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La minería que vendrá

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La dialéctica es un método para comprender el cambio, aunque en sus inicios se acomode demasiado en la lógica del evolucionismo inevitable que niega la incertidumbre que pregona la ciencia del caos.

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Ocurre que la interacción social se dispersa en todas las direcciones y afecta a todos los actores, de modo que la manifestación de “agua si oro no”, o cualquier otra que se relacione con la conservación de las especies, o la necesidad de tener agua potable, terminarán por afectar el rumbo de la tecnología. Pero este no es el tema a tratar, sino el de la minería del futuro.

Las minas a cielo abierto parecen haber llegado al final de sus vidas, las restricciones para hacerla posible solo crecen. Haya ya muchos países que prohíben la minería a cielo abierto, y otros tantos en los que los conflictos terminan por tirar abajo la rentabilidad de los proyectos. El futuro de la minería esta en los nódulos marinos (algo de lo que ya hemos hablado) y el subsuelo. Sin embargo los costos y las técnicas de perforación son aún demasiado caros.

Otro de los temas importantes para el futuro de la minería tiene que ver con la recuperación de los minerales de los desechos acumulados por explotaciones ineficientes, o con las tecnologías para “raspar el fondo de la olla” y obtener un beneficio, cuestión en la que la industria petrolera parece haber avanzado más rápidamente que la minera. Pensemos por ejemplo en los pasivos ambientales de siglos de baja tecnología e irresponsabilidad social, o en las minas abandonadas porque las técnicas no permitían obtener todo el mineral. En el delirio es posible imaginar explotaciones de alta rentabilidad que acaben con los pasivos de la minería.

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Es en esta dirección que algunas empresas avanzan en alianza con otras empresas, centros de investigación y universidades, buscando soluciones. Un ejemplo de ello es lo que viene haciendo Rio Tinto con Atlas Copco para reducir considerablemente el tiempo necesario para excavar bajo tierra. La misma empresa trabaja con TOMRA Sorting Solutions para la recuperación de minerales de los desechos. En la misma línea se trabaja para una mayor automatización del transporte de minerales, así como sistemas robotizados de exploración.

El tema es interesante ya que interpela a todos los actores sobre su responsabilidad y papel en el futuro de la sostenibilidad socioambiental d las actividades extractivas. En otras palabras, el esfuerzo por tratar de que no haya minería en cabecera de cuencas debe acompañarse con la investigación y el desarrollo de la tecnología necesaria para que esto sea posible.

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PEMEX ha entrado en trompo

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La economía mexicana se ha beneficiado por décadas del petróleo hasta el punto que este factor se convirtió en el narcótico principal para evitar una reforma tributaria que permita que los ingresos públicos se asienten sobre bases más sólidas.

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Sin embargo, desde hace algunos años la estatal PEMEX tenía claro que si no encontraban nuevas reservas los problemas económicos no tardarían en manifestarse, y se las hecho a buscar como la gallinita ciega del cuento. Entre tanto, los avances en las exploraciones en aguas profundas comenzaron a verse como la alternativa, los privados ya habían empezado en distintas partes del mundo, y Brasil anunciaba los yacimientos en el Presal frente a Rio de Janeiro. El entusiasmo de la industria petrolera volvía. Y en este devenir ocurre la catástrofe de BP en la plataforma Deep Water Horizon. Pero PEMEX ha seguido en este camino, y como no cuenta con la tecnología necesaria ha “flexibilizado” su marco normativo abriendo posibilidades para la participación de otras empresas petroleras. Este no es un camino fácil y la necesidad aprieta, de modo que PEMEX ha decido al parecer lanzarse a la piscina tenga o no agua y comenzar con la perforación en aguas superprofundas. Pemex paga rentas de 500 mil dólares diarios por plataforma, solo para buscar petróleo en el mar. Asimismo, cuenta con 231 de estas instalaciones de crudo en el Golfo de México y más 6 mil pozos de explotación en todo el país azteca.

De otro lado, México tiene importantes reservas de esquisto de dónde podría obtener gas, pero nuevamente ello requiere de una tecnología nueva que no ha sido domesticada por los mexicanos, e modo que tendían que traer empresas de fuera, cosa que no les gusta. Además explotar el esquisto y procesarlo supone trabajar en tierra, y con ello habría que enfrentar a los campesinos, pobladores de pequeñas y medianas villas, hacer kilómetros de zanjas para los tubos, pelearse con los ecologistas, etc. O, peor que eso enfrentar las consecuencias de los desastres como el ocurrido en San Martin Texmelucan. No hay nada que hacer en el mar los peces muere sin quejarse, y no hay poblaciones que tomen las instalaciones.

De acuerdo n un reciente artículo de Anastasia Gubin – La Gran Época “El presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) de México, Juan Carlos Zepeda, desató la alarma por los planes del gobierno de perforar dos pozos ultra profundos cerca de las aguas de Estados Unidos este año, al advertir en una entrevista, que ni la empresa ni su comisión están preparadas para manejar un grave accidente o derrame de petróleo en dicha zona.

Zepeda, dijo en una entrevista, que Petróleos Mexicanos (PEMEX), “tiene relativamente poca experiencia con la perforación en aguas profundas, y mucho menos con los pozos de los ultra-profundas a profundidades superiores a 6.000 metros”, informó The Wall Street Journal.”

Zepeda agregó que no cuenta ni con personal, equipo ni presupuesto para cumplir con su tarea de supervisión, más necesaria que nunca si se consideran los riesgos de esta iniciativa. Al parecer PEMEX seguirá adelante y si pasa algo, “…pos ojalá no se den cuenta”. Sería interesante en este sentido que los mexicanos tomen la idea del sistema civil de vigilancia de los derrames de petróleo implementado por Gulf Oil Spill Tracker

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Continúan los anuncios para el sector petrolero peruano

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Artículo tomado de: Análisis de las Industrias Extractivas en América Latina, Octubre y Noviembre 2011. producido por RWI.

En agosto el Presidente del Directorio de la empresa estatal peruana Petroperu, Humberto Campodónico, anunció una serie de medidas para fortalecer a la compañía petrolera con la finalidad de que tenga un rol más activo en el estratégico sector de hidrocarburos, y para aumentar su rentabilidad.

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Las nuevas medidas esbozadas fueron las siguientes. Primero, la integración vertical de las actividades de Petroperú en toda la cadena productiva, es decir, el reinicio de las actividades de exploración y explotación mediante asociaciones con empresas extranjeras privadas y estatales. Segundo, la modernización de la Refinería de Talara en Piura, que le permitirá incrementar la capacidad de procesamiento de crudo y convertir a Perú en un país exportador de derivados de petróleo. Y tercero, la participación de Petroperu en el Gasoducto Andino del Sur, con miras al cambio de matriz energética en el sur del Perú.

Después ha sido Perupetro, la agencia nacional de hidrocarburos encargada de la licitación y concesión de lotes petroleros, la que ha hecho anuncios importantes. Efectivamente, Aurelio Ochoa, Presidente de Perupetro, anunció en la primera semana de Octubre, que antes de finalizar el año 2011, el Perú suscribirá seis contratos de exploración y explotación de hidrocarburos ubicados en la selva peruana con la española Repsol YPF, la colombiana Ecopetrol, y la británica Emerald Energy. “Con Repsol y Ecopetrol se firmarán los contratos para los lotes 182, 184, 180 y 176; mientras que con Emerald Energy se firmará por los lotes 178 y 185”, señaló Ochoa. Estos lotes, ubicados en la selva peruana, fueron adjudicados en un proceso de licitación que se llevó a cabo en Octubre del 2010.

Ante el anuncio, otras empresas de trayectoria internacional también han mostrado interés en invertir en nuevos proyectos de exploración, tales como las estadounidenses Conoco Phillips y Exxon Mobil, y la francesa Totalfina ELF, quienes evalúan su ingreso al mercado nacional a través de sociedades con otras empresas o participando en la próxima ronda de licitaciones de lotes petroleros. Al respecto, Ochoa ha señalado que por el momento se les ha brindado a estas empresas toda la información que han solicitado de aquellas zonas donde están interesadas en invertir.

Por ahora Perupetro evalúa si el ingreso de estas empresas se lleva a cabo mediante asociaciones con empresas petroleras que actualmente vienen operando, entre las que se consideraría a Petroperu una vez que reinicie las actividades de exploración y explotación, o a través de una nueva ronda de licitaciones, la cual solo podrá realizarse una vez aprobado el reglamento de la ley de consulta previa a los pueblos indígenas.

En lo que respecta a Petroperu, el Presidente de Perupetro, prevé otorgarle a la empresa estatal la calificación para que pueda empezar a explotar hidrocarburos y opere en los lotes que actualmente extraen petróleo, que entre el 2013 y 2016 pasarán a manos del Estado cuando las concesiones vigentes (siete) lleguen a su término. Cabe señalar además, que todavía está pendiente la aprobación del reglamento de la Ley 28840, Ley de Fortalecimiento y Modernización de la Empresa de Petróleos del Perú (Petroperu), que autoriza a la compañía a participar en todas las etapas de la actividad petrolera con autonomía financiera y administrativa.

Diferentes países latinoamericanos están embarcados en el fortalecimiento de sus empresas estatales petroleras. Recientemente Ecopetrol de Colombia, Petropar de Paraguay, YPFB de Bolivia y Petroecuador de Ecuador, han anunciado cambios estructurales o nuevas modalidades de contratos de explotación y exploración.

En el caso peruano, el fortalecimiento de la compañía petrolera estatal es a todas luces una tarea compleja si tomamos en cuenta que durante años –con base en argumentos de corrupción e ineficiencia‐ fue reducida a la gestión de una refinería obsoleta y la venta de gasolina en los mercados menos rentables. El regreso de la petrolera estatal peruana se hace además en un entorno altamente competitivo como resultado de la presencia de grandes empresas petroleras privadas y estatales extranjeras a la actividad extractiva en territorio peruano, sobre todo en la Amazonía. Y todo esto en medio de una alta conflictividad social alrededor de las actividades extractivas.

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A la información aquí presentada se añade una reciente noticia, la de la firma del acuerdo entre Perú y Venezuela que la agencia de noticias EFE publicada en el diario ABC, resume de la siguiente manera “Con el telón de fondo de la región con mayores reservas probadas de crudo en el mundo, se suscribió un memorándum de entendimiento entre las estatales Petróleos de Venezuela (PDVSA) y Petroperú para explorar, explotar y comercializar hidrocarburos (…) Tras el anuncio del ingreso de la petrolera peruana a la faja venezolana, los mandatarios de ambos países indicaron que Pdvsa viajará a Lima para estudiar los trabajos sobre un polo petroquímico que el presidente peruano impulsa en el sur del país andino.” Esta noticia ha suscitado críticas entre los empresarios peruanos que consideran que el Estado no debe meterse en el riesgoso negocio del petróleo “Para eso está el capital privado, para asumir riesgos, afirmó el presidente encargado de la CONFIEP, Alfonso García Miró.”

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La maldición del mercurio

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Leyendo The Guardian llamó mi atención un artículo sobre el mercurio, metal asociado a mi infancia y a la historia minera del Perú. Me fascinaba su brillo, el peso y esta capacidad de ser sólido y líquido al mismo tiempo; luego en el colegio aprendí que con el nombre de azogue fue fundamental para la extracción del oro y la plata en tiempos coloniales. Otra de las relaciones que desató el artículo fue su relación con la fiebre del oro que alienta la minería ilegal en todo el continente.

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El artículo en The Guardian advertía que el mercurio, uno de los metales más tóxicos para los seres vivos se está colando en la cadena alimenticia. De acuerdo con un estudio publicado en Nature el planeta estaría siendo roseado con el mercurio que cae con la lluvia y la nieve luego de ascender en forma de vapor. Cientos de toneladas anuales son inoculadas en la atmósfera cada año, y cientos de toneladas vuelven a nosotros en forma de mercurio metílico que cae y se incorpora en las aguas y de allí llega a las plantas y demás seres vivos. Este proceso no es inmediato y sigue los patrones de circulación del aire en la atmósfera. Es decir que si pensábamos que los efectos de la minería ilegal no se relacionan con lo que pasa fuera de las zonas donde se produce la explotación, pues estamos absolutamente equivocados.

Jalando la soga de esta idea encontré diversos estudios sobre el ciclo del mercurio y de cómo éste estaba siendo alterado por la acción humana. Un artículo de Mario Ceroni me lleva hasta Streets et al. (2011) quienes analizan la presencia de este metal en la atmósfera desde 1850 y confirman que como consecuencia de la industrialización en el mundo la cantidad de mercurio incluida en la atmósfera solo se incrementa con la excepción del periodo entre las guerras mundiales. Hasta aquí la tesis de la industrialización se apuntaba otro punto en contra; sin embargo varios estudios hechos por Cooke (1993, 195, 2009, 2011) y Robins (2010) señalan que esto viene desde mucho antes. Y es entonces que el Perú vuelve a aparecer en la escena.

Cooke, investiga el uso del mercurio en la minería durante el periodo prehispánico y colonial, haciendo tanto estudios en Huancavelica como en Potosí (Bolivia) y demuestra “…la existencia de una industria de minería de Hg muy importante en Huancavelica que se extiende por 3,500 años en el pasado, colocando en un contexto histórico más amplio el estudio sobre el uso u consecuencias del mercurio” (Cooke, 2009). Y en otro trabajo más reciente concluye que “…la fundición de plata precolonial era potencialmente una fuente importante de contaminación de mercurio en los Andes. Pero es más, si estos resultados se aplican a las tempranas actividades de extracción de plata, cobre, y oro en otros lugares, como se sugiere por la elevación de [Hg] encontrado en ellos, la contaminación de mercurio de la época preindustrial se extendería por ejemplo en asociación con el desarrollo del Imperio Romano en Europa. Lo que hace suponer que, existe la posibilidad de que los inventarios de contaminación pre-industrial antropogénicos hayan sido grosera y sistemáticamente subestimados” (Cooke, 2011).

En la misma línea, aunque sobre épocas más recientes esta el trabajo de Robins (2010) quien señala que “globalmente, de 1550–1930, más de 236.000 toneladas métricas de vapor de mercurio fueron emitidas como resultado del proceso de amalgamación de mercurio en la minería de plata y de oro.” De acuerdo con Nriagu (Legacy of mercury pollution, Nature 363:589) citado por Ceroni, las emisiones de mercurio colonial suman 196,000 toneladas, un promedio de 600 toneladas/ año; aproximadamente equivalente a las emisiones actuales de China.”

Vale la pena anotar también que mientras la minería de plata y oro en México se abastecía del mercurio producido en España, el resto del continente dependía del azogue peruano, que además aportó con el desarrollo de una nueva tecnología de amalgamiento desarrollada por Bartolomé Medina. Hoy sin embargo el mercurio que se usa en nuestro continente es importado, como veremos adelante más en detalle.

Según Tilmer y Veiga (2009), traducido por nosotros, “…la minería de oro artesanal y de pequeña escala emite entre 640 y 1,350 Mg de mercurio por año en el ambiente, promediando es como 1000 MG/año, que provienen de al menos 70 países. 350 Mg/año van directamente a la atmósfera, mientras que el resto (650 Mg/año) son vertidos en la hidrósfera (ríos, lagos, suelos, relaves)”

Las técnicas modernas de uso del mercurio suponen cuidados radicales para evitar la contaminación directa, y la tendencia general es a prohibir su uso, porque además de ello el “… mercurio utilizado para la amalgamación del oro por los mineros es evaporado y arrastrado al suelo y a los cuerpos de agua por las lluvias, donde se transforma en metilmercurio, una forma de mercurio mucho más tóxica. A través de los procesos de “bioacumulación” y “biomagnificación” el metilmercurio ingresa a los organismos vivos, donde se elimina muy difícilmente. Los efectos del metilmercurio en los seres humanos incluyen daños severos al sistema nervioso, malformaciones congénitas e incluso la muerte. Se calcula que en los últimos 20 años más de 3 000 toneladas de mercurio han sido arrojadas a los ríos amazónicos…” (MINAM, 2010). Podemos agregar a la lista de riesgos los daños producidos por el derrame de mercurio en Choropampa – Cajamarca en el 2000 (Arana, 2009).

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En el Perú la mayor parte del consumo de mercurio es ilegal, mediante métodos irracionales que contaminan de manera directa personas, ríos y lagos; y una parte más pequeña se usa para producción industrial o se reexporta. De acuerdo con un informe del MINAM (2010) el Perú es el mayor importador de mercurio de Sudamérica, y hasta el 2006 importaba cerca de 82 toneladas; de acuerdo con el MINEM (2011) para el 2009 se importaban 176 toneladas y en 2011 según Mercury Watch 146,2 tm. Dados los cambios recientes en la política frente a la minería aurífera ilegal, es probable que en el 2011 se haya detenido esta tendencia al aumento del uso del mercurio, los meses siguientes lo definirán.

Si observamos el panorama latinoamericano Colombia, Perú, Ecuador y Brasil son los países con mayor emisión de mercurio proveniente de la minería ilegal del oro y en consecuencia con mayores problemas en los que respecta a la contaminación por mercurio.

El Perú es uno actor importante en el mercado internacional del mercurio. Es al mismo tiempo exportador e importador (no tenemos datos de producción). Como exportador es el sexto luego de Italia, y cerca, en sétimo lugar sigue Chile. Pero de ellos solo en el Perú se asocia con una minería aurífera ilegal.

Como importador de mercurio el Perú es también el sétimo en el mundo, luego de grandes países como India, China y EE.UU.NN. Y en este caso junto con China somos emisores de mercurio. El país latinoamericano que se acerca es Colombia que es el noveno importador mundial.

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Vale señalar en este marco que los esfuerzos de las Naciones Unidas a través del PNUMA han sido incapaces de controlar el uso del mercurio en la minería a nivel internacional. Solo la UE ha conseguido establecer regulaciones para liberar a su territorio de este producto. Los estadounidenses se han comprometido a no vender para el mercado mundial en 2013, Argelia ha dejado de ser exportador, pero Kirguizistán continúa y China sigue ajeno a las regulaciones. En el Perú la existencia de dos mercados, uno que tranza a nivel internacional a través de la compra venta de mercurio, y otro semi formal que produce para la minería ilegal, hace difícil enfrentar la situación.

La situación de la producción de oro utilizando mercurio es tan dramática que la ONU propone acuerdos semejantes a los establecidos para la producción de diamantes, creando un mercado de oro certificado. Pero no estamos frente a una situación equivalente. El precio del oro solo sube con la crisis internacional y los desesperados se afana en sacar oro de cualquier manera. De otro lado, hay más centros de producción y mejor distribuidos, lo que hace difícil su control. Las primeras reuniones son consecuencia del informe de 2008 en Kenya sobre la oferta y la demanda actuales de mercurio, con inclusión de proyecciones en las que se tiene en cuenta la eliminación gradual de la minería primaria de mercurio. De allí en adelante se han propuesto cinco reuniones para tratar el tema y comprometer a los países para limitar el uso del mercurio de la actividad productiva.

Mientras todo esto ocurre la contaminación y sus consecuencias sobre la vida continúa. En la selva peruana en “…1995 el Instituto de Manejo del Agua y Medio ambiente realizó otro estudio entre los mi¬neros de la zona de y los resultados fueron muy alarmantes: 78% de las 45 personas analizadas pre¬sentaron contenidos de mercurio por encima de los máximos tolerables.” (MINAM, 2010).

En 2008 “… un estudio del IMARPE (…) encontró trazas de mercurio en los peces del lago Titicaca. El origen (…) los centros auríferos informales, que todavía utilizan el mercurio, en Ancocala, Ananea, La Riconada y Pampa Blanca, cuyos relaves van a parar al rio Ramis. El pejerrey tiene mercurio valor en el valor de 0,3 mg/kg, mientras que el suche tiene 0,2 mg/kg. El valor límite de la Environmental Protection Agency (EPA) de Estados Unidos es de 0,3 mg/kg de trazas de mercurio en pescados.” (El Comercio, 2009)

En la actualidad el combate contra la minería ilegal de oro ha comenzado en Madre de Dios, sin embargo será muy complicado derrotarla. Esta Región carece de sociedad en grado suficiente como para funcionar por sí misma. Hoy la mayoría es una comunidad de inmigrantes aventureros y delincuentes que imponen sus propia ley contra dos minorías, la de inmigrantes antiguos y los indígenas; todos jalando en diferentes direcciones. Por ahora la ocupación de las fuerzas policiales y militares garantiza cierta estabilidad hasta que aparezcan los pactos entre las partes. Mientras tanto la situación en Puno, Piura y la Libertad se agravan.

Un reciente estudio de Ashe, K (2012) Elevated Mercury Concentrations in Humans of Madre de Dios, señala “La contaminación por mercurio de la minería ha tenido lugar en la Amazonía peruana desde la época de los Incas. La liberación de esta persistente toxina está ocurriendo hoy a un ritmo sin precedentes y las proyecciones anuncian un constante aumento de las importaciones de mercurio. La contaminación por mercurio en el río Madre de Dios tiene efectos en la salud que afectan tanto a las poblaciones de las zonas mineras, como a las de regiones vecinas.

Este estudio subraya el hecho de que los niveles poco saludables de mercurio son frecuentes en esta región. Los niveles de consumo de pescado, la ubicación de la residencia y el género se relacionan significativamente con los niveles totales de mercurio encontrados en el cabello de diferentes poblaciones, pero queda aún por hacer que nos permitan comprender mejor las relaciones entre la intoxicación por mercurio, sus efectos en la salud y su persistencia en el medio ambiente. Esperemos que, a medida que avanzamos hacia la búsqueda de una solución al problema de la contaminación, los estos hallazgos científicos permitan tener en cuenta la magnitud de las externalidades negativas de la práctica de la minería artesanal, en términos de la amenaza que el mercurio representa para las generaciones actuales y futuras de la Región de Madre de Dios.”

Las políticas para erradicar el uso del mercurio en la producción no solo minera, sino también la que se usa para otros productos, debe apuntar a limitar su disponibilidad, limitar el acceso, y alentar las tecnologías sustitutas.

En los países de baja institucionalidad puede ser más eficiente un control de las importaciones (el 88% proviene de 16 países), respaldadas además con regulaciones internacionales adecuadas. Las restricciones para la producción local, como en el caso del Perú pueden efectuarse en la medida que las zonas de producción están bien establecidas y aplicarse mecanismos para su progresiva reducción; simultáneamente debe incentivarse el uso de tecnologías libres de mercurio estableciendo un mercado de concesiones que lo favorezca en el caso de la pequeña y mediana minería, y prohibir su uso en a gran minería.

Flavio Figallo R. Sigue leyendo

COMO EVALUAR LA INDUSTRIA MINERA PERUANA

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Comenzaré repitiendo el viejo aforismo de que crisis significa también oportunidad para tratar este asunto de Conga y del futuro de las industrias extractivas en el Perú. En primer lugar creo que está claro que el modelo (Arellano, 2011) de relación estado, empresa, comunidad (un nuevo triángulo sin base podría decir Cotler), que dejaba toda la responsabilidad de desarrollo local a lo que pudieran hacer las empresas a cambio de las mayores ventajas para la realización de sus actividades, no va más.

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El modelo funcionó en los 1990 cuando el Perú salía de una guerra, el Estado no tenía recursos, los riesgos de inversión eran altos, y el tejido social estaba hecho girones en todos los niveles. A inicios de siglo este el modelo se expande no sin mostrar los síntomas de la crisis actual, y un aumento de la conflictividad social. Ya hacia finales del gobierno de García (2006-2011) varios proyectos se habían detenido, a una empresa se le quitó el permiso para operar utilizando las aguas de la Laguna de Conococha en Recuay, la Southern no pudo dar inicio al proyecto Tía María en Arequipa por un tema relacionado con el uso del agua, en Puno los campesinos marcharon contra la minería informal que contaminaba las aguas del Ramis. Los argumentos de los pobladores y sus representantes utilizaban con más frecuencia y radicalidad los argumentos ambientales. No había ninguna razón para que Conga no fuera diferente.

De otra parte el modelo fue tan inorgánico que casi podríamos decir que alentó la minería informal, apoyada ciertamente por los intereses inmediatistas que suelen animar a los gobiernos regionales ávidos de apoyo y de algunos ingresos extra, creando con ello nuevos problemas que producen nuevos espirales de violencia.

En resumen, el modelo de industria extractiva en el Perú está en cuestión, y al parecer ha llegado la hora de modificar las reglas del juego. Esto ha pasado muchas veces en nuestra historia, y en la de los países vecinos, y hemos tomado todos los caminos, menos el de ponernos a trabajar juntos para solucionar los problemas.

Apuntando en esta dirección es que presentamos una metodología de trabajo para evaluar nuestra minería es que queremos en este artículo dar a conocer la experiencia del Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible (IIDS) que en 2003 publicó “Siete preguntas para evaluar la sostenibilidad” un trabajo diseñado por Donald Berg y en el que además de expertos participaron las más importantes compañías mineras del mundo, varias de las cuales operan hoy en el Perú.

Las preguntas que se plantea el documento giran en torno a generar criterios e indicadores que permitan evaluar la compatibilidad de los proyectos mineros, independientemente de su fase de ejecución, con los principios del desarrollo sostenible. Es decir que sean compatibles con el desarrollo de otras actividades, permitan mejorar las condiciones de vida de la población del entorno, y sean amigables con la naturaleza. Y de esta manera contribuir a mejorar el sistema minero y a crear las bases para la cooperación e interrelación de los diversos grupos de interés vinculados a los diversos proyectos.

La primera lección que aparece luego de su lectura es que debemos considerar al conjunto de las actividades mineras en cada país y, determinar la fase y características de cada uno de ellas. No se trata de tomar a los proyectos en conflicto, o cuestionados, hay que revisarlo todo. Esto supone plantearse cuando menos los siguientes paquetes de preguntas:

A. ¿Cuál es el perfil de la minería peruana hoy? ¿Qué tipo de empresas participan? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué importancia tienen en la economía del sector?
B. Tomando en cuenta la perspectiva de los diferentes actores involucrados ¿Cuál es la contribución y relaciones de la minería con la población, sus comunidades, ecosistemas, tradiciones y economías? ¿Qué cambios se han producido en el tiempo?
C. ¿Cuáles son los principios, criterios y/o indicadores prácticos que puedan ser utilizados para dirigir o comprobar la exploración, diseño y operación de proyectos individuales y monitorear su desempeño? ¿Cuáles de ellos existen y son compatibles con los conceptos de sostenibilidad, y cuáles debe generarse? ¿Cómo y a través que mecanismos se hace el monitoreo para que sea efectivo?
D. ¿Cómo elaborar una agenda con medidas y fechas para que opere el cambio en las industrias extractivas en el que se encuentren y trabajen juntos los diferentes grupos de interés?
E. ¿Existen procesos de compromiso? y, si así fuera, ¿son eficaces? ¿Se mantendrá o mejorará el bienestar de la población? ¿Se está garantizando la integridad del medio ambiente a largo plazo? ¿Se ha garantizado la viabilidad económica del proyecto u operación y la economía de la comunidad y la economía en general mejorarán como resultado del proyecto u operación? ¿Están integradas de manera aceptable para las comunidades locales las actividades tradicionales y comerciales que realizan? ¿Existen reglas, incentivos y programas, así como las habilidades necesarias, para hacer frente a las consecuencias del proyecto o de las operaciones? ¿Existe una síntesis completa que muestre si el resultado neto será positivo o negativo a largo plazo, y habrá reevaluaciones periódicas?

Hay una minería en operación y otro paquete de proyectos por comenzar, si queremos que esta actividad sirva para el desarrollo del país en el corto y largo plazo, requerimos ponernos de acuerdo, fijando incluso los plazos para la revisión de lo que podamos acordar hoy y tengamos que cambiar en el futuro. Finalmente hay que agregar que ya contamos con experiencias, materiales y normas –como la ley de consulta- para iniciar esta evaluación, y así tomar decisiones sobre los cambios a realizar.

FFR
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ARELLANO, Javier (2011) ¿Minería sin fronteras?. PUCP, IEP UARM.
IIDS (2003) “Siete preguntas para evaluar la sostenibilidad”. ISBN 1-895536-78-2

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Para mejorar los Estudios de Impacto Ambiental

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Hoy en el Perú el tema de los Estudios de Impacto Ambiental esta en plena discusión. Hay problemas de credibilidad relacionados con la forma en la que se contrata, así como con los requisitos mínimos que se solicitan tanto a nivel técnico, como en los de participación ciudadana. Sobre estos últimos asuntos, y en la idea de contribuir a mejorarlos es que Kely Alfaro Montoya, del Instituto de Propuesta y Gestión para el Desarrollo Sostenible, nos presenta el siguiente documento: LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL OBSERVACIONES Y PROPUESTAS (Documento de discusión abierta).

Para bajar el documento completo haga click aquí

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A continuación presentamos sus principales conclusiones:

Entre las principales conclusiones/sugerencias, queremos destacar las siguientes ideas-fuerza:

– Los EIA, actualmente, no son herramientas de decisión: son herramientas de comunicación a la autoridad competente (MINEM) respecto a las interpretaciones de los impactos ambientales, elaborados teniendo como precedente un trabajo de campo cubriendo ámbitos físicos, biológicos, socioeconómicos y arqueológicos (o de interés humano). Por tanto, cumplen con su propósito, pues el mismo no es servir para la toma de decisiones: he allí su principal problema, comunican las estimaciones de los impactos (magnitudes y extensiones) elaborados por dos actores principales: consultoras y clientes (interesados en que se elabore el proyecto).

– Los EIA son instrumentos muy poco rigurosos, desde el punto de vista científico. La línea de base física y biológica, por ejemplo, no parte de investigar todo un ciclo anual completo, lo que ocasiona importantes vacíos de información. La línea de base social, por su parte, muchas veces se hace sin un adecuado trabajo de campo o incluso sin trabajo de campo de ningún tipo, basándose en data previamente disponible o “cortando y copiando” estudios anteriores.

– Los EIA se están evaluando por separado, proyecto por proyecto, pero no hay ningún tipo de análisis de conjunto, y no se toma en cuenta la capacidad de carga de los ecosistemas ni los impactos acumulados de varios proyectos o de varias ampliaciones de un mismo proyecto.

– La clasificación de los impactos como “significativos”, “moderados” o “bajos” se hace utilizando metodologías subjetivas, que responden más a las necesidades del cliente que a la realidad. – El EIA se adapta al diseño de ingeniería definido por el cliente de acuerdo a sus cálculos de costo-beneficio, en vez de lo que, pensamos, debería ocurrir: que el proyecto y su ingeniería se adapten al ecosistema utilizando para ello la herramienta del EIA.

– La Valoración Económica de Impactos no debe ser tomada como un criterio para la “compensación” monetaria por los impactos causados, sino de una manera más amplia como parte del cálculo costo-beneficio del proyecto, es decir, como un criterio a la hora de decidir si el mismo es viable o no. Para ello, debe valorarse con metodologías más apropiadas, que consideren no sólo los valores de cambio de acorde a contextos ajenos, sino los valores de cambio con precios reales locales, y todos los valores de uso deben también contabilizarse.

– El proceso de participación ciudadana de los EIA no está cumpliendo con sus objetivos. Hay mucha manipulación, incluyendo el uso de “portátiles” y el impedimento de ingreso a ciudadanos considerados “incómodos”. Además, no hay una metodología pedagógica ni mucho menos indicadores para asegurarse de que la población haya entendido lo que se ha expuesto en el taller o audiencia. Demás está decir que dichos talleres o audiencias no constituyen un proceso de consulta.

– El Ministerio responsable de la aprobación de los EIA tiene una relación cercana y no-formal con las empresas consultoras y con las empresas interesadas, al punto de aprobar EIA con informes pendientes, y planteando observaciones que, lejos de buscar la mayor rigurosidad posible, buscan evitar obstáculos “peligrosos” para la actividad extractiva.

– Los EIA, actualmente, son instrumentos que responden a las necesidades de la empresa que busca explotar un recurso; la óptica debería cambiar y deberían convertirse en herramientas que respondan a las necesidades de la comunidad, en un marco de respeto y horizontalidad entre ambos actores, eliminando todo tipo de racismo implícito, discriminación o relaciones de poder. En ello, el Estado tiene un rol protagónico que cumplir.

Para contactarse directamente con la autora: kalfarom@uni.pe
Foto: Universidad de Cadiz

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“La mayoría de conflictos no rechaza a la minería”

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Transcribimos aquí la entrevista a Javier Arellano realizada para la Revista Domingo del diario La República el 20 de noviembre de 2011.

Un mito se derrumba. El daño ambiental que provocan las mineras no es la principal causa de los conflictos sociales en el país. Una reciente investigación del español Javier Arellano, publicada en su libro ¿Minería sin fronteras?, concluye que la mayoría de los conflictos es ocasionada por el crecimiento de la rentabilidad de las minas y, por consiguiente, de los ingresos por canon de las regiones. En otras palabras, la gente no se opone a las mineras. Lo que les exige es que compartan sus ganancias.

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El tema de esta investigación se le apareció de súbito. Arellano regresaba a Lima luego de haber pasado la Navidad de 2006 con el líder indígena Santiago Manuin y otros viejos amigos de la comunidad awajún, en Amazonas, cuando un grupo de pobladores bloqueó la carretera a la altura de Jaén para protestar por las exploraciones mineras en su territorio. Al llegar a la capital conversó sobre el episodio con un par de amigos. Obtuvo dos visiones distintas. Uno le dijo que la minería era fundamental para el desarrollo del país. El otro se mostró muy preocupado por su impacto negativo en las comunidades.

Fue así que Javier Arellano, investigador del Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto (Bilbao, España), unido al Perú afectivamente desde inicios de los 90, cuando vivió como misionero en la comunidad de Santa María de Nieva, se propuso descubrir cuál era el origen de los conflictos sociales mineros. Entre 2007 y 2010 analizó exhaustivamente bases de datos oficiales (Defensoría del Pueblo, INEI, ONPE, MEF, etc.), entrevistó a más de 200 personas (entre dirigentes sociales, autoridades locales y del Ejecutivo, directivos de mineras, expertos, políticos) y efectuó largas investigaciones de campo en Pasco, Ancash y Moquegua.

Su libro ¿Minería sin fronteras? Conflicto y desarrollo en regiones mineras del Perú (que acaba de ser editado por el IEP, la PUCP y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya) es el fruto de este trabajo. Lo que descubrió derriba viejos mitos asentados como verdades absolutas a la hora de explicarnos a qué se debe el descontento de las provincias con la minería (como el que se vive por estos días en Andahuaylas, Ancash y Cajamarca). El más importante, aquel que dice que la principal causa de los conflictos mineros es el rechazo de las poblaciones a la minería por el temor a que destruya su medioambiente.

–Muchos pensamos que el temor al daño medioambiental que podrían causar las mineras era la principal razón de los conflictos mineros. Según su investigación, no lo es.

–Es una de las razones y es una razón importante, pero no es la única, y en el periodo que yo estudio –del 2002 hasta el 2008– esa razón deja de tener peso y los temas de distribución de la minería pasan a ser más importantes.

–La distribución de la renta minera se convierte en la principal causa de los conflictos.

–Se vuelve central. Los análisis muestran que hasta 2005, 2006, los conflictos se debían a cuestiones de pobreza, y había algunos casos emblemáticos de conflictos medioambientales. Pero a partir del 2006, cuando los precios de los minerales suben y hay más dinero en las zonas mineras, los conflictos mineros se disparan y muchos tienen que ver con la distribución.

–¿Cómo surge un conflicto de este tipo?

–Hay que entender primero las políticas que se siguieron a inicios de los 2000 para enfrentar los conflictos…

–Aquellas que usted llama la Nueva Estrategia de las Industrias Extractivas (NEIE).

–Así es. A finales de los 90 surgieron un conjunto de conflictos mineros muy importantes –Tambogrande, Quilish, el primer Quellaveco– y la solución a la que las mineras y el gobierno recurrieron fue aumentar el canon minero, con el fin de que las poblaciones entendieran que la minería también les podía traer beneficios.

–Esa fue la primera respuesta.

–La primera respuesta. Y después, a lo largo de los 2000, lo que siguió fue que las mineras intentaron posicionarse como promotoras del desarrollo. Pero estas políticas son un atajo para no abordar las reformas en serio. Es pensar que se puede solucionar conflictos solo con dinero.

La única forma de negociar

Lo que Arellano descubrió fue que al ver las montañas de dinero que ganaban las mineras, muchas comunidades consideraron que había llegado el momento de recibir más beneficios de los que habían obtenido inicialmente por sus tierras. Como no había, ni hay, ningún instrumento legal que las ayudara a negociar en condiciones mínimamente equilibradas, recurrieron al conflicto. El investigador descubrió algo más. Se dio cuenta de que mientras más radicalizaban su discurso, y actuaban como si estuviesen totalmente en contra de la minería, más poder de negociación obtenían.

Arellano dividió los conflictos en tres tipos. 1) Aquellos en los que la gente rechaza la minería porque defiende su medioambiente, que son los más emblemáticos (Tambogrande, Quilish y, hoy, Conga). 2) Aquellos en los que la gente sí acepta a la minera, pero quiere una mayor participación en los beneficios (por ejemplo, las protestas contra Antamina). Y 3) los que enfrentan a poblaciones versus autoridades, o a estas últimas entre sí, por el reparto del canon minero. Aunque los conflictos del primer tipo suelen concitar la mayor atención de la prensa, los del segundo y tercer tipo son los más frecuentes. “La mayoría de la gente que entrevisté no rechaza a la minería; lo que quiere es que le dé más beneficios”, dice.

No exculpa a mineras

No fue un trabajo fácil el del experto. Sabía que su traza de “gringo” generaría desconfianza durante la labor de campo así que, para no parecer un empleado de las mineras, decidió viajar en transporte público y hospedarse en alojamientos modestos. Recuerda, entre sonrisas, las largas horas pasadas en antesalas, aguardando a alcaldes de distritos alejadísimos, o en paraderos de taxis colectivos, esperando que el vehículo se llenara para partir.

En el camino también se encontró con los prejuicios de algunos amigos, miembros de movimientos sociales, que cuestionaron su tesis porque parecía exculpar a las empresas y sus malas prácticas corporativas. Él les explicó que con su investigación no intentaba confirmar una convicción personal o defender una postura ideológica determinada. Lo único que quería era entender lo que estaba pasando con los conflictos realmente.

–¿Qué lecciones deja su investigación?

–Uno, que más plata no es automáticamente más desarrollo. Para generar desarrollo se requiere instituciones que regulen el sector, tomarse en serio a la gente, y una presencia del Estado más fuerte. Plata sin Estado, y dejando que las poblaciones se arreglen solas con las mineras, es una receta segura para los problemas.

–¿Del 2008 hasta ahora la situación que describe ha mejorado?

–No ha habido un cambio muy grande. Los cambios que ha habido en la regulación son muy recientes. El tema de la consulta previa también.

–¿Son buenas medidas?

–Yo creo que sí. La reforma fiscal traslada a la opinión pública la idea de que el Estado tiene un interés en captar una mayor parte de la renta y eso creo que le da una mayor legitimidad ante la población. Presenta un gobierno que se preocupa más que el anterior por el bien común.

–¿Humala está dando los pasos correctos para solucionar los conflictos mineros?

–Todavía es pronto para saberlo. Algunas de las políticas, como el tema fiscal, la consulta, van en la buena dirección.

Uno de los pasajes más interesantes del libro de Arellano reseña algunos de sus encuentros con ejecutivos de las empresas mineras. Algunos llegaron a admitir que hay compañías que maquillan el real impacto de las operaciones mineras, que amenazan a las poblaciones y que, en general, no las respetan. Un momento curioso fue cuando, en abril de 2010, un funcionario le dijo en privado que esperaba la paralización del proyecto Tía María: “Si el proyecto continúa ciertas compañías mantendrán su manera inescrupulosa de hacer las cosas”. Un comentario excepcional que podría derribar otro mito: ese de que no hay empresario minero que tenga corazón.
hay más plata pero todo sigue igual

Entre el 2005 y el 2008 los gobiernos regionales y municipales recibieron por canon casi 10 mil millones de soles. Ninguna región en el Perú había recibido tanta plata en su historia. Sin embargo, en ese periodo, analizado por Javier Arellano en su investigación, el nivel de bienestar material y social de la población de las regiones mineras no mejoró significativamente. ¿Por qué?

El discurso oficial, dice Arellano, sostenido por el gobierno anterior y por las compañías mineras, culpa a la “ineficiencia técnica” de las autoridades regionales y municipales y a la corrupción. Esa fue la explicación que le dieron empleados del MEF y ejecutivos de mineras y de agencias de cooperación internacional en las numerosas entrevistas que sostuvo con ellos.

Pero el investigador analizó la capacidad técnica de las 18 municipalidades más ricas de las tres regiones que estudió (Áncash, Moquegua y Pasco) y la comparó con sus niveles de gasto, y descubrió que un factor no siempre guarda correlación con el otro. La “incapacidad técnica” no necesariamente tiene que ver con un gasto reducido.

La verdadera razón de la falta de inversión social adecuada es mucho más compleja y tiene que ver con lo que Arellano denomina en su libro “presiones políticas”.

En primer lugar, la desconfianza de la población hacia sus autoridades ocasiona que les exijan que usen de forma inmediata sus recursos. Con la posibilidad de ser revocados pendiendo sobre sus cabezas todos los años, los alcaldes se apresuran en gastar para mostrar resultados inmediatos. La gente también los presiona a hacerlo temiendo que se apropien ilegalmente del dinero o que este, a fin de año, retorne inevitablemente al Tesoro Público.

En segundo lugar, el gobierno central y las mineras suelen culpar a las autoridades locales de los conflictos y las conminan públicamente a gastar para solucionarlos.

“Lo que vi en mi investigación fue que esos factores llevan a las autoridades a gastar rápido y muy mal”, dice Arellano.

Durante el periodo analizado, el canon se gastó poco en inversiones de proyectos sociales y mucho en estadios, monumentos, calles embaldosadas y mobiliario urbano. De esa manera todos parecen estar contentos. Pero las condiciones de vida no mejoran sustancialmente.
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Para entender el territorio antes de ordenarlo

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Gerardo Damonte, Profesor de Antropología en la Facultad de Ciencias Sociales de la PUCP, es Investigador Principal de GRADE, acaba de publicar su nuevo libro “Construyendo territorios: narrativas territoriales aymaras contemporáneas” (Lima: GRADE; CLACSO, 2011. 147 p.). Esta es una publicación que nos llega en un momento importante por varias razones. La primera tiene que ver con la necesidad de reconstruir nuestra visión respecto de las formaciones nacionales en Latinoamérica formadas sobre construcciones territoriales previas cuya vigencia no podemos ignorar, uno puede mirar las fronteras de nuestros países y darse cuenta de que las comunidades amazónicas y andinas en realidad desbordan los espacios nacionales, tal como ocurre con el altiplano hoy separado en cuatro estados (*). Segundo por la importancia que tiene la memoria colectiva, el espacio y la cultura en la definición de un territorio siempre cambiante como la sociedad misma que lo construye y reconstruye, y que hoy nos importa para incluir a las poblaciones indígenas en el diseño e implementación de políticas de consulta y de ordenamiento territorial.

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En fin más allá de estas inquietudes, y de recomendar su lectura, adjuntamos en este post parte de la introducción, y les damos la dirección desde donde puede bajarse el texto completo.

Los territorios son tan antiguos como las sociedades. Todo grupo social ha tenido y tiene un espacio en el que se desarrollan sus actividades cotidianas y se expanden sus redes sociales. Cuando los espacios se pueblan de símbolos se convierten en lugares: espacios reconocibles para las personas que los habitan o al menos los identifican. Cuando los espacios son apropiados y delimitados socialmente (económica, política o culturalmente) nacen los territorios. Las comunidades andinas tienen una larga historia de creación y defensa de territorios, los que se han fragmentado y reconstituido a través de décadas y siglos, en contextos de cambios y permanencias sociales.

En las últimas décadas el tema territorial se ha convertido en algo central en la discusión académica, principalmente en lo relativo a procesos de descentralización y dinámicas territoriales. En Latinoamérica el tema ha merecido múltiples estudios y publicaciones donde resaltan el análisis económico, institucional y político, generalmente ligado a la problemática del desarrollo y la desigualdad social(1). Sin embargo, el tema territorial no ha sido tratado con igual intensidad desde un enfoque sociocultural que priorice una mirada local. En este sentido surgen preguntas simples, pero importantes como: ¿Cómo constituyen territorios los actores sociales? ¿Qué territorios se identifican desde lo local?
El presente libro busca responder a estas interrogantes a través de un estudio comparativo en comunidades andinas aymaras peruanas y bolivianas. Nuestro estudio enfatiza tres aproximaciones: la histórica, la económico-política y la cultural. l espacio de reproducción social sea más amplio que el territorio en cuestión.

(*) Como el altiplano podemos encontrar que el territorio y cultura guaraní excede al estado paraguayo, el mapuche al chileno, el jíbaro al ecuatoriano, solo para mencionar algunos cercanos en mi memoria
(1) Existe una amplia bibliografía sobre temas ligados a la descentralización y desarrollo territorial, como ejemplo podemos mencionar a Alimonda (2002), Schejtman, A., y Berdegué, J. (2007), Manzanal, Arzeno y Nussbauer (2007

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Hacia un cambio de la política minera peruana

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La mayor recaudación de los beneficios de la minería a favor del estado peruano aparece como un logro de la nueva política minera a la que se comprometió el presidente Humala. A ella se suma la promulgación de la ley de consulta previa a los pueblos indígenas cuyo reglamento debe promulgarse en breve, así como la intención de fortalecer Petroperú para convertirla en una gran empresa pública competitiva. No hay sin embargo señales respecto de lo que pasará con el marco institucional desde donde se regulan las actividades extractivas, ni sobre la necesidad de establecer en que lugares del territorio se pueden desarrollar o no actividades mineras. Dicho de otra manera el gobierno tiene respuestas de corto plazo, pero tanto el mediano como el largo plazo aparecen aún borrosos.

¿Qué impacto ha tenido sobre el sector extractivo? Los inversionistas esperan tener la nueva visión de conjunto para iniciar nuevas exploraciones o proyectos, mientras tanto se mantiene la inercia definida con las reglas de la etapa anterior. Por otro lado, los conflictos sociales relacionados con la minería y los hidrocarburos se mantiene funcionando también dentro de los parámetros anteriores como muestra el reciente conflicto en torno a las inversiones de Yanacocha en el proyecto Conga (Cajamarca) en el que participan Newmont Mining Corporation (51,35%), Compañía de Minas Buenaventura (43.65%) e International Finance Corporation – IFC (5%).

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En la reciente publicación de Javier Arellano, ¿Minería sin fronteras? Señala que las actividades referidas a la minería adolecen de tres problemas fundamentales: El primero tiene que ver con la captura que las empresas han hecho del estado, captura que quedaría en suspenso a partir del gobierno de Humala. Esta captura se expresa en algo tangible, a saber la incapacidad del estado para asumir, al menos en parte, los intereses de los afectados. El segundo se refiere a los condicionantes de una incapacidad de os gobiernos regionales y locales, que orienta el desarrollo de sus intereses en beneficio de quienes circunstancialmente los dirigen. Un tercer nivel de problema se sitúa a nivel de los conflictos sociales mismos, en la incapacidad de las instituciones públicas para hacer efectivo el cumplimiento de la ley.

Lo anterior configura una situación de equilibrio precario de los acuerdos entre las empresas y las comunidades, o poblaciones locales. Al respecto Arellano hace un aporte importante, la fragilidad de la relación resulta de un pacto de corto plazo en el que hay por lo menos tres actores, las autoridades locales, las nacionales y las empresas. Al contrario de lo que puede opinarse, no parce haber una oposición de los pueblos a la industria extractiva en particular. De lo que se trata para las partes es de cómo establecer la relación más beneficiosa en el corto plazo. Los conceptos de relación con las “generaciones futuras”, o límites al deterioro del medio ambiente como mecanismo de contención al cambio climático, son ideas o conceptos ausentes. Los pobladores buscan el mayor provecho y en esa medida utilizan los instrumentos de presión y negociación que tienen a la mano: la exigencia de una consulta popular, la protección de los medios de vida consuetudinarios, mejores condiciones al diseño de modo que procuren el mayor beneficio local, el aumento de las oportunidades laborales a nivel local, y finalmente elementos de planificación territorial que definan de mejor manera los límites de la actividad.

Si afectamos las causas definidas por Arellano el resultado sería el de acuerdos de mediano o largo plazo en los que participan el estado (en sus diferentes niveles de acción), las empresas y los pobladores. Falta entonces para caminar en esa dirección que las instituciones reguladoras se fortalezcan y que por ejemplo la realización de los Estudios de Impacto Ambiental tenga financiamiento independiente y su aprobación no dependa del mismo organismo que aprueba las concesiones, como lo es en la actualidad; se requieren de fortalecimiento de las organizaciones regionales, de aumento de las capacidades de gestión pública; además de un sistema de consulta basado en una relación abierta e informada con los pobladores; y finalmente que sean las organizaciones públicas y de pobladores los que construyan planes de desarrollo local en los que las empresas son un actor más.

ffr

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