Los conflictos socioambientales están de regreso y han comenzado a “pulsear” con el gobierno que ha comenzado la partida anunciando consulta previa (falta el reglamento), una megaconsulta para tratar el tema de ordenamiento territorial, y en una reciente entrevista en Honolulu en la que el presidente Humala dijo “se respeta lo contratos firmados ”Lo que se está orientando es a la minería ilegal [al emitir el acta]. Acá lo que hemos señalado bien claro es que se defiende el principio de autoridad. En segundo lugar, se respeta lo firmado y, en tercer lugar, vamos a hacer todo lo necesario para absolver las dudas legítimas que pudiera tener la población con respecto a determinadas concesiones mineras o inversiones mineras que, por cierto, no las hicimos nosotros. En cuarto lugar, abrimos el campo, el puente al diálogo y creemos que esa es la mejor forma de solucionar los problemas, pero respetando la legalidad y respetando el orden público.” (El Comercio, 13-11-11)
La región Apurímac ha dado las concesiones frente a las que su pueblo protesta en estos días ¿Qué papel debe cumplir a la hora de los conflictos? Es cierto que al trasladar las competencias de concesión para pequeñas y medianas industrias extractivas fue una especie de presente griego para algunas regiones, como señala Fernando Romero ( SER Noticias)), pero también es cierto que la ignorancia no exime a nadie de su responsabilidad, y es importante que la asuman en lo que les toca para precisamente fortalecerse institucionalmente. Son parte del problema y parte de la solución.
También es cierto que el gobierno central durante los periodos anteriores dejó “florecer” todas las iniciativas sin tratar de regularlas, pese a que muchas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales llamaron la atención respecto de la necesidad de una política de ordenamiento territorial, elevar los parámetros de cumplimiento de estándares ambientales teniendo en cuenta el cambio climático, particularmente en lo que se refiere al tema de los recursos hídricos, para no hablar de las demandas por la ley de consulta previa cuyo reglamento está por salir.
Los conflictos en torno a la gran minería son efectivamente el resultado de una política deliberada consistente en conceder lo máximo a las empresas a cambio de que ellas se encarguen de todos los problemas, casi sin importar las consecuencias, y si bien algunas empresas actuaron con mayor responsabilidad que otras, en realidad terminan metiéndose en asuntos que no les corresponden. Nuevamente falta Estado que regule, que se compromete con la región, que cobra más impuestos y hace su trabajo cuidando del bienestar de sus ciudadanos en primer lugar.
A su vez las regiones deben usar sus recursos para fortalecer sus capacidades de gestión y gobierno, de manera que al mismo tiempo que crece su autoridad a nivel interno, se convierte en interlocutor del gobierno central, tal como propone el Gobierno Regional de Arequipa y lo remarca Romero en su artículo.
Es difícil que sin una fuerte voluntad política detrás estos instrumentos se produzcan un cambio en el corto plazo. El problema de la poca institucionalidad regional es reflejo también de una escaza capacidad del Estado central. Los pasos que hay que dar en este sentido los resume Martín Tanaka en un reciente artículo publicado en el Diario La Republica “Las soluciones de fondo exigen crear una institucionalidad encargada del monitoreo de la conflictividad de naturaleza intersectorial y que articule niveles de gobierno, que actúe con una lógica de prevención; una nueva normatividad minera y ambiental, que eleve los estándares en cuanto a la participación y consulta a la población, y que haga creíble el proceso de aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental y la fiscalización en torno a su cumplimiento; que articule las iniciativas de desarrollo que promueven las empresas y las autoridades locales y regionales a planes de desarrollo concertados que incluyan el ordenamiento territorial; que asigne los recursos públicos que genera la actividad minera privilegiando los objetivos de inclusión social; y que fortalezca y articule a los actores sociales y políticos involucrados.”