Manuel Marticorena, a través del comercio expone su púnto de vista en El Comercio sobre el tema de las regalías mineras.
Lunes 13 de Diciembre del 2010
Los pedidos legislativos para imponer mayores impuestos a las ganancias del sector minero son usualmente recurrentes en los procesos electorales. Habría que hacer un poco de memoria y trasladarnos a la campaña electoral del 2006, cuando el ahora presidente Alan García consideró necesaria la imposición de mayores regalías o impuestos a las sobreganancias de este sector, aspecto que formó parte de las promesas de su campaña electoral.
![20101213-Peru Regalias mineras.png](http://blog.pucp.edu.pe/blog/wp-content/uploads/sites/426/2010/12/Peru-Regalias-mineras.png)
Tras ser elegido, García dejó de lado su promesa y esperó a que los propios mineros plantearan un mecanismo de contribución para compartir con la población las extraordinarias ganancias obtenidas por el alza de los metales durante esos años. De esta coyuntura salió el Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo o aporte voluntario.
Hoy, después de cinco años, los precios de los metales han seguido incrementándose por el denominado ‘superciclo de los commodities’, las empresas mineras tienen más ganancias y nuevamente hay un proyecto de ley en el Congreso (N°4492) para que la minería pague más impuestos.
La propuesta fue hecha por la propia bancada aprista que no cree en el aporte voluntario. El congresista José Carrasco Távara, autor del proyecto de ley, indica que el aporte voluntario minero no ha mostrado eficiencia y ha recaudado menos de lo que se podría haber conseguido con una mayor regalía. Carrasco justifica el proyecto de ley porque se trata de ganancias obtenidas por el alza de los precios de los metales y no por una mayor eficiencia o inversión. “Es justo que el país también se beneficie de sus riquezas. ¿Por qué solo los mineros tienen que tener buenos ingresos?”, señala.
A los empresarios una mayor imposición de tributos no les hace gracia. Hans Flury, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, indica que ya es usual que cada vez que se quieran obtener recursos se apunte al sector minero para castigarlo, esto pese a que ya tendrían una tasa impositiva que llegaría al 53%.
En la actualidad, el sector minero paga una escala de regalías entre 1% y 3% dependiendo de sus ventas. La propuesta de ley no solo duplica este porcentaje sino que castiga la producción aurífera con una regalía de 10% y a la cuprífera con 5%.
PARA TODOS
En la actualidad, no todas las empresas mineras pagan regalías. Las que han logrado obtener contratos de estabilidad jurídica con el Estado, como Antamina, Cerro Verde y Yanacocha están exentos de este impuesto. Carrasco señala que el pago de una mayor regalía debe ser tomado como una contraprestación, algo que el Tribunal Constitucional ha reconocido en el 2006 como una aplicación justa por lo que el proyecto de ley 4492 alcanzaría a todas las mineras.
Las ganancias de las mineras, según Carrasco, han sido tan extraordinarias que desde el 2004 a la fecha, han tenido una tasa de rentabilidad por encima del 50% gracias al diferencial entre los precios internacionales y sus costos internos de producción, recuperando así rápidamente sus inversiones.
Según justifica el proyecto de ley, entre el 2005 y 2009 las mineras tuvieron utilidades netas por US$19.500 millones y de aplicarse el sistema de regalías planteado en el Congreso, se tendrían ingresos por US$1.462 millones, cifra que superaría los US$616 millones recaudados por el “aporte voluntario” entre el 2007 y el 2010.
Flury indica que un nuevo impuesto perjudicaría la competitividad alcanzada por el sector minero. Señala que en este rubro los países compiten por más inversiones y una nueva carga impositiva en el Perú haría fugar parte de los US$43.000 millones de inversiones que se desembolsarían en nuevos proyectos mineros en los siguientes diez años.
Carlos Adrianzén, director de la Escuela de Economía de la Universidad San Martín de Porres, señala que elevar la carga tributaria en el sector minero puede tener un efecto efímero porque inicialmente podría elevar la recaudación, pero luego que los agentes involucrados –y los potencialmente involucrados– interioricen el nuevo castigo tributario, las inversiones se comprimirían y la producción y recaudación tributarias asociadas a dicha actividad se minimizarán gradualmente.
“Pretender cambiar las reglas de juego porque al inversionista que confió en las reglas del país le fue muy bien, no solo es una barbaridad sino que es una opción políticamente suicida”, dice.
Asimismo, indica que los que proponen este planteamiento suelen creer que a mayores impuestos hay mayor progreso económico, lo cual no es valedero pues no consideran la eficiencia del gasto. “El hecho de que hayan más recursos para la educación no servirá de nada si no hay profesores preparados”, señala.
El investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Jorge Manco Zaconetti, indica que a aquellos que señalan que la competitividad del sector minero caerá por culpa de mayores regalías están equivocados. Así, señala que en Chile el Estado de ese país tiene una mayor participación sobre las ganancias mineras que el Perú, y siguen ingresando inversiones. En ese sentido, no solo plantea que las mineras paguen una nueva regalía los próximos años, sino que también lo hagan por las ganancias obtenidas entre el 2004 y 2009, lo cual es un planteamiento que podría ser legalmente cuestionable e inconstitucional.
MÁS PRESIÓN
El proyecto de ley de la bancada aprista no es el único. Hay un segundo proyecto presentado por la congresista Gloria Ramos (Bloque Popular), que pide crear un impuesto específico a las ganancias extraordinarias mineras gravándolas con un 7,5% a sus utilidades.
De otro lado, Juan José Córdova, especialista en minería de la empresa auditora KPMG, calcula que este año las mineras obtendrían US$4.500 millones en ganancias y podrían aportar un poco más al Estado. En ese sentido, cree que lo justo sería llegar a un acuerdo como el que se logró con el “aporte voluntario”.
El proyecto de ley ha sido puesto en stand-by por el Congreso de la República para que sea la próxima legislatura la que evalúe su pertinencia. De cara a la próxima campaña electoral, sin duda este será un tema ampliamente debatido. Habrá que esperar una salida justa y competitiva.
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