que establecen la Constitución ecuatoriana y la Ley de Minería de que las comunidades y los pueblos indígenas ubicados en los sitios donde se ejecutarán los proyectos mineros sean consultados sobre dichos planes.

Al respecto, el viceministro de Minas señala que el Gobierno ha efectuado “procesos de información”, como talleres y mesas de diálogo, en las zonas de influencia directa de los proyectos, y afirma que la Constitución habla de consultas, no de un consentimiento previo.

Humberto Cholango, sin embargo, afirma que las comunidades involucradas no han sido ampliamente consultadas y que ningún representante del Gobierno se ha acercado a la dirigencia indígena para hablar del tema minero. Su organización se declarará, junto a dirigentes sociales, en “resistencia” frente “a los planes extractivistas del Gobierno”. “Nosotros vamos a ir a la resistencia. Esto va a generar conflictos muy grandes, movilizaciones y protestas”, advierte el presidente de la mayor organización indígena del país.

NOTAS
(1) Ecuacorriente ; Dynasty Metals and Mining; Kinross Gold Corp; El Condor Minerals Inc.; IAMGOLD; International Minerals; Salazar Resources
(2) Puede consultarse también el trabajo de Jennifer Moore, “Azuay: a site for mining expansion in Ecuador’s South”
(3) Algo que no ha sido usual en el resto de la región.
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Artículo tomado de: Análisis de las Industrias Extractivas en América Latina, Octubre y Noviembre 2011. producido por RWI.

Las actividades extractivas (exploración y explotación de minerales e hidrocarburos) se han extendido en varios países de América Latina, ya que los gobiernos buscan beneficiarse de los altos precios del petróleo y de los minerales en el mercado internacional. Incluso en países en donde anteriormente las actividades extractivas no eran tan significativas, ahora se debate la posibilidad de desarrollar proyectos mineros y petroleros.

No obstante, el aumento de la actividad extractiva ha encontrado resistencia y oposición en muchas de las comunidades locales donde se desarrolla estos proyectos, que han dado lugar a protestas sociales y manifestaciones populares en contra de estas actividades en varios países de la región.

Basados en lo que establece el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), que reconoce internacionalmente el derecho de las comunidades indígenas a ser consultadas antes de que se desarrolle cualquier actividad en las tierras que estas tradicionalmente ocupan, las poblaciones locales –incluyendo muchas que no son propiamente indígenas; reclaman que se respeten sus derechos a ser consultados adecuadamente sobre la puesta en marcha de estos proyectos. Como esto no ocurre, o no se hace adecuadamente, las relaciones entre las poblaciones y las empresas (y los gobiernos que apoyan estos proyectos) se deterioran rápidamente, y dan lugar a protestas y conflictos.

En respuesta a la expansión de estos proyectos, las organizaciones de la sociedad civil [muchas veces con la participación de las autoridades locales y gobiernos subnacionales] empiezan a demandar mecanismos de participación para decidir si los proyectos son viables o no. La respuesta de la gente ante la ausencia de procesos de consulta efectivos, ha sido el conflicto y en muchos casos la radicalización de la oposición a las inversiones en cuestión.

Dos ejemplos de la relación entre proyectos de inversión, decisiones de gobierno y reacciones de la población pueden ilustrar la complejidad de la situación.

En el caso del proyecto minero Tía María de la empresa minera Southern Cooper Corporation, ubicada en la provincia de Islay en la región de Arequipa, la población venia expresando su oposición al proyecto, pero el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) insistió en reconocer audiencias públicas de consulta del Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa. El conflicto fue escalando hasta que, de un lado, los municipios locales organizaron una consulta en la que el proyecto fue masivamente rechazado, mientras que el MINEM quiso desconocer un informe técnico hecho por las Naciones Unidas (NNUU) que señalaba gruesas fallas del EIA de la empresa Southern. Al final, en Noviembre del 2010 el EIA fue rechazado por el MINEM en medio de una protesta social masiva con costo de varios muertos y heridos.

Recientemente, en el mes de octubre, ocurrió un hecho similar en Ecuador. El gobierno determino que los proyectos mineros Quimsacocha y Rio Blanco son estratégicos para el país, y por lo tanto dio luz verde para que las empresas mineras I Am Gold e International Mineral Corporation iniciaran la etapa de explotación de dichos proyectos, que se ubican en la provincia de Azcuay al sur de Ecuador, y comprenden la concesión de 14 mil hectáreas para la explotación de oro, plata y cobre.

Las organizaciones campesinas de Azuay convocaron a una consulta popular a las poblaciones de Tarqui y Victoria Portete, principales comunidades impactadas por la futura actividad minera, para que se pronuncien en contra o favor de estos proyectos que ya habían sido aprobados por el gobierno. Los resultados de la consulta indicaron que el 92,38% de los votantes estaba en contra de los proyectos. Sin embargo, el gobierno declaró ilegal la consulta realizada por los pobladores de Azuay, basado en que es el Estado quien se encarga del proceso, y no las comunidades. Este criterio también fue respaldado por el sector empresarial minero.

Con todo, fue la primera vez que se lleva a cabo alguna forma de consulta previaen Ecuador para saber si la comunidad aprueba o no la actividad minera pese a que la Ley minera vigente establece que se aplique la consulta previa en todas las fases del proyecto, aunque esta no sea vinculante.

Eventos similares en distintas partes de la región han hecho que las comunidades potencialmente impactadas por grandes proyectos de inversión demanden ser consultadas. Así por ejemplo tenemos el caso de la Carretera que atraviesa el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Secure (Tipnis) en Bolivia; el proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina en México; y más recientemente, el Proyecto Conga en el Perú. Precisamente en Perú, el gobierno aprobó en agosto de este ano la ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas, con el objetivo de disminuir la conflictividad alrededor de las actividades extractivas, mientras que en el resto de países de la región ya se debaten que otras reformas legales e institucionales se pueden sumar a la Consulta Previa para respetar el derecho de las comunidades y preservar el medio ambiente.

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Artículo tomado de: Análisis de las Industrias Extractivas en América Latina, Octubre y Noviembre 2011. producido por RWI.

El Ministerio de Recursos Naturales no Renovables ecuatoriano, anunció el lunes 3 de octubre que la petrolera estatal chilena Enap la_empresa/mundo.php, suscribió un contrato con el gobierno de Ecuador por medio de la Secretaría de Hidrocarburos y la filial chilena Sipetrol, para ampliar sus operaciones de exploración y explotación de petróleo y gas natural en la costa sur del país, en el Golfo de Guayaquil.

La petrolera chilena prevé invertir alrededor de USD 45 millones en actividades que comprenden estudios sísmicos y perforación de pozos exploratorios durante cuatro años en el bloque 3 Jambelí, el cual tiene una extensión de 400 mil hectáreas, y donde según el ministerio, “no han sido perforados pozos exploratorios ni productores de hidrocarburos”, y por tanto se desconoce su potencial. El monto de inversiones incluso será mayor si se llegara a obtener los resultados esperados, pues en caso de que Enap encuentre crudo, puede explotarlo durante 20 años. En caso de encontrar gas, si deberá firmar un contrato adicional.

Cabe recordar que hace un año, Enap negoció con el gobierno ecuatoriano otro acuerdo, que permite la petrolera chilena extraer crudo en la selva ecuatoriana, unos 15 mil barriles promedio por día. El nuevo acuerdo representa pues, para los gobiernos de Ecuador y Chile, una alianza estratégica en torno a los hidrocarburos, implementada a través de sus empresas públicas.

El potencial de hidrocarburos en Chile es modesto. A la fecha, la Cuenca de Magallanes, región ubicada al sur del país donde se explota hidrocarburos hace 50 años y que está llegando a su etapa “madura”, sigue siendo la única región en donde la explotación de hidrocarburos ha sido comercialmente viable. La producción anual de crudo nacional solo alcanza para abastecer al 2 por ciento de la demanda interna. En efecto, Chile importa alrededor de 98% de petróleo crudo, el cual la mayor parte proviene de Brasil, Colombia, Ecuador, Argentina y Reino Unido, y 75% de gas natural, que proviene principalmente desde Argentina.

Debido a esto, Enap adoptó como estrategia invertir en el exterior en actividades de producción y exploración a través de su filial Sipetrol, en países como Argentina, Ecuador, y más recientemente, en Egipto, De ahí la importancia del acuerdo suscrito con Ecuador para extender sus operaciones en ese país. Así mismo, y en respuesta a los menores suministro de gas desde Argentina, Chile puso en marcha la provisión de gas natural a través de dos plantas regasificadoras de gas natural licuado, ubicadas en las bahías de Quintero y Mejillones, ubicadas en la V y II Región, al norte de Chile, las cuales son abastecidas con embarcaciones que transportan gas natural licuado proveniente de Trinidad y Tobago, Egipto y Nigeria, entre otros países productores.

La empresa estatal de petróleo Enap ha logrado mantener dos líneas de negocios en el sector que la han convertido en la principal abastecedora de energía en Chile, puesto que entre el 70 y 80 por ciento de la demanda interna es cubierto por Enap, a pesar de que tan solo produzca 2 por ciento. Por un lado, explora y produce petróleo en otros países, y lo que produce es refinado y distribuido en el mercado nacional, pero también es ofertado a otros mercados, de tal manera que asegura una presencia importante a nivel internacional y cumple con abastecer al consumo interno al mismo tiempo. Los puertos regasificadores de Quintero y Mejillones, que suministran gas regasificado a Chile, también le han permitido convertirse en una opción de provisión de gas a nivel internacional. Por otra parte, Enap también realiza actividades de refinación, logística y comercialización. No obstante, cabe señalar que la importación de hidrocarburos mantiene a Enap en una situación vulnerable frente a la volatilidad de los precios en el mercado internacional, y a las interrupciones o retrasos en el sumi
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