En el caso de España (y Catalunya), por lo menos hasta el 2008, se comprueba que la economía (con mucho peso de la construcción) no se desmaterializa ni en términos absolutos ni tan solo en relación al PIB. Eso ha sido estudiado por Oscar Carpintero, Cristina Sendra y otros autores. Esta tendencia es similar a la de países Latinoamericanos y también la India y China donde crece la intensidad material, es decir, cada vez se necesitan más kilogramos para producir un euro, una dirección totalmente opuesta al paradigma de la desmaterialización. En América Latina pesa mucho la minería para exportación. En China y la India, el carbón como fuente de energía.

Comercio ecológicamente desigual

Podemos distinguir dos tipos de mercancías: las “preciosidades” de alto precio por unidad de peso (oro, plata, marfil, pimienta, diamantes) y las materias primas o mercancías a granel (bulk commodities las llamó Wallerstein). Inicialmente los medios de transporte no permitían exportar a las metrópolis grandes volúmenes de poco valor unitario, a menos que el propio barco (de madera de teca, por ejemplo) fuera el bien exportado. Poco a poco eso fue cambiando.

Europa se abastecía de carbón hasta la segunda guerra mundial, hoy importa grandes cantidades de petróleo y gas, igual que Estados Unidos. Estas importaciones son esenciales para el metabolismo de las economías ricas del mundo. Cuando las importaciones son combustibles fósiles, su contrapartida son emisiones de dióxido de carbono. Las economías ricas nunca han sido tan dependientes de las importaciones como ahora.

Cristina Vallejo (siguiendo los pasos de Fander Falconí) ha calculado las cifras correspondientes para Ecuador, un país que no solo exporta emigrantes sino que, como América Latina en general, tiene un déficit comercial físico con sus exportaciones de petróleo, bananos, harina de pescado, productos forestales. Por persona y año, cada ecuatoriano consume unas 4 toneladas de materiales (de las cuales solamente 0,3 toneladas son importadas). Las exportaciones son 1,6 ton por persona y año. En cambio, en la Unión Europea, el consumo por persona y año es de casi 16 toneladas de las cuales 3,8 son importadas. Las exportaciones europeas son solamente de 1,1 ton por persona y año . Vemos que la Unión Europea importa (en toneladas) casi cuatro veces más que exporta.

Por tanto, importamos barato y exportamos caro, mientras que muchos países del Sur siguen religiosamente la regla de San Garabato, “compre caro y venda barato”. Colombia exporta unas 70 millones de toneladas al año (incluyendo mucho carbón) e importa 10 millones. En países grandes, el comercio ecológicamente desigual se establece también entre regiones, así en la India hay zonas sacrificadas a la explotación minera en los estados de Orissa, Jarkhand, muchas veces en zonas tribales.

El metabolismo de las sociedades ricas no se podría sostener sin conseguir a precios baratos los recursos naturales de los proveedores de materias primas. Es una condición estructural. Además, la capacidad de exigir pagos de la deuda externa ayuda a los países ricos a forzar a los pobres a la exportación de recursos naturales baratos.

Los países que exportan materias primas deberían poner impuestos ecológicos a sus exportaciones, destinados a financiar una economía más sostenible. Tras la reunión de Naciones Unidas en Johannesburgo en 2002, escribí irreverentemente que había un extraño “eje internacional del dióxido de carbono” compuesto por Estados Unidos, Arabia Saudita y Venezuela, con gobiernos a quienes no les importa la producción del dióxido de carbono.

La OPEC no ha querido hablar del cambio climático, se pone a la defensiva, sin embargo el presidente Rafael Correa de Ecuador, propuso el 18 noviembre 2007 a la OPEC un impuesto ecológico a las exportaciones de petróleo apoyándose en un discurso de 2001 de Herman Daly . Es una interesante iniciativa, ese dinero podría financiar energías alternativas (eólica, fotovoltaica).

Los pasivos ambientales de las empresas

Vemos en muchos lugares del mundo surgir reclamos contra empresas bajo la ATCA (Alien Tort Claims Act) de Estados Unidos. Un caso judicial enfrenta a las comunidades indígenas y colonos de la Amazonía norte del Ecuador con la compañía Texaco (ahora Chevron) desde 1993 y otro caso enfrenta a indígenas Achuar peruanos contra la Occidental Petroleum.

Hay otros conflictos por residuos producidos en los procesos de producción. Por ejemplo, conflictos sobre los residuos nucleares que son un subproducto de la producción de electricidad. ¿Dónde colocarlos? De ahí la disputa sobre el depósito de Yucca Mountain en Nevada en Estados Unidos. ¿Quién responde de esos pasivos ambientales?

A medida que la economía crece, usa más materiales y más energía.

Hay lugares donde se plantan miles de hectáreas de pino para capturar dióxido de carbono europeo (nuestro mayor residuo, en volumen) como en el proyecto FACE en los páramos del Ecuador, donde algunas comunidades protestan porque no pueden comerse los pinos, no pueden sembrar ni poner ganado, el pino agota el agua que hay en los páramos, y si además hay un incendio el contrato les obliga a replantar.

Hay una nueva institución: el referéndum ambiental local. Parece haber nacido en Tambogrande en Piura, Perú, en 2000-2002 aunque debe haber antecedentes en otros lugares. Fue inmediatamente adoptado en Esquel, Argentina, también en un caso de minería de oro. Y en septiembre del 2007, en Carmen de la Frontera, Ayabaca y Pacaipampa en el norte de Perú, el proyecto de minería de cobre Río Blanco de la Minera Majaz fue derrotado en un referéndum local. Hay quien no entiende el carácter estructural de estas protestas. Creen que son protestas NIMBY (“no en mi patio”) cuando son manifestaciones locales del movimiento internacional por la justicia ambiental. Hay redes nacionales (como la Conacami en el Perú) o redes internacionales que surgen de estas protestas. Por ejemplo, la red Oilwatch que nació en 1995 de experiencias en Nigeria y sobre todo en Ecuador.

Los balances y las cuentas de resultados de las compañías petroleras, mineras, madereras no incluyen los pasivos ambientales, esas deudas ecológicas. Los muchos intentos de iniciar juicios en Estados Unidos han tropezado con la negativa persistente en la forma de forum non conveniens. Hay protestas en la literatura jurídica de Estados Unidos contra esa negación de justicia. El 30 de julio del 2007 la página de Ecoportal se hacía eco de una información de la BBC sobre el DBCP. El 19 de julio se inició en Los Angeles el proceso legal que implica a Dow Chemical y Amvac Chemical, fabricantes del Nemagón, y a la bananera Dole Fresh Fruit.

Un medio informativo de Los Angeles señaló que Amvac pagó 300 000 dólares a 13 campesinos nicaragüenses para evitarse el juicio. Según los demandantes el Nemagón o Fumazone, nombres comerciales del pesticida DBCP, les causó problemas de salud, principalmente esterilidad, luego de haberlo usado en sus países durante los años 1960 y 1970 para combatir unos gusanos que afectaban a las plantaciones de bananos. Según la demanda, Dow y Amvac sabían que el Nemagón era una sustancia tóxica desde comienzos de los años 1950 y sin embargo no advirtieron sobre sus riesgos. La petición legal agregó que científicos contratados por Dow observaron que animales expuestos al Nemagón en laboratorios presentaron atrofias en los testículos.

En tanto, a la transnacional bananera Dole se le acusó de negligencia y de encubrir de forma fraudulenta la información sobre la toxicidad del pesticida. La demanda agregó que el pesticida cayó sobre las fuentes de agua y se permitió que los trabajadores la bebieran y la usaran para bañarse. Otra nota de la BBC titulada “Nemagón: un pesticida devastador”, informó que sólo en Costa Rica se estima que hay unos 30 000 trabajadores perjudicados por el pesticida, con problemas estomacales, hemorragias, dolores de cabeza y esterilidad. “Hay quienes dicen que es una de las peores tragedias laborales del mundo”, resumió la BBC.

No se trata de reparar los daños en un sentido físico, es decir, eliminar retrospectivamente la esterilidad sufrida por decenas de miles de trabajadores de las bananeras. ¿Cómo se podría hacer esto? Hay que resarcir el daño causado incluyendo los aspectos emocionales. Parece que una indemnización pactada de unos 25,000 dólares por persona se considera adecuada – la esterilidad de los pobres es sin duda más barata que la de los ricos, pero si todas las demandas (hasta ahora frenadas en los tribunales de Estados Unidos) se resolvieran favorablemente eso representaría algunos miles de millones de dólares para Ecuador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Filipinas. Es difícil lograr que Dow Chemical, Shell, Dole hagan frente a sus pasivos ambientales. Más difícil todavía es que al comerse un plátano, el consumidor piense en todo esto.
La exportación de residuos tóxicos

Además de usar los océanos y la atmósfera como sumidero o depósito temporal gratuito de dióxido de carbono (el principal residuo de nuestra economía), los países ricos recurren cuando pueden a la exportación de residuos tóxicos. Siguen la “regla de Lawrence Summers”. En 1992, el entonces economista principal del Banco Mundial escribió un memorando interno que fue filtrado a la prensa donde decía que, desde un punto de vista estrictamente económico, la contaminación debía colocarse donde no había gente o donde la gente era más pobre porque “la medida de los costos de una contaminación que afecte a la salud depende de los ingresos perdidos por la mayor morbilidad y mortalidad. Desde este punto de vista una cantidad dada de contaminación nociva para la salud debería ponerse en el país con el costo más bajo, es decir, el que tenga los salarios más bajos. Pienso que la lógica económica que hay detrás de llevar una carga dada de residuos tóxicos al país con menores salarios es impecable y deberíamos reconocerla”.

Lawrence Summers tenía razón desde un punto de vista estrictamente económico. La cuestión es, ¿por qué debemos decidir sobre asuntos de vida o muerte con criterios estrictamente económicos? ¿Quién ha dado ese poder a los economistas? De hecho, son muchas las protestas de quienes sufren injusticias socio-ambientales aunque es verdad que a veces se cumple la doctrina de Summers.

Así, a pesar del Convenio de Basilea, hay exportación de residuos tóxicos hacia el Sur (o hacia zonas pobres en el Norte). Hay exportación de residuos electrónicos, hay una industria de desguace de navíos viejos con su carga de asbestos (amianto) y metales pesados en lugares como Alang, Gujarat, donde una famélica legión trabaja en la misma playa sin precaución ninguna.

Veamos un caso español reciente. El ferry Beni Ansar fue retenido el 12 de julio del 2007 en el puerto de Almería por orden del Ministerio de Medio Ambiente para impedir su desguace en Alang exigiendo que se cumpla el convenio internacional de Basilea sobre residuos que obliga a tratar los materiales peligrosos (aceites, fuel, baterías, radios, pinturas y amianto). Es sabido que los grandes buques del mundo acaban en India o Bangladesh. Allí, aprovechando las mareas, los barcos son embarrancados en la playa.

Una vez en la arena, obreros a menudo descalzos desmontan con martillo y soplete las toneladas de metal. No hay control laboral, ni ambiental. Como éste, entre siete y ocho barcos españoles llegan a Asia para ser desguazados cada año, y más de 250 del mundo, según informó el director general de la Asociación de Navieros Españoles.

La operación estaba hecha, pero intervino el Ministerio de Medio Ambiente que recibió un aviso del Convenio de Basilea alertando de la venta del buque para desguace: “Si lo van a desguazar, el buque es considerado un residuo aunque navegue. Mandamos una inspección junto a Fomento y la Junta de Andalucía y pedimos a la Comisión Europea que nos dijera qué hacer en estos casos”. Bruselas replicó que en esas condiciones el buque no podía salir del puerto y la inspección concluyó que, aunque no transportaba residuos peligrosos, en sí era peligroso. El representante de las navieras, afirmó que las cosas no son tan sencillas: “No está claro jurídicamente que el Convenio de Basilea se pueda aplicar a los barcos. Las ONG han hecho bien al denunciar la situación en India y la Organización Marítima Internacional lo va a cambiar para que los desguaces reúnan las condiciones adecuadas. Pero mientras, no hay forma de desguazar un barco en la UE y más de 20.000 personas en Asia viven de este trabajo”.

En Europa, en enero del 2006, el caso de portaviones francés Clemenceau había llamado la atención sobre este asunto. El portaviones se dirigía a Alang, una playa que hasta 1983 era paradisíaca, pero el barco, botado en 1971, llevaba al menos 45 toneladas de amianto, un material conocido por su toxicidad. Para desmontarlo en la Unión Europea, los trabajadores habrían tenido que estar protegidos, pero no allí. El Tribunal Supremo de la India dirimía el asunto cuando en febrero de 2006, el presidente francés Jacques Chirac, acuciado por las presiones de Greenpeace y por las críticas de su Consejo de Estado, ordenó el regreso del barco al puerto de Brest.

Riesgos e incertidumbres: la ciencia postnormal

La percepción ecológica se expresa a veces en el lenguaje científico de flujos de energía y materiales, de recursos agotables y contaminación. Muchas veces, las cuestiones ecológicas presentan características que les hacen poco tratables con los métodos científico-tecnológicos reduccionistas. Por esto, la desconfianza ecologista hacia los científicos está justificada sin necesidad de apelar a filosofías irracionalistas de la ciencia.

En efecto, los problemas ecológicos son complejos, interdisciplinarios, además, a veces son nuevos al haber sido creados por las nuevas industrias. En esos terrenos, los científicos, cuyos métodos son reduccionistas, se mueven mal. Por eso, ante la gran incertidumbre de muchas cuestiones ecológicas, observamos un fenómeno poco frecuente en otros campos. En esas discusiones, como señalan Funtowicz y Ravetz con su noción de la “ciencia post-normal” o Victor Toledo con su “diálogo de saberes”, participan o deben participar en pie de igualdad los activistas ecologistas con los “expertos” de las universidades o de las empresas. Es lo que se llama activist knowledge. El movimiento de Justicia Ambiental en Estados Unidos recurrió a la popular epidemiology en casos locales de incidencia de enfermedades por contaminación en barrios pobres.

Por ejemplo, en los últimos años, se ha criticado la agricultura moderna y, en general, la economía actual, porque implica un gasto de combustibles fósiles, una contaminación del ambiente y una pérdida de biodiversidad mayor que la agricultura “tradicional” y que la economía pre-industrial. Donde hay fuerte presencia campesina, la crítica ecológica de la agricultura moderna es usada por el movimiento internacional de la Vía Campesina. Pero, económicamente, la agricultura moderna y supermoderna es más rentable, al menos para algunos y a corto plazo. ¿Quién tiene razón? ¿Por qué hay esa abertura del debate en discusiones ecológicas? Se trata de cuestiones muy inciertas, muy complejas, de consecuencias a largo plazo pero necesitadas de decisiones urgentes. Eso da la oportunidad, no para un enfrentamiento entre ecologistas y científicos, sino al contrario para un trabajo en común entre ecologistas que respeten los logros reales de las ciencias en terrenos bien acotados – donde cabe contrastar hipótesis – y científicos que, más que “ciencia para el pueblo” hagan “ciencia con el pueblo”, dispuestos a confesar su ignorancia o, mejor dicho, los límites de su saber sobre los grandes e inciertos problemas futuros que el ecologismo plantea.

La deuda ecológica

Volvamos al inicio. No nos estamos desmaterializando. En la economía humana aumenta el consumo de biomasa, de combustibles fósiles, de minerales producimos residuos como el dióxido de carbono o como los residuos nucleares. También ocupamos más espacio, se destruye ecosistemas y se arrinconan otras especies. Por tanto aumentan los conflictos ecológico-distributivos, es decir, no solo estamos perjudicando a las generaciones futuras de humanos y eliminando otras especies que muchas veces ni siquiera conocemos, sino que hay también crecientes conflictos ambientales ya ahora mismo.

Comprobamos que hay un desplazamiento de los costos ambientales del Norte al Sur. Estados Unidos importa más de la mitad del petróleo que gasta. Japón y Europa dependen físicamente aun más de las importaciones. Eso lleva a la idea de que existe un comercio ecológicamente desigual. La misma desigualdad observamos en las emisiones de dióxido de carbono, causa principal del cambio climático. Un ciudadano de Estados Unidos emite 15 veces más en promedio que uno de la India. Nos preguntamos: ¿quién tiene títulos sobre los sumideros de carbono que son los océanos, la nueva vegetación y los suelos? ¿Quién es dueño de la atmósfera para depositar el dióxido de carbono que sobra? El protocolo de Kyoto es mejor que la política de Bush pero no soluciona ese enorme conflicto ecológico-distributivo. De ahí los reclamos de la Deuda Ecológica que el Norte tiene con el Sur, por el comercio ecológicamente desigual, por el cambio climático, también por la biopiratería y por la exportación de residuos tóxicos. La Deuda Ecológica puede expresarse en dinero pero tiene también aspectos morales no recogidos en una valoración monetaria.

Valores inconmensurables

En esos conflictos por extracción o transporte de materias primas, por contaminación local o regional, comprobamos el uso de diversos lenguajes. Puede ser que los poderes públicos y las empresas quieran imponer el lenguaje económico, diciendo que se hará un análisis costo-beneficio con todas las externalidades traducidas a dinero, y además se hará una evaluación de impacto ambiental. Pero puede ocurrir que los afectados, aunque entiendan ese lenguaje económico y aunque piensen que es mejor recibir alguna compensación económica que ninguna, sin embargo acudan a otros lenguajes que están disponibles en sus culturas. Pueden declarar, como hicieron los U’Wa en Colombia frente a Occidental Petroleum que la tierra y el subsuelo eran sagrados, que “la cultura propia no tiene precio”.

En un conflicto ambiental se despliegan valores ecológicos, culturales, de subsistencia de las poblaciones, y también valores económicos. Son valores que se expresan en distintas escalas, no son conmensurables.

Todo necio confunde valor y precio. ¿Quién tiene el poder de imponer el método de resolución de los conflictos ambientales? ¿Valen las consultas populares que apelan a la democracia local? ¿Vale el lenguaje de la sacralidad? ¿Valen los valores ecológicos solamente si se traducen a dinero o valen por sí mismos, en sus unidades de biomasa y biodiversidad? ¿Vale argumentar en términos de la salud, subsistencia y bienestar humanos directamente, o hay que traducirlos a dinero? ¿Qué valor tiene un paisaje, no en dinero sino en sí mismo? ¿Cuánto vale la vida humana, no en dinero sino en sí misma? Son preguntas nacidas de la observación participante en conflictos ambientales en diversos lugares del mundo. De ahí la pregunta con la que concluyo, ¿quién tiene el poder social y político para simplificar la complejidad imponiendo un determinado lenguaje de valoración?

El conflicto entre economía y medio ambiente no puede solucionarse con jaculatorias tales como “desarrollo sostenible”, “eco-eficiencia” o “modernización ecológica”. La Ecología Política estudia los conflictos ambientales, y muestra que en esos conflictos, distintos actores que tienen distintos intereses, valores, culturas, saberes, y también distintos grados de poder, usan o pueden usar distintos lenguajes de valoración. Vemos cómo hay valores inconmensurables en la práctica, y cómo el reduccionismo económico es meramente una forma de ejercicio del poder.

Notas

(1) ICTA, Doctor en Economía, Universidad Autónoma de Barcelona, Joan.martinez.alier@uab.es
(2) Los principales métodos para estudiar el metabolismo social son la contabilidad de los flujos de energía y materiales (MEFA, en sus siglas en inglés), la contabilidad de la Apropiación Humana de la Producción Primaria Neta (HANPP) (ya que al crecer la HANPP disminuye seguramente la biodiversidad), y el cálculo del agua “virtual”. Marina Fischer-Kowalski & Helmut Haberl, eds., Socio-Ecological Transitions, prefacio de J. Martinez-Alier, Edward Elgar, Cheltenham, 2007, aplica el MEFA histórica y actualmente. En cuanto al cálculo de agua “virtual”, la vanguardia de la investigación está en el grupo de Hoekstra en Delft, Holanda.
(3) Como los que se consumen en Barcelona sobre todo por la Navidad.
(4) D. Russi, González, A.C., Silva-Macher, J.C., Giljum, S., Vallejo, M.C., Martínez-Alier, J, Material Flows in Latin America: A Comparative Analysis of Chile, Ecuador, Mexico and Peru (1980- 2000). Journal of Industrial Ecology, 2008.
(5) M.C. Vallejo, La estructura biofísica de la economía ecuatoriana: el comercio exterior y los flujos ocultos del banano, Flacso – Abya Yala, Quito, 2006, p. 123.
(6) M.A. Pérez Rincón, El comercio exterior de Colombia. Una mirada desde la economía ecológica, Universidad del Valle, Cali, 2007.
(7) Sanjay Khatua y William Stanley, Ecological Debt: a case study from Orissa. Disponible en la web.
(8) H. Daly, “Sustainable development and OPEC”, en Ecological Economics and Sustainable Development, Edgard Elgar, Cheltenham, 2007. Véase “El impuesto Daly-Correa” de Lucía Gallardo, Kevin Koenig, Max Christian, Joan Martinez Alier, en Le Monde Diplomatique, abril 2008.
(9) Lo que con miopía el diario La Vanguardia de Barcelona suele describir como “la cultura del no”.
(10) Don Mayer & Kyle Sable, Yes! We have no bananas: Forum non Conveniens and Corporate Evasion, International Business Law Review, 130, 2004, pp. 131-162.
(11) “Let them eat pollution”, The Economist, 8 febrero 1992, p. 66.
(12) Página de Los Verdes de Andalucía, 25 agosto 07. El 27 de septiembre. 07, la prensa española anunció que el Beni Ansar estaba ya rumbo a la India habiendo llegado a Suez.
(13) Arturo Escobar, Political Ecology of Globality and Difference, Gestión y Ambiente, 9(3), 2006.